Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-121207
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinaria, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1Revocar la resolución apelada, y dejar establecido que la Municipalidad de Chivilcoy debe abonar al ejecutante Dr. Pedro José Balán el equivalente a 916,55 jus dec.ley 8904/77 al momento del efectivo pago dentro del plazo de diez días, dejándose aclarado que no corresponde retención por aportes previsionales e IVA.
2Imponer las costas de ambas instancias a la ejecutada vencida.
Expte: SI-121207 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 4 Dptal Juicio: DORREGO ALFREDO C Y OTRO C/ DRUKER ROBERTO Y OTRA S/ ··EJECUCION DE HONORARIOS En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en el día de la firma, en Acuerdo telemático continuo (Res. SCBA 480/20 y complementarias sobre COVID-19 y Res. del Presidente de esta Sala nro. 28/4/2020) los señores Jueces de la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Provincia de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y CARLOS ALBERTO VIOLINI, en virtud de lo dispuesto por el art. 4° del Ac. Extraordinario del 25 de septiembre del 2008 (publicado en el Boletín Oficial el 06/12/2010, pags. 12.609/12.610), con la intervención del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-121207 , en los autos: “DORREGO ALFREDO C Y OTRO C/ DRUKER ROBERTO Y OTRA S/ ··EJECUCION DE HONORARIOS”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.C.
1ª) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio Armando Ibarlucía y Carlos Alberto Violini.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia interlocutoria de fecha 11/09/23 es apelada por el ejecutante Dr. Pedro José Balán, quien presenta memorial el 2/10/23, el que es contestado por la apoderada de la Municipalidad de Chivilcoy el 11/10/23.
II. Por medio de la resolución de fecha 13/06/23 esta Sala se expidió en relación al recurso de apelación que interpusiera el mismo letrado contra la sentencia interlocutoria de fecha 29/11/22, y resolvió declarar su nulidad por no haberse pronunciado el juez respecto de la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (texto ley 25.561) expresamente pedido por el ejecutante (omisión de cuestión esencial, arts. 168 y 171 Const. Prov. Y 163 inc. 6 CPCC). Asimismo, agregó este tribunal: “y, en su caso, si se hace lugar a la actualización monetaria del crédito – y por qué mecanismo – o si sólo deben aplicarse intereses – en este caso a qué tasa -, y en cualquier de los dos supuestos desde qué fecha”.
En la nueva resolución ahora recurrida, el juez rechaza el planteo de inconstitucionalidad, pero no se expide sobre si deben reconocerse intereses al crédito que reclama el Dr. Balán. Habiéndose decretado íntegramente la nulidad de la resolución del 29/11/23, la omisión del juez debe interpretarse como que entiende que la suma de $ 274.050 que el letrado reclama con motivo de la retención del IVA que el Banco de la Provincia de Buenos Aires hiciera el 13/01/15 – cuyo reintegro por la municipalidad fue reconocido a fs. 1291/2 y confirmado por esta Sala por resolución firme de fs. 1320/21 (del 18/10/16) – debe abonarse a valor histórico (o sea del año 2015), sin actualización monetaria ni intereses de ningún tipo.
III. En el memorial el Dr. Balán insiste con el pedido de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928. Respecto de los intereses sólo dice: “… si se procura reparar en mínima expresión el daño provocado por la inflación mediante aplicación de tasa de interés, la consecuencia será reducir en mayor medida el monto nominal resultante de la suma de capital e interés, por el gravamen fiscal que el interés lleva, adicionando un capítulo de daño contra una decisión de reparación”. No se entiende bien qué quiere decir, pero advierto que, como dijo esta Sala en la resolución del 13/06/23, el Dr. Balán, al pedir actualización monetaria de su crédito, aclaró que lo hacía sin pedir intereses, condicionando esto último a que se hiciera lugar al reajuste (escrito del 1/10/19).
Por ello, considero que, interpretando el escrito, lo que quiso decir el ejecutante fue que subsidiariamente pide que se reconozcan intereses moratorios. Así las cosas, entiendo que debe resolverse el pedido de actualización monetaria, y, en su caso, subsanando la omisión en que incurriera el juez “a quo”, resolver si corresponde sólo aplicar intereses (art. 273 CPCC).
IV. Pero antes de continuar con el tema corresponde que previamente me aboque a tratar los argumentos esgrimidos por la municipalidad para oponerse al pedido de actualización formulado por el Dr. Balán (EE del 1/11/19), que no fueron tratados por el juez de primera instancia, pero que, reiterados ahora en la contestación del memorial, por el principio de la apelación adhesiva corresponde que esta alzada lo haga (esta Sala, causas n° 109.061 del 07 /10/04; 115.676, del 28/06/16; 116.020, del 24/11/16; 117.575, del 02/04/20; entre otras).
Dijo en primer lugar la apoderada de la municipalidad que el Dr. Balán había practicado una liquidación alejada de los parámetros de la sentencia, por lo que su parte pidió el rechazo, y el juez ordenó la intervención de una perito contadora para que la revisara – la que no se expidió – y la liquidación finalmente no fue aprobada.
Ello es efectivamente así. La liquidación del ejecutante de fs. 1327 nunca fue aprobada dado que el juez ordenó un informe pericial (fs. 1340), y, una vez presentado (fs. 1346/48), nunca se expidió al respecto.
Ahora bien, como ha sido referido, el Dr. Balán por medio del escrito del 1/10/19 pidió al reajuste del crédito por reintegro del IVA, renunciando a los intereses si se hacía lugar a tal solicitud (con lo que quedó desistida la liquidación de fs. 1327).
Al respecto es de señalar que la sentencia interlocutoria de esta Sala de fecha 8/10/16 (fs. 1320/21) confirmó la resolución de fs. 1291/2vta. O sea, confirmó que el municipio debía reintegrar al Dr. Balán el importe de lo retenido por el Banco de la Provincia por IVA, resolución que quedó firme.
En el memorial el apelante dice que el municipio tomó conocimiento “de hecho” de la retención cuando fue efectuada. Esto obviamente no es así. En cambio sí debe considerarse que la mora se produjo cuando el Dr. Balán presentó la nueva liquidación con discriminación del IVA, denunciando el monto de $ 274.050 (fs. 1243/4), tomando la municipalidad formal conocimiento del reclamo mediante la impugnación del crédito a fs. 1251/3 (de fecha 10/02/15), oportunidad donde no discutió el citado monto, y luego lo depositó (EE del 2/12/22).
En consecuencia, debe tomarse como fecha de mora el 10/02/15 (art. 622 C.C.).
V. Despejada tal defensa, corresponde ahora tratar el segundo argumento de oposición: la prohibición de la actualización monetaria prevista por los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 (ratificado por ley 25.561). El pedido del Dr. Balán está, obviamente, justificado.
Es pública y notoria la tremenda inflación que sufre nuestro país desde el año 2002 y que se ha acelerado en forma notoria en los últimos tiempos. Basta señalar que en enero del año 2015 el valor de la moneda estadounidense era de $ 8,59 (cotización oficial) y hoy en día está en $ 800, o de $ 1.038 el valor del dólar MEP. Los precios al consumidor-nivel general (IPC) desde enero de 2015 (año en que la S.C.B.A. dictó los fallos citados en la resolución apelada) han aumentado (sin acumular mes a mes) cerca de un 500 % (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31); y el CER 37,66 veces. El flagelo de la inflación es tan brutal que es el tema del debate político y económico de todos los días, al punto de que se formulan propuestas de abandono de la moneda nacional para sustituirla por la moneda estadounidense, como todos sabemos.
Pero no se agota el problema en la constatación de estos datos (por todos conocidos), sino que el mismo legislador (nacional y provincial) y los poderes públicos por medio de leyes, decretos y resoluciones desde hace largo tiempo implementan mecanismos de actualización monetaria, como ha dicho la S.C.B.A. en las conocidas sentencias dictadas en las causas “Vera” (C 120.536 del 18/04/18) y “Nidera S.A.” (C 121.134 del 3/05/18). Citó en esos precedentes los títulos públicos provinciales ajustables (Bono Dólar-link emitido en el mercado local -decreto n° 164/13-; Bono de la Provincia de Buenos Aires con vencimiento en 2016 -Resolución Ministerial n° 54/09-; y nacionales en dólares o con cláusula CER o depósitos a plazo fijo de Unidades UVI, ley 27.271).
A su turno, el Dr. Daniel Soria en su voto en la causa “Sandobal” (C 123.367 del 21/10/20) destacó que varias leyes habían flexibilizado la estrictez de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, abriendo considerables excepciones. V.gr: leyes 26.313; 26.547, art. 4; 27.249; 27.271, art. 6; 27.328, art. 31 inc. "d"; decs. PEN 905/02, art. 2; 1.096/02, art. 1; 1.733/04, art. 1; 146/17, art. 5) o, en todo caso, se modulan sus alcances prohibitivos (v. dec. PEN 1.295/02, derogado por el dec. 691/16, cons. 8°; entre muchos otros textos).
Agrego que son muchas las leyes, decretos y resoluciones que contemplan mecanismos para mantener actualizados los créditos. Por ejemplo: 1) desde la ley 11.593 los honorarios de los abogados se calculan en jus, y a partir de la ley 14.967 (2017) directamente deben fijarse en esa unidad arancelaria, debiendo la S.C.B.A. publicar periódicamente su valor (art. 9); 2) los aportes previsionales de los médicos se miden en galenos (ley 12.207); 3) las multas de tránsito varían periódicamente de acuerdo al precio de un litro de nafa super de mayor octanaje (UF; RS-2023-45073953-GDEBA- MTRAGP); 4) los automóviles se venden con planes de ahorro que implican cuotas mensuales que varían mensualmente de acuerdo al precio de mercado del O km. (operatoria avalada por Resol. de la I.G.J.); 5) los bancos oficiales otorgan préstamos que deben devolverse en cuotas ajustadas por UVA; 6) pueden hacerse plazos fijos ajustables por inflación más intereses (basta incursionar en la página del Banco Provincia); 6) la ley de locaciones urbanas 27.551 (modificada por la ley 27.737) permite la actualización semestral de los alquileres por medio de un índice que surje de una comparación entre el CVS y el CER; 7) el SMVM se actualiza periódicamente y es de práctica judicial que se tome como parámetro para fijar las cuotas alimentarias cuando el alimentante no tiene salarios fijos.
Los ejemplos pueden seguir, pero es evidente que con este panorama que surge a partir de normas dictadas por el mismo Estado Nacional o el provincial, la prohibición de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 es una ficción.
El manifiesto desequilibrio económico de la tremenda inflación desatada en los últimos tiempos hace, a mi juicio, renacer la doctrina de la Corte Suprema Nacional de los fallos “Camusso c. Perkins” (Fallos: 294:434), “Valdez” y “Vieytes de Fernández” (Fallos: 295:937) de 1976, que siguió por todos los tribunales del país hasta el año 1991. Dijo la Corte en el primero de estos fallos: “… el aumento en el monto nominal en función de los índices oficiales de precios al consumidor no hace a la deuda más onerosa en su origen, sólo mantiene el valor económico real frente al paulatino envilecimiento de la moneda… no existe modificación de la obligación sino determinación del quantum en que ella se traduce cuando ha habido variación de la moneda; en consecuencia, el desmedro patrimonial que para el deudor moroso deriva de aquella alteración no reviste entidad tal que permita entender configurada lesión esencial a su derecho de propiedad, y sólo le priva de un beneficio producto de su incumplimiento. En todo caso, el derecho de propiedad afectado sería el del acreedor a quien se le pagaría si no se aplicara la actualización con una moneda desvalorizada cuyo poder adquisitivo sería inferior al que tenía cuando nació el crédito”. Sobre la base de esta doctrina los créditos dinerarios en mora se actualizaban adicionándoles un interés puro del 6 % anual en la jurisdicción nacional y del 8 % anual en la provincial hasta el dictado de la ley de convertibilidad (ver fallos “Vera” y “Nidera S.A.” de la S.C.B.A).
Luego de la sanción de esta ley (1991), la Corte sostuvo que el envilecimiento del signo monetario debía afrontarse por medio de la tasa de interés. Primero dijo que para no vulnerar la finalidad de esa ley, la tasa debía ser la pasiva promedio del B.C.R.A. (fallo “YPF c. Prov. de Corrientes” del 3/03/92, L.L. 1992-B, 214), pero luego, por mayoría, cambió de criterio, y dijo que la tasa de interés quedaba a criterio de los tribunales inferiores (“Banco Sudameris”, E.D. 148-389).
La salida de la convertibilidad en enero de 2002 suponía, en principio, la vuelta a la jurisprudencia anterior a 1991, pero para evitar las actualizaciones monetarias (que se consideraban causantes en sí mismas de inflación), la ley 25.561, pese a autorizar la devaluación de la moneda y los previsibles mecanismos de ajuste (poco después el decr. 214/02 previó el CER, ratificado luego por la ley 25.713 modificada por la ley 25.796), mantuvo expresamente los arts. 7 y 10 de la ley 23.928.
Hasta ahora a toda costa los tribunales (salvo excepciones) mantienen el apego estricto a esta prohibición con el argumento de que la tasa de interés moratoria “salva” el problema (la C.S.J.N. y la S.C.B.A. no han declarado hasta ahora la inconstitucionalidad de la ley 23.928), lo cual, a mi juicio, genera una grave confusión conceptual, al punto de que se ve en los escritos judiciales que se habla del cálculo de intereses como “actualización”, lo que es un error.
Los intereses son una compensación al acreedor por el daño sufrido como consecuencias de la mora (art. 768 C.C.C.; art. 622 del Código de Vélez). La actualización monetaria, en cambio, sólo pretende mantener incólume el capital adeudado, y cuando se aplica se deben igualmente intereses desde la mora pero con una tasa de interés “pura” (conf. fallos “Vera” y “Nidera S.A” de la S.C.B.A. y varios más que lo han ratificado). Cerrar los ojos a la realidad y desconocer la evidencia del fenómeno inflacionario vulnera, en principio, el derecho de propiedad del acreedor, el equilibrio de las prestaciones, y también el principio de igualdad ante la ley cuando, frente a situaciones similares, a unos se les reconoce la actualización monetaria (prevista en una ley o norma especial) y a otros no.
Ahora bien, es doctrina inveterada de la Corte Nacional que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del orden jurídico (Fallos: 260:153; 307:531; 314:424; 328:91 y 331:1123, entre muchos otros). O sea, el último recurso al cual debe acudirse, lo que significa que debe el juez hacer el esfuerzo de la interpretación conforme a la Constitución; es decir, que si existen varias interpretaciones posibles debe optarse por aquella que no sea contraria a la Constitución. Es cierto que la ley 23.928 no admite otras interpretaciones que las que surgen de su texto literal, pero el caso de autos debe resolverse acudiendo a las leyes especiales que se aplican a la situación concreta que genera la controversia.
El importe de $ 274.050 retenidos por el banco y cuyo reintegro solicita el Dr. Balán formaba parte de los honorarios regulados, y ha quedado firme que el municipio debía pagarlos íntegramente dado que sólo al obligado al pago correspondía pagar el IVA. Por lo tanto el concepto de esa suma retenida era el de honorarios profesionales.
En el momento de la mora (10/02/15) regía el decr.ley 8904/77, que establecía como unidad arancelaria el jus (art. 9 texto ley 11.593). Si bien esta ley no estableció la obligatoriedad de los jueces de regular los honorarios en jus (como hace ahora le ley 14.967), el jus (1 % de la remuneración total asignada al juez de primera instancia, incluida la bonificación por antigüedad, suministrado mensualmente por la S.C.B.A.) se estableció como parámetro obligatoriamente a tenerse en cuenta al momento de practicarse la regulación.
En consecuencia, entiendo que la suma de $ 274.050 debe convertirse al valor del jus dec.ley 8904/77 al 10/02/15. Conforme a la página de la S.C.B.A. ese valor era $ 299. Por lo tanto, la conversión de dicha suma equivalía a 916,55 jus dec.ley 8904/77.
Destaco que el equivalente a esos jus al día de hoy no es una suma muy distinta a lo que arrojaría actualizar los $ 274.050 por el IPC NG hasta el día de hoy.
Por consiguiente, propongo que se revoque la resolución apelada, resolviéndose que la ejecutada debe pagar al actor el equivalente a 916,55 jus dec.ley 8904/77 al momento del efectivo pago. Se deja aclarado que no corresponderá retener por aportes previsionales e IVA porque ya se hizo conforme surge de autos.
VI. Las costas del incidente en ambas instancias, deben ser a cargo de la ejecutada vencida (art. 69 C.P.C.C.).
VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Carlos Alberto Violini, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Revocar la resolución apelada, y dejar establecido que la Municipalidad de Chivilcoy debe abonar al ejecutante Dr. Pedro José Balán el equivalente a 916,55 jus dec.ley 8904/77 al momento del efectivo pago dentro del plazo de diez días, dejándose aclarado que no corresponde retención por aportes previsionales e IVA.
2°.- Imponer las costas de ambas instancias a la ejecutada vencida.
ASI LO VOTO.
El señor juez Dr. Carlos Alberto Violini, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinaria, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1°.- Revocar la resolución apelada, y dejar establecido que la Municipalidad de Chivilcoy debe abonar al ejecutante Dr. Pedro José Balán el equivalente a 916,55 jus dec.ley 8904/77 al momento del efectivo pago dentro del plazo de diez días, dejándose aclarado que no corresponde retención por aportes previsionales e IVA.
2°.- Imponer las costas de ambas instancias a la ejecutada vencida.
NOTIFIQUESE por medios electrónicos (conf. Res. del Presidente de la S.C.B.A. nro. 10/20, Res. S.C.B.A 480/20 y sus sucesivas prórrogas, AC 4013/2021 y AC 4023/2021). Y DEVUELVASE.
Fin de la sentencia