Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 33.620-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N°453/2013 (AD MEND), dictada en la Actuación SIGEA N°12437-549-2008.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-40226746-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 19 de Abril de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “DRANGUS S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 33.620-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se trae a consideración de este tribunal se endilgó a las recurrentes la infracción prevista en el art. 954 ap. 1 inc. a), b) y c) del Código Aduanero (“CA”). El ente recaudador considera que se cometió una inexactitud en relación al valor de la mercadería involucrada en el manifiesto general y relación de la carga, lo que, sumado a la naturaleza y características de parte de los bienes ingresados, implica un perjuicio fiscal, una transgresión a una prohibición y un egreso de un importe de divisas distinto al que corresponde. El acto administrativo recurrido dispuso aplicar una multa por $616.605,64 (inc. a y c), otra multa por $19.392 (inc. b), una diferencia tributaria por $616.605,64 (en caso de convertir la destinación a una importación a consumo) y ordenó la reexportación de la mercadería considerada de importación prohibida.
II. Las actoras presentaron una apelación en contra de la decisión administrativa mencionada, mediante la cual advierten una contradicción en el razonamiento del administrador al momento de dictar la resolución condenatoria. Explican que los fundamentos expuestos no explican como una declaración sumaria puede o pudo causar perjuicio fiscal, egreso de un importe de divisas distinto al que corresponde o transgresión a una prohibición de importación. Indican que los bultos fueron recibidos cerrados y fueron descargados en el depósito aduanero de destino sin la oportunidad de inspeccionar su contenido, recibiendo únicamente una descripción genérica de las mercancías y su valor total. Señalan que la declaración efectuada fue veraz y exacta, por lo que no corresponde la multa impuesta. Manifiestan que las supuestas inexactitudes se originan en la declaración formulada por otro (el importador) en una operación (reembarco) que tuvo lugar con posterioridad a que había finalizado su intervención (tránsito internacional). Se agravian por la imposición de una doble multa, debiendo reclamarse solo el importe mayor. Objetan la responsabilidad solidaria impuesta, teniendo en cuenta que la legislación aduanera no lo prevé. Finalmente ofrecen prueba, hacen reserva del caso federal y solicitan se revoque el fallo aduanero, con costas.
III. Por su parte, la representación fiscal defiende la validez del acto administrativo. Sostiene que la infracción enrostrada se refiere a la detección de una declaración inexacta de mercadería sin establecer un tipo determinado de declaraciones, sino que el propio CA se refiere a cualquier operación o destinación que difiera con lo que resultare de la comprobación. Señala que la responsabilidad infraccional es de carácter objetivo, sin importar la voluntad del agente infractor. Finalmente acompaña prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). Este criterio resulta de aplicación más rigurosa en supuestos como el presente en que los agravios se encuentran vinculados a la revisión del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.
V. En el caso que se presenta en cuestión, se estableció una multa y sanción a la empresa de transporte Drangus S.A. junto con el Agente de Transporte Aduanero (ATA) Francisco Vallee Burlando, por considerarlos responsables solidarios de la infracción prevista en el art. 954 ap. 1 inc. a), b) y c) del CA. En relación a ello, he hablado en precedentes anteriores acerca de que la responsabilidad en materia sancionatoria administrativa no se basa en la intención o culpa del sujeto, sino en el hecho de no cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa. La imputación no requiere una evaluación moral del sujeto, sino una evaluación de su cumplimiento de las obligaciones. Además, la magnitud de la sanción no debe estar relacionada con la culpa, sino con el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, se diferencia de la teoría del delito y su enfoque en la acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. El principio de culpabilidad no se aplica en la misma forma en la materia sancionatoria administrativa. Para simplificar podría decir que, en el ámbito administrativo, el enfoque se centra en el cumplimiento de la obligación y no en la moralidad o la intención del sujeto. En lugar de evaluar la culpa o el dolo, la administración evalúa si la conducta del sujeto cumple con las normas establecidas y, en caso contrario, puede imponer sanciones. Además, en la materia sancionatoria administrativa, también se puede responsabilizar por hechos realizados por terceras personas, estableciéndose una forma de responsabilidad objetiva. Así pues, en materia sancionatoria administrativa es posible responsabilizar por hechos que escapan a la consciencia, voluntad o control del sujeto, como los realizados por terceras personas e introducir una forma de responsabilidad objetiva. En rigor, sucede que, en el ámbito administrativo, encuadrado una conducta en una norma sancionadora, no corroborándose ninguna causa de justificación, no es menester preguntarse si el agente obligado actuó con dolo o culpa.
Considerados así sumariamente, la sanción administrativa se enfoca más en el cumplimiento de la obligación y en la protección del interés público, en lugar de centrarse en la responsabilidad moral del sujeto. Además, el castigo administrativo no debe ser excesivo y no debe estar relacionado con la intensidad de la culpa o responsabilidad moral del sujeto. La finalidad de la sanción administrativa es garantizar que se cumplan las normas y regulaciones establecidas, y no castigar al sujeto por su conducta. De acuerdo con los criterios antes señalados, son elocuentes los problemas que depararía la incorporación plena de los elementos de la teoría del delito y sus categorías analíticas de acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad en la materia administrativa sancionadora.
Abreviando: en el ámbito sancionador administrativo, la responsabilidad es diferente a la responsabilidad penal. En este ámbito, la responsabilidad se basa en la violación de una norma administrativa y no se requiere una evaluación moral del comportamiento del sujeto sino una evaluación sobre su cumplimiento de la obligación. Además, en la imputación de responsabilidad, no se requiere investigar la persona física que tenía el control del hecho. La sanción administrativa no tiene como objetivo castigar por la culpa o el dolo del sujeto, sino por su incumplimiento de una obligación. En consecuencia, la magnitud de la sanción no debe ser proporcionada a la culpa del sujeto para evitar un exceso de punición.
Este punto se puede destacar observando que la obligación de cumplir con las normas administrativas recae sobre la persona que se encuentra en posición de hacerlo, independientemente de su conocimiento o intención de incumplir con dichas normas. En este sentido, el principio de culpabilidad no es un requisito para imponer una sanción administrativa, aunque esto no significa que no se puedan tomar en cuenta factores como la culpa o el dolo en la determinación de la magnitud de la sanción.
VI. Sin embargo, es importante destacar que esta forma de entender la responsabilidad administrativa está sujeta a limitaciones y excepciones. Precisamente, en este caso se pone de manifiesto que la normativa específica que se aplica hace imposible achacar la responsabilidad a la empresa de transporte y al ATA. Como subyace, existen situaciones en las que el cumplimiento de la norma administrativa resulta imposible, como cuando existe una circunstancia de fuerza mayor que lo impide. En estos casos, la sanción administrativa no sería aplicable.
En ese sentido, la imputación aquí perseguida tiene como fundamento principal la entrega al ATA de la documentación necesaria a los fines del ingreso al país de mercadería en infracción a la ley aduanera por estar la misma subfacturada y a la Ley de Marcas por detectarse en la carga la existencia de mercadería “pirata” o falsificada. Por su lado, el ATA habría ingresado al SIM valores falsos para la mercadería en trato, permitiendo este hecho la “contaminación” de las bases de valores referenciales para la mercadería idéntica y/o similar.
Ahora bien, el artículo 902 del CA es elocuente: “No se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de responsabilidad por hecho de otro previstos en este Código”. Así, verbigracia, resulta claro que el transportista no tiene la posibilidad de constatar las características de la mercadería contenida en los bultos o contenedores cerrados, por lo cual el contenido de la declaración que supone la presentación del manifiesto, sólo puede referirse a la cantidad de bultos, su volumen y su peso, siendo ello el motivo por lo que las diferencias punibles en esa etapa sólo se deben a los denominados faltantes o sobrantes. En cuanto a la descripción de la mercadería, la obligación del transportista sólo consiste en transcribir lo que ha sido declarado por el cargador, por lo que es irrazonable exigirle que haga una declaración en detalle de la mercadería que se encuentra en el interior de los contenedores o bultos, y menos que comprometan la posición que le correspondería a la mercadería en la nomenclatura aplicable.
En virtud de lo expuesto, no corresponde la aplicación de la infracción endilgada al transportista y el ATA.
VII. Por la forma en que se resuelve el presente, se torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas.
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N°453/2013 (AD MEND), dictada en la Actuación SIGEA N°12437-549-2008.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N°453/2013 (AD MEND), dictada en la Actuación SIGEA N°12437-549-2008.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2024.04.19 11:50:30 ART Date: 2024.04.19 11:54:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.19 14:00:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.19 14:01:02 -03:00
Fin de la sentencia