Abriendo la norma
TOMO CLXII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.146 FOLIO Nº 059/062 PROT. ELECT. JR101 293I.261
Río Gallegos, 28 de julio de 2026.-
La presente causa caratulada: “DR. L.M. Y OTRO S/ SOLICITA PRISION DOMICILIARIA”, Expte. Nº D-18737/2025-2 Apelación/Causa JR Nº 10263/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 94/100, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Río Turbio, Dra. R.F., quien en el punto I°) rechazó el pedido de prisión domiciliaria interpuesto a fs. 09/21 vta. y 22/31 y la ampliación de la misma obrante a fs. 84/88 vta. y 89/92 del presente incidente solicitado por la defensa técnica particular del imputado L.F..-
Que a fs. 101/116, la defensa técnica particular apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 134 sostuvo el recurso (cód. validación 36276141) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, amplió el memorial de agravios.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos,
I. La defensa indicó que la resolución recurrida evidencia una sucesión de defectos de fundamentación que, analizados en forma conjunta, revelan un pronunciamiento jurídicamente insuficiente.- Hizo mención aduciendo que el auto resolutorio estructura su razonamiento central sobre una premisa que carece de todo sustento legal al sostener que "no consta que el estado de salud del detenido se haya visto agravado desde la fecha de su detención o que la misma impida una adecuada recuperación y tratamiento de las afecciones de salud que existan".-
Señaló que la resolución impugnada desplaza indebidamente el objeto del análisis; en lugar de preguntarse si la dependencia policial donde permanece alojado el Sr. F. posee las condiciones necesarias para asegurar el seguimiento gastroenterólogo, psicológico, neuroquirúrgico y clínico que requiere su estado de salud, exige que la defensa demuestre un agravamiento ocurrido durante la detención, circunstancia ajena al texto de la ley.-
II. Omisión de ponderar el propio reconocimiento de la Sra. Agente Fiscal sobre la insuficiencia estructural del lugar de detención: argumentó que al evacuar la vista conferida, la propia Sra. Agente Fiscal, Dra. P.M., reconoció expresamente que la dependencia policial donde actualmente permanece alojado el Sr. L.F. carece de infraestructura médica permanente, servicios de gastroenterología, capacidad diagnóstica propia y recursos adecuados para garantizar un seguimiento clínico; agregó, que la resolución recurrida arriba a una conclusión exactamente contraria sin explicar las razones por las cuales descarta ese reconocimiento ni efectúa el más mínimo análisis acerca de su incidencia sobre la procedencia del beneficio solicitado.-
III. Erróneo encuadre normativo.
Confusión entre la exención de prisión y la morigeración de la modalidad de cumplimiento de la prisión preventiva: manifestó que el Sr. L. ya se encuentra privado de su libertad en virtud de una prisión preventiva vigente; en ningún momento se ha solicitado el levantamiento de dicha medida cautelar ni cuestionó su existencia; lo que se requirió fue exclusivamente la morigeración de la modalidad de cumplimiento de esa prisión preventiva mediante su ejecución bajo la modalidad de arresto domiciliario, manteniéndose incólumes los fines cautelares del proceso.-
IV. Arbitrariedad por falta de fundamentación suficiente (art. 18 CN, art. 116 CPPSC): dijo que la resolución omite el tratamiento expreso e individualizado de los elementos de prueba incorporados en al ampliación -antecedentes traumáticos de la tragedia minera de 2004, cirugía de columna lumbar, carácter preneoplásico de la metaplasia intestinal-, limitándose a una afirmación genérica de inexistencia de modificación fáctica, lo que impide conocer el razonamiento seguido para descartarlos y afecta el derecho de defensa y el control recursivo.-
Consideró que se incurrió en un déficit de fundamentación al rechazar la prisión domiciliaria sin analizar de manera individualizada los nuevos elementos médicos, psicológicos y laborales incorporados en la ampliación obrante a fs. 84/88vta. y 89/92.- V) Ausencia absoluta de tratamiento de arraigo y de los riesgos procesales. Omisión de analizar el presupuesto esencial de toda medida de coerción: planteó que hubo un defecto de fundamentación de singular gravedad al omitir por completo el análisis de los riesgos procesales, cuestión que constituye el presupuesto esencial para mantener cualquier medida de coerción personal.-
VI. Falta de ponderación de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (Ley N° 27.360): reiteró que se omitió considerar uno de los principales fundamentos normativos -Ley 27.360-, siendo un instrumento internacional específicamente destinado a tutelar los derechos de las personas mayores privadas de la libertad.- VII)
Arbitrariedad por fundamentación aparente. Confusión entre la posibilidad de recibir asistencia médica eventual y el derecho a recibir un tratamiento adecuado e integral: insistió acerca que la resolución reconoce que el Sr. F. permanece alojado en una dependencia policial, sin embargo, no explica de qué modo ese establecimiento puede garantizar el seguimiento que requieren las patologías acreditadas.- VIII) Falta de ponderación de la situación familiar acreditada: referenció que hubo un déficit de fundamentación al omitir toda valoración concreta de la situación familiar acreditada en autos; ya que la cónyuge Sra. C.G. y el hijo del imputado R.A.F., presentan problemas de salud.- Determinó que la omisión de ponderar la situación familiar, unida a la valoración de circunstancias que jamás fueron corroboradas mediante el correspondiente informe socioambiental, constituye un nuevo supuesto de fundamentación aparente y de arbitraria valoración de la prueba; por ende, solicitó que se revoque la resolución impugnada o, subsidiariamente, se ordene la producción de la prueba pendiente antes de emitir un nuevo pronunciamiento sobre el fondo del planteo.-
IX. Resolución dictada sin la producción de prueba pericial pendiente. Vulneración del derecho de defensa en juicio y de la garantía de producción de prueba: sostuvo que la resolución recurrida fue dictada prescindiendo de la producción de diversas medidas probatorias oportunamente solicitadas, cuya realización resultaba directamente conducente para resolver la cuestión debatida; se decidió una cuestión médica y sanitaria sin contar con la totalidad de los elementos técnicos.- Sostuvo que se omitió realizar el informe a cargo del Cuerpo Médico Forense dependiente del Tribunal Superior de Justicia. En otras palabras, plantea que no se dio intervención a un profesional de la psicología a fin de evaluar el estado de salud mental del Sr. F..-
Remarcó que el Juzgado omitió impulsar la producción de las medidas técnicas pendientes y, sin embargo, concluyó que no se encontraban acreditados los presupuestos para la procedencia de la prisión domiciliaria.-
En definitiva solicita que se revoque la resolución impugnada y se haga lugar a la prisión domiciliaria.- Reitera que se encuentran pendientes de producción el informe médico a cargo del cuerpo médico forense dependiente del Tribunal Superior de Justicia, la evaluación pericial psicológica y psiquiátrica integral del Sr. F., la designación del perito de parte ofrecido por la defensa, el informe socioambiental del domicilio ofrecido para el cumplimiento de la medida y la constatación del estado de salud de la Sra. C.G. y del Sr. R.A.F..-
Insistió que la circunstancia de que el incidente haya sido resuelto sin la producción de estas medidas, afecta el derecho de defensa en juicio y la garantía de obtener una decisión fundada en la totalidad de los elementos de convicción disponibles.-
Citó jurisprudencia y doctrina avalando su postura.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
1. Que, en relación al agravio esgrimido por la defensa técnica en el que se tacha de arbitraria y carente de fundamentación la resolución de la A Quo que denegó el beneficio de la prisión domiciliaria, adelantamos que el planteo no tendrá favorable acogida.- En primer término, cabe recordar que las sentencias y los autos procesales deben ser motivados bajo pena de nulidad, tal como lo exige de manera imperativa el artículo 116 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Cruz.-
En esta línea, este tribunal sostiene de manera invariable que: "...La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…" (Ferrajoli, Luigi; "Derecho y razón. Teoría del garantismo penal"; Ed. Trotta; pág. 378).-
Sin embargo, la tacha de arbitrariedad por supuesta falta de fundamentación no puede prosperar cuando el resolutorio impugnado expone, de manera clara y razonada, los motivos que sustentan la decisión, aun cuando estos resulten contrarios a los intereses de la parte recurrente. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene de forma reiterada que: "...La doctrina de la arbitrariedad requiere que las resoluciones recurridas prescindan inequívocamente de la solución prevista en la ley, o adolezcan de una manifiesta falta de fundamentación..." (Cita online: CSJN 325:324 •30003297), no teniendo por objeto corregir decisiones que la parte estime equivocadas según su discrepancia subjetiva o criterio divergente (Criterio seguido en Apelaciones Nos. 10015/26, 10017/26).- En segundo término, respecto al marco normativo aplicable al beneficio solicitado, el artículo 297 del Código Procesal Penal provincial establece que el juez ordenará la detención domiciliaria de las personas a las cuales pueda corresponder, de conformidad con lo establecido en el Código Penal, el cumplimiento de la prisión en su domicilio.- Dicha remisión nos conduce de forma directa al artículo 10 de la ley sustantiva, el cual prevé con carácter taxativo los supuestos excepcionales bajo los cuales el juzgador puede conceder esta modalidad de detención (tales como afecciones graves de salud que impidan el tratamiento intramuros, padecimiento de enfermedades incurables en período terminal, discapacidad con trato inadecuado, o mujeres con hijos menores de cinco años de edad).-
La jurisprudencia ha dicho: "...La solicitud de arresto domiciliario respecto de un interno con hábitos tóxicos de tabaquismo y antecedentes de miocardiopatía isquémica e hipertensión debe rechazarse si sus requerimientos sanitarios pueden ser razonablemente cubiertos por el Servicio Médico del Penal y no se acreditó que la permanencia intramuros ponga en riesgo su salud, pues la enfermedad no habilita per se la procedencia de tal medida, sino que se requiere que a la afección de la salud se sume un plus consistente en la obstaculización del adecuado tratamiento e inviabilidad del alojamiento en un establecimiento hospitalario..." (Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, sala penal, 03/03/2015, P., H. R. s/ Cuerpo de ejecución de pena privativa de libertad - Recurso de Casación, La Ley Online, TR LALEY AR/JUR/1171/2015).- Por lo tanto, la procedencia de la prisión domiciliaria no constituye un derecho de concesión automática por la sola petición de la defensa, sino que se encuentra supeditada a la verificación rigurosa de los requisitos legales exigidos por la norma de fondo.-
En tal sentido, no se vislumbra atisbo de arbitrariedad en la resolución puesta en crisis, toda vez que la magistrada de instrucción, analizó las circunstancias particulares de la causa, concluyendo que la situación del encartado no encuadra en los presupuestos de excepción del citado artículo 10 del Código Penal.- Las objeciones de la defensa, lejos de acreditar una fundamentación aparente, evidencian un mero disenso subjetivo con la ponderación de las circunstancias de hecho y la subsunción típica efectuada por la jueza de grado subrogante, lo cual resulta ineficaz para conmover un acto jurisdiccional válido.-
En función de lo expuesto, debemos rechazar de plano la presunta valoración arbitraria postulada por la parte reclamante. En consecuencia, reiteramos, el presente agravio no habrá de prosperar.- 2) En cuanto a la crítica relacionada a las medidas de prueba que no fueron sustanciadas por la Magistrada previo a resolver, adelantamos que el planteo será desestimado.-
Cabe recordar, que es criterio constante e invariable de este Juez de Recursos que en la etapa de instrucción los jueces no están obligados a producir todas las medidas de prueba solicitadas por las partes, sino únicamente aquellas que consideren útiles, conducentes y pertinentes para los fines del proceso (Criterio adoptado en Apelación N° 10010/26).- Al respecto, nuestro digesto procesal consagra la facultad discrecional del magistrado en su carácter de director del proceso, lo cual es sostenido de manera invariable por esta Alzada: “...como consecuencia de la discrecionalidad técnica de la que goza, el juez de primera instancia, en su carácter de director del proceso, debe disponer la realización de las diligencias probatorias que estime pertinentes y útiles para el descubrimiento de la verdad material que es, en definitiva, la finalidad de la etapa instructoria (artículo 193 CPPN). Dicha facultad implica no sólo decidir con respecto a la realización de una medida de prueba sino también escoger tanto la ocasión como el modo en que deberá producirse aquélla. En cuanto a ello, conforme lo establece el artículo 199 CPPN, ha señalado esta Sala en reiteradas oportunidades que todo lo relativo a diligencias probatorias “queda incluido dentro de las facultades discrecionales del Juez, en virtud de lo normado por el artículo ya citado, resultando las decisiones que se tomen en esa dirección irrecurribles…” (TR LALEY AR/JUR/43899/2018) (Criterio seguido en Apelación N° 10038/26).-
A mayor abundamiento, otros tribunales del orden federal han entendido que: "...La defensa no ha logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, toda vez que se ha limitado a invocar defectos de fundamentación en la resolución impugnada, a partir de una discrepancia sobre la interpretación de las circunstancias concretas del caso que el tribunal a quo consideró relevantes para denegar la prisión domiciliaria en favor de la imputada..." (Cámara Federal de Casación Penal, sala I, 20/09/2022, S.G., R.V. s/ incidente de prisión domiciliaria, RDP 2023-1 , 56, TR LALEY AR/JUR/129762/2022).- Amén de ello, es dable destacar que la parte querellante, la Fiscalía y la Defensora Ad Hoc de Niños, Niñas y Adolescentes, desaconsejaron la prisión domiciliaria del encartado L.F.. Sumado a ello, advertimos que la Jueza explicó coherentemente a fs. 98vta./99vta. de estos autos, las razones que la llevaron a rechazar el pedido de la defensa, criterio con el que esta Alzada concuerda íntegramente, y de donde surge que la decisión no fue arbitraria como pretende el recurrente, sino que se fundó –principalmente- en la documentación anexada y la opinión dada por las partes intervinientes.-
Al respecto, se ha dicho:
“La decisión de otorgar el beneficio del arresto domiciliario es una facultad discrecional exclusiva del Juez -en el caso, se revocó la decisión que había otorgado la prisión domiciliaria a un imputado mayor de 80 años, acusado de delitos de lesa humanidad-, más no una obligación imperativa y automática dispuesta por la ley, cuando se verifique la causal objetiva de que el imputado procesado o el condenado haya cumplido o tenga más de 70 años de edad, en ocasión de encontrarse privado de su libertad personal" (del voto del doctor Vélez Funes) (Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; Sala A; D.,C.A. y otros; 23/06/2009; Cita Online: AR/JUR/15508/2009).- Otro fallo coincidente, señaló: “Debe denegarse el pedido de cumplimiento domiciliario de la prisión al condenado por corrupción de menores y abuso sexual en perjuicio de un menor bajo su guarda, aun cuando cuente con 70 años de edad, si en la vivienda donde se propone el cumplimiento de la pena habitaría con su hijastro” (Cámara Nacional de Casación Penal; Sala III; S., M. A.; 01/04/2009; Cita Online: 35031808).- Finalmente, consideramos que la decisión adoptada ha sido dictada ponderando de manera integral las constancias de la causa, resguardando el interés superior de la niña B.G. como consideración primordial, conforme la normativa constitucional, sin menoscabo de las garantías y derechos que asisten al imputado, los que han sido plenamente respetados durante el trámite del presente incidente. En consecuencia, el rechazo de la prisión domiciliaria constituye una respuesta jurisdiccional debidamente fundada, razonable y proporcional a las circunstancias del caso.-
Es por lo expuesto, que los cuestionamientos introducidos carecen de entidad suficiente para modificar lo resuelto, confirmando el auto apelado.-
3)Reserva: por último, formuló reserva de recurrir en Casación ante el Tribunal Superior de Justicia y Caso Federal (art. 14 Ley N° 48); la que será tenida en cuenta oportunamente.-
4. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
5. Comunicaciones:
En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 94/100 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.- 2°) TENGASE PRESENTE la reserva de casación y caso federal formulada por la defensa técnica del imputado.- 3º) REGISTRESE y NOTIFIQUESE a las partes mediante sne.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia