Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 25729-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI) declarar desierto el recurso interpuesto por la parte demandada en los términos del art. 266 del CPCCN; ii) rechazar el recurso interpuesto por la firma actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 2539/2025/CA1; DU PONT ARGENTINA SRL (TF 25729–A)
c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO .
DVP Buenos Aires, de julio de 2025.
Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Mediante sentencia del 25/04/2024, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: revocar la Resolución DE PRLA 7723/2008 –dictada en las actuaciones 12039-236-2008–, en tanto imponía una multa y el pago de tributos a la firma actora –con relación al saldo de 20.407,59 kg– y tener por cancelada en su totalidad la mercadería importada mediante la destinación 970011T15000209K, con costas en el orden causado.
Para así decidir, luego de reseñar las posiciones adoptadas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, efectuar una síntesis de las actuaciones administrativas que llevaron al dictado de la Resolución impugnada y señalar que el objeto de autos consistía en determinar si resultaba procedente la multa y los tributos reclamados a la firma importadora por la supuesta comisión de la infracciona prevista en el art. 970 del C.A respecto a la destinación 970011T15000209K, conceptualizó las destinaciones de importación temporaria y las consecuencias de sus transgresiones –de conformidad con lo dispuesto en los arts. 250 y 970 del C.A– y remarcó que, en casos como el de autos, la carga de la prueba de la reexportación o nacionalización de la mercadería recae en el beneficiario del régimen preferencial. Así las cosas, puntualizó que en el caso concreto la destinación involucrada se encontraba documentada en los términos del decreto 1439/96 –régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial– en virtud del cual, la mercadería importada se somete a un proceso productivo y debe ser reexportada a consumo bajo la nueva forma resultante, en el plazo de un año –prorrogable por otro igual–.
En este contexto, explicó que conforme la Res. ANA 479/98 y el decreto supra mencionado, para acceder al beneficio el interesado debe obtener de la Secretaria de Industria el Certificado de Tipificación y Clasificación –CTC–, por intermedio del cual se establece la relación insumo/producto, lo que le permite a la Aduana conocer que cantidad de insumos importados de forma temporaria fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. Asimismo, destacó que conforme al Anexo III de la Res. S.I.C Nro 18/92, en los CTC se debe individualizar la posición arancelaria del producto importado temporariamente y la del producto que se exportará.
Así la cosas, afirmó que, conforme surgía de las constancias de autos, tras realizar un análisis de la documental aportada en oportunidad de contestar la vista, el servicio aduanero había considerado que no se encontraba acreditado que la firma actora hubiese reexportado la totalidad de la mercadería importada –quedando un saldo de 20.407,59 kg– al no tenerse en cuenta el p.e 192597-6/97 –por cuanto no visualiza el cumplido– y el p.e 193815-0/97 cuyo CTC 3406 no había sido oportunamente acompañado por la actora.
Sentado ello, subrayó que, al momento de interponer recurso de apelación ante el TFN, la parte actora había acompañado como documental la declaración jurada de insumos, las copias de permisos de embarque así como el de los CTC –destacando que el CTC 3406 no había sido presentado en el sumario administrativo sino recién ante esa instancia– Tras efectuar una reseña de los documentos aportados, concluyó que se encontraba acreditado que la firma Du Pont Argentina SRL había reexportado la totalidad de los insumos importados –de conformidad con los CTC y la relación insumo/producto aplicable en cada descarga y ponderando que las perdidas insuperables resultantes del proceso de industrialización se ajustaban a la relación insumo/producto aplicable a cada CTC–.
En virtud de lo expuesto, revocó la Resolución apelada y tuvo por cancelada la totalidad de la mercadería importada bajo la DIT 970011T15000209K, con costas por su orden.
II. Contra dicha decisión se alzan ambas partes. La actora interpone recurso de apelación y expone sus agravios el 24/05/2024 –los que fueron replicados por la contraria el 26/06/2024–; la parte demandada hace lo propio el 18/06/2024, no expresando agravios en el plazo fijado para ello – Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 2539/2025/CA1; DU PONT ARGENTINA SRL (TF 25729–A)
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cfr. providencia dictada por el TFN el 10/12/2024–, por lo que corresponde declarar desierto su recurso en los términos del art. 266 del CPCCN. La firma actora considera que el Tribunal Fiscal de la Nación yerra al imponer las costas en el orden causado. Sostiene que en el caso concreto se debe estar a lo dispuesto en la primera parte del artículo 1163 del Código Aduanero en cuanto dispone que las costas deben ser soportadas por la parte vencida. Remarca que el Tribunal Fiscal de la Nación fijó las costas en el orden causado sin dar fundamento alguno que sustente dicha tesitura. Asevera que en el sub-examine no existen circunstancias que ameriten un apartamiento del criterio objetivo de la derrota, consagrado tanto en el artículo 68, primer párrafo, del CPCCN, como en el referido artículo 1163 del Código Aduanero.
III. En estas condiciones, debe recordarse que, en materia de costas, el principio general es el de imposición al vencido, puesto que el fundamento –y principio esencial– de la institución radica en el hecho objetivo de la derrota, habida cuenta que la aplicación de costas al vencido importa una reparación de los gastos necesarios que fueran efectuados por la parte que ha resultado vencedora en el pleito, para obtener el reconocimiento de su derecho (cfr., CNACAF, esta Sala, Causa Nº 2.300/2008, in re “Pancho Dotto y Asociados SA c/ EN - AFIP- DGI - Resol. 7/02/07 s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 26/6/13).
Ello así, el artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, así como el artículo 1163, en su primer parte, del Código Aduanero, receptan este principio en tanto disponen que la parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado. En este sentido, no es ocioso recordar la inveterada doctrina del Máximo Tribunal, en cuanto dispone que el artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –y por extensión el artículo 1163 del Código Aduanero– consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota (CSJN, Fallos: 323:3115; 325:3467);
Asimismo, vale recordar que tanto el referido Código Procesal como el Código Aduanero permiten reconocer excepciones a la regla previamente expuesta al facultarse a los jueces a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, por decisión fundada (Fallos: 311:809 y 317:1640, entre otros).
En efecto, y en lo que aquí interesa, corresponde señalar que la ley 27.430 (B.O. 29/12/2017), en su artículo 273 sustituye el texto del artículo 1163 del Código Aduanero, por el siguiente: “La parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello...”, habiendo quedado, de ese modo, expresamente establecida, en materia aduanera, la facultad de distribuir las costas en el orden causado, y que se corresponde con lo que ya se encontraba previsto expresamente en el artículo 68, segundo párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
IV. En la sentencia apelada, dicha facultad jurisdiccional, en cabeza del Tribunal Fiscal de la Nación, ha sido razonablemente ejercida. Es que tal como se señaló en la sentencia aquí apelada, el CTC 3406 –fundamental para tener por acreditada la relación insumo-producto, acreditar la reexportación de la totalidad de la mercadería importada temporariamente, y sellar así la suerte del litigio– no fue oportunamente acompañado en la instancia administrativa sino recién al momento de apelar ante el TFN, motivo por el cual el servicio aduanero pudo válidamente creer que no se encontraba cancelada la totalidad de la mercadería importada bajo la DIT 970011T15000209K y, por ello, perseguir el cobro de los tributos y la multa impuesta, conforme lo dispone el Código Aduanero; todo lo cual, sella la suerte del recurso interpuesto por la parte actora V. En cuanto a las costas de Alzada, toda vez que la parte actora, en su calidad de vencedora, pudo creerse que le asistía un mejor derecho a reclamar como lo hizo, corresponde que también se impongan en el orden causado.
Cámara Contencioso Administrativo Federal – Sala III CAF 2539/2025/CA1; DU PONT ARGENTINA SRL (TF 25729–A)
c/DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO .
En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: i) declarar desierto el recurso interpuesto por la parte demandada en los términos del art. 266 del CPCCN; ii) rechazar el recurso interpuesto por la firma actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada Nº 3/25 de esta Cámara.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia