Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 35986-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios.
2Imponer las costas de esta instancia a la vencida (art. 68 del CPCCN).
3Diferir la regulación de honorarios hasta que hayan sido determinados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
16332/2021 DOCIMO, PEDRO ANTONIO (TF 35986-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2022.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio del 21/3/2019 -y su aclaratoria del 3/06/2019- el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó con costas, el planteo de nulidad articulado por la actora. Asimismo, confirmó en todas sus partes la resolución dictada por la AFIP-DGI respecto de los proveedores Agrocampus SA y Los Álamos del Sur SRL y la revocó respecto del proveedor Doble Efe S.A. Impuso las costas en proporción a los respectivos vencimientos. Ordenó a la AFIP-DGI que en el término de 30 días practique la reliquidación correspondiente.-
II.-Que el 15/05/2019 apeló la parte demandada. El 22/11/2019 expresó agravios la parte demandada, los que fueron contestados por la parte actora el 20/12/2019. El 2/11/2021 se llamaron autos a sentencia.-
III.-Que conforme surge de la aclaratoria del 3/6/2019, en el caso de autos la actora interpuso recurso de apelación contra la Resolución nro. 51/12 (DVRRMP) de la AFIP-DGI, mediante la cual se determinó de oficio la obligación relativa al Impuesto al Valor Agregado -Períodos fiscales 01/07 a 04/07, 06/07/ a 04/08, 07/08, 08/08 y 11/08-, con más intereses resarcitorios, y una multa con sustento en el artículo 46 de la Ley 11.683.-
IV.-Que sin perjuicio de lo escueto de la expresión de agravios, corresponde su tratamiento en la medida en que se advierte prudente propiciar un criterio amplio para asegurar el derecho de defensa en juicio.-
Alta en sistema: 23/02/2022 V.-Que corresponde poner de resalto que el artículo 164 de la ley procedimental para el Tribunal Fiscal de la Nación, otorga a ese organismo amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.-
Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- VI.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Alta en sistema: 23/02/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).- VII.-Que por lo demás, en lo que se refiere a la prueba producida y al análisis de la misma cabe destacar que en el particular sistema de revisión judicial (limitado) instaurado por el legislador en materia tributaria, las cuestiones de hecho y prueba, son ajenas -por principio- al recurso que autoriza el artículo 86, inciso b), punto segundo de la ley 11.683. En efecto, tal remedio no da acceso -salvo error manifiesto- a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y en cuanto a la conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese arribado al ponderarla (conf. C.Fed. en lo Cont. Adm. Sala II, in re: “Quilmes Combustibles S.A.C.I.”, sentencia del 25-3-97; esta Sala in re: “Tognola, María Elisa Ramona (TF 12349-I) c/ DGI”, sentencia del 17-5- 2000; “Forte, Vicente F. y Astillero V. Forte SAMCI (TF 15847-I) c/ DGI”, sentencia del 30-11-2000).-
VIII.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa; lo que no se da en el supuesto de autos.- IX.-Que por lo antes expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar el decisorio recurrido, con costas de esta instancia a la vencida (art. 68 del CPCCN). Corresponde diferir la regulación de honorarios al tiempo en que sean determinados los de la instancia precedente. ASÍ VOTO.-
Alta en sistema: 23/02/2022 El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F.
Treacy dijo:
I.-Que en cuanto al relato de los hechos y a la solución propiciada, adhiero a lo expuesto en el voto que antecede. II.-Que sin perjuicio de ello, corresponde realizar las siguientes consideraciones.
En primer lugar, conviene recordar que esta Cámara ha señalado el carácter limitado del recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683, de modo tal que cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (Sala I, in re “Merlino Automotores S.A.”, del 12/03/2009; Sala II, in re “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re “Agropecuaria Laishi S.A.” del 15/04/2010; esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L (TF 31471-I) c/ DGI”, del 6/3/2014). Tal principio, sin embargo, puede ceder no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en la apreciación de aquéllos (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L”, cit.). En otras palabras, el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (esta Sala, in re “Amadeo Camogli y Ciminari SC”, del 01/11/2007, entre otros).
Sentado ello, cabe observar que la recurrente se agravia de la apreciación del material probatorio, proponiendo una interpretación diversa en torno a la inexistencia de indicios graves y precisos respecto del carácter apócrifo de las operaciones cuestionadas. Al respecto, es menester recordar que, conforme surge de las constancias de la causa, a partir de la información recabada de la firma recurrente y de sus proveedores, de la contenida en las bases de datos del organismo recaudador, y de las medidas para mejor Alta en sistema: 23/02/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V proveer ordenadas por el organismo (fs. 154/209, 226/256 y 257/352 del Cuerpo “Contesta Vista – Aporta Prueba”) el Tribunal de grado concluyó que “no se advierte que las presunciones invocadas por el ente recaudador posean entidad suficiente para poner en duda la real existencia de las operaciones realizadas con el proveedor Doble Efe SA.
En efecto, en el caso de dicho proveedor (Doble Efe SA), el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que “los elementos a los que hace mérito el informe, resultan exiguos para fundar la tesis fiscal a poco que se advierte que: a) los Sres. Armendari Jorge y Rodriguez Dario Javier -transportistas que figuran en los remitos y que fueron circularizados por el organismo- ratificaron que realizaron operaciones con la firma cuestionada; b) la totalidad de los pagos se efectuaron con cheques propios o de terceros; c) en el domicilio fiscal los actuantes tomaron contacto con el presidente de la empresa -Sr. Dalto Mariano-, quien no sólo confirmó su cargo sino que también describió la operatoria que se llevaba a cabo y refrendó la presentación efectuada por el Sr. Tolaba; d) los Libros de Acta de Asambleas, Directorio y Depósito de Acciones fueron exhibidos por el contador -Sr. Furlone Ernesto Mario- en el domicilio consignado en los estados contables; e) las DDIJ de IVA e Impuestos a las Ganancias fueron presentadas; f) los requerimientos de la AFIP fueron contestados por el Sr. Fernando Tolaba -autorizado por Formulario 3283-, quien acompañó documentación y aclaró distintos aspectos del investigado”.
En tales condiciones, no se advierte que la apreciación de la prueba efectuada por el tribunal a quo haya sido arbitraria o irrazonable, de modo tal que justifique desechar las conclusiones vertidas sobre el punto en el pronunciamiento apelado. En efecto, si bien la parte demandada alega que el Tribunal Fiscal de la Nación no valoró correctamente la prueba o que prescindió de ella para decidir, lo cierto es que no puntualiza de qué modo los elementos de juicio recabados o presuntamente omitidos permitirían modificar la solución del caso. Específicamente, no ha rebatido la circunstancia de que, en el presente caso, se darían por cumplidos los requisitos y condiciones que la ley exige para permitir el cómputo del crédito fiscal. En especial, que las operaciones Alta en sistema: 23/02/2022 que lo originan generaron para el proveedor el débito fiscal pertinente, habiendo mediado la efectiva existencia y puesta a disposición de los bienes.
En consecuencia, corresponde desestimar los agravios vertidos por la parte demandada en el aspecto analizado. III.-Que en virtud lo expuesto, corresponde:
1. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; 2) Imponer las costas de esta instancia a la vencida (art. 68 del CPCCN); 3) Diferir la regulación de honorarios hasta que hayan sido determinados los de la instancia precedente.
ASI VOTO.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Alemany, adhiere al voto que antecede.-
En atención al resultado del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. 2) Imponer las costas de esta instancia a la vencida (art. 68 del CPCCN). 3) Diferir la regulación de honorarios hasta que hayan sido determinados los de la instancia precedente.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Jorge F. Alemany Alta en sistema: 23/02/2022
Fin de la sentencia