Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 31.550-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución Nro. 2593/2012 (DE PRLA) en cuanto confirma los cargos Nro. 285/08, 286/08 y 287/08, con costas al fisco nacional.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-129873001-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 1 de Diciembre de 2022 s/recurso de apelación”; Expte. Nro. 31.550-A En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dra. Cora M. Musso, Dr. Héctor H. Juárez y Dr. Juan Manuel Soria, con la presidencia de la Sra. Vocal nombrada en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”; Expte. Nro. 31.550-A La Dra. Cora M. Musso dijo:
I. Que a fs. 14/23 la actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 2593/2012 (DE PRLA) dictada por el Jefe de Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en el expediente Nro. 13289-137-2008, mediante la cual se rechazó el procedimiento de impugnación impetrado por la firma “DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA” y se confirmaron los cargos Nros. 285 (u$s106.250), 286 (u$s61.534,20), 287 (u$s4880,98), 288 (u$s2855,65) y 289 (u$s2855,65) del año 2008 formulados con relación a los PE Nros. 07 001 EC01 14188M, 08 001 EC01 141403 A, 08 001 EC01 030584 X, 08 001 EC01 031768 N y 08 001 EC01 031748 L, respectivamente.
Señala que solo cuestiona los cargos Nro. 285/08, 286/08 y 287/08 y hace referencia a los hechos que originaron la causa. Indica que la firma “DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A.” es una sociedad que se dedica a la exportación de productos agrícolas, entre ellos, aceite de girasol y hace referencia al régimen reglado por la Ley 21.453 y sus modificatorias. Alude que a diferencia de lo que ocurre con el régimen general de exportación, en el cual, según lo dispone expresamente el artículo 726 del C.A. el derecho aplicable es el establecido por la norma vigente en la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, para el caso de los productos agrícolas se estableció un régimen especial a través de la Ley 21.453, por el cual el tratamiento tributario aplicable a las exportaciones de los referidos productos, queda "congelado" a la fecha de cierre de cada venta, otorgando de ese modo certeza a los exportadores, permitiendoles prever al momento de convenir el negocio, tanto la carga fiscal como el beneficio de la operación de exportación.
Señala que la estabilidad a la que alude el artículo 6° de la Ley 21.453 se obtiene mediante el registro de cada operación a través de la presentación de una "Declaración Jurada de Venta al Exterior" (DJVE) y hace referencia a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 21.453. Invoca lo normado en el el Decreto 1177/92 (reglamentario de la Ley 21.453) y sostiene que de acuerdo con la Ley 21.453 y sus modificatorias, toda exportación de mercaderías comprendidas en un contrato de venta, queda sujeta en cuanto a la aplicación de tributos y estímulos, a las disposiciones legales vigentes a la fecha de cierre del contrato. Explica el procedimiento que deben seguir las exportadoras de granos para registra los contratos de venta al exterior de alguna de las mercaderías comprendidas en la Ley 21.453 y sostiene que al proceder de este modo, el exportador "congela" a la fecha de cierre del contrato de venta, el tratamiento tributario aplicable a las respectivas operaciones de exportación de productos agrícolas.
Arguye que en aplicación del referido régimen presentó ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior Nros. 00065331, 00065332 y 00069940, por las que declaró la venta de aceite de girasol en las cantidades que en las mismas se indicó y posteriormente oficializó en el Sistema Informático María las DJVE presentadas en la mencionada Secretaría, asignándoseles los números 07 001 DJVE 004564 B, 07 001 DJVE 003272 T, 07 001 DJVE 005563 A y 08 001 DJVE 000273 S. Indica que el 16/01/2008 y con posterioridad al registro de tres de las DJVE antes referidas, se dictó la Ley 26.351, por la cual de modo ilegítimo estableció su aplicación retroactiva.
Indica que el Decreto N° 764/08 (B.O. 13/05/08) reglamentó la Ley 26.351 que dispuso que aquellos exportadores que consolidaron su derecho de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 21.453 y habían oficializado destinaciones de exportación luego del 9/11/2007, estarían sometidos al requisito adicional de tener que acreditar la tenencia o adquisición de los productos antes de la fecha mencionada, y en caso de no poder hacerlo, debían tributar la alícuota mayor vigente a la fecha de oficialización de las destinaciones de exportación. Refiere que el artículo 3° del Decreto N° 764/08 dispuso que la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (en adelante la "ONCCA") debía dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos que alude el art. 1° de la ley 26.351, como también llevaría el registro de las declaraciones juradas de venta al exterior a que se refiere la Ley 21.453 y que por ello el 26.11.2007 y el 13.03.2008 respectivamente, DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A. oficializó ante el servicio aduanero las destinaciones de exportación para consumo Nro. 07 001 EC01 141388 M, 07 001 ECO1 141403 A y 08 001 ECO1 030584 X para documentar la exportación de aceite de girasol a un valor unitario por tonelada, liquidando un derecho de exportación del 20% y el 30% respectivamente, del valor en aduana de la mercadería exportada.
Alude que con posterioridad y sobre la base de la Ley 26.351 y su Decreto Reglamentario N° 764/08, la ONCCA dictó la Resolución N° 543/2008 (B.O. 30/05/08), por la que estableció los requisitos a los que debían sujetarse los exportadores de granos y/o sus derivados y que en atención a ello, el 09/02/2009 se notificaron a la firma los cargos Nro. 285/08, 286/08 y 287/08 por los que se reclamó el importe total de U$S 178.156,48 en concepto de diferencia de tributos a la exportación con fundamento en lo informado por la ONCCA mediante la Resolución N° 1898/08 (B.O. 24/07/08). Sostiene que el ajuste tributario efectuado mediante la Resolución N° 2593/2012 (DE PRLA) con relación a los cargos N° 285/08, 286/08 y 287/08 no resulta ajustado a derecho y solicita que se revoque parcialmente la citada Resolución, con costas.
Funda el recurso invocando que tanto la Ley 26.351, como su Decreto Reglamentario y normas dictadas en consecuencia, establecen su aplicación retroactiva, dejando de lado lo establecido en el artículo 6° de la Ley 21.453 y que ello afecta derechos adquiridos por la firma. Indica que el cambio normativo aplicado retroactivamente viola principios y derechos tutelados por la Constitución Nacional y afecta su seguridad jurídica. Arguye que es evidente que al registrar las DJVE N° 07 001 DJVE 004564 B, 07 001 DJVE 003272 T, 07 001 DJVE 005563 A y cumplir con todos los requisitos exigidos por la Ley 21.453 y todas las resoluciones reglamentarias aplicables vigentes a la fecha del registro de las DJVE, la firma incorporó a su patrimonio el derecho de pagar, para la operación de exportación relacionada con las ventas registradas, los derechos de exportación vigentes a la fecha de cierre de la operación de venta y sostiene que esta situación no puede ser alterada por una ley modificatoria posterior, como lo es la 26.351.
Manifiesta que el registro de las DJVE congeló el régimen tributario aplicable a la fecha de cierre de venta, situación jurídicamente reconocida por la propia Corte Suprema en la causa "Tradigrain S.A. c. Administración Nacional de Aduanas" (Fallos 320:2656, sentencia del 10.12.1997). Agrega que el mencionado Tribunal destacó que la ley 21.453 colocó a los exportadores, al abrigo de normas posteriores que aumentasen la carga tributaria de las exportaciones, agregando que resulta irrelevante el momento en que las operaciones de exportación se llevaron a cabo, dado que lo decisivo es determinar la ley tributaria que rige cada operación que es, de acuerdo al art. 6° de la ley 21.453, la vigente a la fecha de cierre del contrato de venta.
Señala que dicha doctrina jurisprudencial ha sido reiterada en la causa "Vermexco Algodonera S.A. c/ Estado Nacional — Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos de la Nación" (Fallos 321:1792) y que en definitiva, la pretensión de los arts. 4 y 5 de la Ley 26.351 de alcanzar DJVE registradas antes de su sanción (como sucede en el supuesto tratado en autos) altera situaciones que han quedado definitivamente concluidas, desconociendo, según la interpretación de nuestro máximo Tribunal, que el régimen de la Ley 21.453 justamente busca proteger a los exportadores de las normas posteriores que aumentasen la carga tributaria de las exportaciones. Arguye que la firma acompaño en sede aduanera los documentos necesarios a fin de acreditar que a la fecha de la oficialización tanto de la declaración jurada N° 08 001 DJVE 000273 S como las declaraciones juradas restantes, contaba con la tenencia de la mercadería registrada.
Indica que conforme se acreditara mediante la respuesta al requerimiento del 06/011/2008 de la División Control Ex Post de Exportación, la firma ya había adquirido la mercadería al momento de la registración de las DJVE en trato y asimismo, con relación a la declaración jurada N° 08 001 DJVE 000273 S, se acompañó copia de la nota presentada ante la ONCCA solicitando la anticipación del período de embarque de la mercadería, como consecuencia de un pedido del cliente del exterior. Manifiesta que en el caso se han vulnerado derechos adquiridos y plantea la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 y de sus normas complementarias. Aduce que al haber registrado las DJVE involucradas en la causa ante la SAGPyA con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.351 (B.O. 16/01/08), la retroactividad prevista por la Ley 26.351, su Decreto Reglamentario 764/08 y la Resolución ONCCA N° 543/08, es claramente inconstitucional en el caso en trato, ya que existe una afectación clara y manifiesta del derecho de propiedad de la firma.
Expresa que la existencia de las DJVE implican la existencia de un contrato de venta; y una obligación para el exportador de cumplir tanto con el comprador en el exterior como con el Estado Nacional, de manera que se genera una obligación cuyo incumplimiento está severamente penalizado y al mismo tiempo se genera para el exportador la certeza respecto del costo fiscal de la transacción, siendo que con la registración de las DJVE se adquirió el derecho a que su exportación quede sujeta al tributo vigente en la fecha de ese registro (en el caso el 20% de derechos), por lo que una ley posterior que modifica el régimen establecido por la Ley 21.453 e impone retroactivamente la carga de acreditar la tenencia o adquisición de mercadería a los efectos de quedar sujeto a ese derecho de exportación, afecta su derecho adquirido.
Manifiesta que la Ley 26.351 alteró sustancialmente la relación jurídica entablada entre la Dirección General de Aduanas y la firma al registrarse las DJVE constituyéndose un auténtico acuerdo bilateral con obligaciones reciprocas, ello atento a que la Aduana se obliga a respetar la alícuota del derecho de exportación vigente al momento de la registración y el exportador, por su parte, se obliga a exportar la mercadería. Cita jurisprudencia y sostiene que la aplicación retroactiva de las normas en trato además de conculcar el derecho de propiedad establecido en el art 17 de la CN vulnera claramente otros principios fundamentales tutelado en la Constitución Nacional, como el principio de certeza, seguridad jurídica, razonabilidad, buena fe y confianza legítima.
Cita jurisprudencia, ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita que se declare nula, ilegítima e inconstitucional la Resolución ONCCA 1898/08 y toda otra norma complementaria.
II. Que a fs. 31/37 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Refiere brevemente a los antecedentes administrativos y formula una negativa general respecto de los hechos y afirmaciones vertidos por la actora que no sean de su expreso reconocimiento. En primer lugar remite a los fundamentos esgrimidos en las resoluciones y dictámenes obrantes en la actuación relacionada a estos autos y rechaza los agravios expresados por la recurrente. Refiere a lo normado por la Ley 26.351 y señala que la misma aclara el alcance y aplicación de su similar 21453 ante el incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios. Sostiene que contrariamente a lo que argumenta la actora, nunca puede haber una lesión al derecho de propiedad, cuando deviene evidente que no se ve afectado el patrimonio del administrado y no hubo perjuicio económico. Indica que de los fundamentos del Decreto N° 764/2008 reglamentario de la Ley 26.351, surge que por medio de la Ley 26.351 se persigue evitar que ante un inminente cambio normativo que aumente los derechos de exportación, se registren operaciones con el fin de tributar la alícuota menor, siendo que la situación descripta generaría alteraciones en el normal desenvolvimiento del mercado exportador, ocasionando un perjuicio para el Fisco Nacional. Expresa que el artículo 3° del Decreto 764/2008 estableció que será potestad de la ONCCA llevar el registro de las DJVE, siendo dicho organismo el que dicta la normativa para establecer los requisitos mediante los cuales se acreditará la tenencia o adquisición de mercadería informado con posterioridad a la AFIP, habiendo sido en ese contexto normativo que la ONCCA en cumplimiento de las funciones que le fueran encomendadas dictó las Resoluciones N° 1487/08 y 1898/08 con el listado de la DJVE respecto de las cuales no ha sido acreditada por parte de las empresas exportadoras, la adquisición o tenencia de la mercadería. Cita doctrina y jurisprudencia, sostiene que conforme lo establece el art. 1164 del C.A, no cabe el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente ante esta instancia. Ofrece como prueba las act adm, formula reserva del Caso Federal y solicita el rechazo de la pretensión de la actora y que se confirme, con costas, la resolución aduanera.
III. Que a fs. 38 se abre la causa a prueba, la que corre agregada por separado. A fs. 51 se declara cerrado el periodo probatorio. A fs. 78 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 79 se ponen los autos para alegar. A fs. 83 y 84/96 se agregan los alegatos del fisco y de la actora respectivamente. A fs. 98 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas Nro. 14828-137-2008, en lo que aquí importa, se inician con los cargos formulados a la firma “DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SA” (ver fs. 1/12). A fs. 15/16 se agrega la constancia de notificación de los mencionados cargos que data del 09/02/2009. A fs. 17/26 se agrega la impugnación planteada por la exportadora y a fs. 61 se tiene por iniciado el procedimiento. A fs. 77 se glosa la carpeta del PE 08 001 EC01 03584X oficializado 13/03/2008 por el que se documentó la exportación de mercadería amparada por la DJVE 08001DJVE000273S (of 28/01/2008) / DJVE 00069940 (fecha cierre de venta 21/01/2008). A fs. 80 se glosa la carpeta del PE 07 001 EC01 141388M oficializado 26/11/2007 por el que se documentó la exportación de mercadería amparada por la DJVE 07001DJVE004564B (of 16/10/2007) / DJVE 00065331 (fecha cierre de venta 10/10/2007). A fs. 81 se glosa la carpeta del PE 07 001 EC01 141403A oficializado 26/11/2007 por el que se documentó la exportación de mercadería amparada por la DJVE 07001DJVE004563A (of 16/10/2007) / DJVE 00065332 (fecha cierre de venta 10/10/2007). A fs. 95 se pasa lo actuado para resolver y a fs. 96/98 y vta se dicta la resolución apelada en la causa.
V. Que de conformidad a los agravios esgrimidos por la actora, corresponde resolver si la resolución apelada, mediante la cual se confirmaron los cargos 285, 286 y 287 del año 2008 formulados por diferencia de derechos de exportación con relación a los PE Nros. PE 07 001 EC01 141388M oficializado 26/11/2007, PE 07 001 EC01 141403A oficializado 26/11/2007 y PE 08 001 EC01 03584X oficializado 13/03/2008 respectivamente, se ajusta a derecho.
Que a dichos fines en primer término cabe señalar que los cargos aludidos se formularon en razón de lo indicado en la Resolución ONCCA Nro. 1898/2008, en la que se informó a la Aduana, en lo que aquí importa, que la firma recurrente no había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las DJVE (Ley 21.453) 08001DJVE000273S (of 28/01/2008) / DJVE 00069940 (fecha cierre de venta 21/01/2008), DJVE 07001DJVE004564B (of 16/10/2007) / DJVE 00065331 (fecha cierre de venta 10/10/2007) y DJVE 07001DJVE004563A (of 16/10/2007) / DJVE 00065332 (fecha cierre de venta 10/10/2007), que amparaban la mercadería documentada con los PE involucrados en autos.
Que resulta procedente señalar que la Ley 21.453 (BO 11/11/76) en el art. 6 estableció que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de la mercadería a que dicha ley se refiere (productos agrícolas), son aplicables los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Que consecuentemente cuando se trata de exportaciones a consumo de productos de origen agrícola, el hecho imponible acaece al producirse efectivamente la exportación conforme lo establece el Código Aduanero, pero en virtud de lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 21.453 el régimen tributario aplicable debería ser el de la fecha de cierre de venta de tales productos.
Que, luego del dictado de la Ley 21.453 y bajo el título “Aclaración de la Ley nro. 21.453. Alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios”, se dictó la Ley 26.351 (BO 16/1/08) en la que en el art. 1 se dispuso que, cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley 21.453 en el período comprendido entre el Registro de la DJVE y el de la oficialización del permiso de embarque con el que se documente la exportación de la mercadería amparada por las referidas Declaraciones Juradas, los exportadores deberían acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento. Asimismo, agregó que, quienes no cumplieran con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) para el cumplimiento del art. 1, deberían tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación entre las vigentes a la fecha de registro de las DJVE y las vigentes a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación, disponiendo asimismo en el art. 4, la aplicación retroactiva a aquellas DJVE que hubiesen sido registradas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Que, con fecha 12/5/08, se dictó el Dec. 764/08 (BO 13/5/08) en el que se estableció que las disposiciones de la Ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 9/11/2007, disponiéndose asimismo en el art. 3 que la ONCCA (creada por el Decreto 1067/2005) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE a las que se refiere la Ley 21.453 y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma.
Que en los términos del Decreto 764/2008, la ONCCA dictó la Resol. 543/2008 (BO 30/5/08) por la que estableció el procedimiento para acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería en los términos del art. 1 de la Ley 26.351.
Que la ONCCA, con fecha 21/07/08, dictó la Resol. 1898 por la cual se informó a la AFIP cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación, en virtud de no haberse acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la Ley 26.351 (Anexo I) y aquellas DJVE que sí la acreditaban (Anexo II).
Que con fundamento en la Resolución ONCCA 1898/2008, la DGA formuló los cargos 285/2008, 286/2008 y 287/2008 aquí involucrados, los que fueron impugnados por la actora con fecha 23/02/2009 (ver fs. 17/26 del expte. adm.) y confirmados mediante la Resolución nro. 2593/2012 (DE PRLA) apelada en la causa.
VI. Que la actora en su recurso sostiene que: i) la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 resulta ilegítima e inconstitucional al someter a los exportadores de granos a un requisito adicional a los establecidos en la Ley 21453 y por afectar derechos adquiridos violan principios y derechos tutelados por la Constitución Nacional y afectan la seguridad jurídica de la empresa como el principio de certeza, razonabilidad, buena fe y confianza legítima, ii) plantea la inconstitucionalidad de la la aplicación retroactiva de la Ley 26.351, su Decreto Reglamentario N° 764/08 y la Resolución ONCCA N° 543/2008 (B.O. 30/05/08) y iii) solicita que se declare nula, ilegítima e inconstitucional la Resolución ONCCA 1898/08 y toda otra norma complementaria.
VII. Que en relación a los planteos de inconstitucionalidad efectuados por la recurrente, cabe señalar que conforme lo establece el art. 1164 del CA éste Tribunal no tiene facultades para pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias y sus reglamentaciones, salvo que la CSJN se hubiera pronunciado sobre la cuestión en cuyo caso podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
VIII. Que sentado lo que antecede resulta procedente analizar los agravios de la actora referidos a los cargos formulados por la DGA en razón de lo informado por la ONCCA en la Resolución Nro. 1898/08.
Que para ello corresponde determinar la naturaleza jurídica de la mencionada resolución, es decir si se trata de un acto administrativo o de un mero acto preparatorio. A dichos fines cabe definir, en primer término, al “acto administrativo” como una declaración proveniente de un órgano estatal, emitida en ejercicio de la función materialmente administrativa y caracterizada por un régimen administrativo, propio típico del Derecho Público, que genera efectos jurídicos individuales directos con relación a los administrados destinatarios del acto (cfr. Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Lexis Nexis – Abeledo Perrot, Bs. As., 2006, p. 110, Tomo II, 8va. edición actualizada).
Que la Sala III de la Excma Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en los autos “Virreyes Agropecuaria S.A. (TF 25.002-A) c/DGA”, sent del 14/11/08, en los que se hizo lugar al dictado de una medida cautelar a favor de la firma exportadora, ha sostenido la caracterización de las resoluciones de la ONCCA como actos administrativos y haciendo referencia a la Resol. 1487/08, expresó que “la mentada resolución no es sino un acto administrativo de alcance particular que posee efectos jurídicos directos sobre una pluralidad de sujetos, estos son aquéllos exportadores incluidos en los anexos I –donde se encuentra la actora- y II” (considerando IX)”.
Que en lo que a esta cuestión respecta, a la fecha, existe numerosa jurisprudencia en la que se consideró que la Resolución ONCCA 1898/08 (y su similar 1487/08) constituyen verdaderos actos administrativos. Así lo ha sostenido, por ejemplo, la Sala II de la Excma CNACAF en las causas “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN – M° Economía – ONCCA- Resol 1487/08 y 5581/10 y otros s/ proceso de conocimiento”, Expte N° 15294/2011, del 6/5/2014; “Curcija S.A. c/ EN-ONCCA-Resol. 25 1487/08 s/ Proceso de conocimiento”, Expte N° 22848/2009, sent 12/7/2018; “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFIyA c/EN - Mº Economía y F - Resol. 1487/08 3451/09 y otro s/proceso de conocimiento”, Expte N° 7463/2013, del 5/9/2019; la Sala III en las causas “MSU SA c/EN – 2 Ley 26351-ONCCA-resol 543/08 (S01:109894/09) s/ Proceso de Conocimiento”, Expte N° 3 35644/09, del 18/2/2015 y la Sala IV, “Oleaginosa Moreno Hnos. SACIFI y A c/EN - Mº 4 Economía - ONCCA - Resol. 1898/08 y 5431/10 s/proceso de conocimiento”, Expte 25716/2011, sent del 18/8/2016; y “LDC Argentina SA c/EN – Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca y otro s/ Proceso de Conocimiento”, Expte N° 13621/15, sent del 27/11/2018, debiendo aclararse que las mencionadas sentencias se encuentran firmes, toda vez que la CSJN declaró inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional.
Que asimismo la Procuración de Tesoro de la Nación en el Dictamen IF-2017-35766568-APN-PTN del 29/12/2017, sostuvo que la Resolución 1898/08 “...no es calificable como un mero acto preparatorio, sino como un acto administrativo que constata determinados hechos que, a la vez, servirán para que el exportador y la Administración Nacional de Aduanas apliquen la alícuota que corresponda tributar en materia de derechos de exportación de productos agropecuarios (conf. Ley N° 19 26.351, arts. 1° y 2°)”.
Que teniendo en consideración lo antes expuesto cabe señalar que la Resolución 1898/08 constituye un acto administrativo, dictado por la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) creada a través del Dec. 1067/2005, como organismo descentralizado, con autarquía económico financiera y técnico administrativa y dotado de personería jurídica propia, en el ámbito del derecho público y privado, en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción (art. 1 Dec. 1067/2005). Que la Resolución 1898/2008 ha sido dictada en ejercicio de funciones encomendadas legal y reglamentariamente (art. 3 de la ley 26.351, art. 3 del Decreto 764/08 y arts. 12 y 13 de la Resolución ONCCA 543/08) a tal organismo, por lo cual el efecto jurídico de este acto alcanza directamente al particular (a la aquí recurrente “Dow Agrosciences Argentina SA”) dado que, a través del mismo, la ONCCA le informó a la AFIP- DGA el cumplimiento o incumplimiento del requisito de la tenencia de la mercadería en los términos del art. 1 de la Ley 26.351, lo que habilitó a esta última a reclamar el importe correspondiente a la diferencia entre la alícuota más baja de derechos de exportación y la más alta, en aquellos casos en los que se informó que no se había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las DJVE involucradas en la causa.
Que en autos, la recurrente plantea la ilegitimidad y nulidad de la Resolución 1898/2008 de la ONCCA, invocando que para el dictado de la misma la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, aplicó retroactivamente la Ley 26.351 y no tuvo en cuenta que la empresa había acreditado la tenencia y/o adquisición de la mercadería amparada por las DJVE en trato.
Que respecto a esta cuestión nuestro Tribunal de Alzada (la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal), se ha expedido en causas similares a la presente, en diversas oportunidades declarando la nulidad de las Resoluciones 1487/2008 y 1898/08 con relación a una serie de empresas cerealeras que, como la firma “DOW AGROSCIENCES SA”, se vieron afectadas por lo informado por la ONCCA, echando por tierra la presunción de legitimidad de las resoluciones mencionadas.
Que la Sala III de la CNACAF, con fecha 19/03/2009, en los autos caratulados “Tomás Hnos SA c/Estado Nacional - ONCCA -Resol 1487/08 s/amparo Ley 16.986” hizo referencia a que tipo de documentos deben ser considerado válidos para demostrar la tenencia o adquisición de la mercadería involucrada en la causa y haciendo mención a que exportadora había acompañado la misma ante la ONCCA y que no había sido analizada antes del dictado de la cuestionada Resolución 1487/2008 sostuvo que “....corresponde concluir que la incorporación de la actora en el anexo I de la resolución 1487/2008 resulta arbitraria e ilegítima en razón de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado…”. Asimismo en la causa Expte. nº 35.644/2009 “MSU SA c/EN-Ley 26351- ONCCAresol 543/08 (S01:109894/09) s/Proceso de Conocimiento” y Expte nº 34.561/2009 “MSU SA c/EN- ONCCA-resol 3406/09 1487/08 s/Proceso de Conocimiento”, sent del 18/02/2015, siguiendo el criterio expuesto en el precedente mencionado, señaló expresamente que “...cabe anotar que en litigios de ribetes similares al presente, en los que la exportadora afectada ha arrimado prueba tendiente a demostrar la tenencia, esta Sala ha afirmado que en la resolución ONCCA nº 1487/2008 no se han expuesto motivos concretos que permitan concluir en su falta de acreditación, máxime cuando se encuentra insita en la resolución impugnada una pretensión tributaria cuya configuración en cada caso debe demostrar el propio organismo de control. Es por esa razón que tampoco puede, lisa y llanamente, admitirse el planteo por el cual la ex ONCAA pretende oponer la presunción de legitimidad del acto administrativo”
Que asimismo, más recientemente, en los autos 59415/2012 “CARGILL SACI c/ EN-M AGRICULTURA GYP-RESOL 928/12-ONCCA-RESOL 1413/11 Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, sent del 26/04/2022, remitiendo a los fundamentos expuestos en las causa Nº 16652/08, “Tomas Hermanos S.A. c/ EN – ONCCA – Resol 1487/08 s/ Amparo”, del 19/03/09; causa Nº 35644/09, “MSU SA c/ EN – Ley 26.351 – ONCCA – Resol 543/08 s/ proceso de conocimiento” y su acumulada Nº 34561/09, “MSU SA c/ En – ONCCA – resol 3406/09 1487/08 s/ Proceso de conocimiento”, del 18/02/15; causa Nº 35244/09, “Nidera SA c/ ONCCA Resol 1487/08, 1898/08, 4773/09 y otros s/ Proceso de conocimiento”, del 31/03/15; causa Nº 40156/2015, “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 30971-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 07/04/16; y causa Nº 21881/2009, “Noble Argentina SA c/ EN-ONCCA Resol 2463/09 s/ Proceso de conocimiento”, del 16/03/17, por tratarse de causas sustancialmente análogas la Sala III destacó que: “...este Tribunal ya ha declarado, en diversas oportunidades, la nulidad de las resoluciones ONCAA 1487/2008 y 1898/08, por medio de las cuales el organismo mencionado notificó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los exportadores de productos agropecuarios que contaban con la mercadería registrada para la exportación en los términos de las Leyes 21.453 y 26.351... En tal sentido, cabe señalar que en los precedentes mencionados se sostuvo que la presunción de legitimidad de las mencionadas resoluciones no podía ser mantenida, puesto que no se hallaba explicitada la motivación ni los antecedentes de hecho referidos a la situación singular de la parte actora. En este sentido, se indicó que sólo se encontraba expresada de modo general la falta de acreditación de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación por parte de los exportadores incluidos en el Anexo I”.
Que la Sala II de la Excma CNACAF, en la causa “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN – Mº Economía - ONCAA – Resol. 1487/08 y 5581/10 (S01255788/10) y otros s/ proceso de conocimiento”, con fecha 06/05/2014, confirmó la sentencia dictada en primera instancia y sostuvo que “...la incorporación de la sociedad actora en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 resulta arbitraria e ilegítima en virtud de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de impugnación concreta, precisa y objetiva de las defensas y la prueba aportada por la accionante (v. en idéntico sentido el fallo de la Sala III de este Fuero, in re: “Tomás Hermanos S.A. c/ EN-ONCCA -Resolución n° 1487/08- s/amparo ley 16.986, causa nº 16.652/08 ya cit.)” y concluyó que “ ... la incorporación de la sociedad actora en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 resulta arbitraria e ilegítima en virtud de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de refutación concreta y objetiva de las defensas y las probanzas aportadas por la accionante”.
Que la Sala IV de la Excma CNACAF, en la causa 25.716/2011/CA1: “Oleaginosa Moreno Hnos. SACFI y A c/ EN – Mº Economía – ONCCA – Resol 1898/08 y 5431/10 s/ proceso de conocimiento”, sent del 18/08/2016, confirmó la sentencia dictada en primera instancia en cuanto declaró la nulidad de las resoluciones 1898/08 y 5431/10 de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) destacando que “...distintas Salas de esta Cámara han afirmado que en la resolución 1898/08 no se han expuesto motivos concretos que permitan concluir en la falta de acreditación; máxime cuando se encuentra ínsita en la resolución impugnada una pretensión tributaria cuya configuración en cada caso debe demostrar el propio organismo de control” . Que la Sala I de la Excma CNACAF, en la sentencia del 12/07/2022, dictada en la causa 1672/2015 “MOLINO CHACABUCO c/ EN-M AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”
remitiendo al criterio expuesto en sentencias dictadas por la Sala III, pron del 18/08/2016, resolvió declarar la nulidad de la Resolución ONCCA 1898/2008.
Que de conformidad a los argumentos expuestos por las partes y las constancias obrantes en los presentes autos, considero que corresponde hacer extensivo al caso el criterio pacífico expuesto por la jurisprudencia de la Alzada, al considerar la nulidad y la ilegitimidad de las Resoluciones ONCCA 1898/2008 y 1487/2008 y, siendo ello así, le asiste razón a la actora al cuestionar los cargos nros 285, 286 y 287 del año 2008, al carecer de motivación. Que de los antecedentes del caso resulta que la Aduana para dictar la resolución apelada se limitó a considerar lo informado por la ONCCA en la Resolución 1898/2008, sin verificar que los argumentos que la exportadora expuso en su impugnación, acerca de la tenencia y/o adquisición de la mercadería involucrada en la causa había sido acreditada ante la instancia de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria y luego ante la Aduana (ver Act 10026-487-2013 ofrecido como prueba), motivo por el cual no cabe más que revocar la resolución apelada, con costas al fisco nacional.
IX. Que a mayor abundamiento y teniendo en consideración las limitaciones impuestas por el art 1164 del CA, cabe mencionar que “CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARÍA CIVIL II – SALA B” en los autos: “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/ ENA - AFIP-DGA s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO”, sent del 16/05/2014 -que ha quedado firme al haberse declarado inadmisible el recurso extraordinario- sostuvo: “...el régimen implementado por la Ley 26.351 implica una modificación de lo establecido por la Ley 21.453. Esto es así, en virtud de que como se expuso, en ésta última se estableció en su art. 6 que a los fines de la liquidación se tendrá en cuenta el régimen tributario vigente a la fecha de cierre de venta, sin otros recaudos más que los establecidos en la propia norma (en lo relativo a la presentación de la DJVE ante la autoridad de aplicación y el plazo prescripto)...por lo que considero que la Ley 26.351 no es meramente aclaratoria de la Ley 21.453, sino que por el contrario impone un nuevo sistema – que aunque aquí no cuestionado- impide que se aplique con anterioridad a su vigencia retroactivamente, por los derechos que vulnera”. Agregó que “... cabe concluir que el objetivo de la Ley 21.453 consistente en la previsibilidad por parte del exportador y comprador de la carga fiscal que deben afrontar, se ve afectado por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351. Entiendo que es así, ya que las partes al regirse por la Ley 21.453, concretaron las operaciones considerando que sus costos tributarios quedaban fijados al momento de cerrar la venta, en consecuencia si por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 se aplican las alícuotas incrementadas, el fin perseguido por la Ley 21.453, cual era que las partes sepan al momento de cerrar la operación la suma a pagar en concepto de tributos, pierde su eficacia y razón de ser” y con fundamento en todo ello consideró que “...corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 4º y 5º de la Ley 26.351 y art. 2 del Decreto Nº 764/2008 en cuanto establecen la aplicación retroactiva de sus disposiciones”.
Por ello, VOTO POR:
Revocar la Resolución Nro. 2593/2012 (DE PRLA) en cuanto confirma los cargos Nro. 285/08, 286/08 y 287/08, con costas al fisco nacional.
El Dr. Juárez dijo:
Que adhiero al voto que antecede.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Musso.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Revocar la Resolución Nro. 2593/2012 (DE PRLA) en cuanto confirma los cargos Nro. 285/08, 286/08 y 287/08, con costas al fisco nacional.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2022.12.01 12:25:56 -03:00 Date: 2022.12.01 13:01:00 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.01 13:01:40 -03:00 Cora Marcela Musso Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.01 13:01:41 -03:00
Fin de la sentencia