Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestímense los agravios vertidos por el recurrente y confírmese en lo principal la sentencia en crisis, con costas al demandado en ambas instancia por su condición de vencido (Art. 68 del CPCC), corrigiendo de oficio el punto III del fallo en cuanto impone las costas en forma solidaria (art. 36 inc. 3º del CPCC) que deben ser soportadas por el único demandado conforme lo expuesto en el considerando VI;
2Regúlense el honorario del Dr. Walter Esquivel como letrado patrocinante del demandado en esta instancia, teniendo en cuenta la importancia, mérito, extensión, naturaleza de la cuestión, su trascendencia y resultado, en la suma de once mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ($11.848) debiendo agregarse la alícuota del IVA si corresponde(art. 12, 13, 18, 24 y concordantes de la Ley 3330);
3Señálense las irregularidades del procedimiento mencionadas en el considerando VI a fin que se adopten los recaudos para evitar su reiteración;
TOMO: XC SENTENCIAS REGISTRO: 2775 FOLIO: 111/119
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintidós días del mes de marzo de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “DRIUZZI, Gerardo Daniel c/ VERA, Sergio s/ desalojo”, Expte. Nº 35.212 del año 2015 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de esta ciudad, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 7.195. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Griselda I. Bard y Dra. Connie R. Naves para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el actor, por medio de sus apoderados, con la documental de fs.3 a 34 y escrito de fs. 35/37 promueve demanda de desalojo contra Sergio Vera y de cualquier otro ocupante del inmueble de la calle Tierra del Fuego 3034 de esta ciudad.
Indica que recibió por herencia de su extinto padre el bien cuyo desalojo pretende. Dice que su madre inició el juicio sucesorio otorgando poder al Dr. Ramón C. Amaya a quien dejó encargado de la custodia del inmueble al demandado. Éste, a pesar del tiempo transcurrido y de haberle requerido sin éxito el Dr. Amaya la restitución del mismo no lo devolvió. Refiere haber formulado denuncia por el delito de usurpación en autos caratulados “Prades Carlos A. Y otro s/ formulan denuncia” Expte. 4562/10 en trámite ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de esta ciudad donde se dictó el procesamiento del nombrado, que fuera revocado por el Sr. Juez de Recursos por no haber sido debidamente intimado a la restitución. Dice que ello se debió a que Correos Argentinos S.A. no aportó constancia de la recepción del la Carta Documento nº 120991041 del 14 de junio de 2010, aunque expresó que no se puede desconocer “la verosimilitud y legitimidad del derecho invocado y probado”. Se refiere a la indagatoria del demandado quien reconoce que habita el inmueble desde 1996 sin pagar alquileres y a la testimonial del Dr. Amaya quien ratificó que él autorizó al demandado a ocupar la vivienda hasta que los propietarios le reclamasen la restitución y que comunicó a Vera que nuevos letrados habían tomado intervención y que tendría que dejar la vivienda. Informó el Dr. Amaya que el Sr. Vera había obtenido una vivienda en el Barrio Rotary 23 y por ello entendía que la vivienda estaba desocupada y que no podía alquilarla a nadie y que él había requerido que devolviera la vivienda cuando en marzo de 2009 se enteró que otros abogados habían tomado el caso. Afirma que el Juez Penal el 5 de junio de 2015 había intimado a desocupar el inmueble en el término de 10 días, por recomendación del Juez de Recursos sin que hubiera cumplido lo que obliga a promover esta demanda y transcribe lo expresado por este magistrado. Transcribe doctrina y jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de desalojo a otros supuestos que los emergentes del contrato de locación.
Ofrece prueba y funda en derecho la presente acción.
II. Que el demandado se presente por propio derecho acompañando la documental de fs. 42/45 y con el escrito de fs. 46, con patrocinio letrado del Dr. Bucci, contesta la demanda, opone excepción y ofrece prueba. Plantea la excepción de previo y especial pronunciamiento de falta de legitimación manifiesta para obrar por surgir de la documental acompañada que la parte actora no reviste el carácter de titular del derecho pretendido. La razón fundamental de la excepción la centra en que el actor no es propietario ni poseedor ni tiene derecho alguno sobre el inmueble en tanto el mismo pertenece a la Municipalidad de Caleta Olivia y que él lo posee desde el año 1994 y está en trámite un pedido de adjudicación.
Sostiene que la copia de la declaratoria de herederos no tiene eficacia para acreditar la legitimación sustancial activa invocada pues no presenta título de propiedad, adjudicación municipal o boleto de compraventa ni contrato de locación ni documento que acredita su supuesto derecho a requerir la restitución. Sostiene que el objeto del pleito es una parcela fiscal que pertenece a la Municipalidad cuya transferencia está determinada por la Ordenanza General de Tierras y que su parte inició un proceso de adjudicación. Se refiere a la doctrina sobre la legitimación activa en consideraciones que se dan por reproducidas por conocidas y abunda sobre la legitimación activa en el juicio de desalojo.
Sostiene que, quien pretende la acción, debe acreditar la legitimación activa o sea probar que tiene un derecho personal a exigir la entrega de la cosa encontrándose el demandado obligado a la restitución. Sostiene que la acción de desalojo asiste tanto al titular registral, poseedor o sin serlo haya otorgado la tenencia y tenga derecho a exigir la restitución, que no es el caso de autos, que no es adjudicatario y que se trata de tierra fiscal. Simplifica en el sentido de sostener que no se trata de la obligación de la demandada de restituir sino si el actor tiene derecho a desalojar. Y que si bien el desalojo es una acción personal quien la ejerza debe acreditar la legitimación para hacerlo, por no haber demostrado un derecho indubitable sobre la cosa que lo habilite para promover este juicio.
Cita jurisprudencia que entiende aplicable y se tiene presente, de la que deduce que no está eximido el actor de acreditar la legitimación. Hace hincapié en que la parte actora se define como propietaria y lo pretende acreditar con una copia de la declaratoria y una nota a la Municipalidad (cuya autenticidad no le consta) que no lo prueba, por lo que corresponde hacer lugar a la excepción. Supletoriamente contesta la demanda, y formula una negativa de una serie de hechos que se tiene presente, reconociendo vivir en el inmueble de Tierra del Fuego 3044 desde septiembre de 1994, allí nacieron sus hijos y en la actualidad vive con su hijo Flavio Alexis del cual ejerce la tenencia legal. Dice que cuando fue a vivir allí había solo una mejora abandonada que fue arreglada por su parte y se le pusieron los servicios pues no los contaba.
Afirma que el 12 de febrero de 2015 inició el procedimiento ante la Municipalidad (Expte. 1427/MCO/15) para la adjudicación del mismo.
Opone la excepción de falta de acción por no existir título suficiente para fundar la acción y que la acción de desalojo no resulta la vía idónea para discutir derechos de propiedad o posesión litigiosos y que no se atiende que la adjudicación misma se encuentra discutida en sede administrativa. Por ello sostiene que el actor no está en la esfera de los legitimados activos ni el demandado es un legitimado pasivo, y que se considera poseedor y con derechos por vivir en el inmueble desde 1994 motivo por el cual solicitó que el inmueble le sea adjudicado. Entiende que en autos se entabla una competencia sobre el mayor o menor derecho de cada parte. Expresa que si bien admitió ser tenedora no es menos cierto que con posterioridad, a la luz de lo actuado ante la Municipalidad, ejecutó actos que denotan en principio la interversión del título con cita de jurisprudencia y doctrina recordando que no se discute el dominio sino la existencia de un vínculo entre actor y demandado que obligue al segundo a devolver la cosa y que el caso del intruso es una excepción o caso especial. Recuerda que la actora demandó por usurpación a su parte y fue desestimado en la Justicia Penal y que su condición de ocupante se lo reconoce la Municipalidad donde inició el trámite para que se “le concediera la legitima tenencia que de hecho detentamos”. Entiende que la decisión sobre a quien se le debe otorgar la tenencia corresponde a la Municipalidad para lo cual se debe determinar si el demandado es intruso y que la figura de la intrusión está descartada por la sentencia penal y por ello niega la calificación de intrusos. Entiende que este trámite no es destinado a mutar la tenencia efectiva “pues nuestra parte ya la detenta”. Afirma que esta causa tiene por objeto real la discusión de los derechos de adjudicación lo que es de resorte administrativo, sin perjuicio de la revisión judicial que pudiera corresponder. Dice que la existencia del trámite municipal y pago de los servicios a nombre del demandado le quitan razonabilidad a la afirmación que los demandados son intrusos, más aún cuando el ingreso en el inmueble fue para cuidar la casa a pedido del representante legal. Entiende la adjudicación municipal no es permanente y está sujeta a condiciones las cuales una vez cumplidas dan derecho a solicitar el título y describe las causales de revocación o caducidad. Termina afirmando una posesión de 23 años. Ofrece prueba de la que intentará valerse.
III. Que con la documentación de fs. 56/71 y escrito de fs. 72/73 el demandado por medio de sus apoderados contesta el traslado de la excepción rechazando la misma in límine y la documental acompañada por “no constarnos su autenticidad”. Entiende que no puede considerarse de previo y especial pronunciamiento por no ser manifiesta y recuerda que su parte ofreció prueba para demostrar la calidad de titular de derecho.
Acompaña nuevas pruebas, se refiere al ingreso al inmueble a través de la intervención del Dr. Amaya letrado del juicio sucesorio de su padre y se refiere a actuaciones de la causa penal. Se refiere al juicio sucesorio de su padre quien era adjudicatario mediante resolución 264/MCO-64 del lote F de la manzana 109 del ejido urbano de esta ciudad y sostiene ser el único heredero y el único bien el de autos. Hace referencia a que en los autos mencionados se ordenó inscribir el bien a su nombre y que el Oficio fue contestado por el intendente de ese entonces señalando que se procedió a inscribir la declaratoria de herederos en relación al bien materia de juicio. Afirma que los servicios e impuesto inmobiliario son sufragados por él como surge de las copias certificadas de diversas constancias acompañadas. Ofrece prueba con relación a la excepción. Por interlocutoria de fs. 75 por considerar no manifiesta la excepción se resuelve diferir su tratamiento a la sentencia definitiva y tener presente la prueba ofrecida.
A fs. 80 se abre a prueba la causa por el término de 30 días, y se provee la prueba ofrecida por las partes.
Producida la prueba obrante en autos a fs. 128 se declara clausurado el periodo probatorio y se notifica a las partes a los fines indicados en el art. 460 del CPCC.
Solamente el actor por intermedio de sus apoderados presentan alegato de bien probado que se reserva y luego se agrega a fs. 139/140. A fs. 142 se dispone el pase a sentencia que obra a fs. 143/149 que en el punto I) rechaza la excepción de falta de legitimación para obrar interpuesta por el demandado con costas. A continuación en el punto II) hace lugar a la demanda de desalojo promovida por Gerardo Daniel DRIUZZI contra Sergio Vera condenando al nombrado, inquilinos, subinquilinos y/u ocupantes para que en el término de diez días de firme y consentida la presente hagan entrega al accionante del inmueble situado en la calle Tierra del Fuego 3044 de esta ciudad, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de ser lanzados con el auxilio de la fuerza pública. En el punto III) impone las costas a los demandados en su condición de vencidos en forma solidaria, para, en el punto IV, regular honorarios de los profesionales que actuaron en autos y en el punto V determina la tasa de justicia y de actuación general fijando un plazo para ser oblada.
IV. Que disconforme con lo resuelto en la sentencia, el demandado Sergio Vera presenta a fs. 152 recurso de apelación que se concede libremente y con efecto suspensivo por providencia simple de fs. 154. El actor consiente la sentencia con el escrito que presenta por propio derecho y certificación actuarial de fs. 158.
Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo de fs. 163 y recibidos, a fs. 164 se ponen los autos en secretaría para expresar agravios.
Sergio Vera por propio derecho y el patrocinio del Dr. Walter Esquivel con el escrito de fs. 168/171 sostiene el recurso con el memorial de agravios. Del mismo se corre traslado por providencia de fs. 172 sin que la parte actora lo conteste por lo que a fs. 175 se le da por perdido el derecho de hacerlo y se llama autos a sentencia. Consentido a fs. 176 se dispone el pase a estudio y se establece el orden para ello.
V. Que el demandado solicita que se revoque íntegramente la sentencia y se rechace la demanda con costas. Se agravia por rechazo de la falta de legitimación activa de la actora, califica de incongruente y contradictoria a la sentencia, sostiene que tiene un razonamiento y conclusión errónea y califica también de errónea la valoración de la prueba. Expresa que la razón de la excepción es que el actor no es propietario ni poseedor ni tiene derecho alguno sobre el inmueble que pertenece a la Municipalidad y que él lo posee desde 1994 y está en trámite para ser adjudicado. Critica que el juez a quo (en realidad la Sra. Jueza) no explica de que forma el actor “se convierte en titular de la relación jurídico sustancial en que se funda el proceso” y a continuación agrega que “es único y universal heredero del Sr.
Driuzzi, Elvio” y se queja recordando que su parte alega que el causante no resulta titular de la relación sustancial es decir no tenía el derecho a reclamar la restitución del inmueble y recuerda el principio que nadie puede transmitir un derecho mejor que el que poseía y por ello toda la argumentación cae. Insiste en que ni el actor ni su padre posee ningún derecho sobre el inmueble a desalojar. Hace notar que el actor afirma que el bien es de su propiedad pero no lo acredita ni con título de propiedad, ni adjudicación municipal, boleto de compraventa, contrato de locación ni ningún documento que acredite el derecho a requerir la restitución. Explica que es la legitimación con cita de doctrina y la traslada al caso de autos y sostiene que al ser un requisito esencial de la acción o de la pretensión es deber del magistrado examinar de oficio dicho presupuesto.
Reconoce que si bien para esta acción no hace falta ser titular del inmueble debe acreditar debidamente su legitimación activa o sea que tiene un derecho personal para exigir la restitución de la cosa y encontrarse el demandado obligado a su restitución. Entiende que como dirimente en esta acción no es la obligación de restituir del demandado, sino si el actor tiene derecho a solicitar el desalojo, que fue el argumento esgrimido al demandar y que aunque el desalojo sea una acción personal quien pretenda ejercerla tiene que acreditar legitimación suficiente para hacerlo y sostiene que en autos el actor no ha demostrado un derecho indudable sobre la cosa que lo habilite para ejercer el derecho personal que esgrime.
Cita jurisprudencia que se tiene presente y sobre esta base sostiene que, habiéndose definido en la demanda como propietario del inmueble pero sin que la copia de la declaratoria y la nota a la Municipalidad (cuya autenticidad cuestiona) acrediten la calidad de propietario. Invoca una posesión actual y precedente a este juicio de más de 20 años ejerciendo actos posesorios de naturaleza material y que surge de la demanda que el actor no tenía “posesión material” del bien al tiempo de la acción ni demostró haberla tenido en ningún momento de allí que carezca de legitimación. Alega que si bien es cierto que admitió ser tenedor, con posterioridad a la luz de lo actuado ante la Municipalidad de Caleta Olivia ejecutó actos que denotan, cuanto menos en principio, la interversión de la causa de la detentación del inmueble con cita de jurisprudencia de “la Corte” (en realidad la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).
Sostiene que el caso del intruso es una excepción al carácter de personal del juicio de desalojo en que no se invoca ni prueba la obligación de restituir ni se ingresa al tema del derecho sobre la cosa sino que se debe probar la intrusión y le asigna tinte policial. Se explaya sobre la efectiva ocupación que es el principio fundamental de la Ordenanza General de Tierras e indica que la Municipalidad lo reconoce como ocupante por lo que es la MCO quien debe determinar en quien se debe mantener la tenencia convalidar el premiso precario o rescindirlo conforme la Ordenanza y ello no puede ser materia de juicio de desalojo sino eventualmente de revisión judicial. Niega ser intruso, afirma que la adjudicación no es permanente y esta sujeta a condiciones para cumplidas obtener el título y hace referencia a las causales de revocación y a la efectiva ocupación.
Pide se revoque la resolución impugnada y se haga lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada.
VI. Que así planteados la litis, la sentencia y los agravios quiero hacer una serie de aclaraciones y señalar, en ejercicio de la facultad otorgada por el art. 46 inc. 5 de la ley 1, distintas circunstancias que se dieron el proceso.
En primer lugar no es del todo exacto que el actor sea el único y universal heredero de Elvio Oscar Driuzzi como se sostiene en el alegato a fs. 139 y lo dice la sentencia a fs. 146. Del examen de los autos sucesorios ab intestado de Elvio Oscar Driuzzi agregados por cuerda surge que a fs. 17/18 existe una escritura de renuncia de derechos hereditarios de Héctor Adolfo Driuzzi y Gladis Aurora Driuzzi (hijos del causante y medio hermanos del actor conforme sus partidas de nacimiento de fs. 15 y 16) a favor de Alicia Luisa Sánchez, a la vez que la subrogan en todos los derechos y acciones inherentes a su calidad de herederos legítimos del causante. La esposa del causante a fs. 34 manifestó su “voluntad en el sentido de que tenga como renunciado de mi parte a todo derecho sobre el bien que se denuncia en la demanda, esto es sobre el inmueble y todos sus accesorios sito en el lote “F” de la manzana 109 de esta ciudad”. Este escrito lo presenta patrocinada por el Defensor Oficial quien actuaba y patrocinaba a la Sra. Alicia Luisa Sánchez (madre del actor de autos), no obstante que a fs. 30 se había presentado con el patrocinio del Dr. Baraboglia. Pudo existir una incompatibilidad al existir en el mismo juicio, intereses que podrían ser contradictorios entre ambas mujeres. Por otro lado no se dio cumplimiento en la instrumentación a lo dispuesto por el art. 1184 inc. 6º del Código Civil de Vélez Sarsfield que disponía se debían hacer en escritura pública. La renuncia instrumentada a fs.17/18 no es favor del aquí actor; es a favor de la madre de éste, no obstante haberlo mal interpretado la Dra. Alicia Noemí Sosa en su dictamen de fs. 36 vta. Es decir que, con la documentación analizada habría, en puridad, concurrencia entre el actor y su madre respecto de eventuales derechos sobre el bien materia de autos. Aunque no se planteó la falta de legitimación activa desde este aspecto, podría aplicarse como supletoria la jurisprudencia que admite al condómino la posibilidad de demandar el desalojo.
Debemos señalar que no es correcto, en las citas alterar el texto del sumario de un fallo o cambiar el tribunal que lo dicta. Ello porque a fs. 170 se atribuye a la “Corte” un precedente que en realidad fue dictado por Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Cuando se dice Corte Suprema o simplemente Corte nos referimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal de la Provincia de Buenos Aires que dictó el sumario transcripto (con un error) a fs. 170 es la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Cualquier persona puede confundir entre Corte Suprema y Suprema Corte pero no los abogados. A poco que analicemos la transcripción del sumario mediante la consulta del mismo en la Revista “El Derecho” 140-592 vemos que no se hace referencia al Código Procesal Nacional como indica el recurrente, sino al CPCC de la Provincia homónima, sobre todo si consideramos que el art. 676 del ordenamiento procesal nacional se refiere a “división de cosas comunes” no a desalojo como hace el mismo artículo 676 del ordenamiento procesal de la Provincia de Buenos Aires.
Cabe invitar a los letrados a formular correctamente las citas y verificarlas sin alterarlas, pues se lo impone el deber de actuar con lealtad, probidad y buena fe (art. 34 inc. 5º apartado d) del CPCC). Las citas incorrectas no son admisibles ni en las partes ni en los magistrados. Si un juez para fundar una resolución cita hechos o resoluciones falsas incurre en prevaricato. Llama la atención por otro lado que se haya impuesto las costas en forma solidaria cuando solo intervino en autos el demandado. No se corrió traslado de la acción a otra persona, por lo que no se alcanza a entender quien sería solidario (¿tal vez el Dr. Amaya que puso en el inmueble al demandado? ¿O al letrado del demandado?) sin habérsele dado la oportunidad de defenderse.
Al diligenciar el traslado de la demanda solo se remitió una sola cédula y el notificador identifica como ocupante al menor Fabio Alexis Vera (a quien el demandado identifica como su hijo – ver fs. 50) y “otra persona” (ver fs. 40 vta.). Hay violación del principio de congruencia. Este último vicio aparece como un error que no fuera advertido posiblemente originado por ese virus informático (copiar-pegar) presente en muchas actuaciones y escritos de las partes. Por ello, en uso de las facultades ordenadoras que acuerda el art. 36 inc. 3º del CPCC propongo se corrija lo que se considera un error material y se deje, de oficio, sin efecto el alcance de condena solidaria a la imposición de costas toda vez que no surge de autos persona alguna legitimada pasivamente como deudor de las costas, sin llegar a la declaración de nulidad procesal radical oficiosa.
En este aspecto puede ser interesante recordar que sobre el tema de la nulidad procesal radical Jorge W. Peyrano en un reciente artículo de opinión publicado en La Ley del pasado 11 de febrero del corriente año entendía (siguiendo las enseñanzas de Berizonce) entre otros supuestos de nulidades procesales radicales el caso de la sentencia que condena a quien no fue demandado, como en autos que se condena en costas en forma solidaria sin identificar al solidario que no fue demandado.
VII. Que a mi criterio, en esta forma queda limpio el camino para analizar el agravio del demandado, es decir si en el caso de autos se configuró una interversión del título que comenzó como cuidador del inmueble por indicación del Dr. Amaya, a permanecer en el inmueble en carácter de aspirante a la adjudicación del inmueble como se afirma en el responde a fs. 51. No hay controversia en el sentido que el demandado ingresó al inmueble materia de autos como cuidador pues así lo declara en indagatoria fotocopiada a fs. 8 vta., lo ratifica en su ampliación de indagatoria de fs.15 vta. y lo corrobora el Dr. Ramón César Amaya al declarar en sede penal conforme declaración agregada en fotocopia certificada de fs. 11 en el sentido que él le pidió a Vera que cuide la casa que primero iba a controlar la casa, que luego se mudó a vivir.
Había un compromiso de que él le entregaría la vivienda a los propietarios. Si bien en un principio en sede penal se ordenó el procesamiento de Sergio Vera como autor responsable del delito de usurpación y se lo notifica que debía desocupar el inmueble materia de autos, recurrido el auto de procesamiento el Señor Juez de Recursos entendió que no se incorporaron pruebas con posterioridad al dictado de la falta de mérito que ameriten un cambio de postura y considera que la sola declaración del Dr. Amaya no es suficiente para endilgar un delito de usurpación por no existir prueba que avale la existencia de una intimación previa de desalojo y que no visualizan el típico despojo ni se encuentran cumplimentados los elementos objetivos del tipo motivos por los cuales revoca el procesamiento.
Como se informa a fs. 114 se ordenó convertir en sobreseimiento el auto de falta de falta de mérito en orden al delito de usurpación a favor del demandado Sergio Vera. Sobre la base de estas consideraciones se encontraba en cabeza del demandado acreditar la interversión del título de su ocupación en la finca materia de autos, para de esta forma volver convincente su manifestación que mutó de cuidador de la finca a ocuparle en su propio interés. Obsérvese que la nota de fs. 42 fue desconocida por el actor y se tuvo por desistido al demandado de la prueba informativa dirigida a la Municipalidad de Caleta Olivia. La prueba de la interversión del título corresponde a quien la invoca y si bien no desconocemos antigua jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires, en el sentido que la sola invocación de la posesión obsta a la procedencia del juicio de desalojo por intrusión y debía dilucidarlo en el juicio de reivindicación (que no es el caso de autos).
El Código de Vélez Sarsfield en su art. 2353 establecía: “… El que ha comenzado a poseer por otro, se presume que continua poseyendo por el mismo título, mientras no se pruebe lo contrario.”
Es decir que la voluntad de quien quiere intervertir el título por si solo no basta y debe exteriorizarse mediante actos que tengan entidad suficiente para contradecir el derecho de quien, por medio de su apoderado, lo colocó como cuidador. La exteriorización es necesaria y mientras la voluntad quede en la mente del pretenso intervertor no causa efectos. Y los actos de exteriorización no deben dejar la menor duda. Así la jurisprudencia lo había sostenido por la pluma del Dr. Miras en un primer voto:
“… En cuanto a los supuestos en los que para la ley existe mutación de título, el Código no trae norma expresa que reúna las causales que pueden producirla, no obstante, doctrinariamente se las señala e incluso se las clasifica según que los actos exteriorizantes sean jurídicos, judiciales o extrajudiciales, siendo denominador común que ellos importen una manifiesta rebelión contra el título actual y contra el poseedor a nombre de quien se tiene la cosa (conf. Peña Guzmán “Derecho Civil- Derechos Reales” t. I núm. 145 en pág. 212 y cita de Lafaille que efectúa en la nota 74)…” En La Ley t. 1995-E-pág.409 en voto del Dr. Miras, integrante de la Cámara Nacional Civil Sala E 14 de febrero de 1995 in re Polonsky de Sznaider Mirta E c/ C., M.E. con nota) En el Código Civil y Comercial estos criterios no han sufrido variación y así el art. 1915 y 1929 establecen:
“1915.- Interversión: Nadie puede cambiar la especie de su relación de poder, por su mera voluntad, o por el solo transcurso del tiempo. Se pierde la posesión cuando el que tiene la cosa a nombre del poseedor manifiesta por actos exteriores la intención de privar al poseedor de disponer de la cosa, y sus actos producen ese efecto. Art. 1929.- Conservación: La relación de poder se conserva hasta su extinción, aunque su ejercicio esté impedido por alguna causa transitoria.”
Al declarar en la causa penal el demandado afirma que estaba al cuidado de la casa. No se aclara en el responde cuando muto su condición de cuidador a la de pretenso adjudicatario que esgrime en la fotocopia de la nota a la Municipalidad obrante a fs. 42 que fuera desconocida en su autenticidad y nunca acreditada en autos. Incluso en la ampliación de su indagatoria niega haber alquilado una pieza a Víctor Hugo Cordero lo que hubiera sido un acto posesorio. Sus referencias a que pintó o hizo instalar el servicio de electricidad se realizó mientras cuidaba la vivienda. Ergo no resulta probada en autos que se hubiera operado una interversión del título.
Aclarado ello se advierte que el recurrente no alcanza a demostrar el error en el razonamiento de la Sra. Jueza a quo respecto de que pesaba sobre el demandado la obligación de restituir la tenencia del bien a quien como heredero del titular de un derecho de adjudicación, por intermedio de su apoderado se la otorgó. Y está reconocido que el demandado ingresó como cuidador del bien y no se acreditó la interversión del título. Es decir que el demandado, quien ingresó para cuidar un inmueble mientras el heredero del adjudicatario se ausentó de la provincia debe restituirlo, toda vez que, en el juicio de desalojo no se discute un derecho real sino solo la tenencia mientras no pruebe tener un derecho para permanecer.
Habida cuenta ello entiendo que la sentencia es justa y que se deben rechazar los agravios y confirmar la sentencia en crisis con costas. Así lo propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VIII. Que comparto las razones expuestas por el preopinante en cuanto a que la sentencia en crisis es justa y equitativa. Por ello adhiero a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IX. Que en función de las razones expuestas en mi voto propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento que pongo a consideración de mis colegas: 1º) Desestímense los agravios vertidos por el recurrente y confírmese en lo principal la sentencia en crisis, con costas al demandado en ambas instancia por su condición de vencido (Art. 68 del CPCC), corrigiendo de oficio el punto III del fallo en cuanto impone las costas en forma solidaria (art. 36 inc. 3º del CPCC) que deben ser soportadas por el único demandado conforme lo expuesto en el considerando VI; 2º) Regúlense el honorario del Dr. Walter Esquivel como letrado patrocinante del demandado en esta instancia, teniendo en cuenta la importancia, mérito, extensión, naturaleza de la cuestión, su trascendencia y resultado, en la suma de once mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ($11.848) debiendo agregarse la alícuota del IVA si corresponde(art. 12, 13, 18, 24 y concordantes de la Ley 3330); 3º) Señálense las irregularidades del procedimiento mencionadas en el considerando VI a fin que se adopten los recaudos para evitar su reiteración; 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
X. Que considero justa y equitativa la propuesta formulada precedentemente. Adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 22 de marzo de dos mil diecinueve.
Y
Lo deliberados y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Desestímense los agravios vertidos por el recurrente y confírmese en lo principal la sentencia en crisis, con costas al demandado en ambas instancia por su condición de vencido (Art. 68 del CPCC), corrigiendo de oficio el punto III del fallo en cuanto impone las costas en forma solidaria (art. 36 inc. 3º del CPCC) que deben ser soportadas por el único demandado conforme lo expuesto en el considerando VI;
2. Regúlense el honorario del Dr. Walter Esquivel como letrado patrocinante del demandado en esta instancia, teniendo en cuenta la importancia, mérito, extensión, naturaleza de la cuestión, su trascendencia y resultado, en la suma de once mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ($11.848) debiendo agregarse la alícuota del IVA si corresponde(art. 12, 13, 18, 24 y concordantes de la Ley 3330);
3. Señálense las irregularidades del procedimiento mencionadas en el considerando VI a fin que se adopten los recaudos para evitar su reiteración;
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de Origen.
La Dra. Connie R. Naves no suscribe el presente por encontrarse en uso de licencia y no existir disidencias.
FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201010S.191 Tomo: XC Sentencia: 2775 Folio Nº: 111/119 Secretaria: 1
Fin de la sentencia