Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos, sin costas.
2Confirmar el art. 1 de la Resolución 2018-140-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12577-452-2010 (sumario 008-SC-571-2013/1) en cuanto condena al despachante de aduana, sr. Walter Ariel Duarte, al pago de una multa de $ 22.165 (pesos veintidós mil ciento sesenta y cinco) por la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA.
3Revocar parcialmente el art. 3° de la Resolución 2018-140-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12577-452-2010 (sumario 008-SC-571-2013/1), en cuanto intima al despachante de aduana, sr. Walter Ariel Duarte, al pago de la suma de u$s 6.630,00 (dólares estadounidenses seis mil seiscientos treinta) en concepto de diferencia de derechos de exportación que resultan de la mercadería documentada mediante destinación 08008EC01013146K.
4Costas según los respectivos vencimientos, los cuales se estiman en un 10 a cargo de la actora y un 90 % a cargo de la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-20760093-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 27 de Febrero de 2026 Aduanas s/ Apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “DUARTE WALTER ARIEL c/ Administración General de Aduanas s/ Apelación”, expediente n° 39687-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 4-16vta. se presenta, con patrocinio letrado, el sr. Walter Ariel Duarte e interpone recurso de apelación en los términos del art. 1132 del Código Aduanero (CA) contra la Resol-2018-140-E-AFIP- ADCAMP#SDGOAM, dictada por la Aduana de Campana (AD CAMP), el 26/10/2018 en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12577-452-2010 (Sumario 008-SC571-2013/1), por la que se lo condenó en forma solidaria con la firma Ascot Argentina S.R.L. al pago de una multa que asciende a la suma de $ 22.165,00 (pesos veintidós mil ciento sesenta y cinco), por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA y se le formuló cargo en concepto de tributos adeudados por la suma de u$s 6.630,00 (dólares estadounidenses seis mil seiscientos treinta) en relación a la mercadería exportada mediante la destinación de exportación a consumo N° 08008EC01013146K, respecto de la cual, la Aduana consideró que resultó inexacta la Posición Arancelaria (P.A.) declarada con relación a la mercadería exportada. Opone prescripción de las acciones del fisco. Afirma que la resolución resulta arbitraria por carecer de fundamentos y contener afirmaciones dogmáticas desvinculadas de los hechos de la causa. Sostiene que la P.A. declarada fue correcta y la misma resultó verificada mediante canal rojo de selectividad con el correspondiente conforme del servicio aduanero. Expresa que al documentar la destinación en cuestión siguió las instrucciones indicadas por la firma exportadora. Invoca lo dispuesto por el art. 908 del CA. Asimismo manifiesta que no es responsable de la obligación tributaria dado que actuó en calidad de representante. Hace referencia a lo dispuesto en el Capítulo I del Título II, de la Sección IX del CA respecto de los deudores y demás responsables del pago de los tributos. Invoca el principio de legalidad. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. A fs. 27-31vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado. Efectúa un resumen de los antecedentes. Niega genéricamente los hechos y derechos exteriorizados por la actora en su escrito de apelación, no reconocidos expresamente. Contesta el planteo de prescripción opuesto. Realiza consideraciones relativas a los principios de veracidad y exactitud sobre los que descansa el sistema aduanero y los presupuestos del tipo infraccional imputado. Sostiene que la actora no aportó elementos de prueba que permitan demostrar o justificar la P.A. declarada. Realiza consideraciones acerca de la responsabilidad del despachante de aduanas como auxiliar del servicio aduanero. Hace referencia al principio del despacho en confianza. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas relacionadas. Formula reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación y se confirme la resolución recurrida, con costas.
III. A fs. 32 la demandada acompañó las actuaciones administrativas SIGEA Nros. 12577-452-2010, 12574-3008-2014 y 12574-452-2010/2 en formato papel, en un cuerpo de 47 fojas, agregadas por cuerda. A fs. 37 se declaró la causa como de puro derecho.
A fs. se ordenó medida para mejor proveer en virtud de lo dispuesto en los arts. 1143 y 1156 del CA, la cual fue contestada por la demandada, según constancias de fs. 45, quien manifestó la imposibilidad de su cumplimiento.
A fs. 47 se elevaron los autos al conocimiento e intervención de la Sala “F” y a fs. 50 quedaron en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas acompañadas surge que a fs. 2-4, mediante Nota N° 5/2012 de la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación (SE FVEX), el servicio aduanero concluyó que: “Por los documentos existentes hasta la fecha dentro del sobre contenedor se entiende que se podría haber originado una declaración dual pudiéndose encontrar un salto en la partida arancelaria ya que del OM-1993 SIM en el campo INFORMACION DEL ITEM, se desprende la Posición Arancelaria SIM/DC: 1006.30.21.120B la cual tributa un 5% de derechos a la Exportación, y de los documentos aportados por la empresa mediante Actuación Nro: 12560-19-2011, fojas 11 a la 16, surge la NMC 1006.30.29 la cual tributaría un 10 % de derechos a la Exportación, por consiguiente esta inexactitud podría haber generado un perjuicio fiscal de diferencia de tributos.”
A fs. 11 se determinó el monto de la diferencia de tributos a abonar el cual asciende a la suma de u$s 6.630,00.
En consecuencia, a fs. 13, el 19/12/13 se instruyó sumario por la presunta comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA.
Contestada la vista a fs. 15-23vta., se emitió el Dictamen Jurídico N° 476 (fs. 37 y vta.) y a fs. 38-40 se dictó la resolución aquí apelada.
V. Previo a resolver la cuestión de fondo, corresponde expedirme sobre el planteo de prescripción opuesto por la actora.
La recurrente sostiene en su escrito recursivo que la destinación en cuestión fue documentada en el año 2008 por lo que el plazo de prescripción de los arts. 803 y 934 del CA comenzó a correr a partir del 1/01/2009, conforme lo establecido en los arts. 804 y 935 del mismo cuerpo legal. Las actuaciones administrativas se iniciaron en el año 2010 y recién el 19/12/2013 se ordenó aperturar el sumario y correr vista, la cual se notificó al actor el 21/04/2014, es decir cuando ya habían transcurrido más de cinco años desde que comenzó a correr el plazo de prescripción.
Afirma que la demandada tardó más de cuatro años para resolver la cuestión sin proveer ninguna prueba ni adoptar ninguna medida investigativa.
Considera que, por ello, la pretensión se encuentra prescripta.
En relación a la prescripción alegada, cabe destacar que el legislador estableció que por el transcurso del plazo de cinco años prescriben las acciones del Fisco para imponer penas (art. 934 del CA) o exigir tributos (art. 803 del CA) regidos por la normativa aduanera. El plazo prescriptivo comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido o constatado la infracción o bien de la fecha en que se hubiese producido el hecho gravado, estableciendo las causales de suspensión o interrupción de dicho plazo, según el caso.
En este sentido, los arts. 936 y 937 del CA establecen las causales de suspensión e interrupción de la prescripción, respectivamente, de la acción para imponer penas. Asimismo los arts. 805 y 806 del mismo cuerpo legal, enumeran las causales de suspensión e interrupción de la prescripción, respectivamente, de la acción para exigir tributos.
En el caso de autos, la actora no toma en cuenta que el plazo quinquenal de prescripción se interrumpió con el dictado del auto de apertura sumarial, conforme lo establecen las normas precitadas. Ello por cuanto considera que no surtió efectos dado que no fue notificado en “debido plazo”.
Ahora bien, como ya se expresó, la prescripción de la acción del fisco para imponer penas comenzó a correr desde el 1 de enero de 2009 y se interrumpió con el dictado del auto de apertura del sumario infraccional, ocurrido el 19/12/13, fecha a partir de la cual comenzó a correr un nuevo plazo quinquenal de prescripción, dentro del cual, precisamente el 26/10/18, se dictó la resolución aquí apelada. En relación a la notificación de ambos actos administrativos, si bien en la actualidad el Decreto N° 70/23 modificó el art. 1037 del CA y agregó los incisos m) y n), los cuales establecen que dichos actos (apertura sumarial y resolución aduanera) deben ser notificados, en el caso de autos, al momento del dictado de los mismos, el CA no establecía el requisito de la notificación para ser considerados interruptivos de la prescripción de la acciones del fisco (CSJN, Fallos: 332:1109, autos: “Wonderland SRL c/ Aduana Rosario y Otro s/ Demanda Contenciosa”, sentencia del 12/05/09).
La fecha en que fue notificado el auto de apertura sumarial en análisis, no tenía relevancia para el cómputo de la prescripción. Ello por cuanto el CA, hasta la reforma introducida por el Decreto mencionado precedentemente, era categórico al establecer en el inc. a) del art. 937, como causal de interrupción de la acción para imponer penas, independientemente de su notificación “el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario."
En efecto, desde el dictado de dicho acto comenzó a correr un nuevo plazo quinquenal de prescripción, con lo cual la misma habría operado el 19/12/2018 si no se hubiera dictado la resolución aquí apelada el 26/10/18 y posterior interposición del recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal, el cual tuvo efecto suspensivo —art. 936 del CA—.
En cuanto al plazo de prescripción de la acción del fisco para exigir tributos, éste comenzó a correr desde el 1 de enero de 2009 y se suspendió desde el acto de apertura sumarial (19/12/13) —art. 805, inc. a) del CA—. Hasta entonces habían transcurrido 4 años, 11 meses y 18 días del plazo de prescripción. El mismo se mantuvo suspendido tras el dictado de la resolución apelada y se volvió a suspender con la interposición del recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal presentado el 15/11/2018 conforme surge de las constancias de autos.
En consecuencia tampoco se encontraba prescripta la acción del Fisco para reclamar los tributos, atento a que el plazo que comenzó a correr el 1/1/2009 se encontraba suspendido desde la apertura sumarial y así se mantuvo por la interposición del recurso de marras, conforme lo dispuesto por los arts. 803, 804, 805, inc. a) y c) del CA.
En definitiva, tal como surge de lo expresado precedentemente y conforme la normativa reseñada, se colige que las acciones del Fisco, tanto para imponer penas como para exigir tributos, no se encuentran prescriptas.
VI. Sentado ello, corresponde resolver el fondo de la cuestión traída a conocimiento. Esto es si la Resol- 2018-140-E-AFIP-ADCAMP#TFNSDGOAM es ajustada a derecho.
En este sentido, no resulta controvertido que el 6/08/08 la firma Ascot Argentina S.R.L., a través de su despachante de aduanas, sr. Walter Ariel Duarte, actor en autos, oficializó la exportación a consumo, documentada mediante Permiso de Embarque (PE) 08008EC01013146K, mercadería clasificada en la P.A. 1006.30.21.120B consistente en envases con contenido de arroz tipo largo fino, pulido o glaseado, no vaporizado, semiblanqueado o blanqueado.
En oportunidad de la oficialización de la destinación en trato, la cual fue sometida a canal rojo de verificación, el servicio aduanero no realizó observación alguna con relación a la declaración efectuada por el despachante de aduana interviniente, actor en autos y se libró la mercadería en estado “conforme”. Todo ello surge de las constancias de fs. 27 y vta. de las actuaciones administrativas.
Sin embargo, el 3/01/12 funcionarios de la Sección Fiscalización y Valoración de Exportación, luego de una verificación ex-post documental realizada sobre la destinación referida, formularon denuncia por la presunta infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA. Ello en virtud de considerar que se podría haber producido una declaración dual por salto de P.A., ya que no coincide la consignada en el formulario de despacho con la que surge de los documentos aportados por la firma exportadora en la actuación administrativa 12560-19-2011.
En este estado de cosas y a fin de poder constatar las conclusiones arribadas por la Aduana, se dispuso una medida para mejor proveer en los términos de los arts. 1143 y 1156 la cual fue contestada por la demandada quien a fs. 45 manifestó la imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento efectuado. No obstante ello a fs. 5-10 de las actuaciones acompañadas en autos obran copias de la documentación relativa a la destinación en trato, la cual no ha sido objetada ni observada por la actora. De dicha documentación se desprende que la mercadería objeto de la operación de exportación en análisis fue consignada como perteneciente a la P.A. 1006.30.29. Ello surge de la copia de la factura de exportación obrante a fs. 5, como así también de la copia de la guía de carga obrante a fs. 7 y de la copia de la declaración de embarque obrante a fs. 8. Así también en la copia del Certificado de Origen Mercosur obrante a fs. 9 de las actuaciones, surge declarada la P.A. referida, aunque dicho certificado no ha sido aplicado a la operación en trato, por lo que no será tenido en cuenta a los efectos de dilucidar la cuestión aquí planteada, máxime cuando el mismo no hace referencia a la factura comercial de la operación de marras.
De las constancias mencionadas precedentemente se colige que existe una inexactitud en la declaración efectuada. Ello por cuanto surge, de la documentación relativa a la mercadería aportada por la propia firma exportadora, que se trató de arroz no glaseado y la P.A. declarada en el P.E. corresponde, específicamente al tipo de arroz pulido o glaseado.
La condición referida excluía la P.A. 1006.30.21 declarada.
En consecuencia la P.A. para el tipo de mercadería declarada y según el texto que la describe, debió ser la indicada por el servicio aduanero, es decir P.A. 1006.30.29 “Los demás”. Ello por aplicación de las Regla General Interpretativa (RGI) 1 del Sistema Armonizado, la cual establece que la clasificación está determinada por los textos de las partidas y las notas de sección o capítulo, los cuales tienen valor legal. Así también resulta aplicable la Regla 3a) que establece que cuando la mercadería parece clasificar en dos partidas tendrá prevalencia la que describa el artículo de forma más precisa o específica. Por lo expuesto hasta aquí corresponde afirmar que en el caso en análisis efectivamente se ha configurado la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA. Ello por cuanto se comprobó una diferencia en la P.A. declarada respecto de la constatada y esta inexactitud, en caso que hubiera pasado inadvertida, habría provocado un perjuicio fiscal, dado que la P.A. declarada, es decir 1006.30.21 tributaba, al momento de la oficialización del PE, el 5% sobre el valor FOB, conforme lo establecía la Resolución del ex-Ministerio de Economía y Producción N° 369/07, mientras que la P.A. correcta, o sea 1006.30.29, tributaba 10 % de derechos de exportación, conforme lo establecía el Decreto 509/07.
Si bien, de la lectura de la Nota N° 5/12 (SE FVEX) obrante a fs. 2-4 de las actuaciones administrativas, no se desprende que se hubiera efectuado un análisis técnico de la mercadería en cuestión ni obtención de muestras, fotografías o descripciones precisas de la misma, las conclusiones arribadas en dicho informe resultaron contundentes por cuanto se realizó el cotejo de los documentos presentados al momento de la oficialización del PE por el despachante, sr. Duarte, obrantes en el sobre contenedor original (fs. 1 de las actuaciones) con los presentados por la firma exportadora (fs. 5-10 de las actuaciones).
De lo expresado precedentemente se colige que el servicio aduanero fundamentó adecuadamente la infracción imputada, toda vez que acreditó la inexactitud entre la P.A. declarada y la comprobada. Todo ello en los términos de las Reglas 1 y 3a del Sistema Armonizado de Clasificación.
VII. Sentado lo anterior corresponde determinar si el despachante de aduana, actor en autos, resulta penalmente responsable por la comisión de la infracción configurada.
En este sentido, el art. 908 del CA establece: “El despachante de aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 36, apartado 1, es responsable de las sanciones correspondientes, salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, la persona representada será responsable por la infracción aduanera cometida.” Ahora bien, de las constancias de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, se advierte que la mercadería objeto de la operación de exportación de marras debió clasificarse en la P.A. 1006.30.29. Ello surge de los datos consignados en la factura de exportación obrante a fs. 5, el manifiesto de carga obrante a fs. 7, la declaración de embarque obrante a fs. 8.
La referida documentación necesariamente debió encontrarse en poder del despachante de aduana y ser de su conocimiento al momento de la oficialización del PE, puesto que resulta obligatoria a los fines del cumplimiento con los requisitos de la presentación.
En consecuencia resulta acreditado que el actor en autos incumplió con las obligaciones a su cargo, dado que, a pesar de haber tenido acceso a los documentos de despacho presentados ante la Aduana, de los cuales surge la correcta P.A., declaró una P.A. que no coincide con el tipo de mercadería descripta y conlleva la inexactitud que deviene en infracción. Máxime teniendo en consideración la experticia que debe tener el profesional para ejercer adecuadamente su labor en su doble rol: tanto en su actuación en calidad de representante de la firma exportadora, como así también en su función de auxiliar del servicio aduanero.
Por ello es responsable de la comisión de la infracción imputada y corresponde confirmar la resolución apelada en este sentido.
VIII. Con relación al reclamo por diferencia tributaria y conforme lo establecido por los arts. 38 y 39 del CA, el actor acreditó debidamente su condición de representante de la firma exportadora Ascot Argentina S.A., la cual, a su vez, no ha desconocido, según las constancias de autos, la representación invocada por aquel.
No resulta entonces responsable de la obligación tributaria, por lo que corresponde revocar la resolución apelada respecto de la intimación al despachante de aduana, sr. Duarte, al pago de la suma exigida en concepto de diferencia de derechos de exportación.
IX. En cuanto a las costas del proceso y en virtud de lo establecido por el art. 1163 del CA, las mismas se imponen conforme los respectivos vencimientos, los que se estiman en un 10 % a cargo de la actora y un 90 % a cargo de la demandada.
X. Por la forma en que se resuelve la presente, no corresponde analizar los demás agravios de la actora. Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar la excepción de prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos, sin costas.
2. Confirmar el art. 1 de la Resolución 2018-140-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12577-452-2010 (sumario 008-SC-571-2013/1) en cuanto condena al despachante de aduana, sr. Walter Ariel Duarte, al pago de una multa de $ 22.165 (pesos veintidós mil ciento sesenta y cinco) por la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA.
3. Revocar parcialmente el art. 3° de la Resolución 2018-140-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12577-452-2010 (sumario 008-SC-571-2013/1), en cuanto intima al despachante de aduana, sr. Walter Ariel Duarte, al pago de la suma de u$s 6.630,00 (dólares estadounidenses seis mil seiscientos treinta) en concepto de diferencia de derechos de exportación que resultan de la mercadería documentada mediante destinación 08008EC01013146K.
4. Costas según los respectivos vencimientos, los cuales se estiman en un 10 a cargo de la actora y un 90 % a cargo de la demandada.
Así lo voto.
El Dr. Garbarino dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. González Palazzo. ASÍ LO VOTO.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción de prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y exigir tributos, sin costas.
2. Confirmar el art. 1 de la Resolución 2018-140-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12577-452-2010 (sumario 008-SC-571-2013/1) en cuanto condena al despachante de aduana, sr. Walter Ariel Duarte, al pago de una multa de $ 22.165 (pesos veintidós mil ciento sesenta y cinco) por la comisión de la infracción establecida en el art. 954, ap. 1, inc. a) del CA.
3. Revocar parcialmente el art. 3° de la Resolución 2018-140-E-AFIP-ADCAMP#SDGOAM dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12577-452-2010 (sumario 008-SC-571-2013/1), en cuanto intima al despachante de aduana, sr. Walter Ariel Duarte, al pago de la suma de u$s 6.630,00 (dólares estadounidenses seis mil seiscientos treinta) en concepto de diferencia de derechos de exportación que resultan de la mercadería documentada mediante destinación 08008EC01013146K.
4. Costas según los respectivos vencimientos, los cuales se estiman en un 10 a cargo de la actora y un 90 % a cargo de la demandada.
Suscriben a la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino de conformidad con el art. 1162 del CA.
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.02.26 12:54:25 ART Date: 2026.02.27 17:16:35 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.27 17:16:57 -03:00
Fin de la sentencia