Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-65698954-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de lo actuado en el sumario que ha tramitado como Actuación Nº 12197-5532-2007 a continuación del auto por el cual se dispone la instrucción de sumario (fs. 72 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA Nº 0002383, aquí apelada. Con costas a cargo del fisco.
2Ordenar a la D.G.A. que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-71909788-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 9 de Agosto de 2021 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos “DU PONT ARGENTINA S.R.L. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expte. Nº EX-2020-65698954- -APN-SGASAD#TFN, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que mediante RE-2020-65697887-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma “DU PONT ARGENTINA S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 0002383 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA Nº 12197-5532-2007, en la que se dispuso: “ ARTICULO 1°: ARCHIVAR sin más trámite las presentes actuaciones en los términos de la Instrucción General N° 11/16 (D.G.A.),…ARTICULO 3º: FORMULAR CARGO a la firma DU PONT ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-50112696-5) y a la garante CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A. (CUIT Nº 30-68515834-1) con relación a la 06 001 IT 15 001412 U en concepto de TRIBUTOS ADEUDADOS, por la suma de DÓLARES ESTADOUNIDENSES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64/100 (u$s1.782,64) y por la suma de PESOS CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 19/100 ($5.167,19) en concepto de PERCEPCIÓN DE IVA ADICIONAL Y DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS, e INTIMAR A SU PAGO…”.
Efectúa un breve relato de los antecedentes del caso. Plantea la nulidad de todo lo actuado, en especial, de la resolución apelada y la consecuente prescripción de la acción del fisco. Explica que las actuaciones administrativas se iniciaron por la supuesta comisión por la firma de la infracción al artículo 970 del C.A en relación con el DIT Nº 06001IT15 1412 U cuyo vencimiento operaba el 22/09/2007. Señala que la firma recién toma conocimiento de la denuncia e imputación infraccional en su contra el 17/09/2020 -es decir, a 13 años de vencida la temporal-, sin que durante ese lapso de tiempo, se haya emitido ni corrido la vista correspondiente, constituyéndose en una clara y manifiesta violación de los arts. 1101 y 1103 del Código Aduanero, en cuanto se vulnera gravemente su derecho de defensa y los principios del debido proceso y legalidad.
Agrega que ese irregular accionar de la aduana impidió que la firma se presente en sede administrativa y formule el descargo que hacía a su defensa, cuestionando (o no) la existencia de la infracción, constituyéndose en una flagrante vulneración de su Derecho de Defensa, previsto en el art. 18 de nuestra Carta Magna y del Principio del Debido Proceso Adjetivo, claramente expuesto en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, como así también del Principio de Legalidad. Destaca que, en ese sentido, no obra en sede administrativa una investigación seria que haya permitido dilucidar los hechos, oír debidamente a su parte, de modo de arribar a la verdad material del caso. A su vez, postula también la nulidad de todo lo actuado en las actuaciones administrativas con fundamento en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica, atento que la dilatada tramitación de la causa conlleva también a que la firma no pueda ejercer su defensa dentro de un plazo “razonable”.
Cita jurisprudencia. Sostiene la improcedencia del reclamo de IVA adicional y Ganancias, e invoca la estricta aplicación del fallo “Cladd” dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Plantea el caso federal. Solicita que se haga lugar a las defensas articuladas, declarándose la nulidad de todo lo actuado y la consecuente prescripción de la acción del fisco, con expresa imposición de costas a la contraria. En subsidio, peticiona que se deje sin efecto el reclamo por IVA Adicional y Percepción de Ganancias en virtud de fallo dictado por la C.S.J.N.
II. Que mediante IF-2020-86919159-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento o surjan de las actuaciones administrativas que ofrece como prueba. Refiere al procedimiento previsto en la Instrucción General Nº 11/16 en virtud del cual los jueces administrativos a cargo del sumario deben, previa evaluación del caso en particular, archivar las actuaciones administrativas por las que tramita la investigación de sanciones por infracciones aduaneras en una serie de casos, entre los que se cuentan las investigaciones de denuncias por infracción al art. 970 del C.A., cuando el importe del mínimo de la multa no supere los $5.000.
Destaca que el archivo de las actuaciones no obsta la formulación de cargo por tributos que la aduana considerasen que pudieren corresponder. Contesta los agravios esgrimidos por la recurrente relativos a la nulidad del sumario. Sostiene que la actora no logra explicar de manera concreta cómo se ha visto afectado su derecho de defensa, indicando cuál es el perjuicio concreto. Especifica que la firma considera vulnerado su derecho de defensa, pero al mismo tiempo contesta y se agravia del cargo por el pago de tributos que se le ha efectuado, es decir que claramente se ha cumplido con la finalidad propia del acto y ha podido defenderse en tiempo y forma de ello. En ese sentido, indica que la recurrente parece invocar una nulidad por la nulidad misma porque, en definitiva, se encuentra aquí ejerciendo plenamente sus defensas, no estando efectivamente afectado su derecho de defensa ni el debido proceso.
En cuanto al agravio relativo a “plazo razonable” explica que el accionar del servicio aduanero se ajustó a los plazos establecidos por el Código Aduanero, resultando la actividad desplegada conforme a derecho y encontrándose aún vigente la acción de la aduana para reclamar el cobro de tributos. Agrega respecto a la improcedencia de IVA Adicional y Ganancias que la normativa prevé la obligación del importador temporal de constituir garantía por el monto de los tributos que gravan la importación para consumo, por lo que los tributos garantizados y la alícuota aplicable surgirán de la documentación obrante en el sobre contenedor de la DIT. Destaca que la realidad es que la actora garantizó por el régimen general “todo”, por lo que no corresponde ahora -y de manera ventajosa- pasar por alto el temperamento que surge de las propias actuaciones, pretendiendo evadir parte de la carga tributaria garantizada.
Plantea el caso federal. Ofrece prueba. Solicita que, oportunamente, se dicte sentencia, rechazando la apelación interpuesta por la actora, y confirmando el fallo recurrido, con expresa imposición de costas.
III. Que por PV-2021-56944773-APN-VOCXX#TFN se declaran como de previo y especial pronunciamiento las excepciones de nulidad y prescripción opuestas por la actora, y se elevan los autos a la Sala “G"; y mediante IF-2021- 60573871-APN-VOCXX#TFN se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 12197-5532-2007 se inicia a fs. 1/59 con la solicitud de liberación de la garantía presentada por la firma “DU PONT ARGENTINA S.A.” correspondiente al DIT Nº 06001IT15001412U. A fs. 61/62 luce cédula de notificación cursada por la AFIP – DGA a la firma con fecha 18/09/2007 a efectos de requerir documentación relativa a la cancelación del DIT. A fs. 63/66 obra el escrito de la firma “Cumple requerimiento. Manifiesta. Solicita prórroga”. A fs. 67 obra el Acta Denuncia Nro. 489/07 por la infracción tipificada en el Art. 970 y 972 del CA en relación al D.I.T. 06001IT15001412U con vencimiento el 22/09/07 por “3993,23kg descargados mediante los Permisos de Embarque 06042EC03002628L y 06042EC03002682l, toda vez que los CTC involucrados no tipifican el producto exportado”. A fs. 70 se informan las alícuotas y valor en Aduana aplicables a la mercadería considerada en infracción. A fs. 71 se liquidan los tributos. A fs. 72 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. “c” del C.A. A fs. 73/74 se liquidan multa y tributos. A continuación, luce Consulta de una garantía global o unitaria del 06/04/2017, y con fecha 07/04/17 obra constancia que no existen antecedentes de sumarios archivados a nombre de “DU PONT ARGENTINA S.A.”. El 18/04/2017 se dicta la resolución DE PRLA Nº 0002383 -apelada en la causa-.
V. Que, en primer término, corresponde destacar que las actuaciones administrativas correspondientes a la causa -como se dijo- se iniciaron por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 y 972 del C.A. en relación con el DIT Nº 06001IT15001412U cuyo vencimiento operó con fecha 22/09/2007. Ello por cuanto, la aduana consideró que 3993,23kg de la mercadería descargada mediante los Permisos de Embarque 06042EC03002628L y 06042EC03002682l, no se encontraba tipificada por los CTC involucrados.
Que la resolución aduanera apelada en autos, al tiempo que dispone el archivo de la denuncia infraccional, haciendo aplicación de la Instrucción General Nº 11/16 (D.G.A.), ordena formular cargo por los tributos que considera adeudados. Que, en lo que al caso de autos concierne, por la Instrucción General referida se establecieron las pautas procedimentales para que las autoridades administrativas a cargo de las distintas áreas, dispongan el archivo de las actuaciones que signifiquen aplicación de sanciones “cuyos bajos montos tornen antiecónomico instrumentar o continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro”.
Que a tal efecto se ordenó el archivo de las actuaciones cuando el importe de la multa mínima no alcanzara la suma de PESOS QUINCE MIL ($15.000), siempre que el presunto infractor no tuviere registrado antecedentes de casos archivados por el art. 970 del C.A. dentro de los últimos doce (12) meses inmediatos anteriores a la fecha de la presunta infracción, que en conjunto superen el monto aludido.
Que con ese fundamento el servicio aduanero dispuso en la resolución apelada en la especie el archivo de la denuncia por presunta infracción, en virtud de que la liquidación practicada arrojó un monto de $5.492,32 en concepto de multa mínima y la firma no poseía antecedentes que la inhibieran de dicho tratamiento.
Que, resulta indiscutible, que dicha resolución resultó a los efectos prácticos condenatoria para la importadora, si se tiene en cuenta que se ordenó formular cargo por la diferencia de tributos que se consideraron adeudados por tenerse por configurada la transgresión al régimen de importación temporaria atento la comprobación realizada por el servicio aduanero.
Que, por lo demás, también conviene aclarar que, conforme surge de lo dispuesto en el punto H) de la referida Instrucción, el archivo de las denuncias revestía carácter provisional hasta que transcurriera el plazo de doce meses, vencido el cual, de no mediar otras sanciones que en su conjunto superen el monto fijado, el archivo devenía definitivo.
VI. Que sentado lo expuesto, corresponde expedirse sobre el planteo de la actora en relación con la nulidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución aduanera; en cuanto aduce que no se le ha corrido vista del sumario de marras y, por ende, no pudo ejercer su derecho de defensa.
Que sentado lo que antecede, cabe recordar que el art. 1101 del C.A. dispone que: “Cumplidas las medidas dispuestas de conformidad con el art. 1094, el administrador correrá vista de lo actuado a los presuntos responsables por el plazo de DIEZ (10) días, a fin de que presenten sus defensas, ofrezcan toda la prueba y acompañen la documental que estuviere en su poder (...)”.
Que de la lectura de las actuaciones administrativas, surge que luego del dictado de la apertura de sumario de fs. 72 ninguna intervención se le dio al importador, ya que los actos procesales cumplidos posteriormente, en su totalidad, fueron realizados por el servicio aduanero. Es decir, que no existió oportunidad alguna de acompañar -o en su caso, solicitar su agregado- de la documentación que acreditara el cumplimiento del régimen de importación temporal. Que, en efecto, la única notificación que la aduana cursó a la recurrente fue a través del sistema SICNEA el 17/09/20 mediante la cual se le notificó la resolución -apelada en la especie- y cuya impresión de pantalla fue acompañada ante esta instancia por la propia firma -en ocasión de interponer el presente recurso-; sin que con anterioridad se la citara a tomar participación en los actuados a fin de esgrimir las defensas de que pudieran valerse. Ello, en abierta violación a lo dispuesto en el art. 1101 del C.A., ya citado.
Que indudablemente la demandada no ha dado cumplimiento a los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1080 a 1117 del C.A.), dando vista a la imputada en relación a la infracción endilgada, a fin de que aporten la documentación que creyeran idónea, importando dicho procedimiento, la etapa procesal oportuna para acreditar la veracidad de lo declarado.
Que el proceder del servicio aduanero afecta, no sólo el derecho de defensa, sino también los más elementales principios del derecho procesal y del debido proceso (ver al respecto la Exposición de Motivos del Código Aduanero, Título I, Capítulo Primero, “Disposiciones comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero”).
Por su parte, la LNPA, de aplicación supletoria en la instancia aduanera, establece en el art. 7°, inc. d) que antes de la emisión del acto administrativo deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Su incumplimiento vicia el acto y así lo dispone el art. 14 de la citada ley. Que, en consecuencia, no cabe duda de que la omisión incurrida desnaturaliza el procedimiento, y no puede considerarse cumplida con la notificación de la resolución apelada.
Que en base a lo expuesto precedentemente cabe concluir que la omisión de efectuar la corrida de vista del art. 1101 del C.A. en el sumario que dió origen a esta causa torna nulos todos los actos procesales posteriores, inclusive la Resolución DE PRLA Nº 0002383, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse sólo en la constatación realizada y tener por configurada la infracción, sin darle la posibilidad al administrado de demostrar lo contrario. Que por lo demás, conviene aclarar que no resulta óbice a lo expuesto que en la resolución aduanera aquí apelada se ordenara el archivo de la denuncia en los términos de la Instrucción General N° 11/16 (DGA), pues tratándose de la investigación de un ilícito, previo a disponer su archivo con fundamento en el bajo monto por el que hubiera prosperado la sanción, correspondía que el servicio aduanero determinase en forma fehaciente la configuración de la infracción imputada a la importadora que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa y los tributos que ahora se pretenden exigir a la importadora por la supuesta infracción por la transgresión al régimen de destinación suspensiva. Que lo expuesto implica que el deber o facultad de disponer el archivo de la denuncia por parte de la Aduana recién nacería cuando la infracción ha quedado acreditada y, en consecuencia, el monto de la sanción también determinado. Cabe señalar que no se trata únicamente de verificar el monto por el que procedería la multa, sino, además y fundamentalmente, de la necesidad de determinar mediante el procedimiento correspondiente, como ya se dijo, la existencia misma de la infracción que da lugar a la aplicación de una multa por la infracción endilgada. Que, en definitiva, corresponde declarar que no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde declarar la nulidad absoluta e insanable respecto de todo lo actuado en el sumario que ha tramitado como Actuación Nº 12197-5532-2007 y a continuación del auto por el cual se dispone la instrucción de sumario (fs. 72), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia. La misma declaración de nulidad alcanza a la Resolución DE PRLA Nº 0002383, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. Por lo tanto, la D.G.A. deberá proceder a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora, a fin de que pueda ejercer su derecho de defensa. Todo ello con costas al fisco.
VII. Que por la forma en que se resuelve no corresponde considerar las demás cuestiones planteadas por la actora. Sin costas.
Por ello, voto por:
1. Declarar la nulidad de lo actuado en el sumario que ha tramitado como Actuación Nº 12197-5532-2007 a continuación del auto por el cual se dispone la instrucción de sumario (fs. 72 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA Nº 0002383, aquí apelada. Con costas a cargo del fisco.
2. Ordenar a la D.G.A. que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Que los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a V del voto de la Dra. Sarquis y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. Dicho lo que antecede y en el entendimiento de que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros), por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si, como lo plantea la recurrente, la acción del fisco para el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-
APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
III. Que, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 22/05/2012 (ver fs. 72 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado. Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la suspensión de la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos en los términos art. 805 inc. a) del CA.
Que habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2008, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2012 (cfme. arts. 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 18/04/2017 y notificada el 17/09/2020 cfme. constancia agregada en autos mediante RE- 2020-65698778-APN-SGASAD#TFN).
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA OFICIALIZACIÓN DIT 21/09/2006 VENCIMIENTO DIT 22/09/2007
ACTA DENUNCIA (fs. 67) 5/10/2007 APERTURA SUMARIO (fs. 72)
22/05/2012 RESOLUCIÓN APELADA 18/04/2017 NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 17/09/2020 PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 1/01/2008-31/12/2012
Que en adición a lo expuesto, cabe subrayar que los actos inmediatamente posteriores al auto de apertura del sumario -la liquidación de multa y tributos de fs. 73/74 se encuentra sin fechar- (consulta de garantía el 6/04/2017, constancia de antecedentes penales el 7/04/2017 y resolución apelada) fueron dictados casi 5 años después del mismo, es decir, cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido.
Que, en virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT Nº 06 001 IT15 001412 U.
Por ello, voto por:
Declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos relativos al DIT Nº 06 001 IT15 001412 U. Con costas.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1. Declarar la nulidad de lo actuado en el sumario que ha tramitado como Actuación Nº 12197-5532-2007 a continuación del auto por el cual se dispone la instrucción de sumario (fs. 72 de las actuaciones administrativas), comprendiendo por tanto todas las actuaciones posteriores y demás actos emitidos en su consecuencia, incluyendo también a la Resolución DE PRLA Nº 0002383, aquí apelada. Con costas a cargo del fisco.
2. Ordenar a la D.G.A. que proceda a correr la vista dispuesta en el art. 1101 del C.A., a la aquí actora. Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, oportunamente, envíese a Guarda temporal.
Date: 2021.08.05 19:24:19 ART Date: 2021.08.08 22:53:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.08.09 10:42:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.08.09 10:42:37 -03:00
Fin de la sentencia