Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa C 122308
En la ciudad de La Plata, a 5 de junio de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Soria, Genoud, Negri, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 122.308, "Pereyra Iraola, Diego y otros contra Municipalidad de Carlos Tejedor y otros. Dominio-Acciones derivadas" y su acumulada, "Lattuada, Ciriaco Germán y otros contra Municipalidad de Carlos Tejedor y otros. Acciones derivadas del dominio".
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó la sentencia de primera instancia admitiendo la demanda de los autos principales y, por tanto, condenó a la Municipalidad de Carlos Tejedor; a Agro Lacau S.A. y Elisa Lacau e hijos S.A. a abonar a los actores "Pereyra Iraola" la indemnización determinada con más intereses por la inundación del campo de propiedad de los reclamantes. Impuso las costas de ambas instancias a las demandadas vencidas. A su vez, confirmó el pronunciamiento de grado anterior que, en su momento, había rechazado la demanda interpuesta en el expediente acumulado "Lattuada". Impuso las costas a los actores (v. fs. 2.085 vta./2.086 vta.).
Se interpusieron, por la Municipalidad de Carlos Tejedor, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.098/2.109 vta.).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso negativo:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. La Cámara, en sentencia única, revocó el pronunciamiento de primera instancia que había rechazado el reclamo indemnizatorio promovido por los actores Pereyra Iraola, por sí y por la sociedad de hecho Pereyra Iraola Hermanos, admitiéndolo, al encontrar que las obras realizadas por la Municipalidad de Carlos Tejedor y por Carlos Lacau e hijos S.R.L., en la zona aledaña al campo de aquéllos, habían sido la causa de la inundación del inmueble rural y, por ende, de los daños que reclamaban. Lo confirmó en lo demás que había decidido (v. fs. 2.085 vta./2.086 vta.).
II. Frente a este pronunciamiento, la recurrente se agravia de la falta de tratamiento fundado de las siguientes cuestiones esenciales:
a) de la responsabilidad de los que derivaron en forma artificial el curso natural de agua, mediante canales clandestinos que se originaron fuera del Partido, desembocando en un pequeño alteo realizado por el municipio para garantizar la entrada y salida de personas de la zona rural. Seguidamente analiza las pericias (v. fs. 2.100/2.102 vta.); y
b) el caso fortuito o fuerza mayor planteado en la contestación de demanda, con motivo de la inundación del año 2001 (v. fs. 2.102/2.104).
Se duele, además, de que se hayan admitido los contenidos del acta notarial en demérito de las conclusiones de los tres peritos oficiales.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, entiendo que el recurso no puede prosperar.
En efecto, no es ocioso recordar que el art. 168 de la Constitución provincial sanciona con la nulidad del fallo a aquellas omisiones en las que incurre el juzgador por descuido o inadvertencia, mas no cuando la materia aparece desplazada o tratada implícita o expresamente (conf. causas C. 91.612, "B.V., N.L.", sent. de 5-IX-2007; C. 118.518, "Sociedad de Fomento de Cariló", sent. de 1-VII-2015; C. 119.441, "Di Marcotullio", sent. de 29-III-2017; e.o.; v. fs. 2.104/2.106).
De la lectura del fallo que ataca la recurrente se desprende que la Cámara ha abordado las cuestiones alegadas, ya que analizando las pericias y los elementos allí aportados como fueron el acta notarial y los expedientes administrativos determinó que las obras denunciadas habían sido la causa de la inundación; y que cada una de ellas había sido efectuada por los aquí demandados, dando respuesta sobre el análisis de la responsabilidad imputada a la recurrente, lo que despeja la omisión endilgada (v. fs. 2.054 vta./2.059 vta.).
De esta manera se pone en evidencia que la impugnante se desconforma del modo en que se ha resuelto la controversia, planteo que es impropio de la vía recursiva empleada.
Esta Corte tiene dicho que cuando lo que se pretende es poner en tela de juicio la inteligencia de lo decidido, debe acudirse por la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y no por la de la nulidad, en tanto a través de ésta sólo puede atenderse la ausencia de voto individual, la omisión de tratamiento de una cuestión esencial o la falta de fundamentación legal del fallo o la inexistencia de mayoría de opiniones, en virtud de la manda constitucional (arts. 168 y 171, Const. prov.; conf. causas C. 92.796, "Maidana", sent. de 4-V-2011; C. 120.101, "Pacheco", sent. de 17-VIII-2016; e.o.).
IV. En consecuencia, no habiéndose demostrado la infracción legal denunciada, debe rechazarse el recurso extraordinario interpuesto. Costas a la recurrente vencida (arts. 68, 296 y 298, in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud y Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I.1. Expediente "Pereyra Iraola, Diego A. c/ Municipalidad de Carlos Tejedor s/Acciones derivadas del dominio".
Los señores Diego Alejandro Pereyra Iraola, Simón Jorge Pereyra Iraola, Sara Rosa Pereyra Iraola y Sebastián Wenceslao Pereyra Iraola, por sí y como integrantes de la sociedad de hecho Pereyra Iraola, promovieron demanda contra la Provincia de Buenos Aires, de la que luego desistieron (v. fs. 739), contra la Municipalidad de Carlos Tejedor y contra Carlos A. Lacau e Hijas S.R.L. (luego Agro Lacau S.A. y Elisa Lacau e Hijos S.A ), responsabilizando a cada uno de ellos por las obras de canalización que realizaron con las que alteraron las condiciones naturales del terreno, provocando que las aguas inundaran el campo de los actores (v. fs. 16/27, 425/438 bis y 486).
Corrido el traslado de ley contestaron la demandada Carlos A. Lacau e Hijas S.R.L. (v. fs. 607/623) y el municipio (v. fs. 687/704), repeliendo la acción.
Se abrió el juicio a prueba, se presentaron alegatos y se ordenó una medida para mejor proveer para luego dictarse sentencia en este expediente rechazando la pretensión (v. fs. 1.952/1.968).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores (v. fs. 1.973), presentando su correspondiente expresión de agravios (v. fs. 1.998/2.017), la que fue contestada por las demandadas Agro Lacau S.A. y Elisa Lacau e Hijos S.A., repeliéndola (v. fs. 2.026/2.037 vta.).
I.2. Expediente "Lattuada, Ciriaco Germán y otro c/ Municipalidad de Carlos Tejedor s/ Acciones derivadas del dominio".
Los señores Ciriaco Germán Lattuada, Juan Carlos Germán Lattuada, María Soledad Lattuada, Pablo Germán Lattuada y Rodrigo Germán Lattuada, por si y en representación de Germán Lattuada e Hijos S.C., promovieron demanda contra la Provincia de Buenos Aires, de la que luego desistieron (v. fs. 394) contra la Municipalidad de Carlos Tejedor y contra Carlos A. Lacau e Hijas S.R.L., luego Agro Lacau S.A. y Elisa Lacau e Hijos S.A., responsabilizando a cada uno de ellos por las obras de canalización que realizaron con las que alteraron las condiciones naturales del terreno, provocando que las aguas inundaran el campo de los actores (v. fs. 3/14, 32/37 y 111/122).
Se realizó la prueba anticipada solicitada por los actores y corrido el traslado de ley, se presentaron a contestarlo Carlos A. Lacau e Hijas S.R.L (v. fs. 243/254) y el municipio (v. fs. 330/344), repeliendo la acción.
A fs. 373/375 se resuelve la acumulación de estos autos al expediente "Pereyra Iraola, Diego A. y otros contra Municipalidad de Carlos Tejedor y otros. Dominio-Acciones derivadas".
Posteriormente, se abrió el juicio a prueba, se presentaron alegatos y se ordenó una medida para mejor proveer para luego dictarse sentencia en este expediente rechazando la demanda (v. fs. 1.569/1.584 vta.).
Este pronunciamiento fue apelado por los actores (v. fs. 1.591) presentando su correspondiente expresión de agravios (v. fs. 1.616/1.635), la que fue contestada por las demandadas Agro Lacau S.A. y Elisa Lacau e Hijos S.A., repeliéndola (v. fs. 1.637/1.649 vta.).
II. Elevados ambos expedientes a la Sala I de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata, ésta revocó, en un único pronunciamiento, la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la demanda respecto del reclamo en autos "Pereyra Iraola, Diego A. c/ Municipalidad de Carlos Tejedor s/Acciones derivadas del dominio", condenando a las accionadas al pago de la indemnización que determinó, con más intereses moratorios, imponiendo las costas a los vencidos. A su vez, confirmó el pronunciamiento de grado anterior que había rechazado la demanda en autos "Lattuada, Ciriaco Germán y otro c/ Municipalidad de Carlos Tejedor s/ Acciones derivadas del dominio" (v. fs. 2.044/2.086 vta.).
II.1. Para decidir como lo hizo, en la medida del recurso interpuesto por el municipio, tuvo en cuenta que los actores Pereyra Iraola atribuían responsabilidad a las demandadas por las obras realizadas, las que habían provocado el anegamiento de sus campos y las pérdidas que reclamaban que le fueran resarcidas.
Comenzó su análisis haciendo una descripción morfológica de la zona involucrada a tenor de las conclusiones del perito ingeniero hidráulico Hugo Enrique Jardel, emitidas en el marco de la producción de la prueba anticipada que fue solicitada en el expediente "Lattuada", las que habían sido coincidentes con aquellas a las que habían arribado los peritos ingenieros Marcelo Soncini y Anabel Mariño, en las que tomó conocimiento del escurrimiento natural de las aguas y de la existencia de canalizaciones en el Partido de General Villegas que direccionaban las aguas hacia el bajo de la laguna Peñihuen, la que al desbordar escurría de manera natural hacia el campo La María Elisa sin afectar los campos de La Emilia y Cerco de la Cruz (v. fs. 2.048 vta.).
II.2. Seguidamente analizó si las obras que se le atribuían a los demandados habían alterado el escurrimiento natural de las aguas.
Para ello tuvo en cuenta que:
a) del acta notarial (v. fs. 91/92) surgía la existencia de trabajos de profundización de cunetas en el camino que unía la localidad de Rivadavia con la ruta nacional n° 226, en el cruce llamado "de los cuatro vientos" y de un corte transversal que unía dos cunetas; un canal de doscientos metros de largo y diez metros de ancho dentro del establecimiento La María Elisa; una obra de profundización de una de las cunetas del camino que unía la ciudad de Tres Algarrobos con la Ciudad de Colonia Seré y una canalización, a lo largo del camino, frente a los silos de la estancia La María Elisa (v. fs. 2.051 vta. y 2.052);
b) de los expedientes administrativos n° 2.436-749/03 y 2.436-700/03, labrados por la Autoridad del Agua provincial, agregados en los autos "Lattuada", surgía la denuncia de existencia de obras hidráulicas ubicadas en la estancia La María Elisa y de canalizaciones en las calles y caminos que bordeaban dicha propiedad, por lo que se declaró la clandestinidad de las obras de canalización detectada en el predio perteneciente a Gloria Lacau y en el préstamo del camino municipal, en la zona rural de Tres Algarrobos, intimándose a los propietarios del establecimiento La María Elisa y a la Municipalidad de Carlos Tejedor a que restituyeran los terrenos a su estado natural (v. fs. 2.052/2.053);
c) los peritos habían informado que la obra consistente en un corte de lomada de doscientos metros de extensión en el interior del campo del establecimiento La María Elisa había tenido aptitud suficiente para enviar excedentes al bajo existente en el campo de La Emilia, sobrecargándolo y provocando que se incrementara el tiempo de anegamiento (v. fs. 2.054 vta. y 2.055);
d) el abovedamiento del camino real de Tres Algarrobos a Colonia Seré, efectuado en 2002, había sido reconocido por el encargado del establecimiento La María Elisa y que su realización había sido producto de un convenio con la Municipalidad de Carlos Tejedor, como surgía de la desgravación del video que se incluyó en el acta notarial agregada en el expediente "Lattuada", hechos coincidentes con el informe del perito Jardel sobre la existencia de la obra y con los dichos del testigo Scarella, en los presentes autos;
e) estaba probada la existencia de las obras de canalización dentro de la estancia La María Elisa, pues así surgía del expediente administrativo n° 2.436-700/03, verificada por el organismo actuante y coincidente con el informe anticipado del ingeniero Jardel (v. fs. 257/258 vta.).
II.3. Continuó su tarea revisora analizando el comportamiento del agua en las distintas zonas involucradas, teniendo en cuenta la ubicación de los establecimientos rurales y las obras antrópicas existentes, y las experticias apreciadas en forma armónica con las restantes pruebas producidas y bajo el principio de la causalidad adecuada (v. fs. 2.069 vta./2.073), y respecto del establecimiento "La Emilia" perteneciente a los señores Pereyra Iraola (la demanda por ellos interpuesta fue la única que prosperó), determinó que:
a) por los hechos acaecidos al mes de noviembre de 2001 cabía concluir que, por efecto del incremento en el anegamiento y el tiempo de permanencia de las aguas en ese lugar, se había dañado parte de la extensión del campo, cuya causa generadora del perjuicio se encontraba en el aceleramiento del trasvase de aguas provocado por las obras realizadas por la empresa propietaria del establecimiento La María Elisa y por la Municipalidad de Carlos Tejedor (v. fs. 2.073 y vta.);
b) las obras señaladas causantes de los daños habían sido la condición relevante que se elevaba a la categoría de causa a los fines de la atribución jurídica de las consecuencias que de ella derivaban (v. fs. 2.073 vta. y 2.074);
c) la anormalidad hídrica había causado en parte los daños que se reclamaban, pero que las obras antrópicas habían contribuido a la elevación del pelo de agua sobre el nivel normal de escurrimiento que habría alcanzado sin la presencia de dichas obras, provocando que la superficie inundada fuera mayor a la que se hubiera afectado de haber dejado actuar a la naturaleza sin la injerencia de la acción del hombre; citó el art. 2.647 del Código Civil (v. fs. 2.074/2.075).
III. Se agravia la recurrente denunciando la violación de los arts. 375, 409, 411, 458, 459, 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 16, 17 y 18 de la Constitución nacional y 10, 11 y 31 de su par provincial.
Despliega su impugnación de la siguiente manera:
a) la sentencia apelada no constituye una derivación razonada y consecuente con las normas que rigen la materia probatoria, al prescindir de las pruebas ofrecidas por esa parte, por lo que deviene en una sentencia arbitraria (v. fs. 2.106);
b) se han violado las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba pericial, pues la pequeña obra realizada por el municipio no ha tenido la entidad para producir los daños que incausada, arbitraria e infundadamente se le atribuyen;
c) se omitió tener en cuenta las conclusiones de los tres peritos oficiales de que la causa generadora de la inundación del campo de los actores fue producida por las obras del Partido de General Villegas: los canales Los Laureles y los desagües pluviales de ese distrito, las que habían modificado el normal escurrimiento de las aguas, según el informe de los peritos, que desbordaron la laguna Peñihuen cuyo sentido natural era hacia el sudoeste por un escurrimiento en sentido sudeste, produciendo un claro trasvase de cuencas (v. fs. 2.106 vta.);
d) las canalizaciones indicadas en el plano de obras constatadas por organismos oficiales cortan la loma ubicada entre las curvas de nivel de 105 metros derivando las aguas hacia el camino real en su tramo sentido noreste-sudoeste;
e) a esas tres obras se le suma una cuarta por la que tampoco es responsable la Municipalidad de Carlos Tejedor, pues fue realizada por la otra demandada en el establecimiento La María Elisa, obra acerca de la cual los tres peritos oficiales concluyeron en que su ejecución había provocado que las aguas que ingresaban a ese campo por el noroeste provenientes de la laguna Peñihuen lo hicieran hacia el camino real; y
f) se ha omitido el pronunciamiento sobre la defensa basada en el caso fortuito o fuerza mayor contenida en la contestación de demanda, referida a la inundación del año 2001 que fue considerada como una de las más importantes de la historia del distrito, extremo que además fue probado con las periciales obrantes en autos; cita doctrina legal y de Cámara en torno al valor probatorio de los informes periciales (v. fs. 2.107 y vta.).
IV. El recurso no prospera.
IV.1. Se debate en esta causa si la Municipalidad de Carlos Tejedor ha sido responsable de la inundación del campo de los actores Pereyra Iraola, denominado La Emilia, por las canalizaciones existentes en la zona rural Tres Algarrobos, ya que respecto de la demandada Agro Lacau S.A. y Elisa Lacau e Hijos S.A., también condenada en autos, la sentencia ha quedado firme al no haber recurrido el fallo de Cámara (v. fs. 2.085 vta. último párr./2.086 primer párr.).
Señala el municipio recurrente que la verdadera causa de la inundación del campo La Emilia han sido las canalizaciones efectuadas en el Partido de General Villegas, aledaño al de Carlos Tejedor, las que -dice- provocaron que por la intensa e infrecuente lluvia caída en la zona en el año 2001 la laguna Peñihuen desbordara hacia ese último Partido, y que por lo tanto no puede atribuírsele responsabilidad por los daños que reclaman los actores (v. fs. 2.106/2.107 vta.).
IV.2. Encuentro que no le asiste razón a la recurrente en su prédica.
Debe tenerse presente que la selección de las pruebas y la atribución de la jerarquía que les corresponde es facultad propia de los jueces de grado -potestad que admite la posibilidad de inclinarse hacia unas descartando otras, sin necesidad de expresar la valoración de todas- y no se consuma absurdo por la preferencia de un medio probatorio sobre otro (conf. doctr. causa C. 119.753, "Álvarez Sosa", sent. de 25-X-2017 y C. 122.083, "Fortunatti", sent. de 29-VIII-2018).
Sabido es que, a los fines de acreditar el vicio de absurdo denunciado, al recurrente no le alcanza con argumentar que el hecho, la valoración de la prueba, la relación dialéctica entre los hechos y las normas, etcétera, pudo ocurrir o hacerse de otra forma, tanto o más aceptable, en cambio, le resulta indispensable demostrar que, de la manera que lo afirma la sentencia, no pudo ser (conf. doctr. causas C. 116.929, "Rimoldi S.A.C.I.F.", sent. de 8-IV-2015; C. 119.294, "Sánchez", sent. de 3-V-2018; e.o.), situación que no se configura en el caso de autos.
La Cámara, en un extenso y detallado pronunciamiento, analizó los expedientes administrativos n° 2.436-749/03 y 2.436-700/03 (v. fs. 622/656 y 657/672, respect., expte. acumulado "Lattuada"), y el acta notarial (v. fs. 423/424), como también el dictamen conjunto elaborado por los peritos ingenieros hidráulicos Soncini, Mariño y Jardel, junto con otras pruebas producidas en autos (v. fs. 1.037/1.062).
En su pronunciamiento tuvo en cuenta que en el expediente administrativo n° 2.436-749/03 la Autoridad del Agua había declarado la clandestinidad de la canalización realizada en el camino municipal en la zona rural de Tres Algarrobos y se le
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