Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 22371-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 18709/2024 “DONTO SA (TF 22371-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de abril de 2026.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fojas 117/122 de las presentes actuaciones, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió:
(i) confirmar parcialmente la Resolución N° 4123 dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros -en la actuación administrativa N° 12034-639-2005-, mediante la cual se condenó a la actora al pago de una multa por la infracción tipificada en el artículo 970 del CA, respecto de los DIT Nros. 756-9/97 y 867-8/97. Asimismo, declaró que el importe en cuestión ascendía a la suma de $2.480,10;
(ii) confirmar parcialmente la referida resolución en tanto determinó que la obligación tributaria ascendía a $1.529,06, con más los intereses previstos en el artículo 794 del CA;
(iii) revocar la Resolución N° 4123 en el punto vinculado a la infracción prevista en el artículo 970 del CA respecto de la mercadería que se tuvo por regularizada, y en cuanto exigió el pago del derecho adicional y las percepciones de IVA adicional y ganancias; (iv) Imponer las costas por sus respectivos vencimientos.
Para así decidir, el Tribunal a quo examinó las constancias del sumario administrativo iniciado con motivo del presunto incumplimiento del régimen de importación temporaria respecto de los DIT Nros. 756-9/97 y 867-8/97, y recordó que, conforme lo previsto en los artículos 970 y 274 del CA, la falta de reexportación en término de la mercadería importa su consideración como importada para consumo, con la consecuente obligación tributaria y sancionatoria. En ese marco, analizó la prueba producida -en particular, los permisos de embarque y los certificados de tipificación y clasificación (CTC)- a fin de verificar si la actora había cumplido con la reexportación total de los insumos ingresados temporariamente.
Sobre esa base, concluyó que si bien parte de la mercadería había sido efectivamente reexportada dentro del plazo legal, subsistía un remanente que no fue debidamente regularizado, lo que configuraba la infracción imputada.
Alta en sistema: 17/04/2026 A su vez, descartó el argumento de la actora relativo a que las diferencias detectadas correspondían a pérdidas del proceso productivo, al entender que dichas pérdidas ya se hallaban incluidas en la relación insumo-producto certificada en los CTC, por lo que no podían computarse nuevamente al momento de efectuar las descargas sin incurrir en una doble contabilización. En tales condiciones, tuvo por configurada la infracción respecto de las cantidades no justificadas.
II. Que contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso de apelación a fojas 126, y expresó sus agravios a fojas 129/134, los que fueron replicados por su contraria a fojas 155/159.
En su presentación, sostuvo que en el caso se había afectado su derecho a obtener una decisión en un plazo razonable, en tanto los hechos investigados se remontaban al año 1997, y la cuestión habría permanecido sin adecuado trámite durante más de 27 años, pese a no revestir -según sostuvo- una especial complejidad. A tal fin, invocó la doctrina del precedente “Losicer”, de la CSJN.
De manera subsidiaria, tildó de arbitraria la resolución al entender que se efectuó un erróneo análisis de las constancias de la causa, en particular en cuanto al “[…] cómputo de las pérdidas determinadas en la relación insumo / producto de los insumos importados temporalmente con fines de reexportación”.
III. Que corresponde analizar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.
III.1. En el caso se discute la procedencia del reclamo de tributos y la aplicación de una sanción administrativa, por lo que corresponde examinar las constancias de autos a la luz del estándar fijado por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 335:1126 (“Losicer”), en la inteligencia de que la garantía de un plazo razonable -prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos- también resulta de aplicación al ámbito tributario (conf. esta Sala, in re: Nº 55643/2017 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/06/2017; Nº 27402/2023 “Alba Compañía Argentina de Seguros SA (TF 32578-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 03/07/2024; N° 4230/2024 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 38457-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/02/2025). Al respecto, el Alto Tribunal, a fin de evaluar si la tramitación del sumario administrativo se ha excedido del plazo Alta en sistema: 17/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V razonable (directriz que emerge del art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, integrante de bloque de constitucionalidad federal, art. 75 inc. 22 CN), ha seguido un test tomado de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a su vez ha seguido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho test abarca los siguientes aspectos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) el análisis global del procedimiento. Tales pautas tienen como fin dar un contenido concreto a la garantía de obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas, que se vincula con el derecho de defensa en juicio y el debido proceso (art. 18 CN). El Alto Tribunal ha aclarado que la vigencia de esta garantía no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos 330:3640, citado en “Losicer”).
III.2. Ahora bien, cabe señalar que en el sub lite, mediante los despachos de importación temporaria Nros. 756-9/97 y 867 -8/97, oficializados el 29 de enero y el 04 de febrero del año 1997, respectivamente, la firma DONTO SA documentó la importación temporaria de 5075 kilogramos de preparado engrasante para cueros, y 15.450 kilogramos de preparado a base de esteres sulfonados.
Por su parte, la Actuación Nº 12034-639-2005 se inició con el Acta de Denuncia DV REIM Nro. 421/00 (de fecha 04/08/2000) formulada contra la firma importadora, por la presunta comisión de la infracción tipificada en los artículos Nros. 970 y 972 del CA, en relación con los despachos de importación temporaria mencionados (v. fs. 1 de dichas actuaciones). A su vez, el 12/03/2001 se efectuó la correspondiente liquidación de tributos (v. fs. 9/13 de dichas actuaciones), y el 19/04/2001 se dispuso la instrucción de sumario en los términos del artículo N° 1090, inciso c), del CA. Luego, se cumplió con la corrida de vista de lo actuado a la importadora y a la aseguradora (v. fs. 14 de dichas actuaciones), las que fueron notificadas el 31/05/2001 y el 06/08/2001, respectivamente (v. fs. 25 y 109 de dichas actuaciones). El 14/06/2001 contestó la aseguradora, y el 26/06/2001 hizo lo propio la importadora (v. fs. 15/17 y 26/28 de dichas actuaciones). Asimismo, el 16/06/2004 se reliquidaron los tributos y la multa (v. fs. 110/113 de dichas actuaciones), mientras que el 17/02/2006 se dictó la Resolución Nro. 41/2006 (SDGTLA), que aprobó la Resolución Nro. 4123/2005 aquí cuestionada -notificada a la importadora el 09/08/2006 y a la aseguradora el 10/07/2006- (v. fs. 132/134 de dichas actuaciones).
Contra aquella resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación el 30/08/2006 Alta en sistema: 17/04/2026 (v. fs. 44/46 de estos actuados). Como consecuencia de ello, el 21/03/2007 el Fisco Nacional contestó el traslado del recurso incoado (v. fs. 54/63).
A su vez, el 27/03/2007 se abrió la causa a prueba y se ordenó el libramiento de un único oficio, de conformidad con lo solicitado en el punto b), del capítulo VI del escrito de inicio (v. fs. 64 de las presentes actuaciones), cuyo diligenciamiento en fecha 30/04/2007 fue acreditado por la actora (v. fs. 65/66 de las presentes actuaciones). En él, se había requerido al Ministerio de Economía y Producción que “[…] se sirva disponer lo necesario para informar si los certificados N° 9336 -99, 9426-99, 9337-99 y 9335-99 […] son auténticos”. Dicha diligencia fue contestada por el referido Ministerio el 31/05/2007 (v. fs. 82 de las presentes actuaciones).
La siguiente actuación impulsoria se llevó a cabo el 30/05/2023, es decir, 16 años después, oportunidad en la que se clausuró el período probatorio (v. fs. 98 de las presentes actuaciones), mientras que el 02/02/2024 se llamaron los autos para alegar (v. fs. 102 de las presentes actuaciones).
Finalmente, el Tribunal Fiscal dictó el 17/04/2024 la decisión que confirmó la Resolución N° 4123 (v. fs. 117/122).
III.3. En tales condiciones, a partir del análisis global del procedimiento, se verifica en autos una demora irrazonable en el procedimiento administrativo para el reclamo del Fisco Nacional. Tal situación infringe garantías constitucionales expresas, como las que derivan del derecho de defensa en juicio (art. 18 CN) y de duración razonable en los procesos (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos), ahora receptada en el artículo 1° bis inciso a) apartado iv) de la Ley N° 19.549 (texto según Ley N° 27.742). En efecto, se observa que entre el hecho que motivó el inicio de las actuaciones administrativas (esto es, el vencimiento de las operaciones, que ocurrió en enero del año 1999) y el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación transcurrieron más de 25 años, lo cual constituye un plazo excesivo de duración del procedimiento. En este sentido el Alto Tribunal sentó en el precedente “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera SA) y otros c/ BCRA s/ Resol. 178/93” (sentencia del 19/11/2013) la regla según la cual el “análisis global del procedimiento” en este tipo de casos, debe necesariamente comprender tanto el sumario como la instancia revisora.
Según puede advertirse, la demora no se debe a la complejidad que pudiera presentar el asunto -toda vez que debía verificarse si se había incumplido la obligación de reexportar la Alta en sistema: 17/04/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V mercadería en los términos del artículo 970 del CA-, ni a la actividad procesal de la sumariada, sino al hecho de que la actuación procesal estatal ha sido poco diligente. En efecto, la demora aparece principalmente vinculada a la escasa actividad impulsoria de los órganos intervinientes. En particular, se verifican extensos períodos de inactividad tanto en sede aduanera como ante el Tribunal Fiscal donde, entre el 31/05/2007 y el 30/05/2023 -oportunidad en la que se clausuró el período probatorio- el trámite permaneció paralizado (v. fs. 82 de las presentes actuaciones). Tal circunstancia adquiere singular relevancia si se repara en que el procedimiento ante dicho organismo se encuentra regido por el principio de impulso de oficio (art. 1143 del CA).
En tal sentido, no se advierte que los hechos ni el derecho debatido presenten una especial complejidad; ni que la firma actora hubiera desplegado conductas orientadas a obstaculizar el trámite del proceso; a la vez que tampoco se advierte que en la causa hayan intervenido múltiples sujetos procesales que pudieran justificar la extensión temporal verificada.
A la luz de estos extremos de hecho, y de conformidad con el precedente “Losicer” del Alto Tribunal, se estima que se ha vulnerado la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos, sin que ello implique ingresar a considerar si los hechos imputados en su oportunidad tenían sustento fáctico o jurídico (en sentido análogo, esta Sala, in re: Nº 55643/2017 “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/06/2017; y Nº 27402/2023 ”Alba Compañía” ya citada; entre otras).
Por tales consideraciones, corresponde hacer lugar al agravio formulado por la parte actora y revocar la resolución apelada.
IV. Que atento al modo en que se decide, corresponde imponer las costas del proceso a cargo de la parte demandada en ambas instancias, toda vez que ha resultado vencida y no se advierten motivos para apartarse del criterio objetivo de la derrota (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Por las razones expuestas corresponde: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la firma actora y, en consecuencia, revocar la resolución de fojas 117/122 del Tribunal Fiscal de la Nación, como así también la Resolución N° 4123; 2) Imponer las costas de Alta en sistema: 17/04/2026 ambas instancias a cargo de la parte demandada (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 17/04/2026
Fin de la sentencia