Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 07073IT16 000207J, de la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A., en las actuaciones SIGEA N° 12210-3907-2009, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A., sin costas.
2Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 7246/2018, la cual condena a la actora al pago de una multa, igual a la suma de PESOS NOVENTA MIL SESENTA Y SEIS CON 65/100 ($ 90.066,65) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la situación de la mercadería importada temporalmente, cuyo vencimiento operaba el 25/08/2008. Costas a cargo de la coactora importadora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-61550272-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 22 de Junio de 2026 el EXPTE. N° 39.751-A Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en el Expediente N° 39.713-A caratulado: “DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” y su acumulado el Expediente N° 39.751-A caratulado: “AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 7246/2018 dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 09/10/2018, en la actuación administrativa SIGEA Nº 12210-3907-2009, en cuanto dispone condenar a la actora al pago de una multa equivalente a pesos argentinos noventa mil sesenta y seis con 65/100 ($ 90.066,65), además formularle cargo conjuntamente a la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A., en concepto de tributos, por la suma de dólares estadounidenses trece mil ochocientos treinta y tres con 75/100 (U$S 13.833,75) y en concepto de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias por el monto de treinta y siete mil trescientos veintiseis con 85/100 ($37.326,85) con más los intereses correspondientes al art. 794 del C.A., por encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería de la destinación unidades del ítem 1 y a la totalidad del ítem 2 de la destinación N° 07 073 IT16 000207 J, con vencimiento el 25/08/2008.
II. Fundamentos de las apelaciones *coactora importadora: A fs. 13/18 vta. se presenta por apoderado DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación. Formula un relato de los hechos y desarrolla sus agravios. Sostiene que la DIT en cuestión se encuentra cumplida y agrega que ello quedó comprobado con la documentación agregada. Asimismo, plantea la prescripción de la acción del Fisco, derivada de la nulidad del auto de apertura. Acusa que durante el proceso administrativo se vulneró su derecho de defensa. En subsidio solicita aplicación del artículo 898 del C.A. Para concluir, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada.
*coactora aseguradora: A fs. 30 ref./ 34 ref. vta. se presenta por apoderado AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. e interpone recurso de apelación. Inicialmente, adhiere a los fundamentos expuestos por DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. A continuación, formula una aclaración sobre la naturaleza del seguro de caución y el alcance de la responsabilidad de la aseguradora. Aclara que no se encuentra configurado el siniestro, y explica cuál es el límite del monto que garantiza. Para concluir, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada.
III. Contestación del traslado: A fs. 45/54 vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso y acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Contesta el planteo de nulidad del auto de instrucción de sumario. A su vez, trata la prescripción planteada por la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. Sostiene que en el proceso administrativo se cumplieron con los plazos razonables. Cita jurisprudencia. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
A fs. 63/68 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Efectúa un relato de los hechos y niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Recuerda que, en el marco de un régimen de excepción, la carga de la prueba del cumplimiento del régimen pesa sobre la importadora. Cita jurisprudencia. Recuerda la vigencia de la Resolución ANA 479/95. En cuanto a la aseguradora, resalta que debe responder con los mismos alcances y en la misma medida que el tomador. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N°12210-3907-2009 se inician a fs. 1/3 con el acta de denuncia N° 195/09. A fs. 4 se agrega el sobre original del despacho. A fs. 6, 9 y 10 se efectuó el aforo de la mercadería y la liquidación de tributos. A fs. 11/12, en fecha 23/12/2013, la División Secretaría de Actuación N° 4 dispone la instrucción de sumario. A fs. 13 obra la reliquidación y a fs. 14 el Jefe de la División Secretaria N° 4 , luego de reconocer un error en el valor de la alícuota de los tributos de la liquidación, ordena rectificar los montos. A fs. 16/23 se presenta por apoderado la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. contesta vista y acompaña captura de pantalla de la cancelación del DIT. A fs. 30/34 se presenta por apoderado la aseguradora AFIANZADORA LATINOAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y contesta vista. A fs. 37 se tiene por presentadas a las coactoras y se remiten las actuaciones a la Aduana de Ezeiza - Sección Operativa y Registral. A fs. 38, mediante Nota n° 7181/2018 se ratifica el informe técnico producido a fs. 3. A fs. 41/45 obra la Resolución de Perla N° 7246/2018 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.
V. Que a fs. 75, en fecha 04/06/2019, se abrió la causa a prueba.
VI. Que a fs. 95 se certificó la prueba producida. A fs. 96 se pusieron los autos para alegar, agregándose el alegato presentado por la actora a fs. 100/101 y por la coactora a fs. 102/103, no habiendo hecho uso del derecho conferido el fisco. Finalmente, a fs. 105 pasaron los autos a sentencia.
VII. Que preliminarmente, corresponde tratar el planteo de prescripción formulado por la firma importadora en el escrito inicial (punto iv., b), fs. 14 vta. del recurso de apelación).
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción –relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.). Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 25/08/2008 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2009 y que el mismo vencía el 31/12/2013.
Que dicho plazo, se suspende (en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 23/12/2013 (ver fs. 11 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 23 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 9 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 23/12/2013) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.”
Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (23/12/2013) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 09/10/2018- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo no fue notificado por la administración, sino que las coactoras se presentaron el día 14/11/2018 y se notificaron personalmente ( ver fs. 46 de las act. adm.), cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que en relación al cómputo de los plazos prescriptivos, la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VIII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida.
IX. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
La Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal enfatizó en la importancia de la documentación con aptitud para acreditar la cancelación de la temporal, en este sentido: “En efecto, en los supuestos de importación temporaria con fines de transformación…la documentación necesaria para acreditar de modo fehaciente la reexportación de los insumos son los correspondientes permisos de embarque y CTC ―o copias de aquellos instrumentos, frente a la imposibilidad de acompañarlos―, a fin de poder constatar la relación insumo-producto y, con ello, la efectiva regularización de la mercadería introducida mediante los DIT en cuestión” (Sala XI, causa 35392/10, “Orandi y Massera SA”, sent. del 15/3/11, y sus citas, citado en MAGALCUER S.A. (TF 39694-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo, 06/03/2025)
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
X. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Decreto N° 1330/04 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que: “deberá ser exportada para consumo bajo la nueva forma resultante del perfeccionamiento industrial, dentro del plazo de TRESCIENTOS SESENTA (360) días computados desde la fecha de su libramiento.” (Art. 6) Asimismo, dispone que “Art. 15. El beneficiario del presente régimen deberá previamente obtener el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (C.T.I.T.), que emitirá la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA. El Certificado determinará la relación insumoproducto, detallando insumos, mermas, sobrantes, residuos y/o pérdidas que conformen el producto. El mismo deberá presentarse en oportunidad de tramitarse una Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria ante la Dirección General de Aduanas. Por razones debidamente justificadas, el mencionado Organismo podrá autorizar la Solicitud de Destinación Suspensiva de Importación Temporaria, cuando la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA comunique que el usuario ha presentado un informe técnico preliminar respecto del proceso de perfeccionamiento industrial involucrado, conforme las condiciones que establece el presente decreto. A los fines enunciados, los beneficiarios deberán contar con un dictamen o informe técnico elaborado por un organismo científico o tecnológico, cuya especialización y competencia sea acorde con el proceso de perfeccionamiento industrial correspondiente a la tipificación que se solicite. La Autoridad de Aplicación dispondrá los procedimientos y requisitos técnicosadministrativos para la implementación de lo establecido en el presente artículo.” (Art. 15).
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
XI. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total de la destinación en estudio, o, si, por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante la DIT bajo análisis, oficializada en fecha 31/08/2007 ante la Aduana de Ezeiza, la actora importó temporalmente 2.502,10 kg de “Picloram” bajo la P.A. 2933.39.21.
Que más allá de lo manifestado por la recurrente en el recurso de apelación (fs. 13/18 vta.) no existen constancias suficientes en las actuaciones administrativas ni fueron incorporadas como resultado del impulso probatorio de la recurrente elementos que acrediten fehacientemente la descarga. En particular, y más allá de la documentación adunada a fs. 23 de las actuaciones administrativas, la ausencia del CTC impide tener por acreditada la correspondiente descarga.
Que, por lo expuesto, no cabe más que confirmar parcialmente la resolución apelada en ese punto. Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 07073IT16 000207J, de la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A., en las actuaciones SIGEA N° 12210-3907-2009, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A., sin costas.
2).- CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 7246/2018, la cual condena a la actora al pago de una multa, igual a la suma de PESOS NOVENTA MIL SESENTA Y SEIS CON 65/100 ($ 90.066,65) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la situación de la mercadería importada temporalmente, cuyo vencimiento operaba el 25/08/2008. Costas a cargo de la coactora importadora.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Por estrictas razones de economía procesal, previo a adentrarme en los fundamentos de mi voto, me remito y hago parte del presente el relato de los hechos reseñados en el voto de la vocal preopinante.
II. Que, en primer término, corresponde abordar la cuestión relativa a la prescripción de la acción del Fisco. A tales efectos, cabe señalar que la instrucción de sumario fue dictada con fecha 23/12/2013, en tanto que su notificación tuvo lugar con posterioridad, el 09/10/2018.
En relación con esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he sostenido al votar en las causas EX-2019- 97789030-APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “Aseguradores de Cauciones S.A. Cía. de Seguros c/DGA s/recurso de apelación”; y EX-2019- 72410244-APN-SGASAD#TFN “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Cabe señalar que, con arreglo con lo normado en el art. 1012 inc. b) del C.A., el servicio aduanero se encuentra obligado a notificar la instrucción de sumario. En tal sentido, tanto la interrupción como la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del Fisco (arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A.) no se producen sino a partir de dicha notificación.
Ello es así, en tanto no puede predicarse la existencia plena de un acto administrativo sin la producción de sus efectos jurídicos propios, lo cual exige el cumplimiento de las formas previstas por el ordenamiento, entre ellas, la notificación. Cuando esta constituye un requisito ineludible, no se trata meramente de una cuestión de eficacia, sino de la propia validez del acto.
Asimismo, por su naturaleza administrativa, el acto en cuestión debe observar estrictamente los requisitos previstos en los arts. 7 y 11 de la Ley 19.549, en particular cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica. Admitir lo contrario importaría dejar el curso de la prescripción librado a la discrecionalidad de la administración.
En consecuencia, considerando que el plazo quinquenal comenzó a computarse el 01/01/2009 —con motivo del vencimiento de la destinación temporal operado el 25/08/2008—, el mismo se encontraba cumplido al 31/12/2013, sin que hubiera mediado acto interruptivo o suspensivo eficaz hasta la notificación de la apertura de sumario, ocurrida el 30/05/2018. Por ello, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco.
III. Sin perjuicio de lo expuesto, y en atención al criterio mayoritario del Tribunal, corresponde efectuar un análisis subsidiario respecto de la prescripción de la acción para percibir los tributos.
Así, para el hipotético caso de no compartirse el criterio precedentemente expuesto y considerarse que el dictado de la instrucción de sumario resulta suficiente para producir efectos suspensivos, cabe igualmente concluir en la prescripción de la acción en materia tributaria.
En efecto, el levantamiento de dicha suspensión debe computarse desde el dictado de la resolución aduanera, en tanto ello se ajusta a una interpretación razonable del régimen aplicable y, especialmente, al principio de interpretación más favorable al administrado (in dubio pro administrado), de particular relevancia en materia sancionatoria y tributaria.
En este marco, desde el inicio del cómputo del plazo (01/01/2009) hasta la instrucción de sumario (23/12/2013), transcurrieron 4 años, 11 meses y 22 días. Posteriormente, dictada la resolución el 09/10/2018 —acto que pone fin al efecto suspensivo—, restaban únicamente 9 días para el cumplimiento del plazo de prescripción. En consecuencia, habiéndose configurado el vencimiento del plazo con posterioridad a dicha fecha, corresponde declarar igualmente prescripta la acción del Fisco para percibir los tributos aduaneros.
IV. Por último, y sin perjuicio de haber sostenido la prescripción de la acción respecto de la multa en el considerando II, en atención a la postura mayoritaria del Tribunal, estimo pertinente expedirme sobre el fondo de la cuestión.
En tal sentido, coincido con el voto del vocal preopinante en cuanto a la configuración de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería importada temporalmente mediante la destinación N° 07073IT16000207J.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos y de la multa derivados de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante la operación N° 07073IT16000207J, correspondiente a la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A., en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12210-3907-2009.
2. Imponer las costas a la parte vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de tributos, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, en relación a la mercadería ingresada temporariamente mediante la operación N° 07073IT16 000207J, de la firma DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A., en las actuaciones SIGEA N° 12210-3907-2009, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A., sin costas.
2).- CONFIRMAR el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 7246/2018, la cual condena a la actora al pago de una multa, igual a la suma de PESOS NOVENTA MIL SESENTA Y SEIS CON 65/100 ($ 90.066,65) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, por no haber regularizado dentro del plazo establecido la situación de la mercadería importada temporalmente, cuyo vencimiento operaba el 25/08/2008. Costas a cargo de la coactora importadora.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2026.06.22 18:45:16 ART Date: 2026.06.22 22:01:32 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.22 22:46:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.22 22:47:02 -03:00
Fin de la sentencia