Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 74015506-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Rechazar el recurso intentado y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto es materia de agravio, con costas (cfr. artículos 1163 del Código Aduanero y 68, primera parte, del C.P.C.C.N.), y 2º) modificar la regulación de honorarios del 09/02/21 y fijar los correspondientes a esta Alzada, en los términos expresados en el Considerando VIII.
17245/2023 - "DU PONT ARGENTINA SRL (TF 74015506-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
///nos Aires, 30 de junio de 2023.- AMD VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 30 de diciembre de 2020, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió rechazar la presente acción de amparo, con costas.
Para así decidir, en primer término reseñó los antecedentes de la cuestión controvertida y lo alegado por las partes, al tiempo en que recordó los alcances otorgados por el artículo 1160 del Código Aduanero. Posteriormente, expresó que, a los efectos de evaluar la actividad administrativa, debían tenerse en cuenta, por un lado, el procedimiento de repetición establecido en los artículos 1068 a 1079 del Código Aduanero (reglamentado por la Resolución General A.F.I.P. 2365/07) y, por el otro, “[l]a necesaria relación que existe entre dicha normativa con la prevista en el régimen de resguardo documental o “depositario fiel” implementado a partir del dictado de la Resolución General AFIP 2573/09 y normas complementarias y suplementarias […]”.
En particular, destacó que, mediante la última Resolución General, “[s]e implementó un sistema de digitalización y resguardo de la documentación aduanera, instituyéndose la figura del “Depositario Fiel” mediante la cual se trasladó al “declarante” la obligación de archivar y resguardar la documentación aduanera, con el estricto cargo de que la misma debía ser aportada al servicio aduanero a su solo requerimiento […]”. A su vez, resaltó las implicancias de la modificación introducida “[e]n lo que respecta[ba] a la guarda y protección de la documental que respalda[ba] a las operaciones aduaneras en la República Argentina, toda vez que a partir de esa fecha, se trasladó la responsabilidad de su custodia desde la órbita de la Aduana Argentina al ámbito de responsabilidad del “declarante” en su carácter de depositario fiel, en forma directa (autoarchivo) o mediante un “Prestador de Servicios de Archivo y Digitalización” (PSAD) contratado por el declarante bajo su responsabilidad, como ha sucedido en la operación de autos (PE 18052 EC01 010095K) […]”.
En tal sentido, rememoró que “[e]l Anexo de la Resolución General N° 2365/07 apartado b), punto d), se prevé que, para el trámite de la solicitud de repetición de tributos, la Dirección General de Aduanas requerirá - entre otros- la remisión del sobre contenedor con la documentación complementaria (…) y la no recepción de la documentación, luego de DOS (2) requerimientos, autorizará a proseguir el trámite con la copia presentada por el solicitante [y que] esta norma […] que requiere la agregación de la documentación original (sobre contenedor) de la operación objeto de repetición, debe ser analizada en forma conjunta con la Resolución General N° 2573/2009, que en su art. 6° claramente dispone que el archivo y el resguardo de la documental se encuentra en cabeza del declarante, en su carácter de “depositario fiel”, estableciendo específicamente su obligación de aportar la misma, a requerimiento de la Administración Federal, en un plazo no mayor a TRES (3) días hábiles a partir de la comunicación […]”.
Sentado ello, advirtió que, en el caso, la firma actora había solicitado la devolución correspondiente el 29 de abril de 2019 y que, el 10 de mayo de ese año, la Dirección General de Aduanas había proveído el pedido de la recurrente e intimado al despachante de aduana a que, en el término de diez días y una vez cumplida la digitalización del permiso de embarque y documentación complementaria, “aportara el mismo”.
Además, puso de resalto que, a fs. 13, obraba constancia del requerimiento efectuado mediante el Sistema Informático de Depositario Fiel de la Dirección General de Aduanas al depositario designado por el exportador y su declarante, para que restituyera el sobre contenedor del Permiso de Embarque 18052 EC01 010095K, necesario para dar continuidad al procedimiento de repetición.
En ese contexto, apuntó que, el 21 de octubre de 2019, y sin haberse presentado aún el sobre contenedor requerido, la actora había interpuesto un pedido de “pronto despacho”.
Por ello, consideró que debía concluirse que el servicio aduanero había actuado de acuerdo con lo previsto por las normas aplicables y que, la documentación necesaria para dar impulso al trámite, se encontraba en poder de la administrada desde el mes de noviembre de 2018.
De igual modo, señaló que debía tenerse en cuenta que “[c]on anterioridad al pedido de pronto despacho, y conforme [surgía] de los correos electrónicos de fecha 9/9/19 y 11/11/19 obrantes a fs. 16/17 de los antecedentes administrativos, el tema objeto de tratamiento en el expediente administrativo se encontraba elevado en consulta en los términos de la Instrucción General AFIP N° 7/07 por tratarse de una “cuestión controvertida de relevancia institucional” […]”.
Por otra parte, transcribió lo instruido por la jefatura de la Dirección Regional Hidrovía a todas las Aduanas de su jurisdicción y, posteriormente, abordó la cuestión suscitada en torno al tiempo transcurrido entre las comunicaciones de instrucción referidas, explicando que debía considerarse que “[a]demás de la Feria Administrativa ordinaria en los procedimientos administrativos aduaneros (Sección XIV del Código Aduanero) dispuesta para el mes de enero del año 2020 (Resolución AFIP Nro. 1983/05, Resolución General N° 3385/2012, y modificatorias) [correspondía] adicionar la Feria Administrativa Extraordinaria dispuesta en virtud de la Resolución General AFIP N° 4682/20 y posteriores, que a partir del 18/03/20 han establecido períodos sucesivos de ferias fiscales, con el alcance de las previsiones de la RG N° 1983/05, sus modificatorias y complementarias, en virtud de la situación excepcional de Pandemia COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, y en concordancia y acatamiento a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 297 del 19/3/2020, y posteriores, hasta el DNU Nº 814 del 25/10/2020 que establecieron en forma continua e ininterrumpida, restricciones circulatorias y estrictas medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que se han mantenido hasta el 30 de noviembre del corriente año […]”.
Por todo lo expuesto, consideró que no podía imputársele una demora excesiva al servicio aduanero, habida cuenta de la complejidad de la cuestión involucrada, las particularidades vinculadas a los plazos aplicables y la falta de realización de la actividad que le correspondía desplegar a la actora (páginas 119/123 del PDF acompañado en la causa).
II. Que, disconforme con lo resuelto, el 6 de enero de 2021 apeló la parte actora, quien fundó su recurso en el mismo acto y cuyo traslado fue contestado el 24 de febrero de 2021 (páginas 131/135 y 155/158 del archivo en formato PDF acompañado en la causa).
La recurrente se agravió, en síntesis, de la imposición de los accesorios, en el entendimiento de que el servicio aduanero no había realizado acto alguno tendiente a resolver su petición.
En particular, expresó que no se la había notificado acerca del “supuesto requerimiento” efectuado al despachante correspondiente y que tampoco había existido, por parte de la demandada, notificación formal alguna “[d]e que el trámite del recurso continuaría luego de que el despachante cumpliera con la supuesta intimación que le habría efectuado, vía sistema “depositario fiel” […]”.
A su vez, señaló que, la “[s]upuesta intimación al despachante, de haber existido, habría sido –además- realizada con anterioridad al pedido de pronto trámite efectuado por esta parte, en fecha 21/10/19. Tampoco se observa ni surge que luego de ese supuesto requerimiento al despachante (reiteramos que se habría realizado con anterioridad al pedido de pronto trámite, es decir hace ya más de un año), se haya reiterado ni a esta parte ni al despachante, siendo que además tanto el PE como su legajo fueron aportados y obran en el correspondiente pedido de repetición […]” (sic).
En suma, adujo que el 21 de octubre de 2019 había presentado un pedido de “pronto despacho” y que, el 30 de octubre de 2020, inició estos actuados, sin haber recibido notificación alguna acerca de su pedido. Citó un antecedente que consideró favorable a su postura y, por lo expuesto, solicitó que se revocara lo decidido y que se impusieran los accesorios a su contraria.
III. Que, el 9 de febrero de 2021, el Tribunal Fiscal reguló los honorarios de la representación fiscal en la suma de $28.088, equivalentes a 8 UMA, por la actuación en carácter de apoderada y patrocinante del Fisco (páginas 141/142 del documento en formato PDF acompañado en la causa).
IV. Que, el 22 de febrero de 2021, la parte actora cuestionó la regulación efectuada por considerar elevado el monto reconocido (páginas 149/151 del PDF acompañado en la causa).
V. Que, por su parte, el 24 de febrero de 2021 la letrada interviniente por el Fisco apeló la regulación citada por estimar exigua la suma involucrada (páginas 155/158 del PDF acompañado en la causa).
VI. Que, en estas condiciones, corresponde advertir que de la lectura de las constancias obrantes en las actuaciones (iniciadas el 30 de octubre de 2020, con el objeto de que se condenara al servicio aduanero a resolver el pedido de devolución formulado por la firma actora el 26 de abril de 2019 en el marco de la Actuación SIGEA N.º 12542-884-2019) surge, en lo sustancial, que:
a) El 29 de abril de 2019 se iniciaron las actuaciones que contuvieron el pedido citado en el párrafo antecedente (páginas 67/78 del PDF acompañado en la causa).
b) El 10 de mayo de 2019 se proveyó la prueba ofrecida por la firma actora y se intimó “[a]l Despachante de Aduana Sr. FERNANDEZ DE LA TORRE DANIEL […] para que dentro del plazo de 10 (diez) días, previo haber sido digitalizada la documentación aduanera y su documentación complementaria, aporte el sobre contenedor de la Destinación de Exportación para Consumo registrada […] con el Nº 18052EC01010095K, en los términos del artículo 6º, Punto 3º de la Resolución General 2573/09 […]” (páginas 87 del PDF acompañado en la causa).
c) El 21 de octubre de 2019 la actora solicitó el “pronto despacho” de las actuaciones de referencia (páginas 25 y 95 del PDF acompañado en la causa).
d) Los días 9 de septiembre y 8 y 11 de noviembre de 2019 se formularon una serie de comunicaciones internas, sin que obre, por un lado, notificación de ello a la firma actora ni, por el otro, movimiento alguno posterior (páginas 97/100 y 107 del PDF acompañado en la causa).
VII. Que, en primer término, cabe recordar que el artículo 1163 del Código Aduanero (ubicado en el Capítulo Tercero del Título III, vinculado al procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación) establece que: “[L]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición. […]”.
Ello así la norma citada recepta, como regla general, al principio objetivo de la derrota, precepto que hace cargar a quien ha perdido, las costas producidas por el proceso incoado (sobre el postulado referido, ver esta Sala, in re: "Scarlatta, Ernesto Alberto c/EN – M Justicia y DDHH s/amparo por mora", causa Nº 4944/17, del 03/08/17).
Sobre el particular debe desde ya ponerse de manifiesto la absoluta insuficiencia argumental del escrito de agravios del recurrente, en tanto y cuanto no se hace cargo del argumento central del decisorio cuestionado, que valoró el incumplimiento del requerimiento formulado al importador a la vez que consideró razonable y ajustada a las normas aplicables, la actividad administrativa desplegada por el servicio aduanero y que, por ende, no se había configurado una “demora injustificada” en el caso (ver, en un sentido análogo, esta Sala in re “Markem Imaje SA (TF 51717741- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo, expte. Nº 4012/2022, sentencia de mayo de 2022).
Asimismo, debe advertirse que, de las constancias acompañadas a la causa no surge que la actora haya acompañado la documentación requerida (destinación de exportación), es decir, que no se encuentra acreditado que hubiera cumplido con la intimación efectuada.
Por los motivos señalados, corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto es materia de agravio (cfr. artículos 1163 del Código Aduanero y 68, primera parte del C.P.C.C.N.).
Asimismo, y por iguales circunstancias, las costas de esta instancia se imponen a la actora vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota (cfr. artículos 1163 del Código Aduanero y 68, primera parte, del C.P.C.C.N.).
VIII. Que, finalmente y a fin de tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios, se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (cfr. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/ E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30 - XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras).
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Que, sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, lo preceptuado por el art. 48 de la ley 27.423, en cuanto fija un honorario mínimo en los procesos de amparo; atento el motivo, extensión, calidad jurídica y resultado de la labor desarrollada, es preciso remitirse a lo dispuesto en los incs. b) a g) del art. 16 de la referida Ley de Arancel. En tales condiciones, atendiendo a la etapa del pleito cumplida, corresponde modificar a PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS ($135.366), equivalentes a 7 UMA, los emolumentos regulados con fecha 09/02/2021, en favor de la DRA. LILIANA STELLA MARIS MARCONI, letrada apoderada, actuante en defensa de la demandada (arts. 16, 20, 29, 44, inc. b), 48 y ccdtes. y citados de la ley 27.423 y Dto. 1077/17).
Y por la tarea cumplida ante esta Alzada, atento el resultado del recurso interpuesto por la parte actora, se regula en la suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 40.609,80) equivalentes a 2,1 UMA, los honorarios de la Dra. LILIANA S. M. MARCONI, letrada apoderada, actuante en defensa de la demandada (art.30 y cit. ley 27.423).
El importe del Impuesto al Valor Agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo–c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.
Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º)
rechazar el recurso intentado y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto es materia de agravio, con costas (cfr. artículos 1163 del Código Aduanero y 68, primera parte, del C.P.C.C.N.), y 2º) modificar la regulación de honorarios del 09/02/21 y fijar los correspondientes a esta Alzada, en los términos expresados en el Considerando VIII.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia