Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 12.434
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los demandantes [presentación electrónica del 31-10-2022] y, consecuentemente, confirmar –por los fundamentos aquí brindados- el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravio. Las costas de alzada se imponen en el orden causado al no mediar contradicción [conf. art. 51 inc. 1 -segunda parte-, CPCA -texto según ley 14.437-].
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-12434-DO1E “BLASI RAMIRO DANIEL Y OTROS c.
MUNICIPALIDAD DE DOLORES s. PRETENSION ANULATORIA”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Riccitelli, Ucín y Mora.
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Dolores resolvió rechazar la solicitud de medida cautelar efectuada por los demandantes [cfr. res. del 27-10-2022].
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación por los actores el 31-10-2022, y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia [cfr. auto de Presidencia del 14-11-2022], corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El 4-7-2022, Federico Antonio Diestro y Jorge Diego Pío, ambos por su propio derecho, conjuntamente con María Valeria Marasco, Ramiro Daniel Blasi, Leonardo Héctor Marcial, Gonzalo Ezequiel Tavela, Silvina Gisela Crespo Picco, Víctor Manuel Casanovas y Ornela Carli, éstos en su calidad de concejales del Partido de Dolores, promovieron pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Dolores respecto de la Ordenanza Municipal Impositiva (sancionada el 27-12-2021) y la Ordenanza Municipal de Presupuesto y Cálculo de Recursos (sancionada el 16-3-2022) por concebirlas consecuencia de un fallo estructural, insalvable y sostenido en la constitución del Honorable Concejo Deliberante.
A renglón seguido, “en forma subsidiaria o complementaria, para el caso de entenderse como pretensión adecuada (iura novit curia)”, solicitaron también “se restablezca el derecho quebrantado y se ordene la pérdida de valor jurídico de las ordenanzas indicadas como viciadas, así como la reintegración legal del Órgano Deliberativo de la Municipalidad de Dolores que las generó, conforme las previsiones de la ley 14.848”, ello con el declarado fin de que “pueda producir ordenanzas, resoluciones, comunicaciones, decretos y actos administrativos de su competencia en forma respetuosa del marco legal que lo rige”.
Al alegar en relación a la legitimación activa para accionar, los ediles refirieron tal condición, como así también su carácter de residentes de la ciudad de Dolores. Ahondaron en que no persiguen un control de legalidad formal, sino el de un vicio estructural en la conformación del órgano deliberativo. Señalaron que toda constitución del cuerpo colegiado que se aleje de la dispuesta por la ley les impediría cumplir con legalidad las funciones para las que han sido elegidos. A su vez, en cuanto concierne a los coactores Federico A. Diestro y Jorge D. Pío, se afirmó su carácter de administrados de la ciudad de Dolores y el interés legítimo a que los órganos de la Constitución se integren conforme lo dispuesto por la ley 14.848 y generen producción libre de tachas, discriminaciones e ilicitudes. Indicaron que la ordenanza impositiva generó nuevas tasas, contribuciones y aumentos que causan perjuicios si no se declara su inexistencia o nulidad.
Al explayarse sobre las circunstancias del caso, postularon que se han sancionado, promulgado y publicado ordenanzas que adolecen de vicios estructurales y de efectos continuados que las tornan inexistentes o nulas. Añadieron que deviene imperioso restablecer el derecho vulnerado para que el cuerpo deliberativo pueda cumplir sus funciones conforme las leyes que regulan su composición. Precisaron que las ordenanzas impugnadas son el fruto de la asistencia, quórum y votación de personas de sexo masculino inhábiles para ser concejales en funciones al momento de su tratamiento, ello por incumplirse la ley 14.848 en cuanto al reemplazo de concejales mujeres del cuerpo al tiempo de tomar licencia en el cargo. Señalaron que, por moción verbal y escrita y por peticiones administrativas, se alertó de los vicios a la Presidencia del Concejo Deliberante y se pidió actuar en consecuencia, empero ello con resultado negativo.
Esgrimieron que el derecho a la representación política con base en la soberanía popular, que –juzgaron- abarca la integración de los cuerpos colegiados, ha sido ampliado y mejorado por la ley 14.848. En esa línea, opinaron que cualquier otra interpretación violaría el principio de división de poderes ya que los órganos integrados por elección popular estarían defraudados en su composición.
Finalmente, peticionaron en carácter de medida cautelar que se ordene la inmediata reasunción de los concejales titulares habilitados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (Sras. Andrada, Fontana, Ibarguren y Metz), según corresponda por mandato vigente, removiéndose en forma inmediata cualquier otra ocupación no legal de una banca que haya ingresado por su reemplazo y que, una vez cumplido ello, cualquier edil podrá ejercer su derecho a licencia por justa causa y ser reemplazado por el suplente legal.
2. Al brindar tratamiento al requerimiento cautelar contenido en el escrito de demanda, el magistrado de grado se pronunció con el alcance antes indicado.
Para así decidir, meritó que los actores promueven pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Dolores respecto de la Ordenanza Municipal Impositiva (sancionada el 27-12-2021) y de la Ordenanza Municipal de Presupuesto y Cálculo de Recursos (sancionada el 16-3-2022), las que califican como consecuencia de un fallo estructural, insalvable y sostenido en la constitución del órgano emisor, el que seguiría generando efectos antijurídicos. Al proseguir su labor, describió el tenor de la tutela preventiva materia de pronunciamiento.
Delineado tal esquema pretensional, se adentró en el análisis del pedimento cautelar. En esa faena, luego de considerar que -de un ladolos accionantes postulan como objeto de su demanda una pretensión anulatoria enderezada contra las ordenanzas antes referidas y -de otro- el tenor de la medida cautelar solicitada, estimó que tal requerimiento preventivo desborda los contornos y límites fijados en la demanda pues –en su visión- no se peticionó la inmediata reasunción de los concejales titulares habilitados por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires como consecuencia de la nulidad solicitada.
Entonces, a partir de dicho juicio, recordó el carácter accesorio de las medidas cautelares y ponderó que la peticionada en estos autos no guardaría relación con aquello que se requiere como fondo de la cuestión a resolver. A tenor de ello, rechazó la medida cautelar peticionada.
3. No conforme con ello, los demandantes interpusieron recurso de apelación mediante la presentación electrónica del 11-10-2022. Señalan que la conclusión alcanzada en relación a la apuntada desconexión entre la pretensión fondal y la medida cautelar peticionada se debe una interpretación del a quo no ajustada a lo alegado en el escrito de demanda.
Esgrimen que se accionó judicialmente ante la supuesta ilegalidad que derivan de la denunciada circunstancia de haberse cubierto vacantes de ediles mujeres con hombres en las bancas del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Dolores, que –siempre en opinión de los quejosos- habría generado un órgano de composición y producción antijurídica. En esa senda explican que, al circunscribir su reclamo, no solo abarcaron el producido sino también la composición del órgano, pidiéndose –incluso- su encuadre “por iura novit curia” en la pretensión de restablecimiento prevista en el art. 12 inc. 2 del CPCA.
Sostienen que la causa que motiva la intervención jurisdiccional es tanto la conformación actual e irregular de un órgano productor como su producido y que, por esa razón, solicitan la reintegración adecuada a la ley y la tacha de dos ordenanzas puntuales. Afirman haber denunciado una falencia estructural, la que seguiría generando consecuencias jurídicas con apariencia de legalidad y cuya interdicción procuran con la medida cautelar requerida. Enfatizan en que el incumplimiento de la ley 14.848 deja a la luz una situación intolerable al sistema democrático toda vez que la falta de cobertura legal habría dado paso a la integración ilegal de un órgano constitucional por personas no habilitadas.
Aseveran que debe ser interrumpida “la compulsión” a parte de los actores a revestir su cargo representativo en un órgano de composición ilegal. Acusan que el pronunciamiento en crisis los obliga a laborar en un órgano de integración antijurídica y a gestar -con su presencia y firmaordenanzas, resoluciones y declaraciones ilegales. Con cita de lo normado en los arts. 240 y 241 del decreto-ley 6769/58 (“Ley Orgánica de las Municipalidades”), adicionan que todo acto de un funcionario con mandato político ejecutado fuera de la ley se reputa personal y resarcible, y de allí coligen que ante la validación –mediante sanción- de eventuales actos nulos, resultarían responsables por los perjuicios que se estarían gestando a futuros reclamantes, pese a la voluntad de intentar detener tal situación.
Alegan tener derecho a integrar un Concejo Deliberante de conformación legal y a cumplir funciones y producir ordenanzas en un marco de juridicidad. Expresan, también, que acciones como la concurrencia bajo protesto no resultan satisfactorias o exigibles, ni eximen de responsabilidad. Al mismo tiempo refieren que, al ejercer sus derechos políticos, tiene interés directo en reclamar que lo sean con igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres, sin ningún tipo de discriminación.
Finalmente, en cuanto concierne a los contribuyentes codemandantes, se denuncia que están siendo desapoderados por tasas e impuestos reajustados y que son diariamente regulados por un órgano de conformación ilegal y discrecional.
II. El recurso no prospera.
1.1. Si bien llevan la razón los recurrentes en cuanto postulan que el temperamento plasmado en la resolución en crisis encuentra su origen en una inexacta determinación del pedimento sustancial contenido en el escrito de demanda [el que lejos de contener una exclusiva pretensión anulatoria (en relación a las ordenanzas impugnadas –v. apdo. “I”, párr. primero-), porta también una pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos (concerniente a la reintegración del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad conforme las previsiones de la ley 14.848 –v. apdo. “I”, párr. segundo-)], sin desatenderse aquí que tal pieza postulatoria carece de la claridad expositiva que se sugiere en el memorial de agravios [cfr. presentación electrónica del 31-10-2022, apdo. “3” -párr. quinto-], el intento recursivo no puede tener favorable acogida.
1.2. Recuerdo que tal como lo tiene resuelto nuestra Suprema Corte de Justicia desde antiguo, existe un principio básico que informa la labor jurisdiccional: ésta no puede ejercerse sino ante la existencia de una "causa", un "caso" o "controversia", para utilizar los términos empleados por nuestras normas fundamentales [conf. arts. 116 y 117, Constitución Nacional; 2, Ley 27; 2, Ley 48; 161, 163, 166, 172 y 174, Const. prov.] (cfr. causas I. 1661 “Wibratt”, sent. de 17-11-1998; B. 60.912 “González Elicabe”, sent. de 27-12-2010; B. 63.874 “Municipalidad de Vicente López”, sent. de 27-11-2013; I. 75.876 “Sánchez”, sent. de 9-4-2021).
En otras palabras, la labor jurisdiccional ha sido instituida para resolver conflictos, es decir para solucionar una colisión efectiva de intereses tutelados por el derecho; los jueces solamente actúan en causas judiciales y, en definitiva, como fue señalado por el entonces juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Antonin Scalia, a fin de preservar al Poder Judicial de "la sobrejudicialización de los procesos de gobierno" ("The doctrine of standing as an essential element of the separation of powers", 17 Suffolk Univ. Law Review, 1983, pág. 881). Ahora bien, ponderadas las circunstancias del presente caso a la luz de tales directivas, es forzoso concluir que dichos recaudos no se hallan verificados.
2. Primeramente, no se observa en cabeza de los ediles demandantes la aptitud procesal para instar en autos la acción judicial entablada.
2.1. La Suprema Corte de Justicia provincial tiene decidido -si bien en el marco de acciones de inconstitucionalidad- que la legitimación de los concejales solo podría resultar admisible -eventualmente- cuando se trata de la afectación de un interés concreto y directo a su respecto, extremo que se verifica allí donde se hubiesen vulnerado sus prerrogativas legislativas (causa I. 73.072 “Piantino”, res. de 29-8-2017); por el contrario, la genérica invocación del cargo que desempeña el accionante como concejal no basta para instar la función judicial en el asunto planteado, en la medida que por más amplio y flexible que deba ser el acceso a la jurisdicción (art. 15, Constitución de la Provincia), no hay duda de que la aptitud legitimante en el proceso supone, en este tipo de casos, una cierta pertenencia o titularidad del derecho o interés que invoca (causa B. 71.177 “Verdini”, res. de 18-4-2011). Y si bien en ocasiones fue aceptada la intervención en tal carácter, ello ha sido cuando se encuentra el concejal en alguna de las situaciones descriptas por las leyes orgánicas municipales como constitutivas de un conflicto interno municipal (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 63.599 “Agugliardo”, res. de 6-2-2002 y B. 55.600 “López”, res. de 15-2-1994) o se desprenda de las actuaciones que el ejercicio del cargo de concejal haya sido de algún modo obstruido, imposibilitado o menoscabado (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 70.110 “De Fazio”, res. de 6-5-2009). Ninguna de estas situaciones, vale resaltar, se presentan en autos.
Es claro entonces que los ediles accionantes, a tenor del modo como viene planteada la relación procesal, carecen de legitimación para proponer la demanda aquí instada; ello así en la medida que los reemplazos de las bancas de concejales que supuestamente habrían acaecido –según la posición blandida- de forma contraria a lo dispuesto por la ley 14.848 en modo alguno les afecta un interés concreto y directo a su respecto, ni resultan vulneradas sus prerrogativas legislativas. Más concretamente, no fue denunciado por los concejales demandantes -ni tampoco surge de las constancias de la causa- una afectación o limitación a su actuación como tales en el ámbito del aquel cuerpo colegiado y que importe un cercenamiento de las funciones y privilegios a ellos reconocidos por la Constitución y la ley. Tampoco han alegado que, en el eventual caso de asistirles razón en su tesitura fondal, quienes deberían –siempre en la posición que enarbolan- haber sido designadas para reemplazar a las ediles que hicieron uso de su derecho a usufructuar licencias, se hayan opuesto al ingreso de otros suplentes al Concejo Deliberante, generando con ello, una situación de disputa o conflicto, cuyas derivaciones pudieran –incidentalmente- perturbar el normal desenvolvimiento del mentado Departamento comunal (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 69.501 ”Pérez”, sent. de 6-10-2008).
2.2. En el marco descripto, toda vez que no se avizora que aquellas críticas volcadas en el escrito de inicio en lo atinente a la composición y -consecuentemente- a la actividad del Concejo Deliberante local reflejen la derivación de efecto negativo alguno en el propio desempeño de los ediles aquí accionantes como integrantes del cuerpo colegiado, en tanto solo se direccionan a sugerir que los reemplazos materializados en las bancas en cuestión debieron haberse efectuado en favor de terceras personas ajenas al presente litigio, no es posible admitir que los impugnantes exhiban –en la especie- suficiente legitimación para promover una pretensión como la que porta el escrito de inicio (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 68.343 “Anselmino”, sent. de 20-9-2006, en sentido contrario).
Para más, no puede dejar de advertirse que -en su accionar procesal- los demandantes procuran obtener una declaración jurisdiccional que, extraña a sus esferas subjetivas de actuación funcional y personal, han de proyectarse sobre terceros [a saber: i) las ediles a las que se les ha acordado las licencias en el ejercicio de sus bancas; ii) aquellos otros concejales que han asumido en su reemplazo; y iii) las restantes candidatas a ediles suplentes cuya eventual asunción resultaría –en visión de los apelantes- de acogerse la pretensión sustancial] a quienes no se ha convocado al presente proceso y a cuyo respecto se persigue obtener un mandato judicial.
En efecto, el entuerto que procuran dirimir aquí los reclamantes no suscita –en lo sustancial- una situación objetiva de disputa o conflicto a su respecto que pueda habilitarlos a instar la demandada articulada al inicio del presente proceso [conf. art. 13, CPCA].
2.3. En nada varía lo expuesto aquellas alegaciones formuladas en relación a la supuesta compulsión a la que se verían expuestos de participar en un órgano de integración que denuncian como antijurídica y a gestar -con su presencia y firma- ordenanzas, resoluciones y declaraciones ilegales, derivando de ello (a partir de lo normado en los arts. 240 y 241 del decreto-ley 6769/58) una posible responsabilidad personal ante la validación de eventuales actos nulos frente a los perjuicios que se podrían gestar a futuros reclamantes [cfr. presentación electrónica del 31-10-2022, apdo. “3” –párrs. vigésimo quinto a vigésimo séptimo-].
Repárese que las posibles consecuencias que los concejales empuñan radicarían en una eventual imputación de responsabilidad personal a la que –según entienden- se verían expuestos en el hipotético caso que terceros formularen impugnaciones judiciales respecto de las ordenanzas emitidas por el cuerpo deliberativo que integran, se acojan dichos reclamos, se declare la nulidad de tales actos, se reconozca la generación de perjuicios concretos y, finalmente, se determine en forma personal la responsabilidad de los aquí actores por esos daños. Siendo ello así, surge patente -en mi parecer- que tal alegación solo se apuntala en una extensa serie de hechos futuros, contingentes o meramente hipotéticos, cuya actual verificación ni siquiera ha sido alegada. Para más, sería la pretensión anulatoria que en el sub lite promueven los propios codemandantes (si bien, con la participación de otros dos contribuyentes –sobre cuyo interés se expondrá seguidamente-), la que en cierta forma propiciaría aquel escenario litigioso cuya evitación declaran perseguir en estas actuaciones. Entonces, al no proponerse un verdadero conflicto entre partes, sino más bien que sea la jurisdicción la que proceda a pronunciarse sobre hechos futuros o contingentes que pueden no ocurrir tal como se los describe o que bien pueden no ocurrir directamente, se torna evidente en esta parcela -por inexistencia- la falta de aptitud del caso propuesto.
2.4. Llegado a este punto y a modo de resumen clarificador, debo decir que ninguno de los ediles que aquí litigan resultan ser los desplazados en incumplimiento de la ley 14.848 [a contrario de lo acontecido en la causa C-10860-DO1E “Saquilan”, sent. de 08-03-2022] y que si bien el equilibrio de géneros no solo se refiere al funcionamiento de los cuerpos deliberativos sino a su integración [arg. C.S.J.N. Fallos 344:3636], no es menos cierto que en términos de legitimación procesal la acción se abre para aquellos a los que se les haya desconocido su derecho a formar parte del órgano cuando, conforme a la ley, deberían revestir la calidad de miembros.
Tampoco estaríamos aquí frente a un caso en el cual a los ediles actores se les haya privado del derecho que la Constitución provincial, la ley orgánica de Municipalidades y/o el reglamento del cuerpo deliberativo le reconoce de concurrir o no con su voto para integrar las mayorías requeridas para la sanción de las ordenanzas que ahora impugnan [cfr. C.S.J.N. Fallos 317:335, de la disidencia del doctor Boggiano], o frente a un caso de falencias deliberativas en el que –incluso con el debido ajuste a las formas y mayorías debidas- se acredite que medió ausencia o impedimento de debate [cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa A. 72.447 “Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires”, sent. de 29-05-2019].
Debe recordarse que no es posible fundar la legitimación para accionar en el mero y personal interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes [cfr. C.S.J.N. Fallos 327:2512; 331:1364; 331:2287; 337:627; doct. S.C.B.A. causa B. 65.100 “Acción de Amparo contra Estado de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 10-10-2007]. En similar línea, tiene dicho esta Cámara que cuando por obra de su propia estrategia procesal, los litigantes asientan su legitimación en el pleito en un mero interés por el cumplimiento de la legalidad, tal estatus jurídico insuficiente para configurar un “caso” o “controversia” contencioso (arg. art. 13 del C.P.C.A.), pues dicho carácter es de una generalidad tal que impide tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que se requiere para acudir a la jurisdicción (cfr. esta Cámara causas G-1214-BB1 “Sucesores de Guillermo Ramón Saa”, sent. del 10-08-2010; C-6865-DO1 “González”, sent. de 13-12-2016), desde que la pretensión sustancial no persigue revertir una afectación de su esfera subjetiva de derechos [cfr. doct. esta Cámara causa C-7052-DO1 “Percassi”, sent. de 29-08-2017]. En suma, la legitimación exigible a quien se presenta ante el poder jurisdiccional en procura de justicia ha de estar vinculada a la alegación de una afectación o perjuicio en su círculo de intereses tutelados por el ordenamiento, que de un lado posea una conexión con la conducta tildada de ilegítima o indebida del accionado y del otro sea susceptible de reconocerse, restablecerse o repararse, mediante el remedio propugnado (cfr. Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos in re Allen vs. Wright, 478 U.S. 737 (1984); cfr. S.C.B.A. causa B. 62.599 “R.L.N.”, sent. de 5-IV-2006, voto del doctor Soria; cfr. esta Alzada causa A-1461-AZ0 “Rigada”, sent. de 10-09-2009].
Con todo, aquellos litigantes que inician este pleito invocando hacerlo en un carácter de Concejales del Partido de Dolores no poseen legitimación procesal para instar una acción con la duplicidad de objeto que porta la presente demanda.
2.5. El razonamiento seguido hasta aquí bien puede ser esgrimido en el marco de la resolución de una apelación de un pronunciamiento desestimatorio de una medida cautelar. Varios precedentes de esta Alzada demuestran que en otras oportunidades dicho debate ha tenido lugar en apelación (cfr. causas A-3683-BB0 "Sindicato de Trabajadores Municipales", sent. de 18-12-2012; A-5476-BB0 "Sígoli", sent. de 18-12-2014; C-5606-DO1 "Bao", sent. de 27-3-2015; A-6243-MP0 "Fraga", sent. de 28-9-2017; C-7431-MP2 "Laserna", sent. de 7-11-2017; C-9020-DO1E “Fiscalía de Estado –Provincial de Buenos Aires”, sent, de 22-8-2019 –por mayoría-).
Como bien se ha dicho, a los fines de exigir una medida cautelar, resulta necesario revestir legitimación activa en el proceso en el cual se la requiere, como también, que debe existir una correspondencia entre el objeto del proceso y lo que es objeto de la medida (cfr. doct. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Dto. Jcial. San Martín, Sala I in re "Wilheim", res. de 14-2-2008), por cuanto la existencia de "causa" [elemento esencial de cualquier intervención jurisdiccional] presupone la de "parte", esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso, demostrándose además la existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados la afecten de manera suficientemente directa o sustancial, que posean suficiente concreción e inmediatez para poder procurar dicho pleito (cfr. C.S.J.N. in re Z. 54.
XLIV. ORIGINARIO "Zatloukal, Jorge c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía y Producción) s/amparo", sent. de 28-5-2008). Este temperamento ha sido replicado por la Corte Suprema de Justicia nacional en el marco de examen de una medida autosatisfactiva (cfr. in re I. 149. XLIV. ORIGINARIO "Iannuzzi, Mario c/ Entre Ríos, provincia de y otro (Estado Nacional) s/ medida cautelar autónoma"). Y en similar sentido, en el marco de revisión de una medida cautelar otorgada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no encontró configurada la legitimación del legislador nacional que la había peticionado por no detectar la afectación de un interés concreto y directo a su respecto (cfr. in re T. 117. XLVI. REX15/06/2010 “Thomas, Enrique c. ENA s. amparo”, Fallos: 333:1023), lo que despeja cualquier duda que se podría albergar en torno a la actual oportunidad procesal para abordar el debate sobre la falta de legitimación pasiva de los actores que se presentan invocando su condición de concejales en ejercicio de sus cargos.
Con ello en miras -y como desde antaño lo ha indicado esta Alzada- previo a verificar la presencia de los mentados recaudos de admisibilidad cautelar, la judicatura debe indagar sobre qué grado de vinculación posee la tutela requerida con respecto al objeto de la pretensión principal a la que accede o accederá. Tal pauta básica de análisis, aplicable a cualquier pedimento cautelar, responde a las notas de instrumentalidad y accesoriedad de toda tutela precautoria (cfr. doct. esta Cámara causas C-2820-MP1 "Asociación de Amigos de la Terminal MDP", sent. de 20-12-2011 –por mayoría-; C-6298-BB1 "Lange", sent. de 22-3-2016 y sus citas). Cumpliendo entonces con tal examen, mal podrían configurarse en la especie los recaudos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora respecto de un pedido cautelar formulado por quienes no posee legitimación activa para demandar.
3. Por otro lado, incluso desde la perspectiva de los codemandantes Federico Antonio Diestro y Jorge Diego Pío, en calidad de residentes y contribuyentes de la ciudad de Dolores, tampoco es posible avizorar en la especia la existencia un "caso" o "causa" que autorice la intervención jurisdiccional.
3.1. De la lectura del escrito de demanda se desprende que, conjuntamente con los ediles reclamantes, esgrimen revestir la calidad de “administrados en la comuna demandada” y titularizar el “derecho a gozar en plenitud de los ‘derechos civiles fundamentales sin ilicitudes’ y a no soportar las consecuencias de las ordenanzas cuestionadas en validez, que por su naturaleza (Impositiva y Presupuesto), han generado impuestos, tasas y permitido que se administren recursos”, circunstancias sobre la cual alegan ostentar un “interés particular y general” [cfr. presentación electrónica del 4-7-2022, apdo. “VI.a.” párr. vigésimo]. Ya en particular referencia a los coaccionantes Pio y Diestro, se esgrime el de “administrados de la ciudad de Dolores” y se invoca “interés legítimo a que los órganos de la Constitución y la ley se integren conforme lo dispuesto por la norma provincial 14.848 y generen producción erga omnes libre de tachas, discriminaciones e ilicitudes”, como así también se señala respecto del Honorable Concejo Deliberante que “es el órgano por excelencia de control y de revisión de las cuentas, gastos y recursos que impactarán en nuestra vida personal y nuestro patrimonio”. En ese mismo segmento de la pieza de inicio, se aduce que “es evidente que la ordenanza impositiva ha generado nuevas tasas, contribuciones y aumentos que causan variación o perjuicio si no se declara su inexistencia y nulidad” [cfr. presentación electrónica del 4-7-2022, apdo. “VI.a.” párrs. vigésimo segundo y vigésimo tercero]. En último lugar, declaran poseer “derecho genuino sobre la administración de recursos que afectarán nuestro interés particular y el general como vecinos de la ciudad donde esos recursos han de aplicarse” [cfr. presentación electrónica del 4-7-2022, apdo. “VI.a.” párr. vigésimo cuarto].
3.2. En ese marco, se impondría entonces verificar -primeramentesi las ordenanzas impugnadas irradian sobre la esfera subjetiva de los demandantes un perjuicio concreto y –de resultar una respuesta asertiva al interrogante propuesto- si tal menoscabo se provoca ilegítimamente como consecuencia del denunciado vicio en su sanción.
Es en el cumplimiento del descripto ejercicio lógico-procesal que se coteja que los actores prescinden de alegar lesión concreta y particular alguna [ello al no precisarse –siquiera- cuáles serían aquellas “nuevas tasas, contribuciones y aumentos” que se habrían generado, ni –mucho menos- su efectiva incidencia negativa sobre su situación particular a partir de la vigencia de las ordenanzas impugnadas], constituyendo dicha ausencia una valladar infranqueable para habilitar la revisión jurisdiccional del derrotero formal que lo precedió.
Es que resultaba imprescindible para los accionantes desbaratar la legitimidad de las ordenanzas en cuestión a la luz de un agravio sustancial sobre su particular situación subjetiva [sea en los términos acuñados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Q.
20. XLVII “Quilpe S.A.”, sent. del 9-10-2012; sea dentro de los contornos debatidos por la S.C.B.A. en la causa I. 72.715 “Maricin S.R.L.”, sent. de 21-05-2021; sea en torno a lineamientos como aquellos abordados por esta Alzada en la causa C-1942-MP2 “Don Nino S.R.L.”, sent. de 03-06-2011], para así colocarse en condiciones de cuestionar ante esta sede judicial –eventualmente- los aspectos concernientes al derrotero procedimental que antecedió a su dictado. Tal elemental recaudo es el que se encuentra ausente en la especie, constituyendo dicha ausencia en el planteo nulificante un valladar infranqueable al peticionado confronte jurisdiccional.
Es que los reclamantes se limitan a objetar el derrotero formal que culminó con el dictado de las ordenanzas cuestionadas, mas no alegaron impacto real alguno en sus derechos subjetivos, sino solo una hipótesis de incidencia sobre los tributos municipales allí previstos, empero los cuales –cabe resaltar- no erigen en objeto de cuestionamiento alguno. En el contexto enunciado, resulta forzoso precisar que ni de la más profunda lectura del libelo de inicio surge que los recurrentes sugirieran agravio sustancial sobre el contenido objetivo de las ordenanzas atacadas, cuestión que -de haber sido fundada y circunstanciadamente alegada- habilitaría el contralor judicial de su legitimidad, sopesándose allí el procedimiento seguido para su fijación. A contrario, como bien se indicó, los actores ciñen su planteo a requerir la declaración de nulidad de las ordenanzas individualizadas con sustento en la irregularidad conformación del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Dolores, mas nada han manifestado respecto de su objeto sustancial. Por ende, al guardar silencio respecto del concreto impacto en la esfera de sus intereses patrimoniales que las ordenanzas en cuestión les generan, los recurrentes no han hecho más que sepultar su interés para controvertir o cuestionar aquellas actuaciones desarrolladas en el órgano deliberativo en el curso procedimental que aquí se censura. Aunque los apelantes detentan a priori legitimación ad causam para cuestionar aquellas ordenanzas que les imponen obligaciones fiscales [conf. art. 13, CPCA], en tanto por su alegada condición de contribuyentes alcanzados por los tributos allí determinados resultarían titular de una situación jurídica exclusiva y excluyente, no lo es menos que dicha condición o título jurídico presupone que el reclamo judicial instado envuelva un gravamen jurídico efectivo y particularizado, mas no asentado únicamente en la mera inobservancia de los recaudos formales establecidos en la normativa general para la sanción de la Ordenanza, que –en definitiva- no traduzca una afectación a su derecho de propiedad.
3.3. Valga lo aquí dicho en referencia a los codemandantes contribuyentes Federico A. Diestro y Jorge D. Pío (quienes alegaron y acreditaron tal carácter con las constancias documentales adjuntas al escrito de demanda), respecto de los restantes coactores María V. Marasco, Ramiro D. Blasi, Leonardo H. Marcial, Gonzalo E. Tavela, Silvina G. Crespo Picco, Víctor M. Casanovas y Ornela Carli, quienes también (sin perjuicio de no haber cumplido similar despliegue probatorio) han invocado su condición de “administrados en la comuna demandada” y el derecho a “no soportar las consecuencias de las ordenanzas cuestionadas en validez, que por su naturaleza (Impositiva y Presupuesto), han generado impuestos, tasas y permitido que se administren recursos” sobre los cuales entiende que tienen “interés particular y general” [cfr. presentación electrónica del 4-7-2022, apdo. “VI.a.” párr. vigésimo].
A su vez, descartado todo interés por parte del conjunto de los actores en su calidad de contribuyentes, lo hasta aquí considerado, fuerza a concluir que mayor es el grado de inaptitud procesal para instar la revisión de las ordenanzas en cuestión o de la conformación del Departamento Deliberativo Municipal bajo la genérica invocación de los reclamantes de su calidad de administrados o residentes de la ciudad de Dolores [cfr. presentación electrónica del 4-7-2022, apdo. “VI.a.” párrs. vigésimo y vigésimo segundo], pues tal abstracta postulación lejos está de reflejar un interés jurídico –genuinamente personal y concreto- que los habilite a promover las pretensiones contenidas en el escrito de demanda, con la duplicidad de objeto allí delineado.
La enarbolada condición de administrado o residente, análoga a aquella otra de "ciudadano" tantas veces escrutadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no trasunta sino –como ya se ha ilustrado- un concepto de notable generalidad, pues su comprobación no basta para demostrar la existencia de un interés "directo", "inmediato", "concreto" o "sustancial" (en los términos del Alto Tribunal Federal) que permita tener por configurado un "caso contencioso” (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 317:335; 322:528; 324:2048; 345:191, entre otros).
En ese mismo entendimiento, esta Alzada ha tenido ya la oportunidad de desautorizar planteos apuntalados en tal invocación (cfr. doct. esta Cámara causas A-4156-MP0 “Scarimbolo”, sent. de 6-7-2013; C-4249-MP1 “Mastakas”, sent. de 18-3-2014; A-5476-BB0 “Sígoli”, sent. de 18-12-2014; A-6069-MP0 “Razona”, sent. de 15-10-2015) al recordar aquella línea jurisprudencial del Superior Tribunal Federal, especialmente si –tal como acontece en el sub lite- no se ha justificado un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, y cuando bien es sabido que no se puede fundar la legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las leyes (cfr. Fallos 331:2287).
4. Con todo, en atención a lo previamente explicitado, formo convicción que ante el tenor de las pretensiones analizadas y las postulaciones esgrimidas por los actores no existe un "caso" o "causa" que autorice la intervención jurisdiccional, toda vez que los peticionantes no han proporcionado ningún elemento de convicción que justifique un interés jurídico de las características descriptas precedentemente.
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo rechazar el recurso de apelación interpuesto por los demandantes [presentación electrónica del 31-10-2022] y, consecuentemente, confirmar –por los fundamentos aquí brindados- el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravio. Las costas de alzada deberían imponerse en el orden causado al no mediar contradicción [conf. art. 51 inc. 1 -segunda parte-, CPCA -texto según ley 14.437-].
A la cuestión planteada, doy mi voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I. Adhiero al voto del distinguido colega doctor Riccitelli, más en lo que atañe a razonamiento efectuado en el apartado II.2.5 de la referida opinión, mi coincidencia con la conclusión allí asentada ha de ceñirse a lo que resulte concordante con las siguientes consideraciones.
En ese orden, resulta pertinente puntualizar que, a los fines de exigir una medida cautelar, es necesario revestir legitimación activa en el proceso en el cual se la requiere, por cuanto la existencia de "causa" (elemento esencial de cualquier intervención jurisdiccional) presupone la de "parte", esto es, la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso, demostrándose, además, la existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados la afecten de manera directa o sustancial, que posean adecuada concreción e inmediatez para poder procurar dicho proceso a la luz de las pautas establecidas en los arts. 41 a 43 de la Constitución Nacional (cfr. C.S.J.N. in re Z. 54. XLIV. "Zatloukal, Jorge c/ Estado Nacional s/amparo", sent. de 28-05-2008). En tal sentido, cabe recordar que la legitimatio ad causam implica la posibilidad de ser parte en un proceso concreto, aptitud que resulta determinada por la posición respecto de la pretensión procesal, de modo que únicamente las personas que se encuentran en cierta relación con la acción pueden ser partes en el pleito en que aquella se deduce (argto. doct. S.C.B.A. causas B. 56.460 “Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires”, sent. 30-08-2000; B. 59.538 “Rapagnini”, sent. de 9-05-2001; esta Cámara causas C-6100-AZ1 “Cancina”, sent. de 10-12-2015; C-7503-BB1 “Mazza”, sent. de 28-09-2017).
Se trata de determinar tanto si quien pone en marcha cierta pretensión como aquel contra quien se la dirige, forma parte de la relación jurídica sustancial en que se la funda (cfr. arg. doct. esta Cámara causa C-6670-BB1 “Borgonovo”, sent. de 16-03-2017). En definitiva, al decidir sobre la legitimación es necesario verificar si existe un nexo lógico entre el estatus del litigante y el reclamo que se procura satisfacer (conf. arg. doct. C.S.J.N. Fallos 331:2287; S.C.B.A. causa B. 62.428 “Costadinoff”, sent. del 26-08-2009; B. 65.394 “Aristi”, sent. del 28-09-2005; esta Cámara causas C-7573-BB1 “Cabrera”, sent. de 28-12-2017;
C-11476-DO1E “López”, sent. del 3-3-2022).
Bajo tales premisas, previo a verificar la presencia de los recaudos de admisibilidad de la medida cautelar, es menester indagar acerca del grado de vinculación posee el requirente de la tutela jurisdiccional respecto de la cuestión sustancial en debate. Tal pauta básica de análisis, aplicable a cualquier pedimento provisional, responde a las notas de instrumentalidad y accesoriedad de toda tutela precautoria (cfr. arg. doct. esta Cámara causas C-2820-MP1 "Asociación de Amigos de la Terminal MDP", sent. de 20-12-2011 –voto de la mayoría-; C-6298-BB1 "Lange", sent. de 22-03-2016 y sus citas). Pues mal podría la judicatura analizar un requerimiento de esa índole formulado por un sujeto cuya legitimación procesal no luzca siquiera mínimamente respaldada en las actuaciones (cfr. arg. doct. esta Cámara causa C-9820-DO1E “Bugallo”, sent. del 4-6-2020).
Y tal situación acontece en la especie respecto de los reclamantes cuya calidad procesal aquí se examina, dada la ausencia un mínimo sustrato con el cual sustentar, prima facie, la legitimación invocada (arg. mi voto en la causa C-9020-DO1E “Fiscalía de Estado”, sent. del 27-8-2019 -a contrario sensu-).
II. En definitiva, reiterando mi adhesión al voto del magistrado que inicia este Acuerdo, con el alcance antes indicado, voto, pues, por la negativa.
A la misma cuestión planteada,, el señor Juez doctor Mora dijo:
Adhiero al voto que abre el Acuerdo, a excepción de lo consignado en el punto "II.1.2.", por considerar que con lo restante se abastece suficientemente la solución propuesta.
Voto, en suma, por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por los demandantes [presentación electrónica del 31-10-2022] y, consecuentemente, confirmar –por los fundamentos aquí brindados- el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravio. Las costas de alzada se imponen en el orden causado al no mediar contradicción [conf. art. 51 inc. 1 -segunda parte-, CPCA -texto según ley 14.437-].
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente [conf. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 –t.o. Ac. 4039/21-]. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Fin de la sentencia