Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 1 de Necochea · Causa O-59483
Lo que resolvió el tribunal
I. Haciendo lugar a la demanda promovida por La Dulce Cooperativa de Seguros Limitada contra Francisco Ernesto Tevez, condenando a este último a abonar la suma de pesos dieciocho mil trescientos setenta y uno con 23/100 ($ 18.371,23.-), con más el interés equivalente a la tasa de cartera general en PESOS del Banco de la Nación Argentina incrementada en un 50% más IVA correspondiente y la actualización dispuesta en el CONSIDERANDO III, desde la mora y hasta su efectivo pago, en el plazo de DIEZ días a partir de quedar firme la presente sentencia, bajo apercibimiento de ejecución (art. 163 inc. 7º CPCC).-
II. Condenando en costas al demandado vencido (art. 68 del Cód. Proc.).
III. Difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad en que se practique y apruebe la liquidación definitiva (art. 51 Ley 14967).
O-59483 - (RGE= NE-216-2021 ).- Juzgado Civil y Comercial Nº 1
LA DULCE COOP DE SEGUROS LTDA C/ TEVEZ FRANCISCO ERNESTO S/ COBRO SUMARIO SUMAS DINERO (EXC.ALQUILERES, ETC.) . -
Necochea, de Noviembre de 2026 .-
Estos autos caratulados "La Dulce Cooperativa de Seguros Ltda. c/ Tevez, Francisco Ernesto s/ Cobro sumario sumas de dinero", Expte. Nº 59.483 que se encuentra en estado de dictar sentencia y de los que;
Que con fecha 31 de enero de 2022 se presenta el Dr. Facundo Damián Chico en carácter de apoderado de La Dulce Cooperativa de Seguros Limitada, promoviendo demanda de cobro de pesos contra Francisco Ernesto Tevez por la suma de pesos dieciocho mil trescientos setenta y uno con 23/100 ($ 18.371,23.-), con más sus intereses, costas y costos.-
Relata que en el mes de diciembre de 2011 el demandado suscribió una solicitud de ingreso como asociado a La Dulce Cooperativa de Seguros Ltda., siendo su solicitud aceptada por el Consejo de Administración de la entidad actora. Agrega que con fecha 11/12/2019 el demandado efectuó una solicitud de seguro de granizo a su mandante, con el fin de asegurar contra dichos riesgos 14 hectáreas sembradas con trigo, en campos de su administración, extendiéndose la póliza nro. 171223, siendo el importe total a abonar de $ 18.371,23.-
Refiere que la vigencia de la póliza corrió desde el día 17/12/2019, extendiéndose el plazo para el pago hasta el 10/02/2020, produciéndose la mora de pleno derecho.-
Ofrece prueba y funda en derecho. Solicita se dicte sentencia condenatoria con costas.-
Corrido el traslado de ley, el demandado no contesta la demanda y se le da por perdido el derecho. Oportunamente se declara la cuestión como de puro derecho, llamándose autos para sentencia el día 3 de Noviembre del corriente año, providencia que se encuentra firme.
I. Que declarada la cuestión como de puro derecho, corresponde al suscripto abocarse al estudio de la presente causa y resolver la misma conforme las constancias de autos. En ese sentido es dable destacar que: "... si la prueba documental incorporada en los escritos constitutivos de la litis, sobre cuya autenticación están contestes las partes, constituye el medio de prueba fundamental a los fines de decidir la cuestión litigiosa, desde que a través de la misma, interpretación de dicha documentación, ha de dilucidarse el pleito, aparece innecesaria la apertura a prueba, por no configurarse estrictamente el supuesto de hecho que aprehende el art. 358 del ordenamiento procesal" (CPCC Cdo., Morello, Tomo IV-B, pág. 580).
II. En consecuencia, no habiéndose negado en autos la autenticidad de la documentación glosada que acredita el reclamo efectuado y despejado el camino a la pretensión del cobro por la actora, corresponde hacer lugar a la acción entablada, debiendo el demandado abonar a la parte actora la suma de pesos dieciocho mil trescientos setenta y uno con 23/100 ($ 18.371,23.-) como importe del crédito reclamado, el que se incrementará hasta su efectivo pago con más el interés equivalente a la tasa de cartera general en pesos del Banco de la Nación Argentina incrementada en un 50% mas IVA correspondiente desde la mora y hasta su efectivo pago (arts. 767, 768 y 769 del CCyC).
III. Atañe seguidamente resolver el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 efectuado por la parte actora (presentación electrónica de fecha 28/9/2026).-
La Suprema Corte de Justicia, en la causa C. 124.096 caratulada "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", declaró la inconstitucionalidad sobrevenida de dicho artículo. Consideró que los efectos de la depreciación del signo monetario nacional producían en la actualidad una merma al crédito de tal magnitud que conducía a resultados desproporcionados, lesivos del derecho de propiedad y de garantía de efectividad de la defensa en juicio, reconocidos en los arts. 1, 17, 18, 33 y concordantes de la Constitución Nacional; y 1, y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.-
Respecto de la prohibición de indexar, establecida en el art. 7 de la Ley 23.928, el Máximo Tribunal bonaerense aborda, en el voto del ministro preopinante, Dr. Soria, la cuestión de la denominada "inconstitucionalidad sobreviniente", a cuyos argumentos me remito.-
En definitiva, para los ministros, en virtud del cambio de escenario económico ".el art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, en su aplicación al caso, debe ser descalificado porque desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz (arts. 1, 17, 18, 28 y concs., Const. nac.)".-
Sobre el aspecto de la oportunidad, ha dicho la Cámara Departamental que el planteo de inconstitucionalidad motivado en el cambio de la doctrina legal, ... "por la naturaleza de los temas que porta, puede efectuarse aun cuando se ha dictado sentencia firme al respecto; siempre que, claro está, se dé oportunidad de ser oída a la contraria..." (Cám. Apel. Necochea en autos "Rizzo Juan Carlos c/ De Michele Gaston Ivan S/ Daños y Perj.Autom. C/Les. o Muerte (Exc.Estado)" Expte. 12397 de Alzada, 4/12/2024).-
En atención a lo que surge de las constancias de la causa, puede apreciarse que la oportunidad para el planteo de inconstitucionalidad realizado por la parte actora se ajusta a Derecho y a las circunstancias del caso.-
Por lo demás, "tal como la propia doctrina legal lo señala, tratándose de un agravio sobrevenido en el curso del proceso no podría la preclusión tornarse en una regla absoluta por sobre un gravamen constitucional evidenciado ("Barrios" ap. V.1.c.). (op. cit. Cám. Apel. Necochea en autos "Rizzo Juan Carlos .....", 4/12/2024).-
Sobre la existencia de la brecha lesiva, la doctrina legal que surge del precedente, en diversos párrafos de su texto, exige comparar los resultados que arrojan la utilización de un sistema de mantenimiento del capital adecuado por medio de su actualización (más una tasa de interés puro) con la utilización del sistema hasta ahora aplicado (en el caso de autos, previsto en la sentencia: capital reconocido en sentencia más intereses a la tasa activa para operaciones de descuento a treinta (30) que publica el B.A.P.RO. desde la mora) a efectos de constatar la existencia de "pérdida más que considerable en perjuicio del reclamante" (apartado V.9.e.) o la configuración de una "diferencia objetiva apreciable en perjuicio del acreedor, que justifica el óbice constitucional articulado" (parte final del aparatado V.9.e.i.).-
Al respecto, se destaca que los cálculos comparativos efectuados por la actora exhiben con claridad la licuación de la deuda reclamada y la consiguiente afectación del crédito, de su derecho a la reparación integral y en definitiva, a su propiedad (arts. 17 y 19 CN) (op. cit. Cám. Apel. Necochea en autos "Rizzo Juan Carlos .....", 4/12/2024).-
Conforme a lo hasta aquí expuesto y siguiendo la doctrina legal del Superior Provincial, he de declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 (T.O ley 25.561), en cuanto prohíbe la actualización o indexación de obligaciones dinerarias, por lo que se debe resolver sobre el índice aplicable a la actualización toda vez que, obviamente, existen varios y diferentes.-
Así entonces, considero apropiado que a la suma de condena se le aplique el Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.) "Nivel General" (Var Interanual IPC Nacional) publicado por el INDEC en su página web ( https://www.indec. gob.ar/ indec/web/Nivel4 -Tema3-5-31), el que estimo como el mecanismo más acorde.-
Sin perjuicio de ello, y tal como lo informa el propio organismo "Los índices de precios se elaboran con frecuencia mensual" (sichttps://www.indec.gob.ar/ ftp/cuadros/ economia/como_usar indice precios_2022.pdf), a lo que es dable agregar que su publicación no se realiza en forma inmediata una vez culminado cada mes.-
Por tal razón, y a fin de evitar los problemas que dicha metodología necesariamente habrá de producir a la hora de su aplicación por días, y en miras de facilitar tanto su liquidación, imputación de pagos parciales, como el cumplimiento de la sentencia al condenado, es que considero preciso efectuar la siguiente salvedad: al importe de capital deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia (CER) publicado por el B.C.R.A., desde el día de la mora hasta el fin de dicho mes. Entre dicho mes y hasta el último I.P.C. publicado deberá aplicarse dicho índice (I.P.C.), y desde allí hasta el efectivo pago o fecha en que se practique liquidación, nuevamente el C.E.R.; ello con una tasa pura del 6% desde la fecha de la mora conforme la nueva doctrina legal de la SCBA, en la causa C. 124.096 "Barrios", sentencia del 17/4/24.-
IV. Que en cuanto a la imposición de costas, no encontrando mérito para apartarme del criterio objetivo de la derrota, corresponde que sean soportadas por el demandado vencido (art. 68 del ritual).
Por lo expuesto y lo normado por los arts. 68, 77, 163, 165, 320, 482, y conc. del CPCC, y ley 20337, art. 767, 768, 769 y ccs. del CCyC;
I. Haciendo lugar a la demanda promovida por La Dulce Cooperativa de Seguros Limitada contra Francisco Ernesto Tevez, condenando a este último a abonar la suma de pesos dieciocho mil trescientos setenta y uno con 23/100 ($ 18.371,23.-), con más el interés equivalente a la tasa de cartera general en PESOS del Banco de la Nación Argentina incrementada en un 50% más IVA correspondiente y la actualización dispuesta en el CONSIDERANDO III, desde la mora y hasta su efectivo pago, en el plazo de DIEZ días a partir de quedar firme la presente sentencia, bajo apercibimiento de ejecución (art. 163 inc. 7º CPCC).-
II. Condenando en costas al demandado vencido (art. 68 del Cód. Proc.).
III. Difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad en que se practique y apruebe la liquidación definitiva (art. 51 Ley 14967).
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE mediante el depósito del presente trámite en el domicilio electrónico constituido por las partes (art. 1 Ac. 3991 SCBA).
Firmas
Funcionario firmante: BALBI Jorge Daniel - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 133-2026
Fin de la sentencia