Abriendo la norma
Juez de Recurso 1º Circ. Judicial
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.301 FOLIO Nº 131/133 PROT. ELECT. JR101 449I.261
Río Gallegos, 02 de Octubre de 2026.
La presente causa caratulada: "DRES. L.D Y A.
S/INCIDENTE DE NULIDAD (EN AUTOS E.L.E. S/SOLICITA
EXCA/RCELACION)", Expte. Nº 84.525/26 - Apelación/Causa JR Nº 10.335/26IR3, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 02 del presente incidente obra glosado el proveído por el cual no se hizo lugar a la audiencia solicitada por la defensa técnica del imputado.
Que a fs. 03/04vta., la defensa técnica interpuso recurso de nulidad y a fs. 06/07 dictaminó la Sra. Fiscal de Cámaras, quedando en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos, Y
I. Que los recurrentes plantean la nulidad del proveído del 11 de septiembre del año en curso, por el que no se hace lugar a la solicitud de audiencia para ampliar el memorial de agravios solicitada por la defensa técnica, de conformidad con lo establecido por el art. 166 del CPP. Concretamente argumentan que lo dispuesto resultaría contrario a derecho y carente de motivación, conteniendo una motivación aparente, por lo que entienden deviene arbitrario y violatorio de las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, causando un gravamen irreparable a su asistido por privarlo de la posibilidad de ser escuchado por un Juez a través de sus defensores, colocándolo en un estado de indefensión.
Sostienen que el art. 437 del CPP en ninguna parte autoriza al Juez la elección de la modalidad en la que se debe hacer la presentación, lejos de ello y contrariamente a lo sostenido en el proveído de referencia, son únicamente las partes quienes pueden elegir la modalidad escrita u oral.
Se agravian de la mención a que “es de práctica de esta Alzada”, cuando el Dr. C.E.A., se encuentra a cargo por subrogancia legal, infiriendo falta de independencia y parcialidad del juzgador subrogante.
Del mismo modo se agravian del proveído en cuanto dejó asentado que “según la práctica del Juzgado de Recursos, la presentación por escrito responde a los estándares del mejor servicio de justicia”, sin explicar tal razonamiento y por lo tanto plantean que se trata de un dogma carente de motivación.
Finalmente, con relación a la constancia que existirían numerosos dictámenes de la Fiscalía de Cámara que sostendrían que la presentación del memorial por escrito no vulnera el derecho de las partes, plantean que esos dictámenes no son vinculantes para el Juez ni la Fiscalía es un órgano competente para legislar.
II. Que, a los efectos de la autosuficiencia de la presente resolución, resulta relevante destacar que a fs. 06/07 obra dictamen de la Sra. Fiscal de Cámaras, quien entendió que: “…Analizados los fundamentos expuestos por la Defensa Técnica, entiendo que el planteo de nulidad articulado no puede prosperar. Cabe recordar que las nulidades procesales constituyen remedios de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, criterio que encuentra sustento en el propio ordenamiento procesal, cuyo art. 158 establece que los actos procesales serán nulos únicamente cuando no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad. A su vez, las nulidades de orden general contempladas en el art. 159 se encuentran vinculadas a la observancia de aquellas disposiciones concernientes a la constitución e intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y formas establecidos por la ley.
De allí que la declaración de nulidad no pueda sustentarse en la sola existencia de una irregularidad formal o en una interpretación procesal que una de las partes considere desacertada, sino que requiere la acreditación de un perjuicio concreto y efectivo que haya colocado al interesado en un verdadero estado de indefensión. Rige en la materia el principio de trascendencia, conforme al cual no corresponde declarar la invalidez de un acto por la nulidad misma. Las formas procesales no constituyen un fin autónomo, sino instrumentos destinados a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las partes; por ello, quien invoca la sanción de nulidad debe demostrar no sólo el vicio que denuncia, sino también cuál es la defensa concreta de la que se vio privado y de qué manera aquella irregularidad incidió efectivamente en el ejercicio de sus derechos.
Bajo tales premisas, no se advierte que la providencia cuestionada haya producido una afectación de esa entidad. En efecto, el proveído cuya nulidad se pretende rechazó la solicitud de audiencia formulada por la Defensa y estableció que el memorial de agravios podía ser presentado por escrito, mediante los canales electrónicos habilitados o personalmente ante la Mesa de Entradas. Es decir, lejos de vedarse la intervención de la parte recurrente o impedirse la exteriorización de sus agravios, se mantuvo incólume la posibilidad de desarrollar íntegramente los fundamentos de su recurso y someterlos a consideración del Tribunal. En ese contexto, la Defensa centra su cuestionamiento en la modalidad prevista para la presentación de sus agravios, pero no individualiza concretamente qué argumento se ha visto impedida de introducir, qué planteo no podría formular por escrito, qué prueba o cuestión quedaría excluida del conocimiento del Tribunal o, en definitiva, de qué manera la decisión impugnada habría menoscabado materialmente el ejercicio de la defensa en juicio.
La mera preferencia por una modalidad determinada de exposición, aun cuando pueda ser objeto de discusión en cuanto a su alcance procesal, no resulta suficiente por sí sola para configurar un supuesto de indefensión constitucional ni para justificar la aplicación de la sanción procesal más gravosa. Debe tenerse presente además que el propio régimen de nulidades recepta un criterio de conservación y saneamiento de los actos procesales, estableciendo que las nulidades quedan subsanadas, entre otros supuestos, cuando, no obstante la irregularidad, el acto hubiere conseguido su finalidad respecto de todos los interesados. En consecuencia, aun cuando la Defensa discrepe con lo fundamentos o con la modalidad dispuesta en el proveído cuestionado, dicha disconformidad no basta para transformar la decisión en un acto nulo.
La nulidad no puede operar como una vía destinada a revisar cualquier desacuerdo procesal, sino únicamente frente a vicios de tal entidad que comprometan efectivamente garantías esenciales del debido proceso. En el caso, no se advierte que se haya impedido a la Defensa intervenir en la instancia recursiva, mantener su impugnación, desarrollar sus agravios ni obtener una respuesta jurisdiccional sobre ellos. En consecuencia, no se verifica un perjuicio concreto, actual e irreparable ni un verdadero estado de indefensión que justifique la invalidez pretendida. Por todo lo expuesto, este Ministerio Público Fiscal entiende que corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la Defensa Técnica, por no verificarse una afectación concreta al derecho de defensa en juicio ni al debido proceso que amerite la aplicación de tan excepcional sanción procesal.”
III. Ingresando al estudio del planteo nulificante articulado, corresponde señalar liminarmente que este Juez de Recursos Subrogante, en alineación directa con la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostiene de manera pacífica que las nulidades procesales son de interpretación restrictiva. La sanción de invalidez de un acto procesal reviste carácter excepcional y no procede la declaración de la “nulidad por la nulidad misma”. Para la procedencia del remedio extremo de la nulidad, se exige como presupuesto insoslayable la existencia de un perjuicio concreto, real y efectivo que coloque a la parte en un verdadero estado de indefensión o restrinja sustancialmente garantías constitucionales. En el caso bajo examen, la providencia puesta en crisis en modo alguno priva a la defensa del ejercicio pleno de su ministerio, ni restringe su derecho a ser oída; por el contrario, encauza la tramitación del recurso por la vía ordinaria del escrito de memorial previsto en el artículo 437 del digesto procesal. Al no verificarse menoscabo a la garantía de la defensa en juicio (art. 18 C.N.), el planteo nulificante carece de la trascendencia requerida para invalidar el acto.
Cuestiona la recurrente que este Juez de Recursos Subrogante no poseería atribuciones para disponer la presentación del memorial de agravios por escrito y que tal facultad correspondería de manera exclusiva a las partes. Al respecto, debe recordarse que la sustanciación del recurso de apelación mediante la presentación del memorial escrito regulado por el artículo 437 del CPP satisface de forma acabada, suficiente y completa las exigencias del debido proceso, la contradicción y el derecho al doble conforme consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos (art. 8.2.h de la CADH y art. 14.5 del PIDCP). El memorial escrito otorga a la parte la oportunidad procesal idónea para exponer de manera minuciosa, analítica y documentada la totalidad de sus agravios, ampliar los fundamentos del recurso y refutar el auto interlocutorio de grado. Asimismo, se remarca que la dirección del proceso y la elección de los medios de ordenación del trámite corresponden al órgano jurisdiccional en ejercicio de sus facultades de ordenación e instrucción, velando por la celeridad, la economía procesal y la pronta resolución de las causas. La denegatoria de una audiencia oral no coarta el derecho de defensa cuando la vía escrita se halla plenamente expedita para canalizar la totalidad de los reclamos defensivos.
Agravia también a la parte la mención en el proveído a la “práctica de esta Alzada”, sosteniendo que ello denotaría falta de independencia e imparcialidad por encontrarse el Suscripto interviniendo en carácter de subrogante legal. Frente a ello, se imponen dos aclaraciones fundamentales:
a.- La continuidad institucional del órgano: la referencia a las pautas y prácticas del Juzgado de Recursos alude a la consistencia procedimental e institucional como órgano del Poder Judicial. Ello garantiza el principio de igualdad ante la ley de todos los litigantes y evita la arbitrariedad o la alteración intempestiva de los criterios de trámite ordinarios; b.- La garantía del Juez Natural e imparcialidad: el régimen de subrogancias legales es una institución de raigambre constitucional e infraestructura orgánica tendiente a asegurar la continuidad en la prestación del servicio de justicia y el resguardo del Juez Natural (art. 18 CN). El Juez Subrogante ejerce la plenitud de la jurisdicción con idéntica autonomía, independencia y ecuanimidad que el titular. Las sospechas de parcialidad o falta de independencia deben fundarse en circunstancias objetivamente comprobables de acuerdo a las causales taxativas del artículo 49 del CPP, y no en meras conjeturas o en el mero disenso de la parte con las decisiones de ordenación procesal adoptadas por la magistratura.
Tampoco puede prosperar el cuestionamiento relativo a la alegada "motivación aparente" o la cita de dictámenes del Ministerio Público Fiscal. El proveído impugnado cumple acabadamente con las exigencias del artículo 116 del CPP, en tanto expresa de forma clara la razón de ordenamiento formal que justifica remitir a la vía del art. 437 del CPP. Por su parte, la mención a los criterios sostenidos por la Fiscalía ante las Cámaras de Apelaciones no pretende otorgar carácter normativo o legislativo a dichos dictámenes, sino poner de relieve la coincidencia de criterio técnico-jurídico sobre la idoneidad constitucional de la vía escrita para el trámite del recurso, resguardando la regularidad del procedimiento sin lesionar derecho alguno.
En suma, concordando en un todo con lo dictaminado por la Sra. Fiscal ante las Cámaras y entendiendo que los recurrentes no lograron acreditar la existencia de un vicio sustancial ni un perjuicio concreto e irreparable a las garantías procesales de la persona imputada, la solicitud de nulidad articulada no es más que una disconformidad con un proveído de mero trámite, debiendo confirmarse la validez del acto atacado. IV) Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos.
V. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web. Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oída que fuera la Sra. Fiscal ante las Cámaras de Apelaciones y en mi carácter de Juez Subrogante de Recursos,
interpuesto por la defensa técnica contra el proveído de fecha 11 de septiembre de 2026, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente resolución.
2. REGISTRESE y NOTIFÍQUESE a las partes mediante sne.
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]. 4º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
(AIG)
Suscripto y registrado por el Dr. Carlos E. Arenillas –Juez Subrogante-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia