Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativa de la Plata, Integrada · Causa 17.494
En la ciudad de La Plata, a los veintiséis días del mes de junio de dos mil quince, reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces por integración de la Cámara en lo Contencioso Administrativa, doctores Jaime Oscar López Muro, Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "DUCLOS OMAR ARNALDO Y OTROS C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA O ANTICIPADA" (causa 119.049) se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los artículos. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES
1ra. ¿Es justo el decisorio dictado a fs. 30/36?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. Vienen las presentes actuaciones a esta Alzada a los fines de resolver las apelaciones contra la decisión de fs. 30/36 en la que el sentenciante de la instancia de origen dispuso suspender, de manera inmediata, para las candidaturas a legisladores provinciales y gobernador y vicegobernador, la aplicación de los artículos 4 inciso e, 5 incisos a y b y 6 de la ley 14.086 modificada por la ley 14.249, hasta tanto recaiga sentencia firme en la presente causa, beneficiando al resto de los partidos y/o alianzas que presenten postulantes a esos cargos electivos.
Para así decidir afirmó que la irrazonabilidad de la reglamentación impugnada se torna evidente por cuanto se incrementa sensiblemente la cantidad de adhesiones exigidas en relación al exiguo plazo con que cuenta la actora para obtenerlas, citando un pronunciamiento precautorio de la Suprema Corte que juzgó análogo al presente. Las normas citadas, aseveró, reflejan “prima facie” una reglamentación irrazonable en tanto su aplicación desnaturaliza el derecho constitucional a elegir y ser elegido, atento a la imposibilidad real de su adecuado ejercicio (arts. 55, 59 y cc., CCA). Los apelantes, Fiscalía de Estado y Frente para la Victoria y Partido Justicialista, criticaron la resolución en sus respectivas memorias de fs. 50/62 y fs. 63/67 contestadas a fs. 89/94, fs. 147/159 y fs. 108/112. por la accionante y el tercero de fs. 40 (en nombre de los partidos Instrumento Electoral por la Unidad Popular, adherente a la demanda). Ver asimismo informe actuarial de fs. 160.
La Fiscalía de Estado señaló que la cautela ha sido dictada por un juez que resulta incompetente, por atribuirse aquella asignada a la Suprema Corte de modo exclusivo y originario. Manifestó que el planteo de la accionante traduce una pretensión de inconstitucionalidad directa de las normas locales, cuestión que en un supuesto similar tomó intervención el alto tribunal y que por ello entiende invadida la competencia originaria referida. A tales fines requirió la remisión de los autos a la Suprema Corte a fin de que asuma la intervención que le corresponde en la materia. Controvirtió a continuación la verosimilitud del derecho que tuvo por evidenciada el magistrado de la instancia anterior (fs. 56). Efectuó una reseña de las resoluciones electorales dictadas en relación a la presentación de las adhesiones y concluyó sosteniendo que los interesados contaron con un plazo razonable de tiempo para presentar las listas en debida forma. Este lapso temporal distingue, a criterio del recurrente, el presente caso con aquel tenido en cuenta por el Sr. Juez de primera instancia, fallado en el año 2011, fecha desde la cual la experiencia electoral recogida permitió que fueran cumplidos los recaudos legales en las votaciones siguientes. Ataca también el trámite sumarísimo impuesto a la demanda entablada la que debiera darse aquel del artículo 683 y siguientes del código procesal al cuestionarse la compatibilidad constitucional de actos administrativos generales emanados de la Junta Electoral bajo el rotulado de medida autosatisfactiva. Reclamó en subsidio que se ordene la aplicación del proceso ordinario confiriendo traslado de la demanda por el término de 45 días del artículo 38 del CPCA.
El apoderado del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista objetó la resolución en tanto la considera vulneratoria del principio de igualdad. Cuestionó a su vez la configuración de la verosimilitud de derecho indicando que la falta de tiempo pudo sustentar la pretensión cautelar promovida en el debut del sistema de primarias, obligatorias y simultáneas en el año 2011, careciendo de fundamento efectuar la misma demanda en la actualidad. Ello en atención a que la novedosa normativa se fue depurando y acomodando dictándose reglamentaciones, que en el proceso electoral siguiente de 2013 no merecieron cuestionamiento alguno, resultando el precedente del año 2011 desactualizado a cuatro años vista de su emisión. Adujo la afectación del interés público y observó que la extensión a otros partidos sin cumplir con requisitos de acción de clases o intereses colectivos deviene improcedente.
La accionante contestó los agravios requiriendo la confirmación de la resolución recurrida. En primer término sostuvo la competencia del juez de primera instancia indicando que en la demanda originaria de inconstitucionalidad sólo se puede discutir la validez constitucional de una norma considerada en abstracto y no las consecuencias disvaliosas que su aplicación pudiese ocasionar. A su entender entonces la pretensión en trámite no contiene dicha acción sino un asunto concreto que se encuentra dentro del ámbito del artículo 3 de la ley 12.008 que dispone que la competencia contencioso administrativa no quedará desplazada aún cuando para la resolución del caso fuere necesario declarar la inconstitucionalidad de leyes, ordenanzas municipales o actos administrativos de alcance general o particular. En torno a la verosimilitud también controvertida recordó que las adhesiones que deben adjuntarse se apartan del criterio de proporcionalidad de las afiliaciones que posee cada fuerza o la suma de ellas en caso de alianzas que norma la ley nacional, adoptando el precepto local la exigencia calificada de excesiva y caprichosa de contar al menos con 23.377 avales, rigiendo la porcentualidad al menos en la mitad de los distritos de la Sección Electoral. Juzga que la Resolución 91/15 a todas luces conlleva un recaudo desmedido e irrazonable si se considera además que puede existir más de una postulación a dicha fórmula en una misma agrupación política. Adujo, en cuanto a los plazos a cumplir, que la ley mantuvo la fecha límite para la celebración de alianzas sólo 10 días antes del fin del plazo para oficializar las listas con la cantidad de adhesiones exigidas. Esto implica una negociación hasta último momento a los fines de las eventuales alianzas, y sujeta el aval a esa negociación. En este tramo electoral el actor expuso, que no se dota de medios económicos para obtener en el corto tiempo a los partidos, como se hace en el orden nacional. Finalmente solicita se confirme el trámite sumarísimo hallándolo compatible con el cronograma electoral vigente.
El tercero a su turno reafirmó la competencia del sentenciante de origen para el dictado de la medida, trayendo fallos a favor de su postura, pronunciamientos que además admiten el despacho cautelar urgente por quien carece de tal atributo. Concluyó reiterando los términos de la demanda incoada, y en definitiva el mantenimiento de la suspensión y la vía procesal dispuestas.
II. Abordando la tarea revisora y dando en consecuencia las necesarias razones del caso (art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires), debe destacarse que la parte recurrente objeta la competencia del magistrado de la instancia originaria, así como el trámite impreso a la causa (v. fs. 50/62).
En tal sentido, ciertamente la demanda propuesta exhibe coincidencias con la materia en debate de la causa I.71.491 "COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA LA REPUBLICA IGUALITARIA (ARI)
DISTRITO PROVINCIA DE BS. AS. S/ INCONST. ARTS. 4, 5, 6, LEY
14.086", donde, interpuesta una demanda originaria solicitando que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 4 inciso "e", 5 y 6 de la ley 14.086, en los términos del artículo 161, inciso 1º de la Constitución Provincial, recayera una providencia cautelar similar a la aquí cuestionada, el día 6 de junio de 2011.
No obstante ello, sin perjuicio de la competencia que corresponda, para lo cual los autos serán elevados a la Suprema Corte oportunamente, es menester dictar el pronunciamiento sobre la cuestión recurrida dada la cercanía del vencimiento del último plazo para presentar las listas de candidatos de cada línea interna que fueron oportunamente comunicadas, observadas, subsanadas y posteriormente oficializadas por las Juntas Electorales Partidarias, ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires (art. 4 Resol.. Técnica n° 94/15), puesto que lo contrarío afectaría gravemente el derecho constitucional de acceso a la justicia, mandato de orden superior a la cuestión preterida (artículos 8.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos 15, 75, inciso 22, Constitución Nacional y 15, Constitución Provincial).
III. Al adoptar la decisión cautelar antes citada, la Suprema Corte señaló: “La ley 14.086 (B.O.P. 8 y 11 de enero de 2010) establece el régimen de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas para la selección de candidatos a cargos públicos electivos para todos los partidos políticos, agrupaciones municipales, federaciones y alianzas transitorias electorales que deseen intervenir en la elección general, aún en los casos de presentación de una sola lista (art. 1).
Preceptúa que las listas de candidatos deberán presentarse ante los órganos competentes partidarios desde el día de publicación de la convocatoria y hasta cincuenta (50) días antes de la fecha de los comicios (art. 3).
Por su parte el artículo 4 regula los requisitos a reunir por las listas de candidatos; además de los que establezcan las respectivas cartas orgánicas, fija los siguientes: a) Número de candidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a elegir; b) Firma de aceptación de la postulación del candidato debidamente certificada…; c) Designación de hasta tres (3) apoderados de lista…; d) Denominación de la lista, mediante color, nombre y/o número y e) Reunir las adhesiones establecidas en el artículo 5º de la presente".
El artículo 5, por su parte, establece que: "Las listas deberán obtener adhesiones según las siguientes pautas:
a) Candidaturas para cargos de Gobernador y Vicegobernador:
dos (2) por mil (2 0/00) del padrón general. Dicho porcentaje deberá alcanzarse proporcionalmente en todas las secciones electorales y, como mínimo, en la mitad de los distritos que componen cada una;
b) Candidaturas a Senador y Diputado Provincial: cuatro por mil (4 0/00) del padrón respectivo, el cual deberá cumplirse en la mitad de los distritos que integran la sección electoral correspondiente, dicho porcentaje será computado hasta un máximo de un millón (1.000.000) de electores.
c) Candidaturas locales: cuatro por mil (4 0/00) del padrón general del distrito correspondiente, dicho porcentaje será computado hasta un máximo de cincuenta mil (50.000) electores.
(…)
2. Mediante el decreto 333/2011 (B.O.P. 15-IV-2011) el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires convocó al electorado de la provincia a elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para el 14 de agosto de 2011.
Por tal motivo, en virtud de lo dispuesto por el art. 3 de la ley 14.086 el plazo para presentar las listas vence el 25 de junio de 2011 (50 días antes de la fecha de los comicios).
3. La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, el 19-V- 2011, dictó la Resolución nº 64 en la que considera que mediante el artículo 2 del anexo único del decreto 332/2011, se le asigna la potestad de determinar la cantidad de adhesiones equivalentes a los porcentajes contemplados en la ley, para cada categoría de cargos por secciones y distritos.
Que, en ese contexto, consideró prudente y oportuno tomar como referencia los padrones utilizados para las últimas elecciones generales, convocadas por decreto 437/09, al sólo efecto de establecer el porcentual previsto en la ley. Así, resolvió aprobar el número mínimo de adherentes requerido para presentar listas de candidatos a cargos electivos para participar en las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas del 14 de agosto del corriente año en cada categoría de cargo por sección y distrito electoral, conforme la planilla obrante en el anexo, de la que resulta, en esencia: a) que para las candidaturas distritales se requiere un piso máximo de 200 adherentes (4 por 0/00 de 50.000 electores); b) que para las candidaturas a legislador provincial se necesita un piso máximo de 4000 adherentes (4 por 0/00 de 1.000.000 electores) y c) para las candidaturas a gobernador y vicegobernador un piso de 21.216 adherentes (2 por 0/00 de 10.507.918 electores).
(…)
V. Efectuado el relato de la normativa cuestionada, corresponde adentrarse en el tratamiento de la medida cautelar peticionada.
1. Esta Corte ha sostenido que este tipo de resoluciones deben examinarse con suma estrictez o mayor rigor cuando lo que se procura es la suspensión de los efectos de una ley, puesto que tales actos se presumen dictados con arreglo a la Constitución, mientras no se produzca una declaración judicial que determine lo contrario (cfr. causas B. 31.703 “Piérola” y sus citas en “Acuerdos y Sentencias”, serie 20ª, t. VI, p. 390; I. 1.520, “Peltzer”, res. del 28-V-91; I. 3.024, “Lavaderos de Lanas El Triunfo S.A.”, res. del 8-VII-03; B. 67.594, “Gobernador de la Provincia de Buenos Aires”, res. del 3-II-2004; I. 68.944 “U.P.C.N.”, res. del 5-III-2008 y sus citas, entre otras; en el mismo sentido C.S.J.N. Fallos: 195:383 y 210:48). Por otra parte, tal como lo sostuvo esta Corte al votar la causa I-68.475 “ARI”, sent. del 2-III-2011-, -por regla- el derecho internacional convencional, tanto el europeo como el interamericano, permiten a los Estados que -sin violar los tratados- regulen el sistema electoral de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, incluso en un mismo territorio y en épocas distintas (Corte IDH, Caso “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”. Serie C N° 184, párr. 166).
Entendemos que tales estándares deben tenerse presentes al analizar los extremos requeridos por la ley adjetiva para la procedencia de todo despacho cautelar (fumus boni iuris y periculum in mora; arg. arts. 230, 232 y concs. C.P.C.C.), siendo necesario sopesar la concurrencia de ambos en el asunto traído a conocimiento del Tribunal.
2. En el capítulo X – “Solicita medida cautelar” del escrito de inicio, la parte actora impetra se ordene la suspensión de la aplicación de los artículos 4 inciso e), 5 y 6 de la ley 14.086.
Para justificar tal petición refiere la imposibilidad de cumplir con la cantidad de adhesiones requeridas para la candidatura a los cargos de gobernador y vicegobernador (21.000), en un plazo de poco más de 40 días, al que califica de “exiguo”.
Sostiene que exigirle el cumplimiento de los artículos en crisis importaría una absoluta afectación de derechos constitucionales (arts. 1, 5, 16, 31, 38 y 75 inc. 22 de la Const. Nacional; arts. 1, 11, 14 y 59 de la Const. Provincial; art. 23 y concordantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), en tanto impediría materialmente la oficialización de listas para la selección de candidatos a cargos públicos electivos mediante elecciones internas.
3. Nos anticipamos a señalar que, por las razones que en adelante expondremos, cabe acoger –aunque sólo parcialmente- la medida cautelar solicitada.
La ley 14.086, cuyo articulado puesto en crisis ya fue relatado precedentemente, ha sido dictada por la Legislatura en ejercicio de la habilitación prevista en el artículo 61 de la Constitución Provincial. Cabe distinguir entre: i) la exigencia prevista para las candidaturas distritales (piso máximo de 200 adherentes), ii) de las requeridas para los cargos de legisladores provinciales (piso máximo de 4000 adherentes) y de Gobernador y Vicegobernador (21.216 adherentes). En el primer caso, no se advierte ninguna imposibilidad material para cumplir con los requisitos legales, lo que sella la suerte adversa del pedido precautorio respecto del inciso c) del artículo 5°. Distinta es la situación respecto de los incisos a) y b) del aludido artículo.
En efecto, para las candidaturas a Senador y Diputado Provincial no sólo se exige hasta 4000 adhesiones, sino que se impone que éstas deberán reunirse en la mitad de los distritos que integran la sección electoral correspondiente; asimismo, para las candidaturas a Gobernador y Vicegobernador, se requiere 21.216 adhesiones, estableciéndose una recolección proporcional de éstas, en las diversas secciones electorales y aún, por lo menos, en la mitad de los distritos que componen cada una. Así, a modo de ejemplo, tal como se desprende del Anexo de la Resolución n° 64 de la Junta Electoral, ese mínimo de 21.216 adhesiones exigido para los cargos de Gobernador y Vicegobernador se descompone en: 7305 para la Primera Sección; 1033 para la Segunda; 7353 para la tercera; 924 para la cuarta; 2050 para la quinta; 1131 para la sexta; 479 para la séptima y 941 para la octava. Y a su vez, cada uno de esos guarismos, debe ser descompuesto en función –como mínimo- de la mitad de los distritos que componen cada sección.
De tal modo, y sin que ello importe pronunciarse sobre el requisito en si mismo, se advierte fácilmente la conculcación del principio de participación –rector en materia electoral- toda vez que los interesados en presentar listas para candidatos a legisladores provinciales y a gobernador y vicegobernador no cuentan -según se desprende del actual cronograma electoral-, con el tiempo razonablemente necesario para reunir las condiciones previstas en la ley. Como lo señalara la Corte Interamericana en el caso “Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos”, antes citado, párr., 149. “El derecho y la oportunidad de votar y de ser elegido consagrados por el artículo 23.1.b de la Convención Americana se ejerce regularmente en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Más allá de estas características del proceso electoral (elecciones periódicas y auténticas) y de los principios del sufragio (universal, igual, secreto, que refleje la libre expresión de la voluntad popular), la Convención Americana no establece una modalidad específica o un sistema electoral particular mediante el cual los derechos a votar y ser elegido deben ser ejercidos (infra párr. 197). La Convención se limita a establecer determinados estándares dentro de los cuales los Estados legítimamente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional; esto es, sea razonable de acuerdo a los principios de la democracia representativa". Esta última nota –la falta de razonabilidad- es la consecuencia de la reglamentación tardía del artículo 6° de la ley 14.086 (a más de un año de su sanción), que –en las condiciones antedichas- pone en jaque el principio de participación electoral (arts. 59 de la Constitución Provincial; 23, 24 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica), lo que –al propio tiempo- deja al desnudo la presencia del peligro en la demora (segundo recaudo de procedencia).
Manteniéndonos siempre en el campo de las medidas cautelares recuérdese en este aspecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto de relieve que el Estado -en este asunto, el provincial- tiene la obligación de ‘respetar’ los derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y de garantizar su libre y pleno ejercicio (art. 1), y en su caso –conforme lo indica el artículo 2 de ese tratado regional- si el ejercicio no estuviera debidamente salvaguardado, debe dictar las medidas de derecho interno, legislativas o de cualquier otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos por la Convención (Corte IDH, “Barrios Altos vs. Perú”, sentencia de 14 de marzo de 2001, serie C N° 75, nota 140, parr. 48 [La Ley 2001-D-558]; “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C N° 154, nota 159; “Bámaca Velasquez”, sentencia de 25 de noviembre de 2000, serie C N° 70, párr. 201). (…)
En el mismo sentido dejó en claro que “en una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada”, en la que cada componente se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. Al ponderar la importancia que tienen los derechos políticos la Corte observa que incluso la Convención, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos” (Caso “Yatama vs. Nicaragua”, sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C N° 127, párr. 191). En tales específicas circunstancias, la tensión debe resolverse a favor de la mayor participación y la efectividad de los derechos políticos, de lo que deriva la necesidad de declarar inaplicables los artículos 4 inciso e), 5 incisos a) y b) y 6 de la ley 14.086, sólo en relación a las listas de candidatos a legisladores provinciales y a gobernador y vicegobernador de la Provincia.
4. Por tales razones, en el marco de provisoriedad inherente al despacho de las medidas cautelares y sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo de la cuestión planteada, a los fines de la participación de la accionante en las elecciones convocadas para el día 14-VIII-2011, corresponde hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por el representante legal del partido político Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (A.R.I.), declarando inaplicables los artículos 4 inciso e), 5 incisos a) y b) y 6 de la ley 14.086, en relación a las listas de candidatos a senadores y diputados provinciales, gobernador y vicegobernador de la Provincia (arts. 195, 230, 232 y conc., C.P.C. y C.)”.
IV. Transcriptas las justificaciones esenciales del aludido decisorio, una pauta inicial válida de razonamiento será el establecer si la plataforma fáctica que nutre esta causa comparte, los hechos que fueron narrados, y sometidos a la cognición cautelar de la Casación Provincial.
En ese camino, recuérdese que Omar Arnaldo Duclós en el carácter de Presidente del “Gen” Partido Político, Ricardo Cuccovillo como Secretario General del “Partido Socialista” y Jorge Raúl Ceballos, por la Agrupación Política “Libres del Sur”, solicitaron la suspensión de los artículos 4 inciso e, 5 y 6 de la ley 14086 con las modificaciones introducidas por la Ley 14.249, y las normas dictadas en su consecuencia – Decreto Reglamentario 332/11, artículos 2,9.11,12,16,17 y 18 y cc. . del Anexo único y Resoluciones Técnicas n°61/11, 65/11, 68/11 78/13, 83/13, 84/13 de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, actualizadas mediante el comunicado del 29 de abril de 2015 con miras a las elecciones a celebrarse el día 9 de agosto de 2015, de conformidad con el decreto provincial n° 114/15 de convocatoria a elecciones generales y elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas para la selección de los candidatos a Gobernador y Vicegobernador, Senadores y diputados provinciales, intendentes municipales, concejales y consejeros escolares cuyos mandatos expiran el día 10 de diciembre del corriente año.
Asimismo la Resolución nº 91 dictada el 26 de febrero del corriente por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires que dispuso, aplicando el artículo 5 de la ley 14.086 –y en lo que al alcance de la medida precautoria concierne-, la exigencia requerida para los cargos de legisladores provinciales de 21.680 y de Gobernador y Vicegobernador 23.377 adhesiones. El número de adherentes es superior, en aproximadamente, un 1,62% y 10,19 % respectivamente, al exigido en el año 2011.
Tales recaudos fueron notificados mediante la publicación de la Resolución en el Boletín Oficial, el día 11 de marzo del corriente. De manera que desde la citada publicidad hasta el plazo de presentación de las listas en el modo exigido (20/6/15), han transcurrido más de 90 días, término que supera largamente el valorado como exiguo por el alto tribunal provincial en el decisorio ya citado (41 días).
A ello debe agregarse que, a diferencia del estado de cosas del año 2011, dado que las pautas legales no se modificaron -es decir mantiene su vigencia el Decreto nº 332/11 que contempla los porcentuales-, era previsible para los Partidos Políticos la entidad de las adhesiones exigidas, si se piensa que los padrones utilizados (punto IV, Resolución 91/15), reflejaron, razonablemente, el incremento demográfico producido desde la contienda electoral en la cual se reglamentó la ley 14.086.
Ello priva de sustento las invocadas razones de urgencia (v. fs. 16 in fine y vta.), puesto que, cualquiera fuese la coyuntura política que condicionen las alianzas que pretendan competir (v. fs. 17vta. 3° párrafo), ciertamente los requisitos exigidos fueron conocidos con un plazo razonable de antelación, que permitió, en las condiciones que el legislador ha diseñado, ejercer adecuadamente la participación política.
Siguiendo estos lineamientos reiteradamente la Cámara Electoral Nacional ha rechazado impugnaciones en torno a las adhesiones. Indicó en lo pertinente que cuando el vencimiento del plazo para presentar las listas de precandidatos y satisfacer los requisitos previstos a tal fin, así como también las condiciones que debían observarse, surgen claramente de las normas aplicables (cf. arts. 21 y 26 de la ley 26.571, arts. 5 y 14 del decreto 443/11 y Acordadas Nº 46/11 y 58/11 CNE), quienes deseen participar en los comicios primarios deben, en todo caso, tomar los recaudos necesarios para cumplir las diversas exigencias estipuladas por el citado régimen legal (conf. CNE Fallos- 4585/11 del 21/6/11, 5020/13 del 11/7/13, 5022/13 del 16/7/13, e.o).
Es que, con pie en la ley vigente y su reglamentación –que data del año 2011-, receptando la exhortación formulada por la Corte Provincial en la varias veces citada causa I. 71.491, la Junta Electoral estableció, a más de 90 días vista, el número mínimo de adherentes exigidos para presentar listas de candidatos a cargos públicos electivos a las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas que próximamente se celebrarán. Es oportuno recordar que “…no hay derechos absolutos, toda vez que la Constitución Nacional garantiza su goce conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (cf. Fallos: 310:1045; 311:1132; 314:1202, 1376, 1531; 315:2804; 321:3542 y 322:2817, entre muchos otros) y que es evidentemente legítima, en particular, la reglamentación del derecho de asociarse con fines políticos” (cf. Fallos: 253:133 y 317:1195, voto del juez Fayt; conf. Cámara Nacional Electoral, causa "Salvatierra, José Luis s/promueve acción de amparo c/Poder Ejecutivo Nacional” (expte. n° 3538/02 CNE – CAPITAL FEDERAL- Fallo n° 3060/2002).
Y, asimismo, “…las opciones ejercidas por el Poder Legislativo, que han observado el principio de razonabilidad, no son revisables en su oportunidad o conveniencia, pues ello, además de invadir las atribuciones de otros poderes, traería como consecuencia necesariamente una absoluta, riesgosa y trastornadora inseguridad jurídica, toda vez que nunca podría tenerse la certeza de la permanencia y vigencia de las instituciones, al desconocerse el ejercicio de las facultades de los otros poderes” (Tribunal y autos citados).
Desde esta óptica, y en la liminar cognición que permite la etapa cautelar que se transita, no se advierte, explicada la previsibilidad del número de adhesiones exigido, que las condiciones de presentación de listas superen la razonable restricción compatible con la vigencia de los derechos políticos que reglamenta.
Bajo esta pauta de interpretación, vale decir que el poder reglamentario sea ejercido de modo razonable, pierde sustento, prima facie, la alegada conculcación esta sustancial regla, prevista por el artículo 28 de la Constitución Nacional.
De modo que, en tanto la verosimilitud del derecho es vinculada a la existencia de un vicio notorio, de una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta o de una violación legal patente, ya que la amplitud con que pueda darse por cumplido tal recaudo debe necesariamente equilibrarse con el principio de presunción de validez de los actos estatales, como se adelantó, su configuración no se observa en este estado del trámite. Tanto más si se exige especial prudencia para despachar medidas innovativas que importen enervar la eficacia de la normativa cuestionada (esta Sala, causas 102.857 reg. int. 95/04, 103.107 reg. sent. 160/04, e.o).
En consecuencia la suspensión preventiva dictada, en los términos y las circunstancias que se tuvieron por justificadas, en grado de probabilidad, en la instancia anterior, ha de revocarse (arts. 195, 198, 230, 232, y cc.
CPCC).
V. Las explicaciones que preceden y son propuestas al Acuerdo, conducen a la admisión de los recursos propuestos, revocando el pronunciamiento apelado con el alcance que se formula seguidamente. En el ámbito cautelar, el legislador avanzó hacia el terreno de la publicización del instituto, superando la frontera estrictamente dispositiva. Esta nota se advierte en el artículo 204 del Código Procesal Civil y Comercial, que otorga al Juez la facultad de adecuar la pretensión cautelar a fin de evitar gravámenes o perjuicios innecesarios (conf. Eduardo N. de Lázzari, “Medidas cautelares”, ed. LEP, año 1995, T. 1, pág. 163/164). A contrario sensu, y en dirección a la revocación del pronunciamiento apelado, debe destacarse que conforme al cronograma electoral previsto por la Junta Electoral mediante la Resolución 94/15 del 29 de abril del corriente, el día 1 de julio de este año expira el término para presentar las listas oficializadas, no presentadas el día 27 de junio y que hayan sido comunicadas oportunamente.
Consecuentemente, dado que los accionantes y adherentes contaron con la habilitación cautelar para la presentación de las listas al día 20 de junio pasado; que no alteraría el normal desarrollo del esquema trazado; y dada la trascendencia de los derechos involucrados que merecen protección en el orden nacional como supranacional, resulta razonable al par que proporcionado, que dispongan hasta el día 1° de julio del corriente para el debido cumplimiento de las adhesiones previstas por la Resolución nº 91/15 dictada por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
Con el alcance que dan las razones expuestas, propongo la recepción de los agravios en tratamiento (arts. 195, 230, 232, 260, 266 y ccs., C. Proc.).
Voto por la NEGATIVA Por los mismos fundamentos los doctores LARUMBE y LOPEZ MURO votaron en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: 1) revocar y modificar el apelado pronunciamiento, dejando sin efecto la medida cautelar, sin perjuicio que los accionantes y adherentes dispongan hasta el día 1° de julio del corriente para el debido cumplimiento de las adhesiones previstas por la Resolución nº 91/15 dictada por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. 2) Notificada esta sentencia, elevar los autos a la Suprema Corte de Justicia a los fines de que sea establecida la competencia, en los términos propuestos en el acápite II.
ASÍ LO VOTO.
Los doctores LARUMBE y LOPEZ MURO adhirieron en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, veintiséis de junio de 2015.
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio de fs. 30/36 vta. no es justo.
POR ELLO: corresponde: 1) revocar y modificar el apelado pronunciamiento, dejando sin efecto la medida cautelar, sin perjuicio que los accionantes y adherentes dispongan hasta el día 1° de julio del corriente para el debido cumplimiento de las adhesiones previsto por la Resolución nº 91/15 dictada por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires. 2) Notificada esta sentencia, elevar los autos a la Suprema Corte de Justicia a los fines de que sea establecida la competencia, en los términos propuestos en el acápite II. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE con habilitación de días y horas inhábiles en forma urgente y elévense los autos a la Suprema Corte de Justicia.
Fin de la sentencia