Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $609.644 (pesos seiscientos nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro) equivalente a 94,26 (noventa y cuatro con 26/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $1.524.109 (pesos un millón quinientos veinticuatro mil ciento nueve) equivalente a 235,64 (doscientos treinta y cinco con 64/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°28/2021 (9/12/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-18483871-APN-VOCX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 25 de Febrero de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Titular de la 10° Nominación), Agustina O'Donnell (Vocal Titular de la 11° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la 12° Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 49.813-I, caratulado “DT LOGISTICA SA s/recurso de apelación”
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 243/258 se interpone recurso de apelación contra tres resoluciones dictadas con fecha 29/3/2019, por el Jefe (Int.) de la División y Recursos II de la Dirección Regional Centro de la AFIP- Dirección General Impositiva.
Mediante de la Resolución N° 47/2019, se determinó de oficio el impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2013 a 2015 con más intereses resarcitorios y aplicó una multa graduada en tres tantos el tributo intimado, todo ello en los términos de los artículos 46 y 47 inc. b) de la ley de rito fiscal.
Respecto de la Resolución N° 48/2019, el Fisco determinó de oficio el impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 07/12 a 06/13, 11/13, 12/13, 11/14 y 12/14 intimándose gravamen a ingresar con más intereses resarcitorios, aplicando una multa graduada en tres tantos el tributo intimado, todo ello en los términos de los artículos 46 y 47 inc. b) y c) de la ley 11.683 respecto de los periodos 11/2013, 12/2013, 11/2014 y 12/2014 y difiriendo su aplicación respecto de los períodos 07/2012 a 06/2013conforme lo establecido por la ley N° 27.430. Finalmente, en cuanto a la Resolución N° 49/2019, se estableció de oficio el impuesto a las ganancias- salidas no documentadas por los períodos 07/12 a 7/13, 11/13 a 01/14 y 11/14 a 01/15, con más intereses resarcitorios y aplicó una multa equivalente a tres veces el tributo, de acuerdo con lo fijado por los artículos 46 y 47 inc. b) y c) de la ley de rito fiscal solo respecto de los periodos 07/13, 11/13 a 01/14 y 11/14 a 01/15, difiriendo su aplicación respecto de los restantes períodos conforme lo establecido en el Régimen Penal Tributario.
La recurrente opone en primer lugar, y como de previo y especial pronunciamiento excepción de nulidad, indicando que no se ha respetado el procedimiento legal establecido, ello por cuanto el Organismo omitió notificarle en el marco de la determinación de oficio el acto de apertura a prueba y las medidas para mejor proveer dispuestas, incumpliéndose un requisito esencial del acto administrativo.
Que luego de la contestación del Fisco Nacional (vide fs. 299/332 vta.), en la que se solicita se rechace la nulidad intentada por la actora con expresa imposición de costas, a fs. 338 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” a fin de tratar como cuestión de previo y especial pronunciamiento la excepción de nulidad opuesta por la recurrente. A fs. 344/347 luce sentencia en la que se hace lugar al planteo incoado respecto a las Resoluciones Nros. 48/2019 y 49/2019, rechazándose en cuanto al acto identificado como 47/2019; todo ello con costas por sus respectivos vencimientos.
II. En efecto, la litis ha quedado delimitada a la procedencia de la Resolución N° 47/2019 que determinó de oficio el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2013 a 2015 con más intereses y sanción, correspondiendo analizar los agravios efectuados por la actora al respecto.
En tal sentido, cabe aclarar que el mentado acto expresamente hace mención a que las operaciones vinculadas con la firma Transportes Ituzaingó S.A., no formaron parte de los cargos efectuados en la vista conferida por el Impuesto a las Ganancias, con lo cual no corresponde exponer –en lo aquí interesa- los agravios vertidos por la actora por la impugnación del aquellas en otros gravámenes (fs. 34).
Sentado ello, la recurrente expone que se dedica al diseño e implementación de soluciones en logística y distribución en general, orientando sus servicios principalmente a empresas de salud, de higiene y productos compatibles. Destaca que para poder cubrir la demanda de dichos servicios logísticos, subcontrata a otras empresas de transporte, lo que constituye una práctica habitual en el rubro de logística y transporte. Resalta que controla mensualmente la documentación relativa al ejercicio de la actividad (identidad, licencia de conducir acorde a la labor prestada) y que las flotas contratadas se encuentran equipadas con un sistema de monitoreo satelital, lo cual –según sus dichos- permite dar cuenta de la prestación de los servicios brindados por los proveedores impugnados.
Respecto a los cuestionamientos sobre la operatoria con el Sr. Jesús Salvador Borrazas, trae a colación que originalmente había sido excluido del ajuste practicado en virtud de haberse acreditado la relación comercial y luego se cambió de criterio, remarcándose la inseguridad jurídica en la que se habría incurrido. Invoca que el propio proveedor reconoció haber prestado servicios para DT Logística y que su inconducta fiscal no autoriza a negar su existencia como tal.
Además, pone de relieve que si consta que la retención del 100% del IVA al Sr. Borrazas por la emisión de facturas “M”, no tiene razón de ser atribuir que los servicios no fueron prestados, dado que se habría efectuado un pago sin causa. Finalmente, aduce como sustento a su posición, que el citado proveedor tenía acreditaciones bancarias, rodados y que si bien se señala que no abonó impuestos hasta el año 2011, las operaciones objeto de análisis son posteriores.
En cuanto a la operatoria con Jorge Oscar Rodríguez, la actora subraya que el mismo fue contratado para llevar a cabo el servicio de catering en dos eventos realizados para su personal en el mes de diciembre de 2013 y 2014, realizados en el predio que posee concesionado el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros de la República Argentina.
Expresa que la inclusión en Base Apoc del Sr. Rodríguez se dio con posterioridad a los servicios prestados y pese los numerosos controles realizados, no puede soslayarse que se trata de dos operaciones menores y aisladas, resaltando su buena fe.
Resume que se trató de proveedores inscriptos que proveyeron servicios según lo pactado; que los comprobantes respaldatorios cumplieron con las formalidades exigidas; y que se abonaron con cheques “no a la orden” y cruzados.
Se agravia de la sanción aplicada, puntualizando que se presumió el dolo, cuando sus registraciones no contenían datos inexactos, ni tampoco se explicó la grave incidencia contemplada en el art. 47 inc. b) de la ley de rito. Invoca la aplicación de la IG 6/2007 en cuanto debe acreditarse fehacientemente el ánimo defraudatorio. Cita jurisprudencia en sustento de su postura. Plantea reserva de caso federal. Ofrece prueba testimonial e informativa. Solicita se revoque el acto apelado.
III. Que respecto a la contestación del Fisco Nacional (vide 299/332vta), allí surge la contestación a los agravios formulados por la actora.
Expone que no pueden considerarse las impugnaciones realizadas en forma aislada y someterla a un análisis singular, cuando la realidad indica que se trata de situaciones irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial que se conjugan con otras anomalías propias de operaciones falsas y que fueron suficientemente detalladas a lo largo del procedimiento administrativo.
En cuanto a la liquidación de intereses, manifiesta que al no existir agravios contra su procedencia, corresponde su confirmación Finalmente, respecto a la sanción aplicada, pone de relieve que la “grave incidencia” se encuentra dada por la magnitud del ajuste, a la vez que resalta que los lineamientos que surgen de la IG 6/2007, fueron receptados por la ley 27.430, resultando abstractos los argumentos vertidos.
Se opone a la producción de prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que se rechace el recurso intentado, con costas.
IV. Que a fs. 395 luce acta de audiencia celebrada en los términos del artículo 173 de la ley de rito y a fs. 396 obra el auto de apertura a prueba en el que se admite la producción de informativa y testimonial. Por PV-2021-115608283-APN-VOCX#TFN se clausura el período probatorio y se eleva a conocimiento de la Sala D. A través del IF-2021-118316712-VOCX#TFN se ponen los autos alegar, haciendo ejercicio de tal derecho la actora y el Fisco a fs. 513/518 y 521/527, respectivamente.
Finalmente, mediante IF-2022-14534213-APN-VOCX#TFN se ponen los autos a sentencia.
V. Que corresponde expedirse sobre el ajuste practicado.
Que según surge del acto apelado, con motivo de las verificaciones realizadas y en función de la prueba reunida, se estableció que la aquí recurrente computó en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2013 a 2015, deducciones por prestaciones de servicios de los presuntos proveedores Jorge Oscar Rodríguez y Jesús Salvador Borrazas, habiéndose descubierto una serie de inconsistencias en torno a tales a operaciones.
En cuanto al Sr. Rodríguez, la actora invoca que fue contratado para llevar a cabo el servicio de catering en dos eventos celebrados en diciembre de 2013 y 2014 en predios concesionados por el Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros de la República Argentina. El presunto proveedor fue incorporado en la Base APOC a partir del 5 de julio de 2016 con la condición “Sin capacidad económica”, resultando detectadas las inconsistencias en los meses períodos fiscales objeto de ajuste (2013 y 2014).
En el marco de la labor fiscal, se constató que el citado era empleado de “Sabores del Norte S.R.L”. Habiéndose constituido en el domicilio de dicha firma, se verificó que se trataba de un bar y se encontró al Sr. Rodríguez, quien manifestó ser empleado en relación de dependencia desde el 4 de abril de 2004 hasta ese momento. Expresó que nunca se había inscripto como autónomo ante el Fisco, ni desarrollado actividad comercial independiente, que no poseía domicilio en la provincia de La Pampa, ni tampoco la había visitado. Asimismo, en dicho acto se le consultó si alguna vez había emitido facturas por algún servicio prestado y si conocía a DT Logística, contestando por la negativa. Finalmente, manifestó que por los perjuicios que se le estaban causando, por el bloqueo de su cuenta bancaria, procedería a efectuar la denuncia penal por el uso de su identidad (fs. 26, Cpo. Información agregada de terceros).
Puntualmente respecto al domicilio fiscal supuestamente sito en la Provincia de la Pampa, surge del legajo del Sr. Rodríguez que el mismo no existe en la ciudad de Santa Rosa (vide fs. 9 Legajo Rodríguez).
Que respecto al circuito de pagos surge que de la copia del frente y el dorso de dos cheques, que si bien fueron emitidos no a la orden y cruzados a nombre del Sr. Rodríguez, uno de ellos fue endosado y su firma difiere de la que el Sr. Rodríguez consignó en el acta del testimonio dado ante la fiscalización; mientras que el otro título fue cobrado por un tercero (fs. 23 a 26 Cpo. de Información de Terceros Agregada)
Del informe de inspección relativo a su inclusión en la Base Apoc surge que se encuentra inscripto en: Venta al por mayor de mercancías n.c.p; Servicios empresarias, Servicios de cosecha mecánica; Servicios de procesamiento de semillas para su siembra; y Venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas; por su parte, poseía una gran cantidad de actividades diversas, que fueron dadas de baja (vg. Fabricación de estructuras metálicas, Venta al por menor de instrumental médico y odontológico). Asimismo, consultadas las bases informáticas del organismo, surgían presentaciones de declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias desde el año 2009 hasta el 2014, ambos inclusive, y de IVA desde julio de 2009 a diciembre de 2015, pero sin obrar pago alguno en el régimen impositivo. Tampoco surgían percepciones por compras entre el 2012 y el 2016. Finalmente, las dos empleadas declaradas tienen domicilio en la ciudad de Las Parejas, Provincia de Santa Fe. Por otro lado, con relación al Sr. Jesús Salvador Borrazas, resultó incorporado a la Base Apoc con la condición “Sin capacidad” económica a partir de marzo de 2012. Que estaba inscripto en el Impuesto a las Ganancias desde el 1 de julio de 1989, habiendo registrado baja definitiva en el mes de diciembre de 2012 y sin presentar declaraciones juradas en dicho impuesto desde 2007. Que tampoco registro pago por tributos hasta el año 2011, mientras que a partir de 2012 obran en la base del organismo recaudador pagos exiguos por IVA. Finalmente, tenía acreditaciones bancarias hasta febrero de 2012 y surgía informado desde el mes de abril de 2008 como deudor irrecuperable (fs. 70, 238 a 243, 275 y 280 Legajo obrante en Base Apoc- Borrazas).
Que respecto a los automotores por los que registraba titularidad, el propio Borrazas señaló que el dominio BGN827 era utilizado por su hijo Javier Jesús Borrazas para su actividad de transporte de carga; que los dominios BGN826 y BRT661, habían sido vendidos; en cuanto a los automotores patente B1398672 y UMT 278, desconocía su titularidad . Que la fiscalización tomó testimonio al Sr. Borrazas surgiendo de ello: que reconoció tener una empresa unipersonal de transporte hasta mediados del año 2012, siendo a partir de ese momento la ayuda económica prestada por su hijo su medio de vida y asistiendo a este en tareas de mantenimiento de los automotores que posee para desarrollar su actividad (fs. 2, 3, 27 a 30 y 33 a 36 a.a. indicados anteriormente). Cabe aclarar que ante lo manifestado por la actora en cuanto a la exclusión del ajuste durante la fiscalización, no debe olvidarse que las actuaciones seguidas por los inspectores constituyen una secuencia de actos internos preparatorios o preliminares, que no son vinculantes para el juez administrativo interviniente y así lo ha entendido nuestro más Alto Tribunal "in re" "Calise" y "Elwson y Wester" (de fechas 27/11/1950 y 27/10/1952 -Fallos: 218:562 y 221:73-, respectivamente). En esta línea, las previstas invocadas o informes obrantes en las actuaciones administrativas resultan actos preparatorios o preliminares, que no producen efectos para la recurrente, quien al momento de la emitirse la vista (vide fs. 1030/1058) tuvo conocimiento del criterio del Fisco respecto a las operaciones cuestionadas.
En virtud de lo hasta aquí expuesto, se impugnaron las deducciones efectuadas vinculadas a la operatoria con sendos proveedores.
VI. Que, de forma preliminar, estimo pertinente recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).
Que de acuerdo con la reseña efectuada en el punto anterior, resulta evidente que le corresponde a la demandante, en ejercicio de su derecho de contradicción, acreditar la veracidad de sus dichos, esto es, demostrar de la sustantividad de las operaciones rechazadas por la inspección actuante dado que las impugnaciones tienen entidad suficiente para poner seriamente en duda la real existencia de las operaciones que se intentan probar mediante la documentación exhibida. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto, sino por pruebas fehacientes en tal sentido (cfr. criterio expuesto por la Sala “B” de este Tribunal en su anterior composición, in re “Pesquera San Nicolás” sentencia del 16/12/2005). En esta línea, corresponde destacar que no se trata de hacer cargo a la actora de los efectos de los incumplimientos detectados respecto de aquéllos, sino que ante las circunstancias constatadas por la fiscalización, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (cfr. CNACAF, Sala II, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, sentencia del 29/11/2012).
Ello así, corresponde analizar las pruebas producidas en autos.
Que a fs. 401 obra respuesta del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros de la República Argentina en la cual expresamente señala que no registra datos de que la aquí recurrente haya ocupado sus instalaciones de la localidad de Esteban Echeverría en el mes de diciembre de los años 2013 y 2014. En efecto, la negativa brindada por la oficiada directamente da por tierra los argumentos de la actora en intentar vincular la utilización de tal predio con el servicio de catering supuestamente prestado por Jorge Oscar Rodríguez, sumado ello al concreto desconocimiento de las operaciones efectuado por el pretendido proveedor.
Al respecto, resulta procedente traer a colación lo resuelto por la Alzada al resolver la causa “Floriner S.A.” (Sala II, sentencia del 25 de noviembre de 2011), donde en la parte pertinente se dijo: “.... debe distinguirse en el caso la situación configurada en torno a la imposibilidad de ubicar a los proveedores denunciados, de la que resulta de su localización y comprobación de la efectiva prestación de los servicios que se dicen adquiridos. En efecto, el domicilio fiscal y el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los proveedores no resultan imputables a la contribuyente, que realizó operaciones comerciales con ellos. Sin embargo, si éstos niegan las operaciones y carecen de capacidad económica para desarrollarlas, corresponde a la actora acreditar la veracidad de lo declarado”.
Además, con relación a la inscripción y facturación en múltiples actividades de Rodríguez, se torna aplicable la doctrina sentada por la Corte Suprema in re “Stop Car” (sentencia del 21 de agosto de 2013) en cuanto a que tales situaciones constituyen anomalías que dan cuenta de la falta de veracidad de las operaciones impugnadas, criterio ya receptado por el voto de esta juzgadora in re “Los Gallegos S.A. “, sentencia de esta Sala “D” del 29 de septiembre de 2017).
Que resta pronunciarse respecto al elenco probatorio relacionado con la operatoria invocada con el Sr. Jesús Borrazas.
En primer lugar, de la testimonial brindada por el citado y el Sr. Javier Jesús Borrazas no arrojan elementos que permitan probar la materialidad de las operaciones cuestionadas (vide fs. 482/483), no obstante destacar que el Sr. Jesús Borrazas señala que hasta 2012 habría prestado servicios a la recurrente, siendo que hay operaciones cuestionadas por el año 2013 (vide fs. 558 del Cpo. Principal 3). A su vez, ambos testimonios son coincidentes en que a partir de 2012, fue Javier Jesús Borrazas quien prestó servicios de transporte, facturación sobre la que no hay cuestionamientos en autos.
A ello necesariamente debe sumarse que el Sr. Borrazas se encontraba en Base Apoc desde antes de tales operaciones, lo cual contrasta con el invocado control mensual sobre la documentación relativa al ejercicio de la actividad que subraya la actora en su recurso (vide fs. 244 vta.). A mayor abundamiento, tal incorporación en la Base Apoc fue ratificada en tres oportunidades más producto de diversas fiscalizaciones (fs. 579 Cpo. Principal N°3)
En tal sentido, cabe señalar que en la contestación de oficio efectuada por Disprofarma, se advierte que a “mano alzada” se atribuyeron a operaciones vinculadas con el Sr. Jesús Salvador Borrazas en los años 2014 y 2015, cuando incluso es el mismo quien desconoce tal situación, lo cual provoca serias dudas sobre la veracidad de la prueba producida (vide RE-2021-1062772972-APN-SGAI#TFN).
Finalmente, con relación la respuesta de CI5 S.A., cabe destacar que el requerimiento sobre monitoreo de camiones fue efectuado respecto al Sr. Borrazas y a Transportes Ituzaingó, contestándose solamente respecto a vehículos de esta última, lo cual impide demostrar lo expuesto por la actora en cuanto a que las resultas de esta prueba permitirían dar cuenta de la prestación de servicios efectuada, en este caso por el Sr. Borrazas (vide fs. 245 y RE-2021-11030484-APN-SGAI#TFN).
En efecto, resulta inaplicable al caso de autos lo expuesto por la recurrente en invocando lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bildown” (Fallos: 334:1854), por cuanto, a diferencia de la situación examinada en aquel precedente no se debatió sobre la existencia y materialidad de las operaciones mientras que en el caso concreto tal cuestión ha sido controvertida y la apelante ha omitido demostrar la veracidad de aquellas que alegó haber realizado con los proveedores consignados en las facturas impugnadas (cfr. criterio de la Corte Suprema de la Nación in re “ADM Argentina S.A.” sentencia del 10 de marzo de 2015 y, a mayor abundamiento, Sala IV de la Alzada, in re “Cagnoli S.A.”, sentencia del 24 de noviembre de 2016). Que cabe concluir que nadie puede invocar el derecho a computar un beneficio tributario, si ello se relaciona con un gasto deducible que se presenta justificado en una causa cuya real existencia no ha sido debidamente acreditada (criterio de esta juzgadora in re “Numen Insight S.A. s/recurso de apelación”, sentencia del 10 de agosto de 2017, entre otros). En esta línea, no habiendo la actora demostrado la materialidad de los servicios pretendidos, las erogaciones que se pretenden hacer valer y se atribuyen a operaciones con los proveedores Rodríguez y Borrazas, no pueden considerarse necesarias para obtener, mantener y conservar rentas gravadas y con ello deducirlas en el Impuesto a las Ganancias.
En efecto, corresponde confirmar el ajuste practicado.
VII. Que corresponde referirse a la liquidación de accesorios.
Sobre este tema debe recordarse que los intereses intimados en el acto apelado constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. En efecto, el artículo 37 de la Ley Nº 11.683 dispone que "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio". En consonancia, la Alzada tiene dicho que la ley de rito dispone la procedencia de un interés resarcitorio ante la falta de pago del gravamen sin necesidad de interpelación alguna, siendo tal consideración, basada en la literalidad de la norma, lo que sustenta su aplicación (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005).
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Citibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales se den circunstancias excepcionales, ajenas al deudor que deben ser restrictivamente merituadas; debiendo remarcarse además que la imposición de intereses no se asimila a una norma represiva, con lo cual se descarta la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
Ello así y no existiendo agravios contra la forma de cálculo de los accesorios, procede confirmar la liquidación efectuada en el acto determinativo.
VIII. Que resta referirse a la multa aplicada, ello en los términos de los arts. 46 y 47 incisos b) y c), graduadas en tres veces el tributo ajustado.
Que la figura tipificada en el art. 46 de la Ley N° 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco (cfr. Sala IV de la Alzada in re MG Promociones SRL”, sentencia del 9/09/2014).
Por su parte, el artículo 47 de ley 11.683, establece presunciones legales “iuris tantum” tendientes a invertir la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Quiere decir que la consecuencia de la existencia de estas presunciones legales consisten en que una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (conf. CANACF -Sala V-, in re: “Beleza SA (TF 21382-I) c/ DGI”). Que en caso concreto, se invocó el art. 47 inciso b) de la ley 11.683, esto es que a los efectos específicos de la atribución de la conducta defraudatoria, se vislumbra en la consignación de “datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible”(art. 47, inc. b).
En esta línea, estimo pertinente traer a colación lo expuesto por la Sala V de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal al resolver la causa “Italiano, Antonio Alberto”, con fecha 12/02/2008, donde (voto del Dr. Alemany) se expuso que “En el precedente "Mazza, Generoso" la Corte inequívocamente expresó que las presunciones no pueden servir de fundamento de la culpabilidad del infractor debido a que la ley vigente al tiempo de los hechos no las establecía ni concretamente les asignaba dicho efecto, circunstancia que cambió con posterioridad al ser modificado el texto de los artículos 46 y 47 de la ley por la ley 23314... En segundo lugar, en razón de la heterogeneidad de las infracciones administrativas y de las consiguientes dificultades para establecer un régimen unitario para juzgar las conductas reprimidas por el derecho administrativo sancionador, tampoco corresponde excluir de plano la posibilidad de presumir la culpabilidad en base a hechos directos mediante un enlace preciso y fundado en una serie de indicios efectivamente probados.
Asimismo, en dicho precedente se expuso (voto del Dr. Morán) que “En lo que respecta a la causa "Montenegro", si bien al momento de acaecer el hecho imponible ya habían sido reincorporadas al texto de la ley 11683 las presunciones del citado artículo (conf. art. 19, L. 23314 - ADLA XLVI-B-1124-), no corresponde efectuar una aplicación mecánica del criterio allí expuesto. Siendo ésta una cuestión relacionada con el ámbito de la prueba, no puede ser ordenada con el carácter de un mandato ineludible. La fuerza vinculante de una presunción queda siempre al buen juicio del órgano que se encuentra en situación de aplicarla; de modo que podría optar por hacerlo siempre que entienda preservados los derechos fundamentales involucrados en el proceso” , para luego agregar que “...ello no puede interpretarse como una prohibición absoluta de aplicar las presunciones de dolo previstas en el citado artículo 47, en la medida en que éstas resulten intrínsecamente razonables, y se encuentren acreditados los hechos que determinan su aplicación.
Que, en un sentido acorde, esta Sala tiene dicho que la intención defraudatoria -indemostrable en cuanto estado psicológico condicionante de la voluntad del sujeto- "sólo puede evidenciarse mediante datos objetivos o manifestaciones externas que la pongan de manifiesto, que resultan ser aquellas a las que la ley atribuye ese significado..." ["Las Pirguas SRL (TF 24.592-I) c/DGI" – 31/8/2007]”. En igual sentido la Sala IV de la Alzada in re "Yuviet SA c/Dirección Gral. Impositiva" – 9/6/2005 Sentado ello, del juego armónico de los arts. 46 y 47 surge que debe acreditarse en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio.
Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales.
En este caso concreto y en contraposición a lo sostenido por la recurrente, el Fisco ha demostrado a través de elementos de prueba asertivos y contundentes que mediante la utilización de documentación carente de sinceridad, se efectuaron deducciones en el Impuesto a las Ganancias, todo lo cual generó una grave incidencia fiscal, conforme da cuenta el ajuste practicado por el organismo recaudador. Por otro lado, no puede soslayarse que fue necesaria la fiscalización para detectar la situación descripta, es decir constatar que las declaraciones juradas presentadas no correspondían a la realidad y liquidar el impuesto en su justa medida (cfr. CNACAF, Sala II in re “Rasic Hermanos S.A. c/ Dirección General Impositivas/Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 18 de junio de 2020).
En definitiva, considero que han concordado elementos suficientes para tener por configurado el ilícito previsto en el art. 46 de la ley de rito y no habiendo elementos que justifiquen una dispensa a la sanción o reducción de graduación, corresponde su confirmación.
IX. Por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas. La Dra. O'Donnell y el Dr. Martín dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Del resultado de la votación que antecede, SE
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $609.644 (pesos seiscientos nueve mil seiscientos cuarenta y cuatro) equivalente a 94,26 (noventa y cuatro con 26/100) UMA y por el patrocinio letrado, la suma de $1.524.109 (pesos un millón quinientos veinticuatro mil ciento nueve) equivalente a 235,64 (doscientos treinta y cinco con 64/100) UMA, los que quedan a cargo del recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en las etapas procesales cumplidas en autos y el resultado obtenido, conforme Ley 27.423, Acordada N°28/2021 (9/12/2021) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Fisco Nacional y archívese Date: 2022.02.24 13:42:42 -03:00 Date: 2022.02.24 14:31:27 -03:00 Agustina O'Donnell Daniel Alejandro Martín Vocal Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.25 09:42:28 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.25 09:42:29 -03:00
Fin de la sentencia