Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-15395348-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución RESOL-2023-701-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el expediente SIGEA 17134-1191-2023, en cuanto se dispuso rechazar el pedido de devolución de diferencias de derechos de exportación formulados por la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA SA, imponiendo las costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-68591485-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 1 de Julio de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria, Héctor Hugo Juárez y Miguel N. Licht (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía 14ª) con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. El 20.02.24, mediante RE-2024-17925564-APN-SGASAD#TFN, la actora interpone recurso de apelación contra la resolución RESOL-2023-701-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo en el expediente SIGEA 17134-1191-2023. La referida resolución se apela por denegar la repetición de las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación –establecidos conforme el decreto 793/2018- correspondiente al permiso de embarque (PE) 18057EC01008585D. La suma reclamada es por un total de Pesos Ciento Un Mil Cuatrocientos Diez con 88/100 centavos (101.410,88.-). La actora hace referencia a los antecedentes de la causa, señalando que, mediante los PE involucrados documentó las exportaciones allí declaradas y, al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, pagó los derechos de exportación establecidos mediante el decreto 793/18.
Señala que dicho decreto fijó para todo el universo arancelario un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 4 pesos, según el tipo de mercadería) invocando para disponerlo los arts. 99 inc. 1 y 2, de la Constitución y el 755 del Código Aduanero (“CA”). Manifiesta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) declaró en el Fallo Camaronera que el art. 755 del CA no califica como una norma delegante válida a efectos de que el Poder Ejecutivo Nacional (“PEN”) pueda fijar derechos de exportación. Ello, atento que no determina de manera cierta e indubitable cuál es la forma de cuantificar la respectiva obligación tributaria, ni prevé parámetros máximos y mínimos para su fijación.
Argumenta que el mismo artículo no satisface las exigencias del art. 76 de la Constitución Nacional (“CN”). Hace notar que el propio PEN reconoció que el Decreto 793/2018 resulta inconstitucional debido a que fue dictado en base a normativa que no califica como una delegación legislativa válida en los términos fijados en nuestra CN y en la jurisprudencia de la CSJN. Aclara que la ratificación del Decreto 793/18 por ley del Congreso Nacional nunca podría tener efectos ex tunc, tal como parecería ser la intención del art. 82 de la ley de Presupuesto para el ejercicio 2019 al indicar que ese decreto “mantendría su validez y vigencia”, o la postura que indica la Aduana en la Resolución en idéntico sentido; ya que se generaría una palmaria afectación de derechos patrimoniales previamente adquiridos de conformidad con lo dispuesto por el art 17 de la CN y únicamente tendría efectos hacia el futuro tal como lo definió la CSJN en el Fallo Camaronera y en muchos otros precedentes.
Destaca que esta postura fue recogida también por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, refiriéndose y explayándose en relación a ello, como así también a fallos dictados por la Justicia Federal de Rosario, de Bahía Blanca, de Mendoza, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y hasta por este mismo Tribunal. Trae a colación nuevamente el caso Camaronera, dice que en el mismo se determinó, de modo unánime, que el art. 755 del CA no resulta una norma delegante suficiente para, de modo autónomo, autorizar al PEN a establecer alícuotas de derechos de exportación, por su inadecuación al art. 76 de la Constitución nacional. Por lo que entiende que la inclusión del art. 755 del CA en el Digesto Jurídico Argentino, mediante la ley 26.239, carece de toda relevancia jurídica.
Agrega que el Congreso de la Nación, al sancionar las leyes 27.467 y 27.541, no ha “reconocido” que el PEN puede incrementar derechos de exportación en el marco de la delegación legislativa prevista en el art. 755 del CA, sino que lo que ha reconocido es la insuficiencia constitucional de la aludida norma, en línea con el precedente “Camaronera Patagónica”, y, por tal motivo, le ha fijado un plazo determinado para el ejercicio de las facultades delegadas y también máximos para la fijación de las alícuotas de derechos de exportación. Referencia que la creación de un tributo o la fijación de su alícuota o alteración de otro de sus elementos esenciales es una materia legislativa por antonomasia, por lo que no resulta válido invocar el ámbito de reserva de la Administración o sus potestades reglamentarias (art. 99, incs. 1° y 2°, de la CN) para justificar la constitucionalidad del decreto 793/2018.
Hace referencia a la facultad de este tribunal para dictar la inconstitucionalidad de la norma, argumentando que, si bien es cierto que el art. 1164 del CA le impide, en principio, al tribunal pronunciarse sobre la validez constitucional de una norma tributaria o aduanera, si se lo permite en tanto la Corte hubiere declarado su inconstitucionalidad. Por todo ello solicita que se aplique la doctrina sentada por la Corte en el citado caso “Camaronera Patagónica S.A.” y asimismo determine que el decreto 793/18 sólo resultó válido a partir de la entrada en vigencia de la ley 27.647 que lo ratificó. Ello así, por cuanto su dictado se sustentó en una norma inválida (art. 755 del CA) y, por lo tanto, solo pudo tener efectos una vez que el Congreso la ratificó.
En cuanto a la tasa aplicable, considerara que debe aplicarse la del art. 811 del CA y solicita que se declare la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la tasa de interés prevista en el art. 4 de la Resolución del Ministerio de Economía 559/2022 y art. 4 de la Resolución del Ministerio de Economía 3/2024. Finalmente ofrece prueba, hace la reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, y ordenando la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con costas.
II. La representación fiscal contesta el traslado conferido en fecha 22.05.24 mediante el IF-2024-53330253-APN- DTD#JGM y acompaña las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1191-2023. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento. Asimismo, desconoce toda prueba documental aportada por la contraria que no coincida con la obrante en las actuaciones administrativas. Reseña los hechos y la normativa aplicable: arts. 724, 725 y 755 del CA, Resolución 11/02 del Ministerio de Economía, decretos 509/2007, 349/2016 793/2018, 865/2018 y ley 27.467, explayándose en relación a todo ello y a la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera”, la cual considera desacertada y entiende no recepta el análisis completo de la sentencia, ni tampoco el sentido que le dio la Corte. Cita jurisprudencia de este tribunal en los autos “Transportadora de Gas del Sur S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ Recurso de apelación”, Expte. 38.422-A, como así también los más recientes precedentes jurisprudenciales relativos al citado decreto 793/18, que le dieron razón a su mandante, entre otros el fallo dictado por la Sala “G”, en los autos caratulados “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. C/ DGA. S/ Apelación”, Expte. EX-2020-15395348--APN-SGASAD#TFN, del 18.02.21, que cita y da por reproducido. Refiere a la limitación del tribunal para declarar la inconstitucionalidad solicitada e indica que dicho planteo no podría prosperar en razón a lo normado por el artículo 1164 del CA. Agrega que la contraria plantea como único argumento la inconstitucionalidad de normas jurídicas entendiendo que, conforme la normativa transcripta, esté Tribunal no debería expedirse al respecto. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada. Indica que, en caso que se hiciera lugar a la repetición, corresponde aplicar el Fallo “Cencosud” y los artículos 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas y las destinaciones involucradas, hace reserva del caso federal y pide que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. El 30/05/24 se elevan los autos a la Sala “E” y el 28/06/24 se los pasa a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1191-2023 se iniciaron el día 18.07.23, con la solicitud de restitución por una suma total de Pesos Ciento Un Mil Cuatrocientos Diez con 88/100 centavos (101.410,88.-). en concepto de derechos de exportación, relativa al PE 18057EC01008585D. A fs. 27 luce agregada la providencia de fecha 20.10.23 por la cual se tiene por presentada a la firma y no se hace lugar a la prueba solicitada, lo que le es notificado por cédula SICNEA con fecha 24.10.23. A fs. 30/33 se dicta la RESOL-2023-701-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI rechazando la repetición, notificada con fecha 26.12.23 (fs. 35).
V. Corresponde resolver en la causa si la resolución RESOL-2023-701-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por la Aduana de San Lorenzo en cuanto denegó la devolución de la suma pretendida por ACEITERA GENERAL DEHEZA SA, en concepto de derechos de exportación (abonados con relación al PE 18057EC01008585D, oficializado el 02.11.18), se ajusta a derecho. Mediante los referidos PE la actora documentó las exportaciones de las mercaderías allí declaradas, abonando los derechos establecidos por el decreto 793/18 que los fijó, para todo el universo arancelario, con una alícuota del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería). La actora cuestiona la validez constitucional del decreto 793/18 por los fundamentos que expone, remitiendo al precedente de la Corte in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14.
Asiste razón a la actora en su planteo, conforme los fundamentos que, en un caso análogo al presente, expuse en mi voto correspondiente a la sentencia de esta Sala E del 29.10.21, autos “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA”
(EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN), en donde se tratan todos los argumentos expuestos por las partes en estos autos y a la que, en mérito a la brevedad, se considera integrando este voto (puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN -SGASADTFN-29-10- 2021.pdf). En consecuencia, opino que en este caso -pese a que votaré en sentido contrario por aplicación del plenario del tribunal- hubiera correspondido: declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 793/18 entre el 04/09/2018 y 04/12/2018 con fundamento en los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución y revocar la resolución apelada; hacer lugar al reclamo de repetición de la actora por la suma total reclamada de Pesos Ciento Un Mil Cuatrocientos Diez con 88/100 centavos (101.410,88.-) con sus intereses hasta la fecha de pago (art. 811 del CA); e imponer las costas a la Aduana vencida.
VI. Que, como se adelantó, el 26.04.22, este tribunal mediante el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA SA C/DGA S/RECURSO DE APELACIÓN” acordó, por mayoría, fijar la siguiente doctrina legal: “(…) ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Conforme lo dispuesto en el art. 151 de la ley 11.683, resulta aplicable a este caso la doctrina legal establecida en el referido Plenario, correspondiendo confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA SA.
VII. En cuanto a las costas considero deben imponerse por su orden. Ello atento a que la actora, pese al plenario del tribunal, tuvo, desde siempre, sobrados fundamentos para realizar su planteo de devolución. Tales fundamentos datan de la reforma constitucional del año 1994 -nuevos arts. 76 y 99 inc. 3-- y la jurisprudencia de Fallos: 337:388 “Camaronera Patagónica” del 15.04.14. Ello sin perjuicio de señalar que, a la fecha, las cinco salas de la Cámara del Fuero Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal han resuelto, de modo unánime, que el decreto 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable entre el 04.09.18 y el 04.12.18, aplicando el referido precedente de la Corte Suprema (ver Sala I, causa 13061/2022 “Newsan SA (TF 9748062-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo – Sala G”, sentencia del 02.02.23; Sala II, causa 22.219/21 “Minera Santa Cruz c/ EN- AFIP- DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 05.07.22; Sala III, causa 377/2021 “Catajuy SRL c/EN – DGA s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 18.10.22 y causa 26.963/2022 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, confirmatoria de una sentencia de esta Sala “E” previa al plenario del 26.04.22; Sala IV, causa 20.415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 31.05.22 y Sala V, causa 51.458/19 “Gut Metal SRL c/ EN AFIP s/ recurso directo de organismo externo”, causa 21.909/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y causa 10.914/20 “Catajuy SA c/ EN- DGA s/ Dirección General de Aduanas”, sentencias del 05.05.22, 24.06.22 y del 02.08.22 respectivamente; entre otras).
VIII. Por ello VOTO POR:
Confirmar la resolución RESOL-2023-701-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el expediente SIGEA 17134-1191-2023, en cuanto se dispuso rechazar el pedido de devolución de diferencias de derechos de exportación formulados por la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA SA, imponiendo las costas por su orden.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juan Manuel Soria, en cuanto confirma la Resolución RESOL-2023-701-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el expediente SIGEA 17134- 1191-2023, que dispuso rechazar el pedido de devolución de diferencias de derechos de exportación formulados por la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. abonados conforme lo dispuesto por el Decreto 793/2018. Ello así por aplicación de la doctrina legal (art 151 de la ley 11.683) recaída en el Fallo Plenario de este Tribunal (IF-2022-40809437- APN-VOCXIX#TFN), de fecha 26/04/2022, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en la que por mayoría se resolvió: “ ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
Disiento de la imposición de costas por su orden propuesta por el Vocal preopinante toda vez que considero que las costas deben ser impuestas a la actora vencida conforme el principio general establecido en el art. 1163 del Código Aduanero, no existiendo –a mi criterio- ninguna circunstancia para apartarse del mismo y máxime considerando que la apelación fue interpuesta con posterioridad al Plenario de este Tribunal -referido “ut supra”- que resuelve la cuestión planteada en autos.
ASI LO VOTO.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria..
En virtud de la votación precedente, por mayoría, SE
Confirmar la resolución RESOL-2023-701-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el expediente SIGEA 17134-1191-2023, en cuanto se dispuso rechazar el pedido de devolución de diferencias de derechos de exportación formulados por la firma ACEITERA GENERAL DEHEZA SA, imponiendo las costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Soria, Juárez y Licht por encontrarse vacante la Vocalía de la 14a. Nominación (arts. 52 del R.T.F.N. y 1162 del CA)
Date: 2024.07.01 13:17:01 -03:00 Date: 2024.07.01 13:47:48 -03:00 Miguel Nathan Licht Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.07.01 13:49:39 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.07.01 13:49:40 -03:00
Fin de la sentencia