Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal deducido a fs. 98/111 vta. por el Defensor General Subrogante, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:025 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 31 de agosto de 2018 AUTOS: "DRES. MARCELO RICARDO PALENQUE Y HORACIO FERNÁNDEZ S/ INTERPONEN RECURSO DE QUEJA en autos caratulados: CRIA. SECC. 5 S/ INV. USURPACIÓN" (Expte. Nº 15045/15), Expte. Nº D-977/16/T.S.J.-
I.-) Que llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario federal interpuesto a fs. 98/112 por el Defensor General Subrogante, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo, a fs. 60/62, el que resuelve "...1º) RECHAZAR el recurso de queja interpuesto por los Dres. Marcelo Ricardo Palenque y Horacio Fernández...".-
II.-) Que la defensa se agravia por "... Sentencia equiparable a Definitiva. Violación a la Defensa en juicio, al Debido Proceso Legal, al Derecho de acceder a la justicia en un pie de igualdad (Arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 22 C.N.; arts. 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), así como Arbitrariedad..." (fs. 104 vta.).-
Agregó que: "... como consecuencia del fallo atacado existe grave afectación de las Garantías de Defensa en Juicio, del Debido Proceso Legal, de Acceso a la Justicia en pie de igualdad, como consecuencia de la medida de desalojo, todo ello por expresa consagración legal, supralegal y constitucional que los Magistrados intervinientes han ignorado por completo a la luz del rechazo al progreso del planteo formulado. La Violación a las Garantías Constitucionales antes detalladas han quedado sobradamente configuradas con el rechazo del recurso de casación pues basta observar V.E. que el fundamento el rechazo que utilizan los sentenciantes se asienta en cuanto sostienen que no se trata de una SENTENCIA DEFINITIVA ni resolución equiparable SIN ADVERTIR u OMITIENDO toda consideración al gravamen irreparable que produce la resolución respecto de DERECHOS BASICOS HUMANOS (derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, etc.) de una cantidad numerosa de familias que ocupaban terrenos o viviendas.
La magnitud del agravio encuentra su fundamento en la entidad de la amenaza de los derechos involucrados, los cuales de llevarse adelante la medida y teniendo en consideración su naturaleza, jerarquía y dimensión ya no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto resultando IMPOSIBLE UNA REPARACION ULTERIOR..." (fs. 105 vta./106).- Manifestó que: "... queda por demás claro que el rechazo importa una restricción indebida impidiendo que se pueda asegurar la vigencia de las mandas constitucionales alegadas, lo que determina la viabilidad y procedencia del presente recurso que se impone. En idéntico sentido en autos la arbitrariedad se encuentra configurada en orden al establecimiento del fundamento normativo y en cuanto los magistrados inferiores al sentenciar prescindieron del texto legal aplicable sin dar razón plausible alguna (art. 75 inc. 22 C.N. y art. 8.2.h. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) toda vez que el resolutorio no ha efectuado un análisis adecuado a derecho omitiendo la verdadera aplicación de normas y garantías constitucionales en juego, poniéndose en cuestión al omitirse la aplicación de normas, la validez de una ley del congreso habiendo sido la decisión contraria a su validez, todo lo cual configura asimismo cuestión federal bastante lo que origina la procedencia del recurso extraordinario que se incoa..." (fs.109).- Sostuvo que: "... en consecuencia V.E. la Arbitrariedad de la sentencia que origina CUESTION FEDERAL en los presentes se haya configurada en tanto los sentenciantes al emitir su pronunciamiento se han APARTADO EN FORMA INEQUÍVOCA DE LA SOLUCION NORMATIVA PREVISTA PARA EL CASOo (296-120; 295-417; 303-436) NO SIGNIFICANDO EL FALLO EN ATAQUE UNA DERIVACION RAZONADA DEL DERECHO VIGENTE CON APLICACION A LAS CIRCUNTANCIAS COMPROBADAS DE LA CAUSA..." (fs. 109 vta.).-
Finalmente manifestó que: "... La violación de las garantías de defensa en juicio, debido proceso legal, igualdad ante la ley, derecho a ser oído (arts. 14, 16, 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) poseen íntima y directa relación con los agravios vertidos y en definitiva con los hechos de la causa, lo que viabiliza sin más la procedencia del presente Recurso Extraordinario. Así las cosas sostengo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se ha cumplimentado en la resolución atacada con el deber constitucional de fundar su decisión ya que sólo se encuentra satisfecha esa exigencia de modo aparente pues como ya se dijera se ha omitido en el fallo toda consideración a las garantías constitucionales alegadas y cuya violación resulta notoria...
Que con el alcance explicitado la Cuestión Federal que se somete a estudio por medio de este recurso, resulta totalmente apta. En consecuencia se requiere que, en base a las argumentaciones jurídicas desarrolladas la Corte Suprema de Justicia de la Nación tache asimismo de Arbitrariedad la sentencia dictada en los presentes autos, revocándola en cuanto fuere materia del recurso aquí interpuesto. Por todo ello se recurre a la Suprema Instancia por medio de éste Recurso Extraordinario Federal solicitando a S.E. restablezca el equilibrio jurídico afectado como consecuencia de la sentencia dictada..." (fs. 110 vta./111).- III.-) Que a fs. 113 se ordena traslado del recurso extraordinario al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien, a fs. 114/115 vta., dictamina que: "... resulta necesario como previo, pronunciarme en cuanto a si el libelo recursivo ha superado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad que tal vía recursiva exige conforme las prescripciones del artículo 14 de la ley 48 para la prosperidad de su concesión.
Con ello me refiero a la interposición en tiempo y forma; a la introducción y mantenimiento de la 'cuestión federal' así como que fue deducido contra una sentencia definitiva dictada por el Tribunal de la causa en el ámbito de la provincia y que ella sea contraria al derecho federal invocado así como la deducción, tramitación específica, oportuna y formal del recurso, entre ello si se ha dado cumplimiento a lo exigido por la acordada Nro. 04/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo debo acotar que el remedio procesal escogido, como recurso de apelación federal resulta una modalidad impugnaticia que el régimen argentino adoptó del sistema judicial norteamericano, como ya se ha dicho otras veces, con la finalidad de asegurar el mantenimiento de la supremacía constitucional, garantizado en nuestro ordenamiento legal vigente por los arts. 31, 116 y 117 de la C.N.
Si bien las prescripciones precedentemente señaladas se encuentran cumplimentadas en la pieza recursiva extraordinaria en análisis; el recurrente al describir las razones que justifican el remedio intentado, articula una hipótesis que en abstracto podría ser encasillada como violación de la defensa en juicio, al debido proceso legal, al derecho de acceder a la justicia en un pie de igualdad (arts. 16, 17, 18 y 75 inc. 2 C.N.; arts. 1.8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), así como arbitrariedad. En ese entendimiento, considero V.E. que el recurso interpuesto no supera el pertinente juicio de admisibilidad puesto que los agravios que lo originan no cuentan con fundamento suficiente para la invocación de indudable carácter excepcional como lo constituye la arbitrariedad, ello atento no detectarse en la sentencia que se recurre, valoración absurda ni pronunciamiento arbitrario manifiesto, ni apartamiento de los principios de la lógica que justifiquen la excepción y extraordinario remedio federal, toda vez que tampoco se encuentra afectado el principio de la sana crítica.
Ello en tanto los motivos señalados para explicar los vicios presuntamente detectados en el pronunciamiento impugnado no logran ab initio demostrar la ausencia de razones en un andamiaje intelectual, como así tampoco que el fallo en cuestión, se haya apartado manifiestamente de la ley aplicable al caso de marras. En efecto la sola mención efectuada de los preceptos constitucionales y pretendidamente desconocidos, no autoriza a concluir que la misma se haya concretado. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional... la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de 'fundamentación autónoma' a que se refiere el art. 15 de la ley 48 pues según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (fallos: 308:761 y 2421; 310:722, 311:499).
De su lado, el art. 3, inciso d) de la acordada 4/2007, impone al recurrente la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas. No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada, constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio y contemple los términos del fallo en recurso, del cual deben rebatirse, mediante una prolija crítica, todos y cada uno de los argumentos en que se apoya y dan lugar a agravios (Fallos: 308:761, 2263 y 2421; 310:722; 311:499 y 2619). La expresión de los fundamentos del recurso extraordinario debe ser completa, integral y abarcadora de todo lo ocurrido en la causa resultando necesario para su admisibilidad el desarrollo jurídico demostrativo de que la resolución cuestionada por el recurso sea contraria al derecho federal invocado y que cause gravamen.
El agravio que sustente el recurso debe ser propio, jurídicamente protegido, concreto, efectivo y actual, este recaudo no cumplido en el presente y exigido por el art. 15 de la ley 48 constituye lo que en doctrina se denomina fundamentación autónoma del recurso extraordinario, de tal modo que su fundamento resulte de los autos y tenga una relación directa e inmediata con las cuestiones de validez de los artículos de la Constitución, leyes, tratados o comisiones en disputa. Esta exigencia consiste en que el escrito mediante el cual se articula el remedio federal, demuestre la presencia de una cuestión federal, cuya solución no ha logrado satisfacer las expectativas de los recurrentes. Por ende no basta refutar una a una las cuestiones ni la decisión que los recurrentes estimen correctas, deben rebatirse los fundamentos de la sentencia cuestionada con agravios razonados y sin omitirse ningún fundamento de carácter decisivo.
En especial la cuestión federal que debe guardar con lo debatido y decidido, relación directa e inmediata pues lo contrario conduce a la no procedencia del recurso (Fallos: 294:466; 321:3630). En lo sub lite, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el ensayo recursivo esbozado no alcanza a ser una crítica capaz de revertir la decisión atacada, y la enunciación de las normas constitucionales supuestamente vulneradas no logra demostrar configuración de ésta en el concreto caso de autos. En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (fallos: 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado...".- IV.-) Que corresponde, entonces, verificar si se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso de marras, tal y como lo dispone el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable a la especie); los arts. 14 y 15 de la Ley n° 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.
A fin de definir si la cuestión federal planteada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente si la apelación federal, prima facie valorada, cuenta con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:3081).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que el recurrente dió cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, el análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que deben cumplir los escritos de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se constata que la presentación no supera las 40 páginas, cada una de las cuales no sobrepasa los 26 renglones y han sido escritas con letra claramente legible (art. 1). Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Asimismo, se advierte que el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal [conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007] y que consignó el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Al analizar los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida no es asimilable a sentencia definitiva [entendiéndose por tales aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633)], fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales (inciso a); así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inciso b), lo cual se encuentra cumplido en la presentación en estudio. Hasta aquí llega el cumplimiento parcial de los requisitos del artículo 3º.- Ahora bien, al continuar con el estudio del recurso vemos que el escrito no cumple cabalmente con los recaudos previstos en los incisos c), d) y e) del art. 3° de la Acordada N° 4/2007, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, el recurrente no logra demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limita a mencionar una serie de derechos que emanan de la Constitución Federal y que, dice, han sido menoscabados [conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007].-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48.-
Entre otros requisitos, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. La cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales.-
El recurrente funda su recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar adecuadamente de qué forma fueron vulneradas las normas que considera infringidas (cfr. fs. 111 vta.).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se decidió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, rechazar el recurso de queja, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisible el recurso extraordinario (cfr. Fallos: 101:70 y sum. Fallos: 148:62; y 307:129).-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en el recurso extraordinario federal de fs. 98/111 vta. están referidos en última instancia a la aplicación de derecho común, por lo que fácil resulta advertir que tales causales devienen inatendibles para un remedio federal, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisible la presentación en estudio.-
En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad de los recursos extraordinarios son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; y b) Ese tipo de normas no afectan el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Constitución Federal (cfr. Palacio, Lino Enrique, El recurso extraordinario federal, Abeledo Perrot, 1997, pág. 161). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como exégeta final del derecho común.- En esta inteligencia ha entendido el Cimero Tribunal Nacional que: "... La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria..." (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.-
Por otra parte, no se desarrolla en el escrito "... la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas..." [conf. inciso d) del art. 3º], como así tampoco la "fundamentación autónoma" a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421; 331:2149 y Fallos: 311:499 -dictamen del Procurador General que la Corte comparte-). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 323:1261 y 331:809).- Tampoco se advierte: "... la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; ni que la decisión impugnada es contraria al derecho esgrimido por el apelante con fundamento en aquéllas..." [cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inciso e)].-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432; y TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 362, Folio 1365/1368).-
V.-) Que con respecto del otro carril por el que se intenta encauzar el recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos: 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; y 297:100).-
No puede prosperar la denuncia de arbitrariedad que se le enrostra a la sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que las configuran. Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: "... No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia... si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común..." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/09/2002, 'G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro', LL 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en la causa y de la normativa aplicable que no se vislumbra como arbitraria.
Sobre esta cuestión, es oportuno traer a colación parte de los considerandos de la resolución obrante a fs. 60/62 "... La resolución impugnada constituye una decisión que mantiene el impulso del proceso, toda vez que continúa su trámite hacia su conclusión con el dictado de una sentencia que de tratamiento a cada uno de los planteos expuestos por las partes. Por lo demás, corresponde destacar que el magistrado actuante, ha garantizado plenamente el interés superior del niño (art. 3 Convención sobre los Derechos del Niño; art. 3 ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), toda vez que ha dado intervención a la Oficina Municipal de Protección Integral del Niño, a la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Caleta Olivia; de idéntica manera se le ha otorgado participación a la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz y al Ministerio de Asuntos Sociales de la Provincia de Santa Cruz, a fin de que adopten las medidas que consideren convenientes, en el marco de sus respectivas competencias, garantizando fundamentalmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que podrían encontrarse en riesgo como consecuencia de las medidas de desalojo dispuestas.
Ello sin perjuicio de lo que este TSJ decida en el marco de los autos "DEFENSORÍA PÚBLICA Nº 2 C/EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO S/ACCIÓN DE AMPARO" Expte. Nº D-35380/16 (D-2100/16-TSJ) que tramitan por ante la Secretaría Civil y Contencioso Administrativo de este Alto Cuerpo...".- En atención a lo expuesto se debe afirmar que la tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum. Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
Surge evidente, la insuficiencia recursiva ya que no logra perforar la barrera establecida en el artículo 15 de la Ley 48, que exige la fundamentación suficiente del recurso y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, "El recurso extraordinario por sentencia arbitraria", Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25. Ver también T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- VII.-) Que a mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr.
Agente Fiscal, la discrepancia del recurrente con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" de la apelación extraordinaria federal, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando el recurso en tratamiento carece de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.- Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues, de no ser así, la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros).
Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación del recurso sub examine, pues carece de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estima desconocido, no divisándose en autos la posibilidad de que al reclamante se le hubiere cercenado derecho alguno garantizado por los arts. 14 y 18 CN; ni 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-
Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos: 165:62, 266:135 y 310:2306; entre otros). Sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho o garantía que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. sum Fallos: 310:2306).- En autos, el recurrente sólo se ha limitado a enumerar derechos y garantías constitucionales que considera menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
VIII.-) Que por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar el recurso articulado, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional del mismo.-
Por todo ello, oídos que fuera el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER el recurso extraordinario federal deducido a fs. 98/111 vta. por el Defensor General Subrogante, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por resultar mayoría concordante en la solución del caso, hallándose en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Daniel Mauricio Mariano y Dr. Enrique Osvaldo Peretti (art. 27 Ley Uno - T.O. Ley 2404).-
FIRMADO: Dra. Paula E. Ludueña -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Reneé Guadalupe Fernández - Vocal. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2011O.181 TOMO:IV– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:025 FOLIO Nº: 156/161 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia