Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 3396
"GOSSIS, NORBERTO DANIEL C/ TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
CAUSA: MO 3396 17 R.S.: 25 /20
//// la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, a los 03 días del mes de Marzo de dos mil veinte, reunidos en la Sala II del Tribunal, los señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Roberto Camilo Jordá y José Luis Gallo, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "GOSSIS, NORBERTO DANIEL C/ TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA SA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" CAUSA: MO 3396 17 y habiéndose practicado el sorteo pertinente (art. 168 de la Const. de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código de Procedimientos Civil y Comercial), resultó que debía observarse el siguiente orden; Dres. JORDA – GALLO, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ra.: ¿Es justa la apelada sentencia de fs. 371/384 ?
2da.: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION: EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, DIJO:
I. Apelan la sentencia de autos la parte actora y la parte demandada. La primera expresa agravios a través de la presentación electrónica aludida a fs. 401, mientras que su contraria lo hace por medio de la presentación de igual especie referenciada en la providencia simple de fs. 402.
II. La sentencia en trance de revisión hace lugar a la demanda incoada por Norberto Daniel Gossis contra Telefónica Móviles Argentina S.A. y, en consecuencia, condena a la última nombrada a abonarle al primero la suma de $ 200.000; con más intereses calculados para el rubro daño moral según una tasa del 6 %, desde la fecha de la mora 07/06/2016 y hasta la fecha de su emisión; momento a partir del que se devengarán según la tasa pasiva más alta que pague el Banco Provincia de Bs. As. Y, respecto al ítem daño punitivo, difiere la estipulación del cálculo de los accesorios para el momento del eventual incumplimiento . Asimismo le impone a la demandada las costas del juicio.
III. El demandante se disconforma con el pronunciamiento de grado por cuanto estima exiguo el importe fijado para su reclamo en concepto de daño moral. Como sustento de su crítica arguye que el decisorio minimizo los padecimientos que injustificadamente experimentó, a raíz del obrar de la empresa accionada, enfatizando las peculiaridades del mismo y la conducta de la empresa demandada que cualifica como contumaz. Por igual motivo-insuficiencia-objeta el importe fallado en concepto de daño punitivo. Al respecto alude a que la cifra impugnada es inoperante a los fines previstos en la ley de defensa al consumidor. Así resalta que es notorio-a la luz de las pruebas producidas- que el incumplimiento de sus deberes prestacionales, frente a los casos de usurpación de identidad, es una práctica abusiva desplegada por la firma accionada de modo generalizado. Añadiendo que no se ha ponderado de manera adecuada la dimensión de la firma, ni la hegemonía que tiene en el mercado de telefonía móvil como así tampoco la posibilidad de reiteración del obrar indebido. También discrepa con la fecha fijada como data de la mora, afirmando que lo pertinente es fijarla el día 19 de enero de 2015; momento éste en que se apersonó a la oficina comercial de la accionada e inició un reclamo por usurpación de identidad. Por último cuestiona la especie de tasa de interés, anhelando la fijación de la tasa pasiva más alta, consonancia con la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia provincial.
A su turno Telefónica Móviles Argentina S.A. objeta el pronunciamiento respecto a la procedencia del daño moral. Para ello argumenta, luego de subrayar el carácter resarcitorio del rubro de mentas, que no resulta serio sostener que los hechos investigados le hayan podido generar al accionante un daño moral resarcible. De modo subsidiario, pretende la disminución del importe. También se agravia de la admisión del daño punitivo. Para sostener tal crítica afirma que no puede considerarse que haya actuado con dolo o culpa grave; pues-en su inteligencia-la empresa ha actuado con diligencia y buena fe, lo que hizo que el actor no sufriera perjuicio material alguno. A lo que se suma, agrega, que los hechos denunciados como causa generadora del daño punitivo tiene su origen en un ilícito cometido por un tercero ajeno a la empresa. Por último, la demandada se queja de la desestimación de la declaración de plus petición inexcusable; ello por cuanto considera que aquella queda en evidencia a partir del cotejo entre la cifra reclamada y aquella por la que prospera la demanda.
IV. Liminarmente pongo de resalto que no he de atender en mi voto la totalidad de las discrepancias delineadas por los recurrentes, sino que sólo abordaré aquellas que se aprecien como esenciales para dilucidar el pleito. (conf. doctrina sentada por la CSJN, Fallos 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47, entre otros)
Sentada esta aclaración, me abocaré a analizar los agravios asociados a la procedencia del daño moral y a su cuantía.
Se encuentra al margen de toda controversia que la pretensión resarcitoria debatida en los actuados tiene su causa eficiente en una relación de consumo entablada con motivo de la celebración de un contrato suscripto por los contendientes procesales (arg. artículo 3 y concordantes de la ley 24.240).
Vengo sosteniendo que el menoscabo extrapatrimonial, importa ontológicamente la alteración o pérdida de la armonía vital del individuo, el desequilibrio en la normalidad existencial de la víctima que provoca un ilícito contractual o extracontractual (arg. artículos 522, 1078 y concordantes del Código Civil, mis votos, Sala I causa 57.175, Sala II, causas 57.288, 50.951, entre varios otros).
Ahora bien, el Superior provincial ha sentenciado que cuando la génesis del daño moral radica en el incumplimiento de obligaciones contractualmente asumidas, su resarcimiento debe ser interpretado con criterio restrictivo. Ello para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica, quedando a cargo de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que se alega haber sufrido (conf. doctrina sentada por la SCBA, Acuerdos 35.579, 57.978, 56.327 entre muchos otros).
Empero, en mi criterio, tal doctrina debe ser adaptada a las peculiaridades inmanentes a las relaciones de consumo. Es decir que, para resultar resarcible, siempre el daño debe ser cierto y no meramente hipotético o conjetural. Más en el ámbito del derecho del consumo su demostración se encuentra flexibilizada.
En efecto. Es que el natural estado de vulnerabilidad en que se encuentra el consumidor, que obedece esencialmente a la asimetría informativa en la que se encuentra, impone una mayor laxitud adjetiva en dicho esfuerzo acreditativo. Tal temperamento resulta coherente con la flexibilidad de la carga de la prueba que, de un modo genérico, consagra el artículo 53 de la ley 24.240 (ver Hernández, Carlos, “El daño extrapatrimonial en las relaciones de consumo”, Revista de Derecho de Daños, 2018-3- Editorial Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2018, pgs. 465 y ss.).
En suma, a tenor del principio que sienta el artículo 375 del Código Procesal se encuentra en cabeza de los demandantes la acreditación de la existencia y magnitud del daño moral, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, es muy díficil producir prueba directa en ese sentido, lo que correlativamente otorga gran valor a las presunciones
En sintonía extrema con la tesis enunciada se ha sostenido que en las lides del derecho del consumo el incumplimiento del proveedor, que afecta la confianza en él depositada, genera per se un daño moral que no necesita prueba de su existencia (ver Ghersi, Carlos A. “Las relaciones en el derecho del consumo especialmente la responsabilidad y el daño moral”, L.L. 2013-C-134 y ss.).
En autos, a tenor de los agravios planteados, no se encuentra en entredicho la responsabilidad de la firma demandada.
Por otra parte también las partes se ha mostrado contestes en que con motivo de la adquisición, de modo fraudulento, por parte de terceros de líneas telefónicas a nombre del actor, se cargaron indebidamente en la cuenta del nombrado los consumos que aquellas generaron (ver escrito de demanda y de contestación de demanda, fs. 112/122 y fs. 145/160, respectivamente). Asimismo, en los términos del artículo 386 del Código Procesal, con la documental acompañada en la demanda se han demostrado las intensas y variadas gestiones que el demandante se vio compelido a efectuar a raíz de la irregularidad apuntada (ver instrumentos de fs. 11/35)
Ahora bien conforme a las pautas-ya delineadas- que caracterizan la demostración del daño moral provocado en las relaciones de consumo, a mi juicio se encuentra en autos acreditada la existencia de tal especie de detrimento.
La misma índole de la irregularidad en la prestación del servicio de telefonía-indebida facturación por sustracción de identidad-unida al tratamiento de aquella cuestión que le dispensó la accionada deja en evidencia la antijurídica afectación de la paz y de la tranquilidad del demandante.
Es que el señor Gossis, imprevista e involuntariamente, se vio inmerso en un entuerto que lo compelió a efectuar variadas gestiones-con concurrencia personal a las oficinas de la empresa demandada- durante un lapso prolongado de tiempo (más de un año). Puede advertirse con nitidez que esta circunstancia-que no puede ser catalogada como un “mero inconveniente” sino que desborda en demasía tal noción- suscita padecimientos tales como irritación, hartazgo y desasosiego con inocultable desmedro para su ritmo normal de vida. Afecciones ilegítimas éstas que se vieron potenciadas, frente a la incapacidad de la empresa prestataria del servicio de telefonía móvil para resolver, con la premura que imponía el caso y de una manera definitiva, el problema que perturbaba a su cliente (arg. artículos 522 y concordantes del Código Civil; 2, 3, 5, 27, 40 bis y concordantes de la ley de Defensa al Consumidor, su doc.)
La circunstancia-enarbolada por la demandada como óbice para la procedencia del reclamo-de que la cuestión se haya suscitado con motivo de la usurpación de identidad realizada por un ajeno, no enerva la apuntada antijuridicidad de su proceder. Ello, en tanto y en cuanto, lo disvalioso-y causa eficiente del daño- reside en que descargó en su cliente todas las consecuencias provocadas por aquel ilícito. Ello en lugar de solucionarle, de manera célere y de un modo simplificado, los problemas que la situación le generaba.
Frente a la consumación de un acto de sustitución de identidad, la firma accionada debió evitar que las consecuencias adversas-e involuntarias- incidieran sobre el accionante quien depositó su confianza al elegir a ese prestatario. Contrariamente, lo obligó a sumergirse en un farragoso y burocrático cúmulo de trámites y por un lapso prolongado de tiempo.
A mi juicio tal panorama por sí ostenta la suficiente fuerza acreditativa del daño moral que se reclama.
El malestar de verse inmerso en un problema inesperado, en el que se es totalmente ajeno a su producción y en orden al que la prestataria impone un intenso y prolongado peregrinaje administrativo, es notoriamente mortificante para las afecciones legítimas del consumidor. Las que, se impone resaltar, trascienden los sinsabores o contrariedades que suelen suscitarse en el devenir de los usuarios y consumidores (arg. artículos 522, 1078 y concordantes del Código Civil 163 inciso 5); 375 y concordantes del Código Procesal; su doctrina.).
Como ya se reseñara el importe justipreciado en la sentencia de grado-$100.000-se encuentra objetado, tanto por alto como por bajo.
Ahora bien considerando las particularidades del hecho, el tiempo por el que la empresa demandada obligó al consumidor demandante a efectuar gestiones, la incidencia que el hecho tuvo en la prestación del servicio telefónico y las circunstancias personales del danmificado (profesional abogado), me llevan a estimar razonable el importe fallado en la sentencia en recurso. Por tal razón he de propiciar su confirmación (arg. artículos 165 y concordantes del Código Procesal, su doc.).
Seguidamente examinaré los agravios planteados respecto a la procedencia del daño punitivo, como así también respecto a su extensión dineraria.
El art. 52 bis de la ley 24.240 establece que: "Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley".
Se trata pues de una cantidad de dinero que se ordena pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños experimentados, cuya teleología es la de sancionar la inconducta de los proveedores de bienes y servicios, como así también la de prevenir hechos similares en el futuro.
Precisamente, conviene puntualizar que dada la funcionalidad que tiene el daño punitivo-como se dijo punitiva y disuasoria de la realización de conductas perjudiciales para el consumidor- su importe es independiente de otras indemnizaciones que se fijen (conf. mi voto en la Sala II, causa 36.304). Precisamente en lo actuados, conforme se explicitara precedentemente, se encuentra demostrada la relación jurídica de consumo como así también el proceder dañoso en que ha incurrido la firma demandada; con la consecuente indebida afectación del derecho del consumidor reclamante(arg. artículos 374, 384 y concordantes del Código Procesal).
Asimismo, a mi juicio, es imprescindible reiterar que en el caso de autos se advierte como particularmente dañosa, la conducta desplegada por la empresa prestataria del servicio de telefonía móvil; que descargó en el consumidor-encarnado en un cúmulo de tramites y reclamos-las consecuencias de la usurpación de identidad. Esto, más allá, de las medidas que cabría exigirsele en torno a la prevención de tal irregularidad (arg. artículos 5, 27, 40 y concordantes de la ley 24.240, su doc.).
Lo cierto es que la lisa y llana traslación de los inconvenientes suscitados por la suplantación identitaria, colisiona con el derecho al trato digno consagrado por el artículo 42 de la Constitución Nacional y por el artículo 8 bis de la ley 24.240.
Exigencia ésta que, por otra parte, se hace más intensa cuando el cliente se ve involuntariamente inmerso en una situación como la constatada en autos.
Es que la confianza que se tiene en la empresa, decisiva a la hora de contratar y que aquella pregona como modo de captar clientes, exige la adopción de aquellas medidas que impermeabilicen a los clientes de tales secuelas adversas.
A la incomodidad, que por sí genera ser víctima de una usurpación de identidad, la empresa no le debe adicionar la complicación y el desgaste que conlleva el tránsito de un largo y barroco procedimiento de reclamo.
La falta de implementación de mecanismos que, de un modo simplificado y célere, le permita al consumidor sortear con el desgaste mínimo las complicaciones inherentes a hipótesis como la debatida en autos, resulta incompatible con la mentado exigencia del “trato digno” que preconiza, con énfasis, nuestro ordenamiento jurídico.
Ahora bien dicha omisión, que traduce una seria negligencia de la organización empresarial, se aprecia como una práctica abusiva generalizada.
Dicha conclusión queda en evidencia si se repara en que ya existe un procedimiento-que, como se enfatizo, es lesivo del derecho del consumidor-estandarizado para los casos de usurpación de identidad; y que, según ha quedado acreditado en los actuados, se inicia con la presentación del formulario FF-06 (descargo por desconocimiento de línea; ver fs. 11).
Si a la antedicha circunstancia-que de por si permite avizorar visos de habitualidad-se le aduna que en base a la pericial de informática obrante a fs. 314/326 es plausible inferir que las usurpaciones de identidad constituyen una patología habitual, es dable sostener la existencia de una dimension colectiva de la práctica empresarial objetada.
Accionar éste que-por otro lado- se le ve facilitado si se repara en que Telefonica Móviles de Argentina S.A. es una de las empresas líderes en el mercado oligopólico de la telefonía celular.
Así las cosas, en mi criterio, existe una grave omisión de la firma accionada que con sustento en su importante posicionamiento en un mercado de limitada competitividad, no instituyó procedimientos de reclamo que, aunque le resulten más costosos, se ajusten con las exigencias que dimanan del paradigma constitucional del derecho al “trato digno” (arg. artículos 42 de la Constitución Nacional; 8 bis y concordantes de la Ley 24.240)
Corolario de ello es la configuración de un proceder usual empresario, desconsiderado de los derechos del consumidor y que por ende dan el adecuado sustento a la cuestionada procedencia del daño punitivo. Objeción ésta que, consecuentemente, debe ser desestimada.
En cuanto a su cuantificación debe graduarse en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, con independencia de los montos asignados a la partidas resarcitorias igualmente reclamadas (arg. artículo 52 bis de la ley 24.240; conf. doctrina de la SCBA, C.122.044).
Con tales pautas genéricas y atendiendo al tiempo que insumió la dilucidación de la cuestión, la clase y cantidad de gestiones administrativas que fueron necesario concretar, a la índole de la actividad y su trascendencia social, a la posición que ocupa la empresa en el mercado-oligopólico-de la telefonía celular, a la habitualidad de la situación y a la correlative posibilidad de reiteración de situaciones análogas como la ventilada en autos, aprecio razonable la suma fijada en la sentencia recurrida. (arg. artículos 47, 49 y 52 bis de la ley 24.240, su doc.).
Seguidamente abordaré el agravio planteado por el accionante, asociado con la fecha de mora y la tasa de interés establecida.
De la prueba instrumental adunada a los actuados, cuya autenticidad ha sido decretada en orden a lo normado por el artículo 386 del ordenamiento adjetivo, se encuentra demostrada que el día 19 de enero de 2015 el demandante formula su primer reclamo a mérito de la sustitución de identidad de la que fue víctima (ver formulario FF-06, fs. 11). Dicha fecha marca el inicio del procedimiento, como se enfatizó signado por el menosprecio a los derechos del consumidor, causa eficiente del detrimento moral que se condena a reparar.
Va de suyo entonces que los intereses moratorios, exclusivamente para el ítem resarcitorio señalado (daño moral), deberán ser liquidados desde el 19 de enero de 2015 (19/01/2015) y hasta el efectivo pago.
Empero-contrariamente a lo pretendido por el actor-el inicio del cómputo de los accesorios del monto justipreciado en concepto de daño punitivo, debe ser establecido desde la fecha en que quede firme el presente resolutorio y hasta su efectivo pago.
Dicha solución resulta la adecuada si se repara, como ya fuera también expresado, que el daño punitivo no tiene una naturaleza resarcitoria sino sancionatoria y disuasiva (arg. artículos 622 y concordantes del Código Civil, 52 bis de la ley 24.240; conf. mi voto en la Sala II, causa 36.304).
En cuanto a la especie de tasa de interés a aplicar para ambos rubros, al tratarse de una responsabilidad derivada de un incumplimiento de un contrato de consumo, corresponde establecer la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la provincia de Bs. As. en sus depósitos a 30 días. Dich
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