Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36201-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA Nº 29657/2023 “DU PONT SRL -TF 36201-I- c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de junio de 2024. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso En 2012, la Administración Federal de Ingresos Públicos dictó diversas resoluciones mediante las cuales determinó de oficio, respecto de la firma Du Pont Argentina SRL, el impuesto a las ganancias, al valor agregado y a las ganancias –salidas no documentadas– y; en 2015, le impuso la multa correspondiente en relación con el impuesto a las ganancias –salidas no documentas–. Contra aquel acto administrativo, Du Pont Argentina SRL –empresa cuya principal actividad es la venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas– interpuso un recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual rechazó su pretensión.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal La Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 18/11/2022 (confr. fs. 2734/2742), rechazó el recurso de apelación interpuesto por Du Pont Argentina SRL y, en consecuencia, resolvió: (i) rechazar la repetición intentada respecto de los montos oportunamente determinados de oficio en el impuesto al valor agregado mediante las Resoluciones N° 47/2012 y N°49/2012, con costas; (ii) confirmar las determinaciones de oficio en el impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias –salidas no documentadas– contenidas en las Resoluciones N° 46/2012 y Nº 48/2012, respectivamente, con costas y; (iii) confirmar parcialmente la multa aplicada con respecto al impuesto a las ganancias –salidas no documentadas– aplicada mediante Resolución N° 328/2015, debiendo ser reducida al mínimo legal previsto en el artículo 46 de la Ley Nº 11.683 vigente a la fecha de los hechos juzgados. Asimismo, impuso las costas a la parte actora, salvo en la proporción en que se redujo la multa, aspecto éste en el que las impuso por su orden. Para decidir de ese modo, el Tribunal Fiscal señaló que la causa bajo análisis tenía su origen en la fiscalización efectuada mediante O.I. Nº 436.628, la cual se había realizado a los efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones de la firma Du Pont Argentina SRL relativas al Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 3/2005 a 9/2008, Impuesto a las Ganancias períodos fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008 e Impuesto a las Ganancias –salidas no documentadas– períodos fiscales 2005, 2006, 2007 y 2008. En concordancia, analizó el informe final de inspección en el cual la AFIP detalló las diversas irregularidades detectadas en los productores.
Seguidamente, se expidió en relación con la determinación en el Impuesto al Valor Agregado. Al respecto, puntualizó que de acuerdo a lo establecido en el artículo 377 del Código Procesal, cada parte debe probar el presupuesto de hecho de las nomas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Asimismo, precisó que la Corte Suprema reconoció que las exigencias derivadas de la citada norma deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio. En este orden de ideas, determinó que el tema en debate se circunscribía a una cuestión de hecho y prueba destinada a obtener un adecuado grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos tenidos en cuenta por la DGI y negados por la parte actora. Así las cosas, consideró que la firma actora no había aportado los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditar los indicios que revelaban las inconsistencias endilgadas a los proveedores no confiables. También, indicó que si bien de la prueba documental obrante en los antecedentes administrativos, y reiterada en los presentes autos, surgía que todo el circuito se encontraba CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 29657/2023 “DU PONT SRL -TF 36201-I- c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
documentado, y que lo mismo ocurría con las pruebas informativa y pericial contable producidas, las mismas no lograban acreditar la existencia física de los bienes comerciados ni que los sujetos cuestionados hubieran sido quienes cumplieron con las operaciones observadas.
A su vez, destacó que una factura puede válidamente ser considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real, lo cual ocurre en el caso bajo estudio.
En este orden de ideas, recordó que la Corte Suprema sostuvo que a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (artículo 12 de la ley de IVA), resultaba indispensable que el crédito fiscal sea legítimo, lo cual tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. CSJN, “ADM Argentina SA c/ EN —AFIP-DGI —Resol. 24/08 25/08 DVDyR2 s/Dirección General Impositiva”, Causa Nº 119/2013 (49-A) del 10/3/2015), extremo que no se cumplía en el caso de autos, ya que los créditos impugnados no provenían de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (confr. CSJN, “Molinos Río de la Plata SA c/ EN —AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva”, Causa Nº 848/2014 (50-M)/ CSI R.O., del 25/8/2015). También, hizo referencia a la interpretación realizada por la Corte Suprema de las disposiciones del artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.7524) c/ DGI”, del 10/3/2015. Al respecto, señaló que en dicho precedente la Corte puntualizó que “…Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto –en el caso– de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó”.
En concordancia, concluyó que no resultaba ajustado a derecho el cómputo de crédito fiscal por el solo hecho de la facturación, como lo invocaba la recurrente en pasajes de su escrito recursivo, toda vez que esta última debía ser por las operaciones que allí se habían descripto, no teniendo la factura, por sí misma, entidad suficiente para generar dicho crédito.
Por otro lado, respecto de los ajustes proyectados en el impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias –salidas no documentadas–, entendió que la parte actora no había aportado elementos suficientes que permitieran determinar la existencia de los bienes supuestamente facturados y, que los importes pagados con origen en las transacciones cuestionadas hubieran tenido como fin obtener, mantener o conservar ganancias gravadas, lo cual constituye un requisito indispensable para el cómputo de los mismos como gastos.
Finalmente, en cuanto a la multa por defraudación aplicada en el impuesto a las salidas no documentadas mediante Resolución N° 328/15, tipificada según las previsiones de los artículos 46 y 47 inciso b) de la Ley Nº 11.683, señaló que al haber la administración fiscal encuadrado la conducta en el artículo 47 de la mencionada norma, debía acreditar la circunstancia (hecho inferente) que, según la regla de experiencia aplicable al caso de que se trate, permita establecer la necesaria relación de causalidad que admita la activación de dichas presunciones (hecho inferido), presumiendo el dolo como sustrato subjetivo imprescindible del ilícito de que se trata, e invirtiendo la carga probatoria. Ello así, consideró que correspondía a la parte actora CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 29657/2023 “DU PONT SRL -TF 36201-I- c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
demostrar la falta de sustancialidad en la atribución subjetiva, lo cual no había ocurrido, motivo por el que correspondía confirmar la sanción impuesta.
Sin embargo, expresó que en el acto atacado se había incurrido en una falta de merituación concreta de los hechos que habían conducido al juez administrativo a graduar la multa en tres veces el impuesto omitido, por lo que, no surgiendo de las constancias de autos la existencia de antecedentes sumariales de la encartada, correspondía reducir la multa al mínimo legal del artículo 46 de la ley procedimental.
III. Agravios de la parte actora Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación a fs. 2774 y expresó agravios a fs. 2785/2795, los cuales fueron contestados por la AFIP a fs. 2811/2820.
Luego de referirse a los antecedentes del caso y a la resolución apelada, señala que el Tribunal Fiscal en su sentencia no tuvo en cuenta las pruebas aportadas y construyó su criterio sobre el informe de la AFIP.
En primer lugar, aduce que la sentencia recurrida omitió valorar la prueba rendida en el expediente. Al respecto, expresa que la sentencia solamente enumera, para cada uno de los proveedores, las conclusiones expuestas en el informe final de inspección, sobre investigaciones realizadas con posterioridad a las operaciones impugnadas, y que las mismas son meras suposiciones vinculadas exclusivamente con las condiciones fiscales, formales y sustanciales, solvencia, composición accionaria, domicilio, de los productores impugnados, y que nada dice en relación con los planteos efectuados por la parte actora.
En este orden de ideas, sostiene que la ausencia de valoración de las constancias de autos vulnera el principio de congruencia y el debido proceso adjetivo y, desconoce la obligación del Tribunal de procurar encontrar la verdad material de los hechos, motivo por el cual la sentencia resulta arbitraria. Así las cosas, puntualiza que se encuentra acreditado, por diversos medios, la existencia de proveedores y la realidad fáctica de las operaciones cuestionadas por el fisco nacional, por lo que resulta incorrecta la sentencia recurrida y por ende las resoluciones determinativas emanadas del fisco.
En segundo lugar, indica que hay inconsistencias en los fundamentos de la sentencia recurrida. Al respecto manifiesta que la sentencia del Tribunal Fiscal es contradictoria, en tanto al tratar la cuestión frente al Impuesto al Valor Agregado, se puntualizó que la existencia de los bienes estaría probada pero no el hecho de que los productores hubieran sido los que efectuaron las operaciones con Du Pont Argentina SRL, lo cual confirmaría la tesis fiscal, mientras que para analizar el tratamiento en el Impuesto a las Ganancias, a fin de confirmar las determinación practicada por el fisco, se debe negar la existencia misma de los bienes.
También, expresa que en la sentencia apelada se pone de resalto que existieron indicios graves reunidos por la AFIP, sin embargo, sobre los mismos la parte actora sostuvo que ella se encontraba imposibilitada de saberlos al momento de contratar con ellos, en tanto excede el marco comercial, fueron observados años después de la celebración de las operaciones, e involucran tareas propias de la fiscalización que los contribuyentes no se encuentran facultados ni obligados a desplegar.
Por último y, en subsidio, solicita que el fisco considere las retenciones practicadas por la parte actora y por ella ingresadas. Ello así, determina que las retenciones practicadas no fueron relevadas por el fisco en la etapa de inspección, lo cual resulta contradictorio con su accionar, porque si por un lado desconoce al proveedor y luego sostiene que las retenciones fueron realizadas para legitimar las operaciones, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 29657/2023 “DU PONT SRL -TF 36201-I- c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
entonces, corresponde admitir, al mismo tiempo, que sería la accionante quién ingresó dicha retención.
De este modo, considera que no admitir la sustracción de los importes ingresados como resultado de las retenciones configuraría un inadmisible supuesto de enriquecimiento sin causa para la AFIP.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
V. Presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio Sentado lo expuesto, en relación con la carga probatoria respecto de la veracidad de las operaciones, esta Sala ha tenido oportunidad de recordar la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema que sostiene que las resoluciones emanadas regularmente de la Dirección General Impositiva gozan de presunción de legitimidad, por lo que su peculiar naturaleza obliga a tener en cuenta primordialmente las normas que específicamente lo reglan y los principios propios de la rama del derecho a la que pertenece, lo que impide una remisión simplista y mecánica a las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (confr. esta Sala, in rebus: “Estudio de Ingeniería Reyes y Asociados SRL (TF 55108498-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 43.470/2022, del 17/8/2023; “Viluco SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 54.471/2014, del 11/8/2016). En virtud de ello, las exigencias derivadas del artículo 377 del Código Procesal deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, por lo que no es el Estado quien debe demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asientan dichos actos, así como la validez de las conclusiones extraídas de ellos, sino, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (CSJN, Fallos: 328:53 y sus citas; esta Sala, in rebus: “Germaiz SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 23.131/2016, del 11/6/2019; y “Food´s Land SA c/ ENAFIP-DGI s/ DGI”, Causa Nº 44.105/13, del 26/12/2017).
De este modo, en virtud de la interpretación armónica de los artículos 12 de la Ley Nº 19.549 y 377 del Código Procesal explicitada precedentemente, cabe precisar que recae sobre el contribuyente la carga de acreditar la veracidad de las operaciones en las que el recurrente intenta justificar la deducción de gastos en el impuesto a las ganancias y/o el cómputo de créditos fiscales en el impuesto al valor agregado (arg. esta Sala, in rebus: “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ Dirección General Impositiva”, Causa Nº 7795/2008, del 3/4/2012; “Woolyn SA c/ EN- AFIP DGI- Resol 90/07 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 29657/2023 “DU PONT SRL -TF 36201-I- c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
RDEX s/ Dirección General Impositiva”, Causa Nº 880/2008, del 18/10/2011; esta Cámara, Sala IV, in rebus: “Recoleta Vesubio SA (TF 30762-I) c/ DGI”, Causa Nº 40567/2011, del 6/3/2012; y “Granysem SRL (TF 18435-I) c/ DGI”, Causa Nº 43.069/2011, del 14/8/2012). Por lo tanto, debe señalarse que “la prueba constituye la actividad procesal encargada de producir el convencimiento o certeza sobre los hechos controvertidos y supone un imperativo del propio interés del litigante quien, a su vez, corre el riesgo de obtener una decisión desfavorable en el caso de adoptar una actitud omisiva” (CSJN, Fallos: 315:2555). En el caso, correspondía a la recurrente probar que había dado cumplimiento a todos los requisitos, formales y también sustanciales, a fin de obtener el reconocimiento de deducción y/o crédito fiscal perseguido; además de aportar prueba conducente para rebatir las conclusiones a las que arribó la demandada (arg. esta Sala, in rebus: “Estudio de Ingeniería Reyes y Asociados SRL”, “Viluco SA” y “Woolyn SA”, ya citados).
En consecuencia, ante las fundadas observaciones efectuadas por el fisco, pesaba sobre la parte actora la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal; y los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las mismas (confr. esta Sala, in rebus: “Lim Sur SA (TF 24762-I) c/ DGI”, Causa Nº 43.037/2011, del 20/11/2012; “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, Causa Nº 7.795/08, del 3/4/2012; Sala II, in re: “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, causa Nº 32.350/2012, del 29/11/2012).
Ello es así puesto que, cuando como aquí ocurre, el ente recaudador se ha ocupado meticulosamente de demostrar aquellos extremos que tornan carentes de credibilidad a las operaciones invocadas, avalando de tal modo las impugnaciones formuladas a su respecto, no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (confr. esta Sala, in rebus: “Constructora Sudamericana SA (TF 64506412-I) c/ DGI”, Causa Nº 60.021/2022, del 26/12/2023; “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11/9/2012; “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3/7/2012; en similar sentido, esta Sala, in re: “Viluco SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo” Causa Nº 54.471/2014, del 11/8/2016; Sala I, in re: “Nidera SA”, Causa Nº 41.858/2005, del 20/3/2012; Sala IV, in re:
“Agrocomercial Ramallo SA”, Causa Nº 5.341/2015, del 11/8/2015, entre muchos otros).
VI. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho.
Cabe recordar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la Ley Nº 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (confr. Fallos: 300:985, considerando 5; 326:2987, considerando 9; 328:3048, considerando 11; 332:357, considerando 8; 334:249, considerando 7; 336:1668, considerando 8; 338:169, considerando 6; 340:1513, disidencia del Highton de Nolasco y Rosenkrantz, considerando 15; “Tecpetrol SA (TF 27621-1) c/ DGI”, causa CAF 32366/2012/CS1 RO, del 12/9/2017, considerando 11; “Eurnekian, Eduardo (TF 18906-1) c/ DGI”, causa CAF 40457/2012/CS1 RO, del 23/11/2017, considerando 9; “ADM Argentina S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 29657/2023 “DU PONT SRL -TF 36201-I- c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
de organismo externo”, causa CAF 29982/2017/1/RH1, del 28/10/2021, apartado III del dictamen fiscal al cual la Corte remite).
En esta línea, teniendo en vista el contenido de los agravios reseñados, cabe advertir que el análisis de las cuestiones planteadas por el apelante exige la revisión de cuestiones de hecho y prueba ajenos, por regla general, a la jurisdicción de esta Cámara, en razón de lo previsto en el artículo recientemente citado (esta Sala, in re: “Inser SA (TF 30108-I) SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 14.116/2022, del 11/8/2022). En el supuesto previsto en la norma en comentario, los agravios en esta especie de recurso deben formularse teniendo en cuenta que lo que corresponde conocer y decidir a este Tribunal, en principio y como regla general, es: a) si existió violación manifiesta de las formas legales en el procedimiento ante el Tribunal Fiscal, y b) acerca del fondo del asunto, tener por válidas las conclusiones de dicho tribunal sobre los hechos probados. Es decir, los agravios del apelante deben estar centrados, como regla general, en cuestiones de derecho (confr. esta Sala, in rebus: “Golden Penaut Argentina SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 72.680/2018, del 9/5/2019; “Arusa, Vicente Eduardo (TF 23735-I) c/ DGI s/ Apelación”, Causa Nº 23.090/2012, del 12/11/2013).
En tal orden de exposición, esta Cámara ha tenido ocasión de enfatizar el carácter limitado del citado recurso, razón por la cual cabe, en principio, estar a las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados (confr. Sala I, in re: “Merlino Automotores S.A.”, del 12/3/2009; Sala II, in re: “Frigorífico Marejada S.A.”, del 29/12/2009; Sala IV, in re: “Agropecuaria Laishi S.A.”, del 15/4/2010; esta Sala, in rebus: “Mueblería Torca SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 80.005/2018, del 20/2/2020; “Del Buono, Jorge Luis” del 15/3/2007; entre muchos otros).
Ahora bien, sin perjuicio de ello, tal principio cede no sólo cuando se haya omitido sustanciar o incorporar al proceso determinados hechos o material probatorio conducente para resolver la cuestión en debate, sino ante supuestos de arbitrariedad en la apreciación de aquéllos. Por ello, se ha dicho que el recurso impetrado no da acceso a una instancia ordinaria que haga posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y sobre la conclusión a la que dicho órgano jurisdiccional hubiera arribado al ponderarla, salvo supuestos de error manifiesto (confr. esta Sala, in rebus: “CLK SA (TF 36588-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 12.113/2021, del 9/8/2022; “Boccuti, Antonio Miguel c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 5.864/2014, del 6/11/2014; Sala V, in re: “Sullair Argentina S.A. (TF 24732-I) c/ DGI”, Causa Nº 35.379/10, del 21/3/2011).
Si el apelante pretende la revisión de cuestiones de hecho y prueba de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, constituye un requisito de procedencia que el recurrente demuestre, preliminarmente, que la valoración efectuada por el mismo fue arbitraria (confr. esta Sala, in rebus: “CLK SA” y “Golden Penaut Argentina SA”, ya citados). En este sentido, lo que se encuentra sometido a conocimiento de esta Sala consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso sólo cabe confirmar la decisión recurrida (confr. esta Sala, in rebus: “Kimberly Clark SA (TF 36115-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 17.550/2021, del 13/4/2022; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/ DGI”, Causa Nº 72.673/2018, del 7/5/2019; “Cuatro Esquinas SA c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 13.104/2018, del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 29657/2023 “DU PONT SRL -TF 36201-I- c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
14/3/2019; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/ DGI”, Causa Nº 83.620/2016, del 16/10/2018; “Salas, Fernando Martín c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 82.591/2015, del 10/4/2018; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/ DGI”, Causa Nº 18.124/2016, del 14/9/2017; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/ DGI”, Causa Nº 4.502/2014, del 29/9/2014; “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012, del 31/10/2012; entre otros; doctrina de Fallos: 326:2987; 332:357; y 334:249).
VII. Inexistencia de arbitrariedad en la decisión del Tribunal Fiscal.
En este entendimiento, cabe precisar que en su pronunciamiento, el Tribunal Fiscal confirmó las resoluciones que determinaron el impuesto a las ganancias, al valor agregado y a las ganancias –salidas no documentadas–, así como la imposición de la multa, cuyo importe fue reducido.
Para decidir de ese modo, analizó el informe final de inspección respecto de los diversos proveedores a los cuales la AFIP consideró apócrifos. En este sentido, tuvo en cuenta que la AFIP había obtenido datos de los mencionados proveedores: Corcecam SRL; Sachaypj SA; Maypun SA; Campo Buena Vista SA; Agro Productos Pampeanos SA; Molina Marcial Angel; Emiliani Mariela; Boaglio Norberto Juan; Menica SA; y Granero Jorge Mario.
En esta línea, adujo que el mencionado informe conjuntamente con los obrantes en los cuerpos de investigación de cada sujeto y que forman parte de los antecedentes administrativos exponen, en forma detallada, las irregularidades detectadas en los productores. Así las cosas, efectuó un análisis detallado de los proveedores respecto de los cuales la recurrente opuso defensa. Seguidamente, se expidió respecto de los agravios de la parte actora relativos a la determinación en el Impuesto al Valor Agregado. A tal fin tuvo en cuenta tanto la prueba documental como así también la prueba pericial contable y la prueba informativa. En esta línea, el Tribunal Fiscal ponderó que si bien de los indicios constatados por la fiscalización surgía que la venta de cereales no había podido ser efectuada por los proveedores observados, en tanto los mismos carecían de capacidad económica, financiera y operativa, dichos indicios no habían sido desacreditados por la parte actora, la cual no solo no había aportado elementos probatorios, sino que simplemente había intentado respaldar las operaciones en la documentación del circuito seguido por cereal desde que ingresa a su planta o el puerto hasta que se liquida y se paga al supuesto proveedor. Sin embargo, el Tribunal Fiscal puntualizó que dichos extremos no resultaban suficientes para aseverar que aquello que se plasma en los documentos, o, mejor dicho, que aquel que emite el comprobante, el remito, la carta de porte, sea efectivamente quien produjo y/o entregó el cereal, si al momento de ir a buscarlos el organismo se encuentra con sujetos que presentan características que toman evidente que sería imposible que cumplieran con aquellas entregas.
En consecuencia, concluyó que, tanto de la prueba documental aportada en autos como de las pruebas informativas y pericial contable, únicamente se desprendía que todo el circuito se encontraba documentado, pero que no se había logrado acreditar la existencia física de los bienes comerciados ni que los sujetos cuestionados hubieran sido quienes habrían cumplido con las operaciones cuestionadas.
En este sentido, destacó también que en el informe pericial contable los profesionales intervinientes se habían limitado a ratificar la veracidad de la documentación que la firma Du Pont CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 29657/2023 “DU PONT SRL -TF 36201-I- c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Argentina SRL había aportado en la instancia administrativa y ante el Tribunal Fiscal.
Asimismo, el Tribunal Fiscal destacó que los indicios que pusieron en duda la veracidad de las operaciones que declaró la recurrente frente al Organismo Fiscal no se relacionaban con los aspectos formales de la facturación aportada, los cuales no habían sido cuestionados, sino con la factibilidad de que dicha documentación respaldatoria reflejara operaciones de venta de bienes que efectivamente hubieran existido tal como habían sido declaradas.
Por otro lado, en cuanto a los ajustes proyectados en el impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias –salidas no documentadas–, el Tribunal Fiscal luego de efectuar un análisis de la normativa aplicable y de las pruebas obrantes en la causa bajo análisis, arribó a la conclusión de que la parte actora no había aportado los elementos suficientes para poder determinar la existencia de los bienes supuestamente facturados y, que los importes pagados con origen en las transacciones cuestionadas hubieran tenido como fin obtener, mantener o conservar ganancias gravadas, lo cual constituye un requisito indispensable para el cómputo de los mismos como gastos.
En esta misma línea, destacó que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que hiciera presumir su falsedad, debía analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Ello así, puntualizó que tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago.
Así las cosas, y haciendo referencia a la doctrina de la Corte Suprema del fallo “Red Hotelera Iberoamericana SA”, del 26/8/2003, el Tribunal Fiscal concluyó que correspondía aplicar lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. También, en lo atinente a los agravios esgrimidos por la recurrente según los cuales los pagos correspondientes a las facturas impugnadas se encontraban acreditados permitiendo conocer el beneficiario definitivo y efectivo de los importes, destacó la doctrina surgida del fallo antes citado. Al respecto, señaló que en dicho precedente la Corte Suprema había sostenido que “…los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella”.
En estas condiciones, se advierte en forma nítida que la recurrente no ha presentado razones de peso que permitan modificar lo decidido, máxime cuando se pretende revertir el juicio del Tribunal Fiscal acerca de los hechos y de la prueba, aspecto que solo resulta revisable para la alzada en supuestos de deficiencias manifiestas o errores en la apreciación de aquellos extremos –como se ha expuesto en los considerandos V y VI–, los cuales no se advierten en el caso bajo examen.
En efecto lo decidido por el Tribunal Fiscal se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso, que le permitieron concluir que correspondía rechazar la repetición intentada por la firma Du Pont Argentina SRL de los montos determinados de oficio en el impuesto al valor agregado, así como también confirmar las determinaciones de oficio en el impuesto a las ganancias e impuesto a las ganancias –salidas no documentadas– y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA Nº 29657/2023 “DU PONT SRL -TF 36201-I- c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
confirmar parcialmente la imposición de la multa aplicada respecto al impuesto a las ganancias –salidas no documentadas–.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar los agravios de la parte actora y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal.
VIII. Costas Atento al resultado del recurso, y teniendo en cuenta que no existen razones que ameriten apartarse del principio general de la derrota, corresponde imponer las costas de alzada a la parte vencida en autos (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
Por las razones expuestas, SE RESUELVE: rechazar el recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios; con costas de alzada a la vencida (arts. 68, primer párrafo, del Código Procesal). Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia