Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 33878-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI) desestimar los agravios del actor y, en su consecuencia, confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de fs. 183/188, con costas; y ii) regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional con el alcance del considerando XII.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
22077/2019 DOS SANTOS, GUSTAVO ALBERTO (TF 33878-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de de 2019.-RR Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que la representación legal del actor recurrió ante el Tribunal Fiscal (fs. 37/64) la resolución nº 39/2010 (DV RNEU) dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la AFIP-DGI, por la que determinó de oficio la obligación tributaria en el impuesto a las ganancias (períodos fiscales 2003 y 2004), con intereses resarcitorios y con reserva de aplicar sanciones en los términos del artículo 20 de la ley 24.769.
II. Que en dicho ajuste el Fisco Nacional consideró que los depósitos bancarios del actor —cuya actividad declarada es la “venta al por mayor de libros y publicaciones”— correspondían a ingresos no declarados por ventas omitidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, inciso g), punto 1, de la ley 11.683.
La inspección verificó las declaraciones juradas de esos períodos, sin que el contribuyente aportara ningún tipo de comprobante de ventas, compras, libros, extractos bancarios u otra documentación.
Por esa razón, procedió a recabar información de las entidades financieras en las que el actor poseía cuentas, a los efectos de cotejar las diferencias que pudieran existir entre las acreditaciones bancarias y los importes de ventas declarados en los períodos inspeccionados.
Con la información obtenida, la inspección depuró los ingresos de dinero que no correspondían a depósitos en efectivo, de cheques y/o acreditaciones por ventas con tarjeta de crédito y/o débito. Sobre el resultado de esa depuración tomó en cuenta las deducciones personales Alta en sistema: 11/12/2019 1 (artículo 23 de la ley del impuesto a las ganancias), los anticipos y las retenciones, advirtiendo que, como los depósitos bancarios eran superiores a los ingresos declarados en cada período, resultaba aplicable al caso la presunción de la existencia de ventas omitidas.
III. Que la Sala D del Tribunal Fiscal dictó el pronunciamiento de fs. 183/188 por el que confirmó el ajuste fiscal, con costas. A su vez, reguló los honorarios de los letrados intervinientes por el Fisco Nacional.
La decisión se sustentó en los siguientes argumentos:
II.1. El rechazo de la defensa de nulidad.
a) El actor sustentó esa defensa en la pérdida de la competencia territorial de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la AFIP que operó a partir del cambio del domicilio fiscal.
Sin embargo, la inspección envió nuevos requerimientos y una segunda citación al nuevo domicilio que el contribuyente denunció durante el curso de la fiscalización, las que resultaron infructuosas. En ningún momento la inspección ignoró el cambio de domicilio fiscal. En la resolución por la que se confirió vista de los cargos formulados se dejó a salvo que el domicilio fiscal “fue modificado durante el transcurso de la fiscalización”, resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1º, inciso a), de la disposición AFIP nº 666/03 y sus modificatorias.
Esa norma dispone que los jueces administrativos mantienen su competencia en las determinaciones de oficio “cuando se trate de contribuyentes cuya fiscalización haya sido iniciada en su jurisdicción y durante el transcurso de la misma modifiquen su domicilio fiscal”.
Alta en sistema: 11/12/2019 2 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22077/2019 DOS SANTOS, GUSTAVO ALBERTO (TF 33878-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO De ese modo, la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén obró de conformidad con la competencia que tenía asignada.
b) El actor también planteó la nulidad con sustento en que no incurrió en un incumplimiento a su deber de colaboración. A su vez, denunció una persecución en su contra y señaló que el Fisco Nacional no valoró correctamente los elementos probatorios, Sin embargo, no se advierte el menoscabo del derecho de defensa del actor, pues: i) tomó debido conocimiento del inicio de la fiscalización (ver la notificación de fs. 4 del “cuerpo principal ganancias I”); ii) solicitó una prórroga para suministrar la información que le fue requerida; y iii) se le confirió vista de los cargos formulados, lo que le permitió tener acceso a las actuaciones, presentar su descargo y ofrecer prueba, que luego fue producida.
El incumplimiento de los requerimientos cursados (fs. 122, 124 y 125 del “cuerpo principal ganancias I”) es plenamente imputable al actor.
III.2. El fondo de la cuestión.
a) El actor cuestionó el método seguido por el Fisco Nacional para determinar de oficio su obligación tributaria sobre la base de presunciones.
Las presunciones que se describen en el artículo 18 de la ley 11.683, a las cuales el Fisco Nacional se encuentra facultado a recurrir para fundamentar sus estimaciones de oficio, son indiciarias y admiten prueba en contrario. Ambos métodos de estimación, el cierto y el presunto, son legítimos para determinar la materia imponible, por lo que el agravio del actor resulta inatendible.
b) Durante el curso de la fiscalización, el actor no aportó documentación a fin de acreditar el origen de los fondos Alta en sistema: 11/12/2019 3 depositados en sus cuentas bancarias, a pesar de lo cual se agravió de que el Fisco Nacional no efectuó un examen de los elementos probatorios. El actor no cumplió con los requerimientos efectuados, lo que condujo a la demandada a recurrir al método indiciario como única alternativa posible, dada la falta de elementos idóneos para operar sobre base cierta.
c) El actor pidió la declaración de inconstitucionalidad del artículo 18 de la ley 11.683. El Tribunal Fiscal se encuentra inhabilitado a pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes tributarias (artículo 185 de la ley 11.683).
d) El actor alegó que las acreditaciones bancarias no se correspondían con su actividad comercial porque compartía sus cuentas bancarias con otros cotitulares.
Si bien el perito designado por el actor efectuó las depuraciones bancarias para asignarle en forma proporcional las acreditaciones al actor, no surge individualizada en el informe contable la documentación de respaldo que le permitió efectuar dicha apreciación. Por su parte, el perito propuesto por el Fisco Nacional expuso que la liquidación practicada asignó la totalidad de las acreditaciones al actor por no existir elementos de prueba que demuestren que los ingresos pertenecen a los otros cotitulares. Por lo demás, el recurrente no acompañó en el transcurso de la fiscalización, ni en sede del Tribunal Fiscal, la documentación que permita la depuración de las acreditaciones bancarias de las cuentas compartidas con otros titulares.
e) Cuando las manifestaciones de los contribuyentes no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan de legitimidad.
f) El mecanismo seguido por el Fisco Nacional resulta correcto pues, al no disponer de documentación, utilizó la información brindada por las entidades bancarias y depuró las cuentas para asignarle los ingresos no declarados, sin que el recurrente se encuentre en condiciones de criticar el procedimiento aplicado cuando no respaldó sus Alta en sistema: 11/12/2019 4 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22077/2019 DOS SANTOS, GUSTAVO ALBERTO (TF 33878-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO manifestaciones con elementos que demuestren que las acreditaciones bancarias no correspondían a su actividad comercial.
IV. Que la representación del actor interpuso recurso de apelación a fs. 189, cuyos agravios de fs. 191/215 fueron replicados a fs. 224/239.
Sostuvo las siguientes críticas:
a) El Tribunal Fiscal rechazó arbitrariamente el planteo de nulidad y aplicó al caso el artículo 1º, inciso a), de la disposición nº 666/2003.
Dicha disposición constituye un “permiso”
para que un funcionario con facultades delegadas altere las reglas del domicilio fiscal y de la competencia de las dependencias de la AFIP, lo que determina su inconstitucionalidad por exceder los parámetros fijados por la ley 11.683. El administrador federal no cuenta con facultades para dictar la disposición cuestionada.
La resolución mediante la cual el juez administrativo se arrogó la competencia del asunto es nula, pues fue dictada mediando incompetencia en razón de territorio.
b) El pronunciamiento del Tribunal Fiscal quita todo valor a la prueba sobre la cotitularidad de los depósitos bancarios que fueron atribuidos al actor en un 100%, cuando correspondían a tres personas físicas. Esa decisión implicó convalidar un ajuste que gravó una capacidad contributiva inexistente.
Los ingresos de las cuentas bancarias debieron dividirse por cada cotitular en partes iguales y luego proceder a las depuraciones bancarias.
El régimen de presunciones contenido en el artículo 18 de la ley 11.683 es inconstitucional, en tanto lesiona las Alta en sistema: 11/12/2019 5 garantías de legalidad, de capacidad contributiva, de razonabilidad y de no confiscatoriedad.
No existe concordancia entre el monto de ventas determinado de oficio con las ventas declaradas por el actor, ni siquiera ha existido verificación de inventarios.
c) La posición asumida por el Tribunal Fiscal de quitar eficacia probatoria al peritaje contable efectuado por el experto propuesto por el actor también fue arbitraria. Dicho experto consideró a los movimientos operados en las cuentas bancarias en función de la proporción de su titularidad y procedió a la depuración de las acreditaciones originadas en depósitos en efectivo por cifras redondas no inferiores a $1.000, en razón de que esas transferencias no se correspondían a ingresos por ventas dadas las características de las operaciones comerciales del actor. Sin embargo, el Tribunal Fiscal otorgó plena convicción a las conclusiones el experto ofrecido por el Fisco Nacional, quien asumió la postura de dicho organismo.
d) El Tribunal Fiscal invirtió el onus probandi en cabeza del contribuyente, negando todo tipo de valor a la prueba agregada a la causa que demostraba la existencia de ingresos provenientes de varios cotitulares. Se omitió considerar su calidad de “contribuyente unipersonal”, no obligado a llevar libros, siendo prueba suficiente para determinar la titularidad porcentual de las cuentas bancarias “el sólo hecho de ser cotitular”.
Al actor únicamente le correspondía “negar los movimientos que no son de su autoría”, pues sólo puede justificar los movimientos realizados por él, pero no por todos los cotitulares. e) El Tribunal Fiscal omitió examinar la procedencia de los intereses resarcitorios, “ya que cuanto menos el a quo debió eximir a mi mandantes de su pago [porque] tomó para la determinación de oficio ‘ingresos de terceros’ sobre los cuales mi mandante ni siquiera sabía que debía tributar”.
Alta en sistema: 11/12/2019 6 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22077/2019 DOS SANTOS, GUSTAVO ALBERTO (TF 33878-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO f) La imposición de costas debe ser revocada, como así también las regulaciones de honorarios efectuadas.
V. Que en la contestación de fs. 224/239, el Fisco Nacional solicitó la declaración de deserción del recurso del actor. Señaló que la expresión de agravios “no es más que una reiteración de su recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Fiscal” y que “el apelante solamente identifica el rechazo de su postura dentro del fallo (…) sin que la crítica se efectúe sobre la base de un análisis concreto y razonado”. En subsidio, contestó los agravios del actor y solicitó su rechazo.
VI. Que los agravios dirigidos contra el rechazo de la nulidad planteada por el actor deben ser desestimados. La disposición nº 666/2003 fue dictada por el administrador federal de la AFIP en virtud de los decretos nºs 1.397/1979 (artículo 3°) y 618/1997 (artículos 4°, 6°, 9° y 10), que le reconocen expresamente la facultad de poder sustituir y delegar las atribuciones inherentes a la calidad de juez administrativo, entre otras circunstancias, por la naturaleza de las materias de que se trata o por el ámbito territorial en que deban ejercerse.
Fue así que con el objetivo de optimizar la función de fiscalización de la AFIP, el administrador federal dictó la referida disposición para fijar pautas de trabajo para las áreas operativas de organismo, “tendientes a fiscalizar las materias impositiva y de los recursos de la seguridad social, en los domicilios donde los contribuyentes desarrollan su actividad comercial, con independencia del fiscal, hasta la finalización de su trámite”.
Con idéntico fin operativo, estableció que los jueces administrativos sustitutos “podrán entender con carácter de Alta en sistema: 11/12/2019 7 excepción, y a todos los efectos, fuera del ámbito territorial de las dependencias a su cargo, en el procedimiento de determinación de oficio regulado en el artículo 16 y siguientes de la Ley N° 11.683 (…) cuando se trate de contribuyentes cuya fiscalización haya sido iniciada en su jurisdicción, y durante el transcurso de la misma, éstos modifiquen su domicilio fiscal” (confr. el considerando 3º y el artículo 1º, inciso a, de la disposición nº 666/2003).
El presupuesto al que alude la norma citada para que el juez administrativo conserve su competencia en procedimientos de determinación de oficio en los que los contribuyentes modifiquen su domicilio a una jurisdicción ajena a su ámbito territorial se encuentra configurado en el caso.
Ciertamente, la fiscalización dirigida al actor tuvo inicio el 8 de junio de 2007, de conformidad con la orden de intervención nº 230604 (fs. 1 de las actuaciones administrativas principales) dispuesta por el Director de la Región Neuquén de la AFIP (ver, asimismo, el acta de notificación nº 0008913, fs. 2). Mientras que el cambio de domicilio fiscal efectuado por el actor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue realizado el 2 de octubre de 2007 (confr. impresión del Padrón Único de Contribuyentes, fs. 141/142).
A partir del hecho de que los apoderados del actor informaron personalmente a los inspectores sobre ese cambio de domicilio (ver acta nº 56479, fs. 137), los requerimientos y citaciones dirigidas al actor fueron cursados a ese nuevo domicilio.
A su vez, cabe destacar que en la resolución nº 46/09 (DV RNEU) por la que se resolvió el inicio del procedimiento de determinación de oficio y se confirió vista al actor (fs. 418/426), el juez administrativo explicitó que “al inicio de la fiscalización el contribuyente poseía domicilio fiscal en la calle Ruiz Moreno nº 387 de la localidad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, el que fue modificado durante el transcurso de la misma y razón por la cual resulta de Alta en sistema: 11/12/2019 8 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22077/2019 DOS SANTOS, GUSTAVO ALBERTO (TF 33878-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO aplicación lo dispuesto por las Disposición AFIP nº 666/03 y sus modificatorias, en su artículo 1º inciso a)”.
Asimismo, el juez administrativo dispuso que “en este acto se le notifica al contribuyente que el juez administrativo de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén asume la competencia para entender en el procedimiento, quedando notificado según lo dispuesto por el artículo 2º inciso a) de la [referida] disposición”. Esa norma establece que “los jueces administrativos que asuman la competencia jurisdiccional en los casos contemplados en el artículo 1º en sus incisos a), b), c), y d), respectivamente, deberán comunicar dicha circunstancia al juez administrativo del domicilio fiscal de los contribuyentes y/o responsables y notificarla fehacientemente a éstos, en las siguientes oportunidades: a) En el procedimiento de determinación de oficio hasta el otorgamiento de la vista, pudiéndose realizar en ese mismo acto”.
En suma, corresponde desestimar los agravios en este punto, dado que el actor no objetó mínimamente la validez de las normas aplicables a la materia en discusión y, asimismo, porque no se advierte que el procedimiento fiscal llevado a cabo presente vicio alguno para ser tildado de nulo.
VII. Que para examinar el fondo de la cuestión debatida, viene al caso recordar que si bien de acuerdo con un principio general en nuestro ordenamiento jurídico la determinación de la obligación tributaria se estructura sobre la base del cumplimiento espontáneo por parte de los contribuyentes y responsables, la ley de procedimiento fiscal subsidiariamente autoriza al Fisco Nacional a determinar de oficio la materia imponible y a liquidar el gravamen correspondiente cuando se haya omitido la presentación de las declaraciones juradas o cuando éstas resulten impugnables (artículos 11 y 16 de la ley 11.683).
Alta en sistema: 11/12/2019 9 Asimismo, la determinación de oficio sobre base cierta o por conocimiento directo de la materia imponible —es decir, sobre los elementos obrantes y conocidos por el Fisco Nacional y/o aportados por los contribuyentes—, constituye el sistema cronológicamente prevalente.
Por tanto, puede afirmarse que sólo cuando no se disponga de los elementos que acrediten fehacientemente la exacta dimensión del hecho imponible el Fisco Nacional se encontrará facultado para recurrir al método indiciario de estimación, quedando habilitado en esa circunstancia para aplicar las reglas de presunción contenidas en el artículo 18 de la ley de procedimiento fiscal que permitan fijar con probabilidad la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria (esta sala, causa nº 48.468/2014 “Ahumada, Beatriz Inés Josefina c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 8 de marzo de 2016).
VIII. Que del examen de los antecedentes de la fiscalización efectuada al actor surge que el Fisco Nacional agotó los medios que le permitían reconstruir de manera directa la materia imponible. En efecto, sus intentos por recabar información de parte del actor resultaron infructuosos.
En el primer requerimiento efectuado al actor (fs. 3 de las actuaciones administrativas principales), el Fisco Nacional le solicitó la siguiente documentación: i) “papeles de trabajo en base a los cuales fueron confeccionadas las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2003 y 2004 aportando la documentación respaldatoria de la totalidad de los importes incluidos en las mismas”; ii) “Libros IVA Compras e IVA Ventas”; iii) detalle de las entidades bancarias con las que opera (…) aportando los extractos respectivos; iv) “detalle de depósitos y/o acreditaciones bancarias debidamente depurados y avalados por los respectivos comprobantes (…) en todos los bancos que opere, ya sea en forma individual o conjunta con otra u otras personas”; v) “detalle de los Alta en sistema: 11/12/2019 10 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22077/2019 DOS SANTOS, GUSTAVO ALBERTO (TF 33878-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO bienes registrables de su titularidad”; vi) “detalle de las tarjetas de crédito con las que opera”; vii) detalle “de las actividades comerciales realizadas (…) y todas las fuentes de ingreso desde el período 2003, indicando los puntos de ventas y sucursales”; viii) fuentes de ingreso del grupo familiar; y ix) aportar en soporte óptico o magnético los libros de IVA.
En su respuesta (fs. 86), el actor se limitó a responder que no llevaba libros relativos al impuesto al valor agregado por su condición de exento y a informar la composición de su grupo familiar. Luego, el Fisco Nacional cursó —tanto al domicilio de la ciudad de San Carlos de Bariloche como al de esta ciudad— diversos requerimientos y citaciones que no merecieron respuesta por el actor (fs. 143/144, 147, 148/149, 151, 155, 397, 399/400), quien tomó nuevamente intervención en las actuaciones en oportunidad de requerir la prórroga para la presentación de su descargo (fs. 433 y 449/484).
Cabe destacar que el peritaje contable ofrecido por el actor en su descargo y producido en sede administrativa (fs. 488 y 503/506), fue detalladamente observado en la resolución de determinación de oficio (ver, en especial, fs. 591/593), principalmente porque la labor de basó en una depuración meramente discrecional de las acreditaciones bancarias, sin referencia alguna a la documentación que demostrara que dichas depuraciones obedecían a movimientos ajenos a actividades gravadas. Ese extremo se corrobora por las propias manifestaciones de la experta, quien precisó que la documentación examinada en su labor consistió en la “copia del expediente de marras” y en la “documentación agregada al expediente, en especial los resúmenes de cuenta de los bancos”. Asimismo, el juez administrativo resaltó que “al momento de finalizar la reunión entre la perito y el revisor técnico no se había finalizado con la depuración total de las acreditaciones” y que “la pericia arroja una conformidad sobre los cargos formulados de aproximadamente 90%”.
Alta en sistema: 11/12/2019 11 Por consiguiente, dada la falta de pruebas que permitieran acreditar la real existencia y magnitud de la materia gravada, el Fisco Nacional convalidó la liquidación practicada sobre la base del procedimiento estimativo, pues al no haberse aportado pruebas suficientes y representativas del hecho imponible, no fue posible demostrar que las acreditaciones bancarias depuradas no se correspondían con una actividad gravada.
Sobre el punto, esta sala tiene dicho que “la atribución del Ente Recaudador para proceder con la estimación de oficio, ha sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin perjuicio del derecho del contribuyente para probar fehacientemente en juicio los errores que atribuye a la liquidación practicada por la autoridad administrativa (Fallos: 268:514), es decir que la validez o invalidez del método de ajuste de la materia imponible seguido por la autoridad fiscal, (...) dependerá de lo que concreta y razonablemente resulte demostrado en cada situación particular” (causa nº 15.863/2005 “García, José Mariano (TF 16092-I) c/ DGI”, pronunciamiento del 4 de noviembre de 2014; ver, asimismo, causa nº 20.304/2018 “Mellinas Hnos. SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 13 de diciembre de 2018).
Esta posición no se ve alterada frente al planteo de inconstitucionalidad expuesto por el actor en su recurso respecto del artículo 18 de la ley 11.683, dado que el interesado no efectuó un cuestionamiento apto para habilitar el ejercicio por este tribunal del control de constitucionalidad del caso; atribución que reiteradamente se ha calificado como la más delicada de las funciones que pueden encomendarse a un tribunal de justicia y acto de suma gravedad que debe considerarse como ultima ratio del orden jurídico (esta sala, causas nºs 22.212/14 “Montevideo Cambio y Turismo SRL c/B.C.R.A. s/ Entidades Financieras – Ley 21526 – Art. 42” y 65.040/14 “Galeano, Eduardo c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 3 de septiembre de 2015 y 6 de octubre de 2016).
Alta en sistema: 11/12/2019 12 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22077/2019 DOS SANTOS, GUSTAVO ALBERTO (TF 33878-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO IX. Que por lo demás, se observa que el peritaje contable efectuado en sede del Tribunal Fiscal (fs. 141/145) tampoco supera las deficiencias probatorias advertidas a instancia de la fiscalización. En efecto, del examen realizado por dicho tribunal respecto de la labor pericial surge que no se verificó documentación vinculada con los movimientos que el actor atribuyó dogmáticamente al resto de lo cotitulares de las cuentas bancarias, ni otra documentación que otorgue certeza de que las acreditaciones bancarias resultaban ajenas a su actividad económica.
Se entiende, pues, que el Tribunal Fiscal efectuó un correcto examen de los elementos probatorios, de modo que los agravios del actor, en última instancia, sólo trasuntan su discrepancia con respecto al criterio de selección y valoración de la prueba utilizado en el caso, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la ley 11.683, su revisión —por tratarse de una cuestión de hecho y prueba—, excede en la especie la jurisdicción de este tribunal, dada la limitación con que se previó en dicha ley el recurso que se intenta y de que no surge que haya mediado error en la apreciación de los hechos que se hizo en la sentencia recurrida (esta sala, causas “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “Ambulancias Privadas Argentinas SA”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011,Sala IV, causa “Banco de Italia y Río de La Plata SA”, pronunciamiento del 24 de septiembre de 1996, y Sala V, causas “Devez, Manuel Rodolfo” y “Del Buono, Jorge”, pronunciamientos del 13 de febrero de 2002 y del 15 de marzo de 2007, respectivamente).
En suma, teniendo en cuenta que la presunción contenida en el artículo 18, inciso g), punto 1), de la ley 11.683 impone a los contribuyentes la acreditación de los extremos en contrario y dado que el actor no aportó elementos que permitan demostrar que las Alta en sistema: 11/12/2019 13 acreditaciones bancarias depuradas no se encontraban vinculadas con una actividad gravada, no cabe más que concluir en la procedencia de la estimación realizada por el organismo recaudador y, por consiguiente, de la determinación del impuesto a las ganancias por los ejercicios cuestionados.
X. Que corresponde confirmar la liquidación de intereses resarcitorios, pues la objeción expuesta por el actor en su expresión de agravios comporta un planteo que no fue llevado al conocimiento del Tribunal Fiscal y, al ser fruto de una reflexión tardía, su tratamiento se encuentra vedado en esta instancia de conformidad con los artículos 271 y 277 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación supletoria al caso, en función de lo dispuesto por el artículo 197 de la ley 11.683 (esta sala, causa nº 30.005/2018 “Agrocentro Santa Fe SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 19 de febrero de 2019; ver, asimismo, Fallos: 315:1169; 319:1818; 322:1546; 326:1436; 327:3721; 328:2833; 329:2498 y 4349).
XI. Que en cuanto a las costas del proceso, corresponde imponerlas en ambas instancias al actor, por aplicación del principio objetivo de la derrota y porque no existen méritos para su dispensa (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XII. Que resta pronunciarse respecto de la apelación dirigida por el actor (confr. fs. 189 y punto IV, “agravio séptimo” del escrito de fs. 191/215), dirigida contra los honorarios regulados en los puntos 2º y 3º de la sentencia de fs. 183/188.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proceso, su monto —para el que cabe estar a la suma que surge de la resolución nº 39/2010 (DV RNEU) y del formulario de fs. 1—, las tres etapas procesales cumplidas, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde Alta en sistema: 11/12/2019 14 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 22077/2019 DOS SANTOS, GUSTAVO ALBERTO (TF 33878-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO CONFIRMAR en la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 93.241) y de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOS ($ 233.102) los honorarios establecidos a favor de la representación legal y la dirección letrada del Fisco Nacional —respectivamente— en la instancia anterior (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás c.c. del arancel de abogados y procuradores, ley 21.839 y sus modificatorias).
Asimismo, SE FIJAN en la suma de PESOS NOVENTA Y OCHO MIL ($ 98.000) los honorarios a favor de la doctora María Sofía Presti por su actuación en el carácter de apoderada y patrocinante del Fisco Nacional ante esta alzada —fs. 224/139— (art. 14 y demás c.c. del Arancel citado).
Por último, teniendo en cuenta la calidad y extensión del informe pericial obrante a fs. 141/145 (y anexo de fs. 136/140), ponderando el criterio que indica que los emolumentos de los auxiliares de justicia deben guardar, como regla, una adecuada proporción con los correspondientes, o con los que debieron corresponder al resto de los profesionales intervinientes durante la sustanciación del proceso, SE CONFIRMAN en la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES ($ 63.573) los honorarios establecidos a favor del perito contador interviniente por la demandada, Liliana Maglieri (art. 3, inc. g, del decreto 16.638/57 y doc. Fallos: 300:70, entre otros). En mérito de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: i) desestimar los agravios del actor y, en su consecuencia, confirmar el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de fs. 183/188, con costas; y ii) regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional con el alcance del considerando XII.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Alta en sistema: 11/12/2019
Fin de la sentencia