Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 31.989-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el artículo 2 de la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL) apelada en autos, en cuanto condena a la importadora al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., la que se fija en la suma de pesos TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 31.770,18), con costas a la actora.
2Confirmar parcialmente el artículo 4°) de la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL), en cuanto a la exigencia tributaria formulada, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de pesos QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS ($ 15.885,09), en concepto de derecho de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 21/03/2011, hasta la fecha de su efectivo pago, con costas a la actora.
3Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL) por la diferencia de multa impuesta, con costas al fisco y en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
4Por cumplida la intimación cursada en el punto 1 de del IF-2025-97247698-APN-VOCXIV#TFN y en consecuencia de ello tener por presentado al Dr. Dr. Pedro Darboure, por parte, a mérito del poder obrante en autos y por constituido el domicilio legal indicado y el electrónico en la CUIT 20-35412351-8.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-103147207-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dra. Claudia Beatriz Sarquis (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en segundo término, a fin de resolver en los autos caratulados “DU PONT ARGENTINA S.R.L c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 31.989-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 16/24, la firma “Du Pont Argentina S.R.L” interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL), dictada por el Depto. de Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se la condena al pago de multa por la suma de $ 63.540,36 en los términos del art. 970 del C.A. y se le formula cargo por la suma de $ 37.741,02 en concepto de tributos por la mercadería ingresada temporalmente y documentada en el D.I.T. Nro. 01 001 IT14 002746 C.
Efectúa un breve relato de los antecedentes del caso y señala la mercadería involucrada ha sido reexportada en su totalidad, en tiempo y forma, mediante los P.E Nros. 01 084 EC03 000665 L, 01 001 EC03 019798 R, 01 001 EC03 020027 R, 01 001 EC03 020555 A, 01 084 EC03 000685 N, 01 001 EC03 021753 B, 01 001 EC03 022355 A, 01 001 EC03 022616 A, 01 001 EC03 0023036 U, 01 084 EC03 000716 X, 01 001 EC03 025698 N, 01 001 EC03 025959 N, 01 001 EC03 026062 W, 01 001 EC03 027312 V, 01 001 EC03 027382 F, 02 001 EC03 000171 Z, 02 001 EC03 000486 C, 02 001 EC03 00159 A, E, 02 001 EC03 001782 C, 02 001 EC03 002173 U, 02 001 EC03 002536 A, 02 001 EC03 006355 D, 02 001 EC03 006648 X, 02 001 EC03 005211 Z, 01 084 EC03 000772 K, 01 084 EC03 000765 M y 02 084 EC03 000054 E -del cual afirma no estar segura que sea el número correcto por la mala fotocopia-. Indica que la D.G.A ni siquiera analizó la documentación presentada y simplemente afirmó que no se podía tener por acreditada la reexportación por la falta de los CTC involucrados. Agrega que no debe perderse de vista que lo realmente relevante es la busqueda material de lo acontencido, lo cual no se cumplió por parte de la D.G.A, quien hizó caso omiso la prueba ofrecida, respecto al pedido de remisión de los C.T.C en trato. Cita abundante Jurisprudencia y en subsidio solicita la reducción de la multa, conforme lo dispuesto por el artículo 916 del C.A. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se tenga por cumplido el régimen de importación temporal, con costas.
II. Que a fs. 41/54, la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Efectúa un breve relato de lo acontecido en sede administrativa y niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su reconocimiento o surjan de las actuaciones administrativas. En relación al fondo de la cuestión cita el informe obrante a fs. 59 de las actuaciones administrativas, donde se tuvo por descargada parcialmente la mercadería ingresada al amparo del DIT en trato e indica que el resto de los P.E no se tuvieron en cuenta dado que no obraban glosados los CTC involucrados -Nros. 4007/01, 061-06675/00 y 061-09616-. Expresa que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recaen sobre la importadora y que es ella quien debe demostrar en forma fehaciente, con la documentación aduanera pertinente, que ha cumplido con sus obligaciones dentro del plazo otorgado, lo cual no hizo en las actuaciones administrativas. Cita el artículo 274 el que considera de aplicación al caso e interpreta que siendo el hecho imponible la “importación a consumo” y que la misma opera automáticamente al vencimiento del plazo de permanencia de la importación temporal, es que corresponde el pago del derecho de importación establecido por la norma vigente a la fecha de dicho vencimiento. Cita la Resolución ANA Nro. 479 refiriéndose a la obligación de presentar la Declaración Jurada y manifiesta que dicha documentación era indispensable para determinar la cancelación de la importación temporaria y siendo que la misma no fue presentada en el momento procesal oportuno según la normativa citada no correspondía otra cosa que una actitud condenatoria por parte del fisco. Destaca lo dispuesto por el artículo 67 del Código de Comercio en lo concerniente al plazo de conservación y cita Jurisprudencia. En relación a la graduación de la multa y su pretensión sobre la reducción de la misma cita Jurisprudencia y destaca que ello es manifiestamente inviable. Ofrece como prueba las act. adm. del caso, formula reserva del Caso Federal y solicita que oportunamente se dicte sentencia, con expresa imposición de costas a la contraria.
III. Que a fs. 55 se declaran como de previo y especial pronunciamiento las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora. A fs. 58 se elevan los autos a la Sala “E” y se pasan a sentencia. A fs. 61/65vta. se rechazan los planteos de nulidad y prescripción formulados por la actora y vuelven los autos a esta Vocalía a fin de continuar el trámite de la causa. Que a fs. 68 se abre la causa a prueba, la que obra producida a fs. 86/104, 112/118, 129/142. A fs. 159 se declara cerrado el período probatorio y a fs. 162 se elevan los autos a la Sala “E”. A fs. 163 se ponen los autos para alegar, agregándose a fs. 166/167 el alegato presentado por el fisco y a fs. 168/170 el alegato presentado por la actora. A fs. 172 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas correspondientes a la presente causa Expte. Administrativo Nro. 603.878/04 (Sigea Nro. 12039-1263-2007) se inician con el Acta Denuncia Nro. 1021/04 en la que se consigna que del control operativo surge la infracción a los arts. 970 y 972 del CA correspondiente al DIT Nro. 01 001 IT14 002746C con vencimiento el 24/05/2002. A fs. 3 se glosa la carpeta del referido despacho, del registro de la Aduana de Bs. As (capital) oficializado el día 24/05/2001, en la que obra agregado el mencionado DIT Nro. 01 001 IT14 002746 C con el cual se documentó en los términos del Dto. 1439/96, la importación temporal de mercadería procedente de los Países Bajos de la PA 4819.10.00.920U por el termino de 360 días.
A fs. 6, con fecha 08/11/2006, se dispone que, visto la denuncia efectuada por la que se da cuenta que la firma “Du Pont Argentina SA” no habría regularizado la situación de la mercadería introducida mediante el Despacho de Importación Temporal Nº 01 001 IT14 002746C -con vencimiento 24/05/2002-, lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del CA, se instruya sumario en los términos del art. 1090 inc “c” del citado código. Asimismo se ordena que previo a todo trámite, se de intervención a la División Comprobación de Destino y/o a quien corresponda, se proceda a efectuar la interdicción sin derecho a uso de la mercadería en trato, se pasen las actuaciones a la División Verificación -RAMO C- a efectos de informar el valor en aduana de la mercadería, posición arancelaria, demás tributos que gravaren su importación y si la misma es de importación prohibida por el régimen general a la fecha de la infracción al art. 970 del CA.
A fs. 9 se informa la PA, valor y alícuotas aplicables a la mercadería en trato y a fs. 12 se liquidan la multa y los tributos relativos a la mercadería en presunta infracción. A fs. 15, con fecha 04/02/2011, se dispone correr vista de lo actuado en los términos de lo dispuesto en los arts. 1001/1010, 1101 y cc del CA, intimando a “Du Pont Argentina SA” para que acompañe toda la documentación que tenga en su poder con el objeto de acreditar la regularización de la temporal de marras, informándole los montos de la multa y de los tributos relativos a la mercadería en presunta infracción. A fs. 22 se agrega la cédula de notificación del auto de corrida de vista dirigida a la importadora, notificada el 02/03/2011.
A fs. 35 y vta., el día 18/03/2011, se presenta la importadora, y ofrece como prueba determinada documentación relativa a la regularización del régimen de la temporal involucrada en la causa que acompaña en ese acto, solicitando asimismo prórroga a fin de acompañar otra documentación relativa al DIT en trato. A fs. 42/43 la importadora, con fecha 07/04/2011, presenta la siguiente documentación certificada por escribano: P.E Nros.: 01 084 EC03 000665 L, 01 001 EC03 019798 R, 01 001 EC03 020027 R, 01 001 EC03 020555 A, 01 084 EC03 000685 N, 01 001 EC03 021753 B, 01 001 EC03 022355 A, 01 001 EC03 022616 A, 01 001 EC03 0023036 U, 01 084 EC03 000716 X, 01 001 EC03 025698 N, 01 001 EC03 025959 N, 01 001 EC03 026062 W, 01 001 EC03 027312 V, 01 001 EC03 027382 F, 02 001 EC03 000171 Z, 02 001 EC03 000486 C, 02 001 EC03 001159 A, 02 001 EC03 001694 E, 02 001 EC03 001782 C, 02 001 EC03 002173 U, 02 001 EC03 002536 A, 02 001 EC03 006355 D, 02 001 EC03 006648 X y copias simples de los P.E.
Nros. 02 001 EC03 002511 Z, 01 084 EC03 000772 K y 01 084 EC03 000765 M, solicitando el libramiento de oficio a la Aduana de Santo Tomé a fin de que se remitan las carpetas originales de las copias de los últimos tres P.E acompañados en copia simple. A fs. 46 se tiene por presentada a la importadora y se hace lugar a la prueba ofrecida ordenándose la agregación de la documentación acompañada. Asimismo se intima a la firma a fin de que presente los CTC y DDJJ aplicables a la mercadería involucrada en la causa. A fs. 47 se intima a la imputada a que acompañe la documentación mencionada en el auto de fs. 46, y a fs. 50/55, con fecha 22/06/2011, la importadora adjunta el CTC Nro. 0240-03 -Solicitud nro. 061-16681/01- y solicita el libramiento de oficio a fin de que se remita el Certificado de Tipificación 4007/01.
A fs. 58 se remite la causa a la Sección Procedimientos Técnicos para que informe si con la documentación obrante en la causa se encuentra regularizado en tiempo y forma el DIT en cuestión, quien produce el informe obrante a fs. 59 informando que se cancelaron mediante los P.E Nros. 01 001 EC03 027312 V y 02 001 EC03 001694 20,60 y 18,54 de la mercadería considerada previamente en infracción, quedando un saldo sin reexportar de 549,86. Asimismo se indica que el resto de los P.E no se tuvieron en cuenta dado que los CTC involucrados (4007/01; 061-006675/00 y 061-09616) no obran agregados. A fs. 60 se liquidan la nueva multa y tributos por el remanente de la mercadería en presunta infracción. A fs. 61/68 se agregan las impresiones de pantalla del Registro General de Infractores y a fs. 69/72 se dicta la Resolución DE PRLA Nro. 7725/2011, - apelada en autos-, que dispuso, en el artículo 1°, absolver a la firma “Du Pont Argentina S.A” de la infracción al artículo 970 del C.A respecto de 39,14 unidades correspondientes a la destinación Nro. 01 001 IT14 002746 C, en el artículo 2° condenar a la citada al pago de una multa igual a una cuatro veces el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería introducida temporalmente mediante la destinación citada precedentemente cuyo monto asciende a $ 63.540,36 y en el artículo 4º intimarla por los tributos adeudados cuyo monto asciende a $ 37.741,02, rigiendo en lo demás lo establecido por el art. 794 del C.A.
A fs. 77 se agrega la cédula de notificación dirigida a la importadora, notificada con fecha 16 de julio de 2012.
V. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., respecto de la mercadería importada temporariamente mediante el DIT N° 01 001 IT14 002746 C, registrado por la firma importadora -aquí actora- “Du Pont Argentina S.A”. ante la Aduana de Buenos Aires, el 24/05/2001, al amparo del régimen del Decreto Nro. 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 24/05/2002.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivasrecae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba. Que de modo tal, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. – eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que el referido Dec. N° 1439/96 a cuyo amparo se autorizó la operación en trato establece en su artículo 14 que “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes, indicando si estos últimos tienen valor comercial. El importador deberá sustituir esta declaración jurada por el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- en el momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero”.
Que, en correlación, el siguiente artículo dispone que “(…) La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS tramitará las declaraciones juradas de insumos, mermas, residuos y sobrantes presentadas por los beneficiarios del régimen y emitirá el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación —CTC—. Dicho certificado mantendrá su validez mientras no cambie la relación insumo-producto declarada. A los efectos enunciados en el párrafo anterior, la SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS SERVICIOS PUBLICOS queda facultada para solicitar a los organismos oficiales correspondientes, atento su especialización y competencia en la materia, la realización de los estudios técnicos necesarios a fin de emitir el correspondiente Certificado de Tipificación y Clasificación. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS emitirá el Certificado de Tipificación y Clasificación -CTC- en la medida en que la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes cumpla con los requisitos técnico-administrativos que se estipulen. La SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS enviará copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación emitidos a la ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, la que a su vez los comunicará a las Aduanas de todo el país (…).”
Que el C.T.C. es el documento que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporalmente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. N° 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A. Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A. que en él se detalla.
Que en virtud de esos datos que surgen del certificado (cuyo contenido se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. N° 18/92) es que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
VIII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa para verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación de la destinación en estudio, o, si por el contrario, existe “saldo” de mercadería en infracción.
Que mediante la destinación involucrada, la actora importó la siguiente mercadería: 589 unidades de mercadería de la P.A 4819.10.00.920 U.
Que al contestar la vista del art. 1101 del CA y luego de intimaciones realizadas por el Servicio Aduanero, la importadora acompañó copia certificada de los P.E Nros. 01 084 EC03 000665 L, 01 001 EC03 019798 R, 01 001 EC03 020027 R, 01 001 EC03 020555 A, 01 084 EC03 000685 N, 01 001 EC03 021753 B, 01 001 EC03 022355 A, 01 001 EC03 022616 A, 01 001 EC03 0023036 U, 01 084 EC03 000716 X, 01 001 EC03 025698 N, 01 001 EC03 025959 N, 01 001 EC03 026062 W, 01 001 EC03 027312 V, 01 001 EC03 027382 F, 02 001 EC03 000171 Z, 02 001 EC03 000486 C, 02 001 EC03 001159 A, 02 001 EC03 001694 E, 02 001 EC03 001782 C, 02 001 EC03 002173 U, 02 001 EC03 002536 A, 02 001 EC03 006355 D, 02 001 EC03 006648 X y copias simples de los P.E. Nros. 02 001 EC03 002511 Z, 01 084 EC03 000772 K y 01 084 EC03 000765 M. Asimismo, acompañó copia del CTC 0240-03 -Solicitud CTC Nro. 061-016681/01- (ver sobre contenedor que obra por separado a las act. adm y fs. 51/53 de las act. Adm.) y manifestó que el CTC Nro. 4007/01 no pudo ser localizado . Que del análisis de dicha documentación, a fs. 59, la Sección Procedimientos Técnicos consideró regularizada - mediante los P.E 01 001 EC03 027312 V y 02 001 EC03 001694- 20,60 y 18,54 unidades respectivamente de la mercadería considerada previamente en infracción, quedando un saldo sin reexportar de 549,86 unidades ya que “… el resto de los P.E no se tuvieron en cuenta dado que no obran los CTC involucrados (4007/01; 061- 06675/00 y 061-09616).”.
Que de esta manera, la Aduana condenó a la importadora por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA respecto de 549,86 unidades de la mercadería ingresada al amparo del DIT Nro. 01 001 IT14 002746 C. Que al interponer recurso ante esta instancia, la importadora acompañó un cuadro de descarga con el detalle de la reexportación de los insumos importados por el DIT de autos, en el cual cita los mismos P.E de embarque que los acompañados en sede administrativa, con el agregado del P.E Nro. 02 084 EC03 000054 E -que cita, pero manifestando no estar segura que sean los números correctos por la mala fotocopia (debiendo destacarse que el mismo no fue acompañado en ninguna instancia del expediente)- y asimismo ofrece como prueba el CTC Nro. 4007/01; y las solicitudes Nros. 061-06675/00 y 061-09616, peticionando se libre oficio a la Secretaría de Industria a los fines de requerirlos.
Que, por ello, a continuación resta analizar los permisos de embarque que el fisco no tuvo en cuenta y con los que la actora aduce que descargó la mercadería restante por regularizar.
Que en el permiso de embarque: Nro. 02 001 EC03 002511 Z, oficializado el 04/02/2002, atento que si bien indica la aplicación de la solicitud Nro. 061-09616 -acompañada a fs. 96/97 de autos por la Dirección de Promoción de Exportaciones-, se documenta la exportación de mercadería de la PA 3908.10.24.000X, que no se encuentra amparada por la mencionada Solicitud de CTC.
Que del cotejo de los permisos de embarque: 01 084 EC03 000665 L, oficializado el 19/09/2001, 01 001 EC03 019798 R, oficializado el 17/09/2001, 01 001 EC03 020027 R oficializado el 20/09/2001, 01 001 EC03 020555 A, oficializado el 26/09/2001, 01 084 EC03 000685 N, oficializado el 02/10/2001, 01 001 EC03 021753 B, oficializado el 12/10/2001, 01 001 EC03 022355 A, oficializado el 22/10/2001, 01 001 EC03 022616 A, oficializado el 24/10/2001, 01 001 EC03 0023036 U, oficializado el 30/10/2001, 01 084 EC03 000716 X, oficializado el 02/11/2001, 01 001 EC03 025698 N, oficializado el 04/12/2001, 01 001 EC03 025959 N, oficializado el 06/12/2001, 01 001 EC03 026062 W, oficializado el 07/12/2001, 01 001 EC03 027312 V, oficializado el 27/12/2001, 01 001 EC03 027382 F, oficializado el 27/12/2001, 02 001 EC03 000171 Z, oficializado el 03/01/2002, 02 001 EC03 000486 C, oficializado el 09/01/2002, 02 001 EC03 001159 A, oficializado el 17/01/2002, 02 001 EC03 001782 C, oficializado el 25/01/2002, 02 001 EC03 002173 U, oficializado el 31/01/2002, 02 001 EC03 002536 A, oficializado el 05/02/2002, 02 001 EC03 006355 D, oficializado el 25/03/2002, 02 001 EC03 006648 X, oficializado el 27/03/2002, observo que se indica el CTC Nro. 4007/01 y en los P.E Nros. 01 084 EC03 000772 K, oficializado el 11/12/2001, y 01 084 EC03 000765 M, oficializado el 05/12/2001, la solicitud de CTC Nro. 061-06675/0.
Que del análisis de la causa resulta que, a fs. 142 de autos, luego de diversos libramientos de oficios con resultado negativo, el Ministerio de Producción informó que la búsqueda de la solicitud de CTC Nro. 061- 06675/0 no arrojó resultados positivos como así también, respecto del CTC Nro. 4007/01, requirió información sobre los antecedentes que dieron lugar a su emisión.
Que por todos los motivos expuestos, atento lo examinado, y teniendo en cuenta que la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa y ordenada en esta instancia, no resulta ser suficiente para cumplir con la documentación exigida por el servicio aduanero debe señalarse que no es posible determinar la cancelación total de la DIT motivo de autos, verificándose de este modo el incumplimiento del régimen de la importación temporal que originara la causa y por ende la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del CA en relación a 549,86 unidades de la mercadería documentada con el DIT Nro. 01 001 IT14 002746 C.
IX. Que en lo concerniente al agravio en cuanto a la graduación de la multa y a la consideración de los antecedentes infraccionales de la importadora, corresponde aplicar mi criterio, sustentado en la materia, en anteriores sentencias dictadas por la Sala “G” - que integro como Vocal titular de la Vocalía 20ª Nominación, Sala con una composición diferente a la actual- (V.gr. en los autos “Globe Metales S.A c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”; expte. Nº 23.480-A). En tal sentido, cabe pronunciarse con referencia a la graduación de la multa impuesta.
Respecto a dicha graduación (de la multa que aquí se confirma) vale recordar, que únicamente se computarán como antecedentes, aquellos que resulten “verificables” -siguiendo el art. 927 del C.A- por infracciones cometidas -y fallos que hayan quedado firmes- con anterioridad al hecho cuya magnitud se revisa. El instituto de la reincidencia, como fuera dicho en el precedente invocado, encuentra su motivación en la razonabilidad de imponer una mayor sanción a quien no respondió adecuadamente a una pena previa, basada en hechos anteriores al del proceso, por lo cual se frustró el fin resocializador, lo cual justificaría una mayor intensidad en la condena.
El precedente “Gramajo” de la CSJN del año 2006 señaló que “...dentro de nuestro régimen constitucional solo es posible que el Estado restrinja a título de pena los derechos de un ciudadano cuando esa inferencia se produce como reacción a un hecho cometido con culpabilidad. Dicho principio que esta Corte ha derivado del art. 18 de la Constitución Nacional, siempre como requisito ineludible para la aplicación de una sanción la preexistencia de una acción ilícita que puede ser atribuida al proceso tanto objetiva como subjetivamente, y ello supone la posibilidad real y efectiva de ajustar la conducta individual a los mandatos de las normas jurídicas.”
Bajo este nuevo examen, la lectura armónica del art. 915 exige para la valoración de los antecedentes las previsiones del art. 927 del C.A y por supuesto del art 18 de la Constitución Nacional. La jurisprudencia de su último intérprete, mal podría calificar como antecedente, una denuncia, una causa en trámite o la condena por un hecho posterior al del proceso, sin contrariar el conjunto armónico de las leyes que conforman la estructura represiva en esta materia; dado la naturaleza penal de sanción de multa conforme el antecedente de la CSJN del 15/05/1967 “Hersch Wolezanski”, Fallos 267:457 en este sentido, entre otros.
Consecuentemente, las impresiones de pantalla glosadas en las actuaciones administrativas resultan incompletas para merituar la reincidencia del infractor (ver fs. 61/68 de las act. adm). Ello, por no poder atribuirse certeza a la fecha de las comisiones de los hechos objetos de condena.
Que el corolario de los razonamientos expresados permite concluir que existe en este aspecto una duda razonable respecto de la graduación del importe de la multa, que ineludiblemente debe ser despejada, atendiendo a la sana crítica, en favor de la actora importadora.
Que en atención a todo ello, y por aplicación del art. 898 del Código Aduanero, considero ajustado a derecho reducir la multa impuesta a dos (2) veces el importe de los tributos que gravan la importación para consumo de la mercadería en infracción, con fundamento en que los antecedentes de la encartada no aparecen como fehacientemente computables en la infracción en trato.
Que el art. 970 del C.A refiere -según pacífica jurisprudencia- sólo a los tributos que gravan la importación para consumo “del régimen general”. Por lo tanto, en el caso conforman la multa aplicable los derechos de importación, la tasa de estadística y el IVA sobre la mercadería en infracción, respecto de la cual se configuró la irregular importación a consumo.
Que por lo expuesto corresponde condenar a la actora al pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de pesos treinta y un mil setecientos setenta con dieciocho centavos ($ 31.770,18).
X. Que establecida la responsabilidad infraccional de la importadora, corresponde analizar los montos de los tributos que deben abonarse en relación con la operación de importación temporaria.
Que, por aplicación de la doctrina sentada por el más Alto Tribunal, cabe concluir que en la especie no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96. Ello, conforme lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “IEF Latinoamericana S.A. (TF 16.912-A) c/ DGA”, que remitió a la causa “Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA”, en la que se sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (…) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que, por otro lado, debe recordarse que la Corte Suprema "sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllos (...) De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar laa posición sentada por el tribunal ...” (C.S., "Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo, del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria - ”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
Que en lo concerniente a los rubros IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, la cuestión analizada por la CSJN en la causa “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas” del 26/11/2019, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la CSJN ha dicho “9°) Que, al ser ello así –tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la le 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
10. Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
Que de acuerdo al pronunciamiento señalado, la DGA carece de facultades para el cobro de los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. Que por lo tanto, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, ni las percepciones de IVA Adicional y el impuesto a las ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada a fs. 60 de las actuaciones administrativas.
(Conforme liquidación de fs. 60):
Valor en Aduana: $ 37.132,05 Dchos. 17,5% $ 6.498,11 Estadística 0,5% $ 185.66 Base IVA $ 43.815,82 IVA 21% $ 9.201,32 Total tributos adeudados: $ 15.885,09.
Que, según la reliquidación que antecede, el monto debido en concepto de tributos asciende a la suma de pesos QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS ($ 15.885,09) en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e IVA.
XII. Que sobre el importe nominal de los tributos adeudados procede el pago de los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero, consecuentemente, los intereses deben computarse desde el vencimiento del plazo de diez días desde la fecha de notificación de la corrida de vista a la aquí actora que data, del 02/03/2011 (ver constancia fs. 22 de las actuaciones administrativas), es decir desde el 21/03/2011 hasta la fecha de su efectivo pago.
XIII. Que en razón de los considerandos que anteceden corresponde confirmar parcialmente el art. 2 de la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL) apelada en autos, en cuanto condena a la importadora al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A, que se establece en la suma de pesos TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 31.770,18), confirmar parcialmente el artículo 4°) de la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL), en cuanto a la exigencia tributaria formulada, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de pesos QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS ($ 15.885,09), en concepto de derecho de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 21/03/2011 hasta la fecha del efectivo pago, con costas a la actora y revocarla por la diferencia de la multa impuesta y en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional y de las percepciones de IVA adicional y Ganancias que la Aduana le intima, con costas al fisco.
Que por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el artículo 2 de la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL) apelada en autos, en cuanto condena a la importadora al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., la que se fija en la suma de pesos TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 31.770,18), con costas a la actora.
2. Confirmar parcialmente el artículo 4°) de la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL), en cuanto a la exigencia tributaria formulada, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de pesos QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS ($ 15.885,09), en concepto de derecho de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 21/03/2011, hasta la fecha de su efectivo pago, con costas a la actora.
3. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL) por la diferencia de multa impuesta y en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas al fisco.
4. Por cumplida la intimación cursada en el punto 1 de del IF-2025-97247698-APN-VOCXIV#TFN y en consecuencia de ello tener por presentado al Dr. Dr. Pedro Darboure, por parte, a mérito del poder obrante en autos y por constituido el domicilio legal indicado y el electrónico en la CUIT 20-35412351-8. El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto de la Vocal preopinante salvo en cuanto a la imposición de costas dispuesta respecto al Derecho Adicional y las percepciones que se revocan , toda vez que entiendo que las mismas deben imponerse “por su orden” atento que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“IEF LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A) c/DGA”, del 14/08/13, y “FRISHER SRL (TF 16.236-A) c/DGA”, también del 14/8/13 y “CLADD ITA SA (TF 22.343-A) c/ EN – DGA RESOL. 2590/06 - EXPTE. 604155/01) s/ Dirección General de Aduanas”, de fecha 26/11/19), que fijan los criterios interpretativos respecto de su aplicación, son de fecha posterior al dictado de la Resolución objeto de apelación (27/10/2011) y de la fecha de interposición del presente recurso (17/08/2012).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Confirmar parcialmente el artículo 2 de la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL) apelada en autos, en cuanto condena a la importadora al pago de una multa por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., la que se fija en la suma de pesos TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 31.770,18), con costas a la actora.
2. Confirmar parcialmente el artículo 4°) de la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL), en cuanto a la exigencia tributaria formulada, declarando que la importadora adeuda en concepto de tributos la suma de pesos QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS ($ 15.885,09), en concepto de derecho de importación, tasa de estadística e IVA, con más los intereses en los términos del art. 794 del C.A. a partir del 21/03/2011, hasta la fecha de su efectivo pago, con costas a la actora.
3. Revocar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 7725/2011 (AD LAPL) por la diferencia de multa impuesta, con costas al fisco y en cuanto a la exigencia del Derecho Adicional, las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, con costas por su orden.
4. Por cumplida la intimación cursada en el punto 1 de del IF-2025-97247698-APN-VOCXIV#TFN y en consecuencia de ello tener por presentado al Dr. Dr. Pedro Darboure, por parte, a mérito del poder obrante en autos y por constituido el domicilio legal indicado y el electrónico en la CUIT 20-35412351-8. Regístrese, notifíquese a la actora en el CUIT 20-24592191-9 (Dr. Hernán Cancellieri), al fisco nacional en el CUIT 33-69345023-9 y al Dr. Pedro Darboure en el CUIT 20-35412351-8, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme Art. 1162 del C.A.).
Date: 2025.09.15 17:19:17 ART Date: 2025.09.16 00:23:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.16 17:09:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.16 17:09:42 -03:00
Fin de la sentencia