Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 37805
“BAGATELAS ANDREA MARIANA Y OTRO/A C/ LOPEZ LIBERATO ANTONIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
Causa Nº MO-37805-2017 R.S.06 /2020
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 06 de Febrero de 2020, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "BAGATELAS ANDREA MARIANA Y OTRO/A C/ LOPEZ LIBERATO ANTONIO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", Causa Nº MO-37805-2017, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro.9 Departamental a fs. 214/223vta. dictó sentencia haciendo lugar a la demanda promovida, en los términos que de allí surgen.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron tanto la parte actora como la demandada y citada en garantía interponiendo los respectivos recursos de apelación mediante presentaciones electrónicas; los mismos fueron concedidos libremente a fs. 231 se los fundó con las expresiones de agravios de fecha 26 de Septiembre de 2019 y 10 de Octubre de 2019, respectivamente.-
La primera fue replicada con el escrito electrónico de fecha 24 de Octubre de 2019, mientras que la segunda lo fue con el de fecha 21 de ese mismo mes y año.-
3. A fs. 245vta., se llamó "AUTOS PARA SENTENCIA", providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Mientra que la parte actora cuestiona la sentencia en cuanto rechazó la inclusión en el resarcimiento de algunas de las lesiones reclamadas, objeta las sumas fijadas en concepto de daño moral y los intereses establecidos en el fallo, la demandada y citada en garantía atacan tanto la suma fijada por daño moral a favor de la co actora Bagatella como así también las fijadas por daño biológico y moral para el co actor Cordero.-
A los términos de cada una de tales fundamentaciones recursivas cabe remitirse en homenaje a la brevedad.-
Para dar un orden en el estudio de la presente causa, he de comenzar mi exposición señalando que -aunque ajustadamente en algunas parcelas- ambas expresiones de agravios sortean la valla del art. 260 del CPCC.-
Zanjada tal cuestión, puedo ingresar en el tratamiento de los agravios (art. 266 in fine CPCC).-
En tal faena, y siendo dos accionantes, bifurcaré mi análisis, para ocuparme -sobre el final- de las quejas atinentes a la tasa de interés establecida, que involucra el reclamo de ambos.-
a) Co actora Bagatelas
a1) El rechazo del daño biológico
La sentencia -por los fundamentos que brinda- desestimó esta partida (ver fs. 216vta./217) lo que agravia a la accionante.-
Comenzando a abordar el punto, es entonces tiempo de recordar que, en mi concepción, la lesión a la integridad psicofísica de la persona implica "un daño en el cuerpo o en la salud", es decir, en la composición anatómica o en el desenvolvimiento funcional o fisiológico del sujeto; habiéndose precisado que la salud e incolumnidad de las personas deben ser adecuadamente protegidas, y que a ese postulado no puede ser ajeno el derecho de daños, que debe brindar los adecuados resortes preventivos y resarcitorios frente a la lesión contra la integridad del ser humano (Zavala de González, Matilde. "Resarcimiento de daños", t. 2da..Daños a las personas:, pág. 71 y sgs.).-
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1746 y ccdtes. CCyCN).-
Es así que concluimos que el individuo tiene derecho a su integridad física, pues la salud y la citada integridad no son sólo un bien jurídicamente tutelado, cuyo quebrantamiento (doloso o culposo) debe ser reparado, sino que, además, constituye un valor en cuya protección está interesado el orden público (entre otras: ver causa nro. 30.973, R.S. 389bis/1993).-
Por cierto, quien alega haber padecido un daño como consecuencia de determinado hecho debe demostrar no solo la existencia de ese menoscabo, sino también su vinculación causal con el evento (arts. 1736 y 1745 CCyCN, art. 375 CPCC).-
Amén de ello, y como el tema involucra la valoración de la pericia llevada a cabo en autos, debo recordar -de todo comienzo- que en cuanto al valor probatorio de los dictámenes periciales, he compartido la opinión vertida antes de ahora en ésta Sala en expte. "Sandoval, Felipe y otra c/ Alemany, Juan y otro", publicado en la Rev. L.L., 1987-C, págs. 98/113, del 18/12/869 (y conf. entre otros: Hernán Devis Echandía" en su "Compendio de la prueba judicial", anotado y concordado por Adolfo Alvarado Velloso), que señala en su t.II, pág. 132, como uno de los requisitos para la existencia jurídica del dictamen pericial, "...Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada "razón de la ciencia del dicho", en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones.
Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a las conclusiones, el dictamen carecería de eficacia probatoria y lo misma será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y, como hemos dicho, puede negarse a adoptarlo como prueba, si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable; en ese caso debe ordenar un nuevo dictamen" "...El juez es libre para valorarlo mediante una sana crítica. Lo ideal es dejar la valoración del dictamen al libre criterio del juez, basado en su conocimiento personal, en las normas generales de la experiencia, en el análisis lógico y comparativo de los fundamentos y de las conclusiones del dictamen, como se acepta en los modernos códigos de procedimientos y en todos los procesos nuestros.
Es absurdo ordenarle al juez que acepte ciegamente las conclusiones de los peritos sea que lo convenzan o que le parezcan absurdas o dudosas, porque se desvirtúan las funciones de aquél y se constituiría a éstos en jueces de la causa. Si la función del perito se limita a ilustrar el criterio del juez y a llevarle al conocimiento sobre hechos como actividad probatoria, debe ser éste quien decida si acoge o no sus conclusiones"; así también la jurisprudencia ha dicho que "...los jueces pueden apartarse de las conclusiones periciales, dando los fundamentos de su convicción contraria (conf. entre otros: S.C.B.A., DJBA, t. 16, pág. 221; Rev. L.L., t. 42, p. 122); "...es que el dictamen de los peritos es sólo un elemento informativo sujeto a la aceptación y apreciación del juez" (S.C.B.A., A. y S., 1957-IV, p. 54; DJBA, t. 64, p. 153); "...las conclusiones a que arriba el perito no atan al juzgador de forma de sustituirse en sus facultades decisorias privativas" (Jofre-Halperín, "Manual", t.
III,396, nro. 28; Morello "Códigos...", t. V, p. 586; y causas de esta Sala nro. 31.320, R.S. 227/85 y 36.432, R.S. 522/96).-
Recuérdese, además, que esta Sala ha puesto de manifiesto -reiteradamente- que "tratándose de una cuestión fáctica de orden técnico o científico es prudente atenerse al dictamen del perito, si no resulta contradicho por otras probanzas, máxime cuando no existe duda razonable de su eficacia probatoria" (causa nro. 31.794 R.S. 18/95; en igual línea de pensamiento véase esta Sala en causa nro. 35.173, R.S. 114/96, entre otras) y que las discrepancias técnicas de las partes con las conclusiones del experto designado no son -por si solas- elementos suficientes para apartarse de lo dicho por el experto (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; esta Sala en causa nro. 48.539, R.S. 472/05, entre otras).-
Dicho esto, vamos al caso.-
El fallo desestima la parcela en base a lo que surge de la constancia de fs. 137, señalando que el perito debió analizar y ponderar tal pieza, a los fines de descartar motivadamente el diagnóstico previo que de ella surge.-
Viene cierto que, de la pieza de fs. 137, surge que -con fecha 27 de Abril de 2017 (es decir, antes del hecho)- se le había diagnosticado a la accionante tenue escoliosis lumbar y tenue rectificación de lordosis cervical; por lo demás, la pieza de fs. 136 (de Septiembre de 2016) refería la escoliosis lumbar y la de fs. 135 (de ese mismo mes) daba cuenta de una consulta por "lumbociatalgia".-
Ahora bien, la pericia médica llevada a cabo en autos (presentación electrónica de fecha 27 de Diciembre de 2018 y archivo .pdf adjunto a la misma), luego de revisar a la actora y de analizar los exámenes previos como así también la documentación glosada en la causa, informa cervicalgia y lumbalgia con limitación funcional, que -según el perito- permiten determinar incapacidad, aludiendo a una incapacidad del 19%; en el mismo se detalla cual es la limitación a la movilidad.-
La pericia fue objeto de pedido de explicaciones (presentación electrónica de fecha 7 de Febrero de 2019) las que fueron respondidas por el experto con la presentación electrónica de fecha 2 de Marzo de 2019.-
Dicho esto, y abordando la cuestión, es indisputable que -con anterioridad al evento dañoso- ya existía una problemática lumbar y cervical en la co actora, conforme surge de la constancia de fs. 137.-
Pero no menos cierto es que el perito tuvo en cuenta tal constancia y, aquí lo fundamental, en dicha pieza se hablaba de una escoliosis y rectificación "tenues" (en ambos casos) lo que ya no se consigna así en los exámenes complementarios en los que se basa el perito (RX del 7/12/2018 y resonancia magnética del 29/11/2018 ambas insertas en su dictamen); es mas, el informe electromiográfico de fecha 4 de Diciembre de 2018 habla de una radiculopatía de grado moderado.-
En este contexto, insisto, lo que en los antecedentes médicos anteriores al hecho aparece mencionado como "tenue" ya no es así referenciado ni en los exámenes complementarios posteriores y llevados a cabo con motivo del presente proceso ni tampoco en la pericia.-
Por lo demás, tenemos que entre uno y otro estudio médico existió una circunstancia fundamental: el hecho dañoso motivo del presente (colisión automotor), cuya existencia no está desconocida.-
En este sentido, el testigo Kowal (declaración videograbada, conforme fs. 202) ha mencionado que la co actora había sufrido golpes y que, luego del accidente, "se agarraba mucho el cuello". Complementando ello, tenemos que -contemporáneamente al accidente- la co actora fue atendida médicamente, con un cuadro de cefaleas y cervicalgias, recibiendo tratamiento (ver fs. 73/4).-
Dichas circunstancias (lo percibido por el testigo y la atención médica) operan, indiciariamente, para corroborar la existencia de algún padecimiento físico a consecuencia del choque (art. 163 inc. 5 CPCC).-
En este contexto, y valorando conjunta y contextualmente todo el material probatorio (art. 384 del CPCC), he de discrepar con la conclusión que porta el fallo en el sentido de desestimar directamente el rubro.-
Y ello por la antedicha consideración: es claro que alguna patología portaba la accionante con anterioridad al suceso dañoso pero -paralelamente- es indisputable que el suceso dañoso existió, que luego del mismo el testigo la vio dolorida, que la actora tuvo que ser atendida médicamente luego del hecho y, además, que lo que antes era informado como "tenue" pasa a adquirir una magnitud incapacitante (con limitaciones funcionales) en el ámbito del dictamen pericial.-
Frente a ello, y desde mi punto de vista, desde la perspectiva de la reparación plena, lo que corresponde -en el caso- es el acogimiento del rubro, aunque no podemos considerar que la integridad del menoscabo incapacitante que informa el perito provenga del hecho dañoso, dada la antedicha preexistencia de una problemática en la zona.-
Pero esto ingresa, ya, en el ámbito de la tarifación de la indemnización del que me ocupo enseguida.-
Al efecto cabe recordar que, tal como se ha sostenido por esta Sala en casos anteriores (ver entre otros: causa nro. 40.053, R.S. 530/98 con voto del Dr. Suares), la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sigue para la tabulación de los perjuicios derivados de lesiones físicas, criterios matemáticos, sino que en casos en que la lesión afecte la actividad laboral de la víctima, computa el daño efectivo producido, sus circunstancias personales, como también los efectos desfavorables sobre su ulterior actividad, y que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos, constituyen por su propia naturaleza, un valioso aporte referencial, pero no un dato provisto de precisión matemática, de tal forma que el Juez goza a su respecto de un margen de valoración de cierta amplitud (ver también: causa 27.937, R.S. 34/92 con voto del Dr. Conde).-
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187; ésta Sala en causas 21.427. R.S. 128/88, entre otras), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo e integridad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).-
Por otra parte, cabe recordar que esta Sala (causa 35.878, R.S. 354/96) ha señalado que al repararse una incapacidad sobreviniente el juez contempla las posibilidades o chances frustradas o cercenadas, según las cualidades personales del sujeto y que debe atenderse que las incapacidades no solo limitan las posibilidades de trabajo sino a todas las que pertenecen al área de actuación de la víctima.-
Sobre este piso de marcha, y en cuanto a la justipreciación económica del menoscabo, cabe aclarar que la presente Sala desde hace ya varios años viene siguiendo a los efectos de determinar y/o cuantificar económicamente los porcentajes de incapacidad, el basamento expresado por el Dr. Héctor N. Conde, al que adhirieron los otros vocales integrantes de la misma en la causa nro. 37.152, R.S. 359/97 -entre otras-, y que ha sido compartido por mí en numerosas causas, y que se refiere al método italiano y el francés que fijan un valor concreto para cada punto de incapacidad, y que el "calcul au point" implica fijar un valor dinerario por cada punto de incapacidad, tomando tal cálculo como base, si bien podrá variar tomando en cuenta las características y pruebas en cada caso en particular, no obstante y reiterando, tal base de cálculo se hace tomando como base objetiva el punto de incapacidad en la suma que corresponda; cabe también poner de resalto que en casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de una persona, los mismos no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado, pues lo contrario sí se convertiría en inequitativo.-
Actualmente el valor referencial utilizado es el de $15.000 (quince mil pesos) por cada punto de incapacidad; ello, claro está, adecuándolo a las diversas variables que el caso concreto ofrezca.-
En este sentido, cuadra poner de resalto que la aplicación de la teoría del "calcul au point" no implica la utilización de una fórmula matemática abstracta y fría, sino valerse -y exteriorizar en la motivación del fallo- un punto de partida objetivo, adecuable, luego, a las variables circunstancias de cada caso en particular (SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).-
De este modo, la fijación de los montos resarcitorios no implicará solo la multiplicación del porcentual de incapacidad por determinada suma sino, en cambio, partiendo de la base de aquella operatoria, articular su resultado -valiéndonos de la sana crítica y las máximas de la experiencia- con las demás circunstancias del caso (sexo, edad, expectativa de vida, condición económica, posibilidades futuras, concreta repercusión del menoscabo permanente en los actos de su vida diaria, incidencia del daño en las diversas actividades de la víctima) y así llegar a una suma que, en la mayor medida posible, se adecúe a las circunstancias del caso (art. 165 CPCC) y respete el principio de integralidad (art. 1083 del C. Civil, hoy art. 1740 del CCCN)).-
Por otro lado, es necesario añadir a todo lo dicho alguna consideración mas, en cuanto a la aplicación de fórmulas matemáticas para la tarifación de los rubros.-
Al respecto, en varios precedentes la Suprema Corte de Justicia provincial, sin desconocer la utilidad de los cálculos matemáticos, ha reprobado los fallos que se apegaron excesivamente a los mismos; como lo dijo el Dr. de Lázzari las fórmulas juegan como un elemento mas a considerar junto con un haz de pautas fundamentales ajenas al mundo de las matemáticas y con todas las cuales el juzgador ha de trabajar para aquella determinación; aseverando que en la labor cuantificadora no debe aplicarse en todos los casos de modo invariable e indiscriminado un mecanismo u operación aritmética sino que es menester confrontar, además, las circunstancias particulares de la víctima; y, en este sentido, se descalifica el fallo que se limitó a aplicar una fórmula matemática (Sup. Corte Bs. As., 11/2/2015, "P.M.G. y ot. c. Cardozo, Martiniano y ot." y sus acumuladas), temperamento seguido también en otros fallos (Sup. Corte Bs. As., 15/4/2015, "B.V. c. Municipalidad de Esteban Echeverría s. Accidente de trabajo").-
Por otro lado, hay una circunstancia que -creo- debe tenerse en cuenta: la cuestión de los ingresos futuros frustrados.-
Y así opino pues, si se va a trabajar dándole una relevancia significativa a este dato (o pauta) debemos estar seguros (o al menos medianamente convencidos) de que la incapacidad pericialmente informada efectivamente produjo ese impacto o detrimento económico.-
De este modo, es -desde mi punto de vista- insuficiente limitarse a conjugar el porcentual de incapacidad pericialmente informado con los ingresos de la víctima, en la medida en que no esté demostrado que el menoscabo padecido vaya a tener ese impacto, concreto y en el caso, sobre aquella fuente de ingresos.-
Básicamente: debería estar demostrado que la incapacidad informada por el perito vaya a provocarle, o le haya provocado, efectivamente una merma del porcentual informado en cuanto a sus ingresos.-
Esta cuestión, desde mi punto de vista, conspira contra los cimientos mismos del método de tarifación mediante la aplicación de fórmulas matemáticas.-
Y con esto no quiero significar -tal como se lo señala en los evocados casos de la Suprema Corte- que no deba seguirse alguna pauta -medianamente razonable y cognoscible- para operar la tarifación, sino solamente que no corresponde la utilización -mecánica y exclusiva- de pautas matemáticas cuando, en definitiva, las bases mismas del cálculo en cuestión no son del todo sólidas.-
Por lo demás, debemos referirnos a la preceptiva contenida en el CCyCN, especialmente el art. 1746.-
Recordemos que el mismo establece que "en caso de lesiones o incapacidad permanente, física o psíquica, total o parcial, la indemnización debe ser evaluada mediante la determinación de un capital, de tal modo que sus rentas cubran la dismin
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.