Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125340
En la ciudad de La Plata, a los dieciocho días del mes de Julio de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “BAUDOU ENRIQUE EDUARDO C/ FERRAIUOLO EDUARDO MARIO S/ DOMINIO.ACCIONES DERIVADAS DEL DERECHO DE", (causa nº 125340), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:1ra.
¿Es justo el apelado decisorio de fs. 1349/1362?2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO: I. En el decisorio de fs. 1349/1362 la juez a quo, rechazó la demanda de reivindicación, división de condominio e indemnización de daños y perjuicios incoada por Enrique Eduardo Baudou contra Eduardo Mario Ferraiuolo e impuso las costas al actor. Para así decidir, consideró que el demandado había acreditado la prescripción adquisitiva de dominio a su favor de los lotes, alegada como defensa al contestar la demanda. La sentencia fue apelada por el actor (ver fs. 1364) quien expresó agravios a fs. 1374/1379, los que merecieran la réplica del demandado que corre a fs. 1381/1383 vta.
II. Los Agravios: En prieta síntesis el actor sostiene que el iudex a quo, con un cuestionable grado de precisión, dio por comprobado que el demandado ha poseído los tres lotes motivo de litis a partir del 2/8/66, pues unió su posesión que la sitúa en el año 1982 con la de su padre, quien comenzó a poseer los mismos con ánimo de dueño desde que adquirió el lote lindero a los que aquí se reivindican. Sostiene que dicha afirmación es errónea y cuestionable porque los lotes reinvindicados, al parecer y según los dichos de los testigos y del perito, tendrían construcciones que datan de 50 años de antigüedad y otras 25, cuando de la escritura por medio de la cual su parte adquirió la mitad indivisa de los mismos surge que los lotes eran baldíos (ver fs. 1374 vta./1375), el demandado sostuvo que recién en el año 1982 comenzó las construcciones y las facturas que anexa datan del año 1996 en adelante, reconocimientos del demandado que no han sido tenidos en cuenta por al a quo y que resultan, según entiende, contradictorios con las conclusiones que emergen del dictamen pericial.
También cuestiona la prueba de la posesión desde el año 1966 ya que los testigos son imprecisos en cuanto a los actos que les endilgan al demandado y/o a su padre, tercero ajeno a la litis, con lo cual insiste en que el plazo de prescripción no se cumplió el 2/8/86 tal como afirma la sentenciante en su decisorio, ya que no existe comprobada una eventual continuidad entre la posesión detentada por su padre y la formulada por el demandado, considera no existen pruebas respecto de esta continuidad; con lo cual y como la única fecha cierta de actos materiales realizados por el demandado sobre los inmuebles, considera son los planos de obra que se remiten a los años 2004 y 2007 y los pagos de tasasa y contribuciones que comienzan a partir del año 1997, la invocada defensa de prescripción se encontraría interrumpida por las intimaciones fehacientes efecuadas por su parte y la interposición de la demanda en el año 2007.
Finalmente se agravia de los efectos que a la compraventa del 50% indiviso que el demandado efectuara del Sr. Molina, pues dicho acto no puede producir efectos sólo a favor de éste último sino que afecta a los dos titulares de dominio, con lo cual considera existió un acto de interrupción de la prescripción y su alcance afecta a ambos propietarios no sólo a uno de ellos ya que el iudex a quo omitió considerar el perentorio efecto del art. 3996 del Código Civil cuando dispone que, siendo la obligación indivisible o el objeto de la prestación, la interrupción de ésta, hecha por uno solo de los interesados aprovecha y puede oponerse a los otros (ver fs. 1378), con lo cual la omisión en no haber advertido la indivisibilidad del derecho real y de la posesión que ostetaban su parte y Molina y la operatividad del art. 3996 condujo a la conclusión errónea de que la interrupción de la prescripción operada, sólo aprovecharía al Sr.
Jorge Molina. Entiende que la interrupción de la prescricpción producida por el acto escriturario por imperio del art. 3996 del C.Civil, aprovecha al actor de autos, hecho que desbarata claramente la defensa de prescripción adquisitiva intentada por el demandado. Aclara que como dicha interrupción –esgrime- tiene efectos ex nunc, el plazo deberá reiniciarse el plazo de veinte años con prescindencia del tiempo transcurrido con anterioridad a la interrupción. En definitiva considera que en autos no se ha acreditado la posesión pública, pacífica e ininterrumpida por parte del demandado, durante el plazo de ley necesario para validar su defensa de posesión, sus propios dichos y actos contradicen y desvirtúan las probanzas de autos y tampoco se encuentra probada la sucesión inter vivos o mortis causa en los derechos de su padre; no obstante ello y a todo evento, la eventual posesión animus domini sobre los lotes se encuentra interrumpida por su reconocimiento expreso del hecho de no ser propietario que lo llevó a celebrar una compraventa con uno de los titulares de dominio.
Pide se revoque la sentencia y se haga lugar a la reivindicación solicitada, se ordene la división de condominio y el pago de daños y perjuicios impetrada por su parte. El demandado a su turno sostuvo que los agravios eran irrelevantes y carentes de todo fundamento ya que su parte no opuso la defensa de prescripción de los lotes a partir de la compra que del 50% indiviso de los mismos le hubiera efectuado al condómino del actor –Sr. Molina- en el año 1993, sino que fundó su defensa en la iniciada con anterioridad, es decir aquella que comenzó cuando su padre adquirió el 2/8/66 el terreno lindero a los lotes objetivantes y luego continuara su parte a partir del año 1982, posesión que ha sido suficientemente probada por la prueba pericial formulada por el ingeniero civil –que no ha sido impugnada por el actor- y los testimonios rendidos en autos, los que son veraces, sinceros, objetivos, imparciales, concluyentes y concordantes; sin que se advierta en lo agravios las presuntas contradicciones que permitan sostener una evaluación indebida por parte del a quo de las pruebas mencionadas.
Finalmente tampoco puede sostenerse la interrupción del plazo de prescripción opuesto por el actor, ya que el sentenciante es claro en el sentido que –aún en el caso en que la prescripción no se hubiera operado- sólo produce efectos respecto de las personas involucradas directamente en el hecho interruptivo, por lo que no lo alcanza al reivindicante. Requiere se confirme en un todo la sentencia recurrida. III. Tratamiento de los Agravios: Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (artículos 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 3 C.C.y C.), principio por señalar que ya habiendo entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, desde el 1 de agosto del año 2015 -art. 7, ley 26.994, conf. art. 1 ley 27077-, habrá que aclarar si corresponde juzgar este litigio con el marco legal con el cual nació -el Código Civil anterior- o con el nuevo.
Tal disquisición deberá disiparse desde lo dispuesto por el artículo 7 de la ley ahora en vigor, el cual señala en lo que interesa destacar que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución...".El caso de autos atañe a un hecho acontecido y consumado durante la vigencia de la ley anterior (arts. 3, Código Civil; 7 y conc., C.C. y C. ley 26.994).
Consecuentemente, la decisión que se propondrá se compadece con el código civil vigente al momento del hecho en las circunstancias aludidas (esta Sala, causas 118.669 RSD 151/15; 118.986 RSD 155/15; 119.167, RSD 178/15; 118.923 RSD 190/15; 119.244 RSD 3/16).Sentado ello, y como el demandado, frente a la acción de reivindicación incoada, ha opuesto como defensa la prescripción adquisitiva de dominio de los lotes involucrados, dable es señalar que, en estos casos y aún cuando los incisos a,b,c y d del art. 24 de la l ey 14.159 (texto dec.ley 5.756/58) no rigen, lo cual tiene su fundamento en que la parte que es demandada carece del tiempo necesario y apto para preparar los presupuestos y requisitos que condicionan la promoción de una demanda de este tipo (Conf.
SCBA, Ac. 37454 del 22/3/88; 98701 del 29/12/2008 y 113530 del 23/2/2011, e.o.); la prueba debe versar sobre la posesión quieta, pacífica e ininterrumpida del bien que se pretende usucapir, durante el lapso legal, prueba que se encuentra en cabeza de quien alega dicha defensa, debiendo anexar los elementos de juicio suficientes para desplazar la titularidad del derecho de dominio. Posesión que en sus dos aspectos (animus y corpus), debe realizarse con la mayor estrictez por tratarse de cuestiones en la que está involucrado el orden público (Conf, SCBA Ac. 106.183 del 22/12/2010; esta Sala causa 123.177, RSD 101/18).Ello así y recayendo sobre el demandado la carga de acreditar, en los términos del art. 375 del CPCC, el lapso desde el cual ocupa los lotes objeto de litis, los actos posesorios que alega ejecutados sobre los mismos y la no turbación de dicha posesión, ello por el lapso de 20 años, tal lo prescripto por el art. 4015 del C.Civil, me permito adelantar la suerte adversa que ha de correr el recurso interpuesto, en la medida que tal como se verá en lo que sigue, el demandado ha logrado acreditar con la certeza que el caso requiere, los extremos aludidos supra.Es que, a pesar del esfuerzo realizado por el quejoso, el Sr.
Ferraiuolo alegó y probó que, primero su padre –desde que adquirió el lote lindero- y luego él -a partir del año 1982- han efectuado actos posesorios sobre los lotes objetivantes, mejoras y construcciones que, reconocidas por el actor (ver fs. 483 vta./484), fueron inspeccionadas y descriptas por el experto en su dictamen, acordándole a las construcciones existentes en las parcelas 24, 3 y parte de la 2 una antigüedad aproximada de 50 años y a las que se encuentran en la parcela 1 y 2, de 35 años (ver punto 2 fs. 1280 vta.).Las conclusiones a las que arriba el ingeniero civil Bona, no han sido impugnadas por ninguna de las partes de autos, motivo por el cual no encuentro motivos para de ellas apartarme (arts. 473, 474 del CPCC) y además resultan corroboradas en parte con los testimonios logrados a fs. 1312/1314 vta., en tanto que la accesión de posesiones alegada por el demandado resulta acreditada a su vez, por aquello declarado por la Sra.
Viviana Beatriz González y Roque Eduardo Rivarola, quienes coinciden en afirmar que los lotes antiguamente los tenía el padre de Ferraiuolo y en la actualidad los detenta el hijo, Eduardo, quien los explota comercialmente (ver respuesta a la 3ra. pregunta de fs. 1321 y 1323).Siendo ello así, en la medida que el hoy demandado no sólo acreditó a través de la prueba pericial idónea que alguna de las construcciones existentes en los lotes reivindicados por el actor, resultan de una antigüedad aproximada a los 50 años, que el demandado alegó y probó, mediante los testimonios de González y Rivarola principalmente, que los lotes fueron poseídos ánimus domini por su padre desde que adquirió el lote lindero a los mismos, esto es el 2/8/66 y que, a partir del año 1982 él continuó con la posesión iniciada por su padre, no se advierte cuál es el error de apreciación que el quejoso le achaca a la judicante de la anterior instancia pues, que los lotes figuren como baldíos en el catastro territorial al momento de la adquisición que él efectuara en el año 1980, configura una simple omisión administrativa en declarar las construcciones allí existentes (ver planos de fs. 613/615) y, los testimonios rendidos en autos, resultan de personas que conocen al Sr.
Ferraiuolo y a su padre desde hace muchos años, viven en la localidad de Guernica, pasan habitualmente por la zona y alguno de ellos habitan a escasas cuadras de los mismos; y todos ellos, bien porque estuvieron a cargo de la realización de las mejoras y/o construcciones allí existentes o bien por pasar habitualmente por el lugar donde los lotes se encuentran emplazados, han visto y han descripto los distintos actos posesorios que el padre del demandado a su turno y el Sr. Eduardo Ferrauiolo después, han realizado en los lotes objeto de reivindicación, todo lo cual fortalece la cualidad convictiva de este medio probatorio (arts. 375, 384, 385, 456, 473, 474 y cc. del CPCC).Si a dichos testimonios se los analiza en conjunto con las conclusiones que emergen del inimpugnado dictamen pericial formulado por el ingeniero Bona y los planos glosados a fs. 613/615 (reconocidos en cuanto a su autenticidad a fs. 630/632), elementos de convicción que constituyen la denominada prueba compuesta necesaria en esta clase de defensa alegada (arts. 4015 y 4016 del C.Civil; 24 ley 14.159 y 25 del mismo cuerpo legal, 679 inc. 1º, C.
Proc.), ninguna duda cabe que a través de los mismos se exterioriza la existencia de la accesión de posesiones alegada durante el lapso previsto por la ley (conf. SCBA, 6-9-1966, J.A. 1967-I-39; SCBA, 27-3-73, L.L 150-673; SCBA, Acs. 33.559 S 18-12-1984 y 40.137 S 28-2-1989; SCBA, Ac. 38.447 S 26-4-1998; SCBA, Ac. 57.602 S 1-4-1997;SCBA, Ac. 85.090 S 30-6-2004; Cám. 2da., Sala II, L.P., DJBA, V. 70, P. 197, cit. por Morello-Passi Lanza- Sosa y Berizonce, "Códigos..." v. VII, pág. 861, com. art. 679, ed. Platense-Abeledo Perrot, 1976; Levitán, José "Prescripción adquisitiva de dominio", pág. 171, 2da. ed. actualizada, ed. Astrea; Peña Guzmán, Luis Alberto "Derecho Civil-Derechos Reales" T. II, pág. 263, Nro. 702, ed.
Tea, 1975; esta Sala, causa 110.519, RSD 43/10); construcciones, mejoras y en definitiva actos que exponen ciertamente, la materialidad e intención de ocupación excluyente de otra posesión y exteriorizan de someter la cosa al ejercicio del derecho de propiedad (arts. 2351, 2384 del C. Civil; Cfr. Cám. 1a. Sala II La Plata en la ley 124-1010 citado en Llambias "Código Civil Anotado" tº IV-A págs. 124 nº 84 y 125 letra "B" nº 4, con la cita de Molinario; esta Sala, causa nº 105.303, RSD 112/06; ver fs. 390/391; arts. 384, 456 y 477 C. Proc.). Tampoco encuentro sustento en aquellos agravios que la quejosa formula en torno a la credibilidad de los dichos de los testigos, en primer lugar porque los mismos pudieron ser libremente interrogados por ambas partes del proceso, sin que el recurrente cuestionara su idoneidad en tirmpo oportuno (art. 456 del CPCC), pero además porque la antigüedad de las mejoras y/o construcciones que describen son aproximadas, y obedecen a lo que han percibido con sus sentidos, mientras que aquello afirmado por el experto en su dictamen, lo es en base a elementos técnicos y científicos que el ingeniero civil domina en función de su especialidad, por lo que cabe acordarle mayor certeza y credibilidad a dichas conclusiones, descartándose así los agravios destinados a cuestionar como errónea la valoración que de los testigos formula la a quo (arts. 375, 384, 456, 474 y cc. del CPCC) .Ello así, la conclusión a la que arriba la iudex a quo en torno a que “…a la fecha de realización de la escritura de compraventa del 50% de los lotes (1.12.93, ver fs. 1192/1200), había transcurrido en exceso el plazo de veinte años previsto en el art. 4015 del C.C. para que operara la prescripción adquisitiva, razón por la cual, considero que carece de efecto interruptivo un acto ocurrido después de haberse operado el curso de la prescripción, dado que, para que se produzca la interrupción, es necesario que exista una prescripción en curso de consumarse, y no una prescripción ya ganada…” (ver fs. 1360 vta./1361) resulta por demás ajustada a derecho y a las circunstancias comprobadas en la causa.En otras palabras, en la medida que el demandado ha logrado acreditar con la certeza que el caso requiere que, primero su padre y luego él, ejercieron sobre los lotes que se pretenden reivindicar, la posesión “animus domini” de manera pública, pacífica e ininterrumpida desde el año 1966; que aquél acto que el recurrente califica como interruptivo de la prescripción adquisitiva –compraventa de la mitad indivisa en el año 1993- resulta insuficiente, pues si el quejoso hubiera querido poner fin a la posesión detentada por Ferraiuolo, de acuerdo a la calidad de copropietario que tenía sobre los lotes en cuestión, nada le impedía hacerlo a través de la vía que correspondiera en defensa de sus derechos, ya que el dominio es perpetuo y subsiste aunque su titular no efectúe acto alguno propio de esa condición, salvo que un tercero los ejerza con o contra su voluntad durante el tiempo requerido para adquirirlo por prescripción, que es el caso que aquí ha ocurrido (art. 2510 del C.Civil).Bajo tales premisas, en la medida que el recurrente no ha logrado demostrar cuáles son los errores que le atribuye al fallo de primer grado, decisorio que, tal como se demostrara, luce por demás acertado, razonable y ajustado a las constancias obrantes en el proceso; ninguna duda cabe en que los agravios no han de merecer favorable acogida, por lo que propicio su desestimatoria, confirmándose la sentencia atacada (arts. 34, 260, 261, 266, 272, 330, 354, 375, 384, 395, 456, 474, 674, C.
Proc.; 24 ley 14.154; 2373, 2384, 4005, 4015, 4016, Código. Civil).Voto por la AFIRMATIVA.Por los mismos fundamentos el doctor SOTO votó en igual sentido.A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: I) Confirmar el decisorio de fs. 1349/1362, en todo lo que fuera materia de recurso y agravio. II) Las costas de Alzada propicio sean impuestas al apelante vencido (art. 68 del CPCC). III) Las regulaciones de honorarios se practicarán una vez que se cuente con las de la precedente instancia. ASÍ LO VOTO.En un todo de acuerdo el doctor Soto adhirió al voto que antecede con lo que se dio por terminado el Acuerdo dictándose por el Tribunal la siguiente:S E N T E N C I ALa Plata, 18 de Julio de 2019.AUTOS
CONSIDERANDO:Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 1349/1362, es justo (arts.168, 171, Constitución Provincial; 4015, 4016, C. Civil; 68, 163, 260, 261, 266, 272, 354, 375, 384, 395, 456, 473, 474, 679, Código Procesal Civil y Comercial; doctrina y jurisprudencia citada).POR ELLO: corresponde: I) Confirmar el apelado decisorio de fs. 1349/1362 en todo cuanto fuera materia de recurso y agravio. II) Las costas de la alzada se imponen al apelante vencido. III) Las regulaciones de honorarios se practicarán una vez que se cuente con las de la precedente instancia. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia