Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, dichos agravios no serán abordados por esta Alzada.
Por todo ello, se debe descartar las nulidades planteadas tal como expone su defensa técnica, de modo que debemos confirmar íntegramente el auto apelado.
II. Perspectiva de derechos:
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.158 FOLIO Nº 101/104 PROT. ELECT. JR101 305I.261
Río Gallegos, 04 de agosto de 2026.
La presente causa caratulada: “DR. G.Q.N. S/ SOLICITA NULIDAD” Expte. Nº D-18337/2025-1, Apelación Nº 10.209/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 11/15 de este incidente, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, quien en los puntos 1) rechazó el planteo de nulidad articulado por la defensa técnica Dr. G.Q., respecto a la existencia de un vicio en la confección del acta de barrido electrónico, obrante en los autos principales, por aplicación de los arts. 158 sgtes. y ccdtes. del CPP.
Que a fs. 16/20, la defensa técnica apeló dicho auto motivándolo en esa misma oportunidad.
A fs. 26 se corre en vista el presente incidente, obrando a fs. 27 el dictamen de la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial.
A fs. 30 es mantenido el recurso ante esta Alzada; y no habiendo presentado el memorial, quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos, y;
Que, la defensa sostiene en su primer agravio “La ratificación testimonial posterior no subsana la validez originaria del acta - imposibilidad de saneamiento retroactivo de actos procesales”, exponiendo que el núcleo argumental de la resolución recurrida radica en sostener que los testigos D. y M. ratificaron posteriormente haber estado presentes durante el procedimiento de barrido electrónico, con el cual incurre en un error jurídico de entidad; toda vez que la validez del acto procesal se determina en el momento de su realización.
Considera que si se admitiera que toda irregularidad puede quedar neutralizada mediante posteriores ratificaciones testimoniales, el régimen mismo de nulidades perdería sentido y eficacia práctica, reduciéndose a una declaración formal sin consecuencias reales. La cuestión introducida no consistió en cuestionar la credibilidad de los testigos sino en someter a control jurisdiccional la regularidad originaria del acta.
En su segundo agravio “Inversión indebida de la carga argumental bajo secreto instructorio - vulneración del derecho de defensa”, sostiene que el mantenimiento del secreto sumario ha impedido a esa defensa acceder plenamente a las actuaciones y verificar directamente el contenido del instrumento cuestionado y las circunstancias de su confección.
Subraya una evidente e insostenible contradicción desde el punto de vista constitucional, en tanto por un lado el juzgado mantiene el secreto instructorio impidiendo a la defensa acceder al expediente y controlar la prueba y por el otro, le reprocha a la defensa no haber acreditado con prueba objetiva el vicio que denuncia. Considera que ese razonamiento circular importa una inversión ilegítima de la carga argumental que viola el derecho de defensa consagrado en el art. 18 CN y en el art. 8 de la CADH. En su tercer agravio “La presunción de autenticidad del instrumento público no clausura el control de regularidad procesal - distinción entre autenticidad formal y regularidad sustancial”, distingue dos planos mencionados en la resolución recurrida. El primero es la autenticidad formal del documento, es decir que el acta fue efectivamente confeccionada por el funcionario actuante en ejercicio de sus funciones; esa autenticidad no está en discusión.
El segundo mencionado es la regularidad procesal del acto documentado, es decir que el procedimiento que el acta documenta fue realizado con estricta observancia de las formas procesales; este es el punto cuestionado.
Establece que la resolución recurrida desestimó la indicación concreta del imputado como mera apreciación subjetiva sin analizar su verosimilitud ni examinar el acta en búsqueda de elementos que pudieran confirmar o descartar la irregularidad denunciada. Esa respuesta, entiende, constituye motivación aparente incompatible con el estándar constitucional de fundamentación de las resoluciones judiciales.
En su cuarto agravio “Ausencia de conocimiento defensivo sobre el resultado del barrido electrónico - validación de instrumento de contenido desconocido”, remarca que a la fecha esa defensa desconoce el resultado concreto de la prueba de barrido electrónico. La persistencia del secreto instructorio impide a esa defensa conocer si la prueba arrojó resultado positivo, negativo o neutro respecto del imputado.
En su cuarto apartado de su presentación “Sobre la omisión de tratamiento de los restantes planteos - arbitrariedad por omisión, es con la intención de dejar expresamente señalado que la resolución apelada resolvió únicamente la incidencia de nulidad, permaneciendo sin tratamiento los restantes planteos articulados por esa defensa en los autos principales, cuya persistencia compromete el principio de congruencia, la tutela judicial efectiva y el derecho del imputado a obtener una resolución completa sobre su situación procesal en tiempo razonable.
Formula reserva del caso federal y convencional.
Quedan de esta forma, plasmadas las cuestiones a resolver.
Al ser recepcionadas las actuaciones, y en forma previa a su tramitación, se procedió a correr en vista a la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial quien, en su dictamen sostuvo que “...la defensa no aporta ningún dato concreto, objetivo y verificable que permita siquiera poner en duda la regularidad del acto documentado, limitándose a reiterar una hipótesis meramente conjetural sustentada en afirmaciones carentes de corroboración objetiva. En tales condiciones, no se advierte la existencia de irregularidad alguna susceptible de generar invalidez procesal. En tales condiciones, no se advierte la existencia de irregularidad alguna susceptible de generar invalidez procesal, ni mucho menos de un vicio sustancial que hubiera afectado garantías constitucionales o el ejercicio efectivo del derecho de defensa (...) Que, finalmente, corresponde señalar que los restantes agravios introducidos por la defensa vinculados al supuesto vencimiento de los plazos de instrucción, al pedido de sobreseimiento y al mantenimiento del secreto de sumario, exceden manifiestamente el objeto del presente incidente de nulidad y no guardan relación con la cuestión aquí debatida…”. -conf. fs. 27/28-. En el caso de autos, el a quo rechazó el planteo de nulidad respecto a la existencia de un vicio en la confección del acta de barrido electrónico obrante en los autos principales.
Al respecto el magistrado sostuvo, que obran actas en las que consta la producción de la prueba de barrido electrónico en presencia de testigos de actuación D. y M., quienes presenciaron la celebración del acto jurídico y posteriormente dieron fe del acta firmando al pie de dicho documento.
Continúa expresando que obra declaración testimonial de M., quien ratificó el contenido de las actas, reconociendo como propia la firma estampada al pie y a su vez que el testigo M. habría expresado que estuvo presente todo el momento, desde que inició hasta que finalizó, así con cada una de las tres personas masculinas.
Expresa que asimismo obra declaración testimonial de D., quien también ratificó el contenido de dichas actas, reconociendo como propia la firma estampada al pie, quien habría manifestado que estuvo presente en las tres actas de barrido electrónico, siempre mirando la labor policial.
Resalta que “ambos testigos manifestaron haber estado presentes en todo momento de la producción de la prueba de barrido electrónico, desde que inició hasta que se finalizó con cada una de las personas. En consecuencia, no se advierte la existencia de defectos formales sustanciales en el desarrollo de las diligencias efectuadas en los autos principales, incluyendo la intervención de los testigos de actuación, ello a tenor de lo dispuesto por los arts. 131 y 132 del C.P.P.”
Más adelante agrega “...el planteo de nulidad, no acredita la existencia de un agravio concreto, actual y sustancial, derivado del acto cuya invalidez pretende, vislumbrando una argumentación carente de objetividad (…) por lo que no encontrándose fundada la nulidad planteada, a los fines de no vulnerar los derechos fundamentales y respetar el debido proceso, es que corresponde no hacer lugar al planteo de nulidad incoado”.
En coincidencia con lo expresado por el a quo, ante la falta de fundamentos que acrediten los extremos alegados por la recurrente, sus planteos no pueden prosperar.
De las constancias de autos, en primer término se puede advertir que la comparecencia de los testigos de actuación, en oportunidad de ratificar las actas en cuestión y brindar testimonio sobre la actividad policial desplegada, no revisten el carácter saneatorio de irregularidad alguna de tales instrumentos como alega la defensa, en virtud de la inexistencia del vicio alegado.
Surge con claridad que la comparecencia a posteriori de los testigos de actuación —con el fin de ratificar el contenido de los instrumentos impugnados y declarar sobre la diligencia policial— no tuvo la finalidad de sanear vicios o irregularidades que invaliden dichas actas.
Como fuera claramente expresado por los testigos, y tenido en consideración por el magistrado, ambos testigos manifestaron haber estado presentes durante todo el desarrollo de la actividad policial.
Ante un caso de similares aristas al presente, un tribunal manifestó: “Ahora bien, las actas confeccionadas de acuerdo a las prescripciones de los arts. 138 y 139 CPr.Cr. son instrumentos públicos (art. 979 incs. 1 y 4 CC.) y hacen plena fe en tanto no sean argüidas de falsas por acción civil o criminal, lo cual no consta que se haya impetrado en este caso. En este mismo sentido, se inclina la doctrina (D'Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", Ed. Abeledo-Perrot, p. 143; Núñez, Ricardo, "Código Procesal Penal de la Prov. de Córdoba", Ed. Marcos Lerner, p. 118), como así también se ha pronunciado esta sala in re, "Barbeito", causa n. 122, reg. n. 179, voto del Dr. Fégoli, del 14/6/94. (...) Ahora bien, no surge de la resolución de fs. 175/182, cuáles son las razones que tuvo el tribunal desde el punto de vista fáctico y jurídico para llegar a la conclusión que dio origen a la nulidad del acta. A mayor abundamiento, téngase en cuenta que el art. 140 CPr.Cr. establece cuáles son los casos que acarrearían la nulidad del acta, y la omisión que alude el a quo -que los testigos no habrían presenciado toda la diligencia- no encuadra en ninguna de ellas. Además de ser, las nulidades relativas, subsanables, el tribunal puede declararlas solamente a petición de parte, circunstancia que no ha acaecido en autos." (TR LALEY 962197).
No encontramos fundamentos para poner en duda el procedimiento plasmado en las actas en cuestión.
Por otro lado, respecto a las actas la doctrina tiene dicho que éstas constituyen instrumentos públicos que hacen fe de los actos cumplidos conforme a la ley procesal, aun las de la prevención. De la actuación de los funcionarios policiales y los de las restantes fuerzas de seguridad, darán fe dos testigos a los que se llama de actuación o instrumentales. Las actas de prevención, constituyen igualmente instrumento público. (Código Procesal Penal de la Nación. Navarro - Daray). Criterio consolidado por este Juez de Recurso, pudiendo citarse a modo de ejemplo los autos caratulados "A.L.C. s/ amenazas y lesiones leves, expte. Nº 89.291/23, apelación Nº 9380/25.
De tal forma, y también en coincidencia con lo expresado por la a quo, ante la falta de fundamentos que acrediten los extremos alegados por la recurrente, sus planteos no pueden prosperar. De los argumentos expuestos por la defensa técnica, en primer término debemos exponer que no se observa la irregularidad manifestada en las actas de barrido electrónico; y por otro lado, tampoco surge ninguna alusión a perjuicio concreto en detrimento de garantías constitucionales de las que goza el imputado o injerencia al debido proceso, que permitan ponderar sus extremos.
En tal sentido, la jurisprudencia ha sostenido: “de allí que: "las nulidades sólo serán admisibles cuando se hubiera acreditado que, de la violación de las formas del proceso ha derivado en perjuicio concreto para la parte que las articula. Por tal razón es que no pueden dictarse en el solo interés de la ley o para satisfacer pruritos formales, carentes de interés práctico. Para ser receptadas deben importar, entonces, efectivo perjuicio a la parte que la impetra, por cuanto el proceso no es otra cosa que actividad que, garantizando el debido proceso legal, se encamina en la búsqueda de la verdad real, su objeto propio que no habremos de perder de vista en la borrasca" (Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán "in re": "Titos Daniel Ignacio s/infracción a la ley 23.737"). Las garantías procesales son en esencia, límites, que toma la comunidad en el actual grado de organización jurídico penal para evitar construcciones judiciales puramente decisionistas con afectación del derecho de defensa y del debido proceso. La forma, en consecuencia, debe relacionarse esencialmente con el derecho de defensa y con el debido proceso, los cuales tienen que resultar siquiera mínimamente conmovidos para que el tribunal deba anular todo lo actuado en resguardo de los derechos del imputado o del investigado. Si bien es cierto que no puede haber derecho sustantivo -penal- si no se concreta a través del derecho adjetivo -procesal penal-, toda interpretación de normas jurídicas debe ajustarse al principio de razonabilidad que es esencial al sistema republicano." (TR LALEY AR/JUR/2885/2003).
Siendo que la sanción que pretende es de carácter excepcional, no se advierten vicios sustanciales ni la afectación de la garantía constitucional de defensa en juicio que torne nula la actividad procesal cuestionada ni su constitución como prueba de cargo. Cabe recordar que las nulidades se orientan hacia un ámbito restrictivo que tiene como regla general la estabilidad de los actos jurisdiccionales, por cuanto constituyen remedios excepcionales que ceden frente al principio de conservación, razón por la cual sólo cabe recurrir a este instituto cuando el desenvolvimiento del proceso devenga anormal y que tal irregularidad resulte trascendente por haberse afectado intereses tutelados, entendidos por tales el ejercicio de la defensa en juicio o los principios básicos del proceso, aspectos éstos que no se encuentran presentes en la especie.
Esta alzada -siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ha venido sosteniendo en numerosas resoluciones (apelaciones nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22, entre otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable.
En este aspecto, nuestro Máximo Tribunal señala que las nulidades por vicios formales, exigen como presupuesto esencial que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o restrinja algún otro derecho, de otro modo, se estaría respondiendo a un formalismo vacío, en desmedro de la idea de justicia y de la pronta solución de las causas, en lo que también está interesado el orden público (Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081, entre otros). En cuanto a los demás agravios planteados por la recurrente, y como fuera expuesto por la Sra. Fiscal de Cámara, sólo corresponde resaltar que el presente incidente fue formado con la finalidad de dar tratamiento exclusivamente al planteo de nulidad formulado por la defensa. Y tal fue el procedimiento que se llevó a cabo en las presentes actuaciones.
Los agravios articulados por la defensa técnica exceden el ámbito de cognición propio del presente incidente de nulidad, en tanto introducen cuestionamientos ajenos al objeto específico de esta incidencia, procurando reeditar aspectos que no resultan susceptibles de revisión en esta vía procesal.
Por lo expuesto, dichos agravios no serán abordados por esta Alzada.
Por todo ello, se debe descartar las nulidades planteadas tal como expone su defensa técnica, de modo que debemos confirmar íntegramente el auto apelado.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal ante las Cámaras y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 11/15 de este incidente, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TÉNGASE PRESENTE la reserva el caso federal y convencional.
3. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
4. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
5. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia