Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.240 FOLIO Nº 167/170 PROT. ELECT. JR101 388I.261
Río Gallegos, 10 de septiembre de 2026.
La presente causa caratulada: “DR. S.O.L.D. S/ INTERPONE NULIDAD EN AUTOS CARATULADOS: “G.Y.A. S/ DENUNCIA” Expte. Nº G-79345/24, Apelación/Causa JR Nº 10336/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 01/04 de este incidente se presenta el defensor técnico del imputado G.A.B., interponiendo un planteo de nulidad contra el auto interlocutorio de fecha 21 de agosto del corriente (Tomo: CLXIII; Registro: 10119; Folio: 039/040) dictado por este Juzgado de Recursos, que rechazó el recurso de queja por apelación denegada Que, corrida la vista a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones, a fs. 15/17 dictamina que el planteo de nulidad debe ser rechazado y;
Que, la defensa del imputado G.A.B. plantea la nulidad del interlocutorio de esta alzada que rechazó el recurso de queja por apelación denegada, pues entiende que el Juez titular debió inhibirse de intervenir por haber actuado en este mismo proceso respecto de planteos formulados por la defensa, emitiendo valoración concreta sobre cuestiones directamente vinculadas con la actuación del Juzgado de Instrucción N° 2.
En tal sentido, señala que en fecha 26 de mayo de 2025, el Dr. N.A.S., actuando en carácter de Juez de Recursos, dictó el interlocutorio registrado bajo Tomo CXLVIII – Registro N° 9376 – Folio 183/184, correspondiente al incidente formado en estos mismos autos bajo la denominación: “Incidente de recusación en autos: G.Y.A. s/ denuncia”, Expte. N° I-79345/24, Causa N° 9557/25 donde, a su juicio, el referido magistrado examinó y resolvió el planteo de recusación articulado por esta misma defensa contra el entonces Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción N° 2.
Refiere que la situación se encuentra incluida en el art. 49 del CPP como motivo de apartamiento del Juez, por haber intervenido dentro del mismo proceso. Explica que es una regla destinada a preservar una condición esencial del proceso penal: que quien deba ejercer jurisdicción lo haga desde una posición objetiva de imparcialidad y sin encontrarse condicionado por pronunciamientos anteriores susceptibles de comprometer la apariencia de neutralidad que debe revestir toda decisión jurisdiccional.
Aduce que el anterior pronunciamiento del Dr. N.A.S. no estuvo referido a una cuestión completamente ajena a los agravios posteriormente sometidos a su conocimiento, pues señala que en ambos se cuestionaba la actuación del Juzgado de Instrucción N° 2 respecto de medidas adoptadas contra el imputado. Dice que esa superposición comprometía objetivamente la garantía de imparcialidad y tornaba exigible su apartamiento. Aclara que la cuestión es institucional y objetiva.
Explica que quien ya intervino jurisdiccionalmente en este proceso y se pronunció sobre cuestionamientos relacionados con la actuación del juez instructor, no debía posteriormente colocarse nuevamente en posición de órgano revisor respecto de decisiones dictadas en esa misma investigación, pues se protege la confianza que los justiciables deben poder depositar legítimamente en la neutralidad del órgano jurisdiccional.
Es así que, encuadra su planteo en lo previsto por los arts. 159 y 160 del CPP, y asegura que el perjuicio es concreto, actual y directamente derivado del acto cuya nulidad se solicita. Entiende que declarada la misma, se debe disponer el apartamiento del titular de este Juez de Recursos, y remitir las actuaciones al magistrado que corresponda a efectos de que dicte un nuevo pronunciamiento sobre el recurso de queja.
Como medida adicional, pide la suspensión de la pericia informática fijada para el 1° de septiembre de 2026, hasta tanto se resuelva este planteo de nulidad y exista un pronunciamiento respecto del recurso de queja. Explica que el acceso a información confidencial, comunicaciones profesionales y documentación amparada por el secreto profesional constituye un acto material que, una vez realizado, no puede ser retrotraído. Finalmente, formula reserva de ocurrir ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y caso federal (art. 14 de la Ley 48).
Al contestar la vista conferida, la Fiscalía ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial entendió que el planteo no puede prosperar, pues en el pronunciamiento cuya validez se discute, el Juez de Recursos no se introdujo en el examen de la procedencia sustancial de las medidas cuestionadas, ni efectuó una nueva valoración acerca de la legitimidad de los allanamientos o secuestro anteriormente analizados, sino que su decisión se limitó a efectuar un control estrictamente procesal acerca de la recurribilidad de la providencia atacada, concluyendo que se trataba de una resolución dictada sin sustanciación, respecto de la cual correspondía interponer recurso de reposición y, en su caso, apelación en subsidio, conforme los art. 429 y concordantes del CPP.
Consideró que, aun cuando el Dr. S. hubiera intervenido anteriormente en cuestiones relativas a la validez de los allanamientos y secuestros, el interlocutorio de fecha 21 de agosto de 2026 no importó revisar nuevamente esas medidas ni pronunciarse acerca de la procedencia de la pericia informática, de la restitución de los bienes o del inmueble involucrado, pues su actuación quedó circunscripta a determinar si el recurso de apelación había sido correctamente denegado, resolviendo exclusivamente una cuestión de admisibilidad y vía procesal. En cuanto a la nulidad de orden general impetrada, entendió que la garantía de imparcialidad no puede considerarse afectada por la sola circunstancia de que un magistrado haya tenido intervenciones anteriores dentro del mismo proceso, sino que debe verificarse si, por la naturaleza y alcance de aquellas decisiones, se encuentra objetivamente comprometida su capacidad para resolver la cuestión posteriormente sometida a su conocimiento.
En suma, concluyó señalando que la nulidad no puede constituirse en un mecanismo destinado a retrotraer el procedimiento con el objeto de subsanar omisiones o elecciones procesales de las partes cuando no se demuestra una concreta afectación de garantías constitucionales. Sostuvo que, en el caso, no se advierte que la intervención del magistrado haya privado al imputado de un juez imparcial, ni que el pronunciamiento cuestionado sea consecuencia de una valoración previamente asumida sobre la materia que debía resolver.
I. Que, previo a ingresar al análisis de la cuestión de fondo traída a estudio, resulta imperativo recordar la doctrina consolidada de esta Alzada en consonancia con los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En materia de nulidades procesales, debe primar un criterio de interpretación restrictiva, siendo procedente la declaración de invalidez de las actuaciones únicamente cuando el vicio denunciado afecte de manera directa y sustancial un derecho o garantía constitucional de la defensa y ocasione un perjuicio real e irreparable a los justiciables (confr. Apelaciones N° 6770/20, 6916/21, 7643/22, 7729/22 y, más recientemente, Apelación JR N° 9609/25).
Como ha sostenido reiteradamente el Máximo Tribunal de la Nación, las nulidades por vicios formales exigen como presupuesto esencial que el acto impugnado tenga trascendencia real sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción efectiva de algún otro derecho consagrado. De lo contrario, la aplicación de la sanción procesal cede frente al principio de conservación de los actos procesales, respondiendo de otro modo a un "formalismo vacío" en desmedro de la pronta administración de justicia y del debido proceso (CSJN, Fallos: 325:1404, 330:4549 y 34:1081).
Bajo esta premisa, el planteo de la defensa técnica será analizado a fin de determinar si el vicio alegado reviste la magnitud necesaria para conculcar las garantías que rigen el proceso penal, o si, por el contrario, nos encontramos ante un supuesto de nulidad por la nulidad misma.
Que la defensa técnica encuadra el apartamiento del Juez de Recursos en lo normado por el art. 49 del CPP, alegando falta de imparcialidad objetiva en razón de haber dictado el auto interlocutorio del 26 de mayo de 2025 que rechazó la recusación del magistrado de primera instancia, Dr. F.Z. Al respecto, es preciso delimitar los alcances del instituto de la recusación y la excusación en nuestro ordenamiento adjetivo. El apartamiento de los jueces constituye una medida de extrema gravedad institucional, por lo cual las causales de recusación y excusación previstas de manera taxativa por la ley deben interpretarse de forma restrictiva, prevaleciendo la garantía constitucional del Juez Natural. (véase: "División Comisaría Secc.
1. s/ Investiga", Apelación JR Nº 9417/25).
En este sentido, la intervención previa que obstaculiza la posterior actuación de un juez en la causa supone haber participado activamente en el rol de acusador, defensor, testigo o perito, o bien haber dictado la resolución sustancial recurrida o emitido opinión/prejuzgamiento concreto sobre la materialidad del hecho o la responsabilidad penal del encausado de tal modo que comprometa su neutralidad en la posterior etapa de juicio o resolución definitiva.
En el presente caso, la intervención anterior del Dr. N.A.S. en fecha 26 de mayo de 2025 se limitó estrictamente a resolver un incidente de recusación planteado contra el Juez de Instrucción Subrogante. Esta decisión reviste un carácter netamente procesal y accesorio que en absoluto versó sobre el fondo de la imputación dirigida contra G.A.B. Resolver la procedencia de un apartamiento judicial de ningún modo implica emitir una valoración concreta o prejuzgamiento sobre las hipótesis de cargo, la valoración de las pruebas de la causa principal o la legitimidad de las medidas cautelares o probatorias allí ordenadas.
Asimismo, asiste plena razón a lo dictaminado por la Sra. Fiscal ante las Cámaras de Apelaciones cuando advierte que el Juez de Recursos, al rechazar el recurso de queja interpuesto, realizó un control formal y estrictamente procesal respecto de la admisibilidad del recurso de apelación intentado. En dicha oportunidad, esta Alzada constató que la resolución atacada por el quejoso era una providencia dictada sin sustanciación respecto de la cual el rito prescribe la interposición previa del recurso de reposición y, en su caso, apelación en subsidio (art. 429 del CPP). De tal manera, la decisión de esta alzada se limitó a señalar el sendero impugnativo adecuado según la normativa adjetiva, sin ingresar al examen de la legitimidad sustancial de los allanamientos o los secuestros que motivaban el agravio original. Por lo tanto, la superposición que alega la defensa es inexistente desde la óptica del prejuzgamiento. Sostener la postura defensiva implicaría la parálisis de la actividad de los tribunales de alzada, pues bastaría con que un magistrado resuelva cualquier incidencia meramente procesal, formal o de competencia en un legajo para quedar automáticamente apartado de entender en las futuras apelaciones de la misma causa, desnaturalizando la estructura de recursos y afectando severamente el servicio de justicia. Al no comprobarse vicio sustancial alguno que afecte la imparcialidad del juzgador, el planteo de nulidad impetrado deviene infundado y debe ser desestimado.
Que como medida accesoria la defensa solicita la suspensión de la pericia informática programada para el 1° de septiembre de 2026, fundando su petición en el resguardo de información confidencial y el secreto profesional.
Al respecto, cabe señalar en primer término que, conforme la fecha actual de tratamiento de la presente incidencia, la fecha fijada para la producción de la referida medida ya ha acontecido en el tiempo, por lo que el planteo de suspensión temporal deviene abstracto por sustracción de materia.
Sin perjuicio de ello, y a mayor abundamiento, habiéndose resuelto el rechazo del planteo de nulidad principal y manteniéndose incólume la validez del auto interlocutorio dictado por este Juez de Recursos respecto de la queja procesal, no se advierte vicio o irregularidad sustantiva que justifique la injerencia de esta alzada en el curso ordinario de las medidas de instrucción dispuestas por el Juez de grado. Las facultades discretas del instructor para disponer las probanzas útiles encaminadas al descubrimiento de la verdad se encuentran plenamente vigentes, debiendo las partes canalizar sus planteos específicos sobre la pertinencia y el control de la prueba por los carriles previstos en la etapa instructora de origen, razón por la cual corresponde rechazar lo peticionado en este punto.
Finalmente, en relación con las reservas formuladas por la parte recurrente de acudir en casación ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y por vía del Recurso Extraordinario Federal de conformidad con el art. 14 de la Ley N° 48, corresponde tenerlas presentes para el momento procesal oportuno.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, oída la Fiscalía ante las Excmas.
Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de subrogante de Recursos,
articulado por la defensa técnica del imputado G.A.B. contra el auto interlocutorio dictado por este Juzgado de Recursos que rechazó el recurso de queja, por los fundamentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del pedido de suspensión de la pericia informática fijada para el 1° de septiembre de 2026, en mérito de las razones expuestas en los considerandos.
3. TENER PRESENTE las reservas de acudir en casación ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y de interponer el Recurso Extraordinario Federal en los términos del art. 14 de la Ley N° 48, formuladas por la defensa.
4. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante SNE.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(PB)
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos E. Arenillas –Juez subrogante-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia