Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 31550-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio recurrido en cuanto ha sido materia de agravios;
2Imponer costas de esta instancia a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V CAUSA N° 25366/2023 “DOW AGROSCIENCES ARGENTINA S.A.
(TF 31550-A) C/ DGA S/ RECURSO DE DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por Decisorio del 1/12/22, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución nro. 2593/2012 (DE PRLA), en cuanto confirmó los cargos nros. 285/08, 286/08 y 287/08 formulados con relación a los PE Nros. 07 001 EC01 14188M, 08 001 EC01 141403 A y 08 001 EC01 030584 X, respectivamente, con costas al Fisco Nacional.-
II.-Que el 22/12/22 la parte demandada apeló y expresó agravios el 16/2/23, los que fueron contestados por su contraria el 22/3/23. El 26/6/23 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que para decidir como lo hizo, en primer lugar entendió el Tribunal Fiscal de la Nación que, en los términos del artículo 1164 del Código Aduanero, carece de facultades para pronunciarse respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias y sus reglamentaciones, salvo que la CSJN se hubiere pronunciado sobre la cuestión, en cuyo caso podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.-
IV.-Que por otra parte, el Tribunal Fiscal de la Nación analizó la Resolución ONCCA nro. 1898/08, a la que calificó de “acto administrativo”, y decretó su nulidad de conformidad con lo resuelto por las distintas Salas de esta Cámara. Por ende, concluyó que los cargos formulados por la DGA debían ser revocados en tanto carecían de causa y motivación. V.-Que se agravia el Fisco específicamente de la declaración de nulidad de la resolución antes citada y, en consecuencia, de la revocación de la Resolución nro. 2593/2012 (DE PRLA) dictada por la AFIP -DGA y que fuera impugnada en autos. También se refiere a lo decidido en fecha reciente por otra Sala del Tribunal Fiscal de la Nación en sentido contrario al decisorio apelado.-
VI.-Que lo cierto es que la expresión de agravios en análisis no logra controvertir los fundamentos expresados por el Tribunal Fiscal de la Nación y que surgen de los distintos precedentes jurisprudenciales allí mencionados (en sentido análogo, esta Sala in re: “Grupo Transpatagonia SRL (TF 31534-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo” Expte. N° 41 .802/2023, del 27/06/2024); así como tampoco la genérica invocación de un Alta en sistema: 23/10/2024 decisorio de otra Sala del Tribunal Fiscal de la Nación resulta por sí sola un agravio específico que amerite su tratamiento ante esta Alzada.-
VII.-Que finalmente, cabe señalar que no ha sido materia de agravios la afirmación del Tribunal Fiscal de la Nación de que carece de facultades para declarar la inconstitucionalidad de las normas tributarias.- Por lo antes expuesto, corresponde: rechazar el recurso interpuesto por la demandada y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas (art. 68 del CPCCN). ASI VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany dijo:
I. Que, en cuanto al relato de los hechos adhiero a lo expresado en los considerandos I a V del voto que antecede, al que cabe agregar las siguientes precisiones.
Mediante la sentencia de fs. 101/105vta, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó, con costas, la resolución n° 2593/12 dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros. Expresó que si bien carecía de facultades para pronunciarse en orden a la validez constitucional de las normas en virtud de lo establecido en el artículo 1.164 del Código Aduanero, lo cierto era que, de conformidad con la jurisprudencia imperante en las diversas Salas de esta Cámara, “…corresponde hacer extensivo al caso el criterio pacífico expuesto por la jurisprudencia de la Alzada, al considerar la nulidad y la ilegitimidad de las Resoluciones ONCCA 1898/2008 y 1487/2008 y, siendo ello así, le asiste la razón a la actora al cuestionar los cargos nros. 285, 286 y 287 del año 2008, al carecer de motivación”. Señaló que en el caso la Aduana se había limitado a formular los cargos sobre la base de lo informado mediante la Resolución ONCCA n° 1898/08 mas no había verificado si en el caso la firma exportadora había acreditado la legítima tenencia y/o adquisición de la mercadería, “…motivo por el cual no cabe más que revocar la resolución apelada, con costas al fisco nacional”.
Finalmente, y a mayor abundamiento, citó jurisprudencia en la que se había declarado la constitucionalidad de lo establecido en los artículos 4° y 5° de la Ley n° 26.531 y del artículo 2° del decreto n° 764/2008 en cuanto fijaron la aplicación retroactiva de sus disposiciones.
II. Que, contra la referida sentencia apeló el Fisco y expresó agravios a fs. 115/118 vta. Concretamente, cuestiona que el Tribunal Fiscal haya dispuesto la revocación de los cargos sin que se hubiese acreditado en la causa que la parte actora hubiera recurrido las Resoluciones ONCCA n° 1898/08 y 1487/08, que constituyeron el fundamento con base en el cual aquellos fueron formulados. Afirma que tales resoluciones, en consecuencia, gozan de la presunción de legitimidad y que; en esas condiciones, no fueron examinados los Alta en sistema: 23/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V planteos de la parte en orden a la pretendida acreditación de la legítima tenencia o adquisición de la mercadería ni a la procedencia de aplicar retroactivamente las previsiones contenidas en la ley n° 26.531.
III. Que de las constancias de la causa resulta que:
a) El 9 de febrero de 2009, la Aduana intimó el pago de la suma de 178.376,48 dólares estadounidenses, en concepto de diferencias en el pago de derechos de exportación, mediante los cargos FERGMETR nº 285/08, 286/08, 287/08, 288/08 y 289/08. En la Nota n° 166/08 puso de manifiesto que correspondía ajustar la alícuota declarada, en atención a lo resuelto en la resolución ONCCA 1898/08 (v. fs. 15/16 y 13 de las actuaciones administrativas);
b) El 23 de febrero de 2009, la firma exportadora impugnó en sede aduanera la legalidad del gravamen y denunció la inconstitucionalidad de la ley 26.351 (cfr. fs. 17/26 del expediente administrativo);
c) El 8 de julio de 2010 el servicio aduanero intimó a la firma Dow Agrosciences Argentina S.A. para que indicara “…si presentó algún otro recurso en sede judicial y/o administrativa distinta a esta, contra la autoridad –y en relación a la normativa- que motivara la determinación suplementaria exigida” (cfr. fs. 61 de las actuaciones administrativas). En tal sentido, el 14 de septiembre de 2010, se presentó la parte actora y expresó a fs. 65 que “…no ha iniciado otro recurso en sede judicial y/o administrativa distinto al que tramita en los presentes actuados”. De esa misma situación también dio cuenta la División de Causas Contenciosas a fs. 86 y vta. de las actuaciones administrativas.
d) En tales condiciones, el 18 de mayo de 2012, el servicio aduanero rechazó la impugnación, en tanto consideró que la causa de la formulación de los cargos había sido la inclusión de la actora en la nómina de la resolución ONCCA nº 1898/08, que no había sido cuestionada por la firma exportadora (v. resolución DE PRLA n° 2593/2012, fs. 96/98vta. de las actuaciones administrativas);
e) El 22 de junio de 2012, la accionante se presentó, consintió los cargos n° 288/08 y 289/08 e hizo saber que había interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación respecto a los restantes. En el recurso presentado ante el referido Tribunal la parte solicitó la revocación de la resolución DE PRLA n° 2593/2012 con fundamento en que los cargos se habían efectuado haciendo aplicación retroactiva de lo establecido en la Ley n° 26 .531 y que ello afectaba los derechos adquiridos de su mandante en los términos de la Ley n° 21.453; que en el caso se hallaba acreditada la legítima tenencia y/o Alta en sistema: 23/10/2024 adquisición de las mercaderías comprometidas en las DJVE involucradas en autos y que la pretensión fiscal afectaba los principios de seguridad jurídica, razonabilidad, buena fe y confianza legítima.
IV. Que, la decisión de revocar los cargos por parte del Tribunal Fiscal tuvo fundamento, como se expresó previamente, en la circunstancia de haber considerado que existía jurisprudencia uniforme en las diversas Salas de esta Cámara en orden a la ilegitimidad de la Resolución ONCCA n° 1898/08 que constituía la causa y motivación de aquellos. Ahora bien, y en lo que al presente caso respecta, esa sentencia omitió considerar que la firma recurrente expresó que no había recurrido la mencionada resolución ONCCA (ni en sede administrativa ni en sede judicial) de la misma manera en que también lo informó la División Causas Contenciosas (cfr. fs. 86 y vta de las actuaciones administrativas). Por ende, no es posible disponer como lo hizo el Tribunal Fiscal la revocación de la resolución recurrida y la consecuente confirmación de la alícuota del 20% o 30% (según cada caso), con fundamento en que los cargos carecerían de motivación sin que en los hechos haya sido recurrida la resolución ONCCA n° 1898/08 que ordenó su formulación.
“[D]ebe recordarse que, en virtud de la presunción de legitimidad de que gozan los actos administrativos (artículo 12 de la ley 19 .549), se admite que toda actividad de la Administración guarda conformidad con el ordenamiento jurídico, presunción que subsiste en tanto no se disponga lo contrario por el órgano competente (Fallos 319:1476 y 336:1529). De esta manera, se encuentran regulados por la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, motivo por el cual su ilegitimidad y vicios debieron ser cuestionados a través del procedimiento recursivo establecido por la referida ley 19.549 (y su dto. reglamentario) y, eventualmente, ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo. En otras palabras, resulta necesario que la Administración o la justicia se pronuncie acerca de su extinción (GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 9ª edición, Buenos Aires, FDA, 2007, p. XIII-8 y, en igual sentido, SAMMARTINO, Patricio M. E., “Extinción del acto administrativo en el Estado constitucional”, LL 2017- C, 617). En esos términos, es al interesado a quien incumbe, en función del desplazamiento de la carga impugnatoria, promover la pertinente impugnación si es que discrepa con la legalidad del acto. De lo cual inmediatamente se deduce que su incumplimiento suscita la firmeza del acto y –salvo supuestos excepcionales– su legalidad (cfr. causa nº 28.963/2010 “Mac Gregor, Diego Alberto y otros c/ EN– PJN – CSJN – Resol 1200/10 (expte 5206/09) y otro s/ Empleo Público”, sent. del 28/12/17, entre otros)” (cfr. Sala IV de esta Cámara, en la causa n° 21.835/2021 “Banderitas S.A. (TF 31087-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 27 de octubre de 2022) Alta en sistema: 23/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Es por ello que, le asiste la razón al Fisco en orden a que la decisión del Tribunal Fiscal se aportó de las constancias obrantes en la causa y de lo expresamente manifestado por la parte actora en tanto no fue recurrida la resolución ONCCA n° 1898/08 ni descalificada en lo que a la accionante respecta.
Ahora bien, la circunstancia de que la parte haya optado por no cuestionar la legitimidad de la Resolución ONCCA n° 1898/08 no le impedía cuestionar los cargos que le fueron formulados por la aduana por diferencia de tributos, momento a partir del cual cabe afirmar que cobró virtualidad a su respecto. Fue en esas condiciones que al tiempo de recurrir ante la sede del Tribunal Fiscal, y sin desconocer la inexistencia de impugnación respecto de la resolución ONCCA n° 1898/08, que la parte actora cuestionó la validez constitucional de la aplicación retroactiva de la ley n° 26.531 y pretendió acreditar la legítima tenencia y/o adquisición de la mercadería comprometida en las DJVE involucradas en los presentes autos.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco, revocar la sentencia del Tribunal Fiscal en cuanto concluyó que los cargos debían ser revocados por aplicación extensiva de la jurisprudencia de la Alzada que dispuso en diversas causas la nulidad y la ilegitimidad de las Resoluciones ONCCA 1898/2008 y 1487/2008 y, en la medida en que no fueron evaluadas las pruebas tendientes a acreditar la legítima tenencia o adquisición de la mercadería comprometida en las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior cuestionadas ni fue valorada de manera concreta la virtualidad de aplicar retroactivamente lo establecido en la Ley n° 26.531, corresponde reenviar la causa al Tribunal Fiscal para que se pronuncie nuevamente sobre tales aspectos (cfr. causa “Molino Cañuelas SACIFIA y otro c/DGA y otro s/recurso directo de organismo externo”, expediente n° 38.943/2015, del 14 de julio de 2016, “Search S.A. (TF 22576-I) c/ D.G.I.”, expediente nº 37.573/2007, del 6 de marzo de 2008, causa Nº 27.060/06 “Agroferia SRL (TF 20436-I) c/ D.G.I.", expediente nº 27.060/06 del 15 de julio de 2008, “Scotland S.R.L. (TF 24.617-I) c/DGI”, expte. n° 43.136/2011, del 27 de junio de 2013 y “Solicon S.A. (TF 34.201-I) c/ DGI”, expte. n° 112/13, del 30 de abril de 2013).
Al respecto cabe tener en cuenta que, según lo establecido en el artículo 1143 del Código Aduanero, el Tribunal Fiscal tiene amplias facultades para establecer la verdad de los hechos controvertidos con independencia de lo alegado por las partes, así como para determinar el tributo o fijar las base precisas para su determinación.
Por todo lo expuesto, VOTO POR: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dejar sin efecto la sentencia y reenviar la causa para que el Tribunal Fiscal se pronuncie Alta en sistema: 23/10/2024 nuevamente, de conformidad a lo indicado en el presente. Todo ello, con costas por su orden, atento al modo en que se resuelve (artículo 68 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:
I. Que en cuanto al relato de los hechos me remito a lo expuesto en el voto del Dr. Gallegos Fedriani.
II. Que en relación con el fondo del asunto, adhiero a las consideraciones formuladas por el Dr. Gallegos Fedriani en su voto, así como a la solución que allí propone, en tanto corresponde confirmar la resolución del Tribunal Fiscal de la Nación a partir de la cual se revocó la Resolución N° 2593/12 (DE PRLA).
III. Que cabe agregar, que contrariamente a lo que sostiene la demandada, de los términos del recurso interpuesto por la parte actora ante el Tribunal Fiscal de la Nación surge que dicha parte cuestionó la legalidad de la Resolución ONCCA N° 1898 (v. fs. 21 vta. y 22 de las presentes actuaciones).
A su vez, este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse en un caso análogo al de autos en la causa N° 41.802/2023, caratulada “ Grupo Transpatagonia SRL (TF 31534/-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 27/06/2024, en donde se concluyó que no resultaba válida la crítica relativa a la falta de cuestionamiento de la Resoluciones ONCCA Nros. 1487 y 1898. Ello así, en tanto que “[…] esta Sala ya ha señalado que nada obsta a que el particular cuestione esos actos plurinominales de manera indirecta, a través de la impugnación de los cargos aduaneros formulados exclusivamente con sustento en aquellos otros”, como ha ocurrido en autos. ASÍ VOTO. De acuerdo con las consideraciones que anteceden, el Tribunal por mayoría RESUELVE: 1) Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio recurrido en cuanto ha sido materia de agravios; 2) Imponer costas de esta instancia a cargo de la demandada vencida (art. 68 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Alta en sistema: 23/10/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Jorge F. Alemany Alta en sistema: 23/10/2024
Fin de la sentencia