Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 26.830-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar parcialmente la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA) dictada en la Actuación N° 12198-36-2005 – ADGA 449.228/99 y, en consecuencia, hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($13.162,28), abonada en demasía en concepto de tasa de estadística respecto de los DI N° 22.928-5/94 (ítem 1), 23.651-5/94, 23.653-9/94 y 29.044-5/94, con más los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del CA los que proceden desde el 28 de diciembre de 1999 -fecha en que la actora presentó los reclamos-, y que deberán seguir el tratamiento dispuesto para las deudas consolidadas en los términos de la ley 25.344 y sus sucesivas reglamentaciones. Con costas a la DGA.
2Confirmar parcialmente la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA) dictada en la Actuación N° 12198-36-2005 – ADGA 449.228/99 en cuanto deniega la devolución de la suma de PESOS SEISCIENTOS UNO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($601,41), en concepto de tasa de estadística respecto de los DI N° 22.927-8/94 y 22.928-5/94 (ítem 2 y 3). Costas a la actora
3Hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS UN MIL ($1.000.-) en concepto de arancel Res. Nº 3428/96, con más los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, los que deben computarse a partir del 28 de diciembre de 1999 hasta la fecha del efectivo pago. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-101726192-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Septiembre de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “DUPONT ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expediente N° 26.830-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 45/52 se presenta la firma DUPONT ARGENTINA S.A. (antes DUPONT PERFORMANCE COATINGS ARGENTINA S.A. ex RENNER DUPONT PINTURAS AUTOMOT. E IND. S.A.) por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA) dictada en el expediente 449.228/99 – SIGEA 12198-36-2005, mediante la cual se rechazó el pedido de devolución de las sumas abonadas en concepto de tasa de estadística. Relata que en relación a los DI N° 22.928-5/94 (ítem 1), 23.651-5/94, 23.653-9/94 y 29.044-5/94, el servicio aduanero consideró que los certificados de origen no resultaban de aplicación por no ajustarse al art. 4 del Acuerdo 91, del Comité de Representantes de ALADI, que establece que los certificados de origen deben estar intervenidos con sello y firma de las reparticiones oficiales o entidades gremiales autorizadas para su expedición.
A su vez, en lo concerniente a los DI N° 22.927-8/94 y 22.928-5/94 (ítem 2 y 3), el ente aduanero invocó que la firma no hizo uso de los beneficios establecidos en el marco de ALADI. Elabora un cuadro con un detalle de los despachos de importación objeto de apelación y el monto cuestionado. En relación a la falta de firma ológrafa de los certificados, transcribe los arts. 10, 11 y 16 del Anexo V del ACE N° 14 y el art. 12 del 17° Protocolo Adicional. Remite al precedente de la CSJN “Mercedes Benz Argentina SA”, sentencia del 21/12/1999. En ese marco conceptual, esgrime que en virtud del principio de buena fe que debe primar en todos los acuerdos internacionales, ante la duda de si los certificados de origen habían sido emitidos por la entidad certificante, la Aduana tenía dos opciones: aceptar el certificado o realizar el régimen de consulta ante el país exportador.
Cita jurisprudencia de este Tribunal que se ha expedido en el sentido de que la falta de firma ológrafa configura un defecto formal que obedeció a un problema de orden interno de la entidad certificante, según el cual ciertos certificados de origen fueron firmados por autenticación mecánica. Expresa que tal circunstancia quedó plasmada en la Nota N° 1923/02 (DV FIVI), y en los dictámenes N° 1051/01 (DV RTAG), 818/03 (DV RTAG), 183/03 (DV RTAG). Es decir, el servicio aduanero en reiteradas oportunidades reconoció que las aclaraciones realizadas por la entidad certificante de Sao Paulo fueron suficientes para tener por válida la mencionada inobservancia formal. En cuanto a la falta de invocación de las normas de origen, asevera que el art. 2° del ACE N° 14 prescribe que el Acuerdo es aplicable a todo el universo arancelario de bienes importados entre los países miembros, en este caso Brasil, dado que el ACE N° 14 hizo una derogación orgánica del Decreto 1998/92.
Postula que sostener lo contrario, implica una violación al principio de supremacía constitucional que emana del art. 31 y art. 75 inc. 22 de la CN. Cita el fallo Trumar SAIC y el precedente de la CSJN “Café la Virginia”. Se refiere al cómputo de los intereses y peticiona la devolución del arancel de $ 200 abonado por cada solicitud de repetición. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 66/76 vta., la representación fiscal contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa. Niega todas las afirmaciones vertidas por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Subraya que conforme el art. 4 del Acuerdo 91, la firma y sello de la entidad certificante implica que el certificado de origen es aceptado por la entidad habilitada y no puede ser obviado por la circunstancia de que el documento obre en formulario que ostente impresa la denominación de la entidad. Añade que en el campo 6 del certificado debe incluirse el número de factura comercial y la fecha de la misma. Cita numerosa jurisprudencia en la que se ha establecido que firmar no significa poner un sello sino la firma de puño y letra y que la omisión de la firma ológrafa del funcionario de la entidad habilitada debe ser considerada un incumplimiento palmario, no subsanable por los informes emitidos por la entidad certificante. Así, la jurisprudencia ha determinado que la normativa no prevé la posibilidad de la firma en facsímil, y que la carencia de firma ológrafa del funcionario interviniente es un requisito que no puede ser suplido por otros elementos probatorios dado que los certificados deben bastarse a sí mismos para acreditar el origen de las mercaderías. De este modo, entiende que el defecto observado no es de naturaleza formal sino sustancial porque hace a la propia validez del instrumento, por lo que no puede ser sometido al procedimiento de consulta. Describe que el certificado de origen es requisito indispensable para acreditar el origen zonal de la mercadería y una condición fundamental para la aplicación del beneficio. Plantea la inaplicabilidad del precedente de la CSJN “Mercedes Benz”, puesto que la cuestión aquí planteada no se equipara a dicho fallo. Cita el pronunciamiento de la CSJN “Autolatina S.A.”, que estima aplicable al caso de autos. Alega que reputar como válido un certificado que adolezca de falencias sustanciales por haber sido emitido sin cumplir los requisitos de fondo impuestos por las normas de origen, implica desnaturalizar la esencia misma de ese régimen y del propio certificado de origen. Se pronuncia respecto de la improcedencia del arancel de $ 200, abonado en los términos de la Resolución N° 3428/96. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con costas.
III. Que a fs. 83 se declara la causa de puro derecho. A fs. 160 se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12198-36-2005 – ADGA 449.228/99, se inicia a fs. 1/8 con copias certificadas de las solicitudes de devolución de importes percibidos indebidamente en concepto de tributos presentadas por la firma RENNER DUPONT PINTURAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES S.A. ante el servicio aduanero el 28/12/1999, en relación a los DI N° 22.927-8/94, 22.928-5/94, 28.974-8/94, 23.651-5/94, 23.653-9/94, 29.044-5/94 y 29.063-6/94 por las sumas de $258,30, $814,40, $6.288,80, $6.986,70, $3.796,80, $1.907,50 y $448, respectivamente. Entre fs. 19/142 lucen los escritos a través de los cuales funda la repetición solicitada, las boletas de pago del arancel de $ 200 y las boletas de depósito del Banco de la Nación Argentina correspondientes. Entre fs. 144 y 155 se glosan las carpetas de los DI N° 22.927-8/94, 22.928-5/94, 23.653-9/94, 28.974-8/94, 23.651-5/94, 29.063-6/94 y 29.044-5/94. A fs. 160 obra informe de la Sección Verificación. A fs. 165/166 consta copia de la sentencia recaída en la causa RENNER DUPONT PINTURAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES SA c/ DGA s/Amparo, Expte. TFN N° 18.326-A. A fs. 212 se agrega la Nota N° 1539/04 (SE IFID). A fs. 214 la División Ordenamiento y Convenio emite la Nota N° 1509/04 (DV ORCO). A fs. 216 se produce el Dictamen N° 2582/04. A fs. 219 consta planilla de liquidación de devolución denegada de tributos. A fs. 221/223 se dicta la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA), que se notifica a la interesada el 13/09/2009, conforme constancia de fs. 224. A través de la Actuación N° 13289-7979-2005 la recurrente acredita la interposición de recurso ante esta instancia.
V. Que corresponde resolver en los presentes autos si resulta ajustada a derecho la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA), en cuanto deniega la devolución solicitada por la firma RENNER DUPONT PINTURAS AUTOMOT. E IND. S.A., luego DUPONT ARGENTINA S.A. Para ello, debe analizarse si los certificados de origen involucrados en la causa resultan válidos o no para acreditar el origen de la mercadería.
Que la actora cuestiona la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA) en cuanto rechazó la devolución peticionada en concepto de tasa de estadística. En su recurso de apelación elabora un cuadro con el detalle de los despachos de importación que son motivo de apelación N° 22.927-8/94, 22.928-5/94, 23.653-9/94, 23.651-5/94 y 29.044-5/94 y el monto recurrido de $ 15.577,50 (ver fs. 45 vta. de autos).
Que así las cosas, corresponde circunscribir el análisis del presente a las operaciones que son objeto de cuestionamiento en autos. En ese orden, resulta que mediante las destinaciones N° 22.928-5/94, 23.653-9/94, 23.651-5/94, 29.044-5/94 y 22.927-8/94 oficializadas en fechas 20/01/1994, 21/01/1994, 21/01/1994, 31/01/1994 y 20/01/1994 respectivamente, la firma en cuestión documentó la importación para consumo de mercadería, declarando que era de origen y procedencia brasilera.
Que la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA) resolvió no hacer lugar a la devolución solicitada, con fundamento en lo dispuesto por la Nota N° 1509/04 (DV ORCO) y el Dictamen N° 2582/04 (fs. 214 y 216 de las act. adm).
Que la Nota N° 1509/04 (DV ORCO) determinó que los certificados de origen obrantes en las carpetas de los despachos de importación no resultaban de aplicación por los siguientes motivos:
- DI N° 22.928-5/94 (ítem 1), 23.651-5/94, 23.653-9/94 y 29.044-5/94 por no dar cumplimiento al art. 4° del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI, que establece que los certificados de origen deben estar debidamente intervenidos con sello y firma, por las Reparticiones Oficiales o Entidades Gremiales autorizadas para su expedición, razón por la cual las firmas deben ser autógrafas.
- DI N° 22.927-8/94 y 22.928-5/94 (ítem 2 y 3), el interesado no hizo uso de los beneficios establecidos en el marco de la ALADI.
VI. Que es claro que el certificado de origen (reglado en los respectivos Acuerdos Internacionales) es el documento necesario e imprescindible para acreditar el origen zonal de la mercadería, origen del que deriva el tratamiento preferencial, y por ende dicho certificado debe reunir todos los requisitos formales y materiales exigidos por el respectivo Acuerdo y su reglamentación, fundamentalmente en cuanto tales disposiciones y/o requisitos se refieren, además, directa o indirectamente (aunque en este último supuesto asimismo claramente), a la propia “validez” del certificado. Que en ese entendimiento, corresponde analizar si los certificados de origen en cuestión cumplen con los requisitos exigidos por las mencionadas normas jurídicas y pronunciarse sobre la procedencia de las solicitudes de repetición formuladas por la firma importadora.
Ahora bien, para que las importaciones estén amparadas por el ACE 14, se requiere la presentación de un certificado de origen “que efectivamente ampare a las mercaderías”, por ello corresponde analizar si los certificados de origen en cuestión cumplen con los requisitos exigidos por las mencionadas normas jurídicas tal como lo pretende la actora.
VII. Que en relación a los DI N° 22.928-5/94 (ítem 1), 23.651-5/94, 23.653-9/94 y 29.044-5/94, el servicio aduanero cuestiona que los certificados de origen no dan cumplimiento al art. 4° del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI, que prevé que los certificados de origen deben estar debidamente intervenidos con sello y firma, por las Reparticiones Oficiales o Entidades Gremiales autorizadas para su expedición, razón por la cual las firmas deben ser autógrafas.
Que de la compulsa de los certificados de origen correspondientes a los despachos de importación referenciados, se observa que no cuentan con firma original u ológrafa de la entidad emisora habilitada ya que, en el campo 14 de tales certificados, se lee la firma del “Sr. Benedito De Sanctis Pires de Almeida” inserta a través de un sello o firma facsímil y tal situación es expresamente reconocida por la actora en su recurso.
Que en diversos precedentes se ha considerado que el hecho de que los C.O. no contengan firma ológrafa podía no considerarse en determinados supuestos un defecto sustancial, en el sentido propiciado por la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional in re “Mercedes Benz Argentina SACIFIM c/ANA- expte. 632/97” (21/12/97) que extendió el concepto de los “defectos formales” que no implicaban la pérdida de beneficios arancelarios a numerosos supuestos. Que, según las fechas de la importación y las fechas de los C.O. involucrados, resultan aplicables las normas contenidas en el ACE 14 y su Protocolo Adicional 17. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos " Autolatina Argentina S.A. (T.F. 7879-A), c/D.G.A.", de fecha 10.04.03, analizó los temas vinculados a la certificación del origen en casos en que se encontraba vigente el Protocolo Adicional 17.
Que por el art. 4 del Acuerdo 91 del Comité de Representantes de la ALADI los certificados de origen deben estar debidamente intervenidos con sello y firma de las reparticiones oficiales o entidades gremiales, y esta circunstancia no se da en la causa en que la firma ha sido sustituida por un sello que reproduce la firma del funcionario que debía intervenir. Que al respecto, conviene recordar también que el 17º Protocolo Adicional del ACE 14, en su Capítulo III inc. 9, expresa: “...los certificados de origen deberán ser emitidos exclusivamente en el formulario cuyo modelo se anexa al presente, los cuales carecerán de validez en caso de no haberse completado todos sus campos”. Y, a su vez, en el formulario aprobado por ese Protocolo Adicional se prevé expresamente que debe contar con la fecha, firma y sello de la entidad emisora. Que la Corte Suprema Nacional in re “Autolatina Argentina S.A.”, sentencia de fecha 10/04/03, consideró que en casos en que, de la compulsa de los certificados de origen, resultara que adolecen de “inhabilidad manifiesta” para cumplir la finalidad a que están destinados, la Aduana puede dejar de lado su aplicación a la importación, y reclamar los tributos de conformidad al régimen general de importación, y no bajo el sistema arancelario preferencial de los Acuerdos de Complementación Económica mencionados (ACE 14 y Protocolo Adicional 17).
Que, en el caso particular que nos ocupa, el certificado de marras fue intervenido oportunamente por el Sr. Benedito de Sanctis Pires de Almeida, quien en la época de la operación cuestionada suscribía de ese modo según la práctica adoptada por la entidad certificante. Ver al respecto la jurisprudencia de la Sala II de la Excma. CNACAF en los autos “BRIDGESTONE FIRESTONE ARGENTINA SAIC C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, causa Nro. 16055/2015 – T.F. 21.835-A de fecha 18 de junio de 2015, expediente que oportunamente tramitó ante esta Vocalía. En dicho pronunciamiento la Segunda Instancia interpretó que “invalidar, en este caso particular, el certificado en análisis [suscripto por el Sr. Pires de Almeida en el plazo en que se encontraba habilitado a tal efecto] resulta un exceso de rigor formal (ver, en igual sentido esta Sala in re “M & F Distribuidora S.A.”, del 15/09/2009 y “Deobal SA (TF 21994-A) c/ DGA” del 21/10/2010)”. En estos casos, la instancia revisora concluyó que tales certificados resultan válidos y aplicables para la obtención de los beneficios arancelarios del ACE 14. En otros numerosos precedentes similares al presente, se han expedido otras Salas, tanto de este Tribunal como de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, considerando que era un exceso de rigor formal la exigencia de firma ológrafa en estos casos. En ellos se corroboró que era de práctica habitual que el Sr. Pires de Almeida interviniera los certificados mediante su firma en facsímil.
Reiterando este orden de ideas, la Alzada tiene dicho: “En tales condiciones, negar el tratamiento preferencial solicitado importa una exigencia excesivamente rigorista de formalidades que sólo tienden a obstruir la finalidad de integración económica perseguida por el acuerdo, generando reacciones que puedan dificultar la prosecución de sus objetivos” (Sala III, in re: Causa: 30369/2011, SKF ARGENTINA SA (TF 21.158-A) C/DGA sentencia de la Alzada de febrero de 2012; “Iochpe Maxion Argentina” del 10/02/06 y “Kalpakian Hnos” del 31/10/07, entre otros).
Que, en razón de lo señalado, teniendo a la vista el criterio sentado por el Superior, considero que -por el principio jurídico de economía procesal- en este aspecto la resolución apelada debe ser revocada parcialmente, con costas.
VIII. Que en lo concerniente a los DI N° 22.927-8/94 y 22.928-5/94 (ítem 2 y 3), el órgano aduanero objeta que el interesado no hizo uso de los beneficios establecidos en el marco de la ALADI.
Que así las cosas, en los despachos de importación referenciados no se especificó que las mercaderías allí declaradas se encontraban amparadas en el ACE 14, y se abonó, en consecuencia, la tasa de estadística del 10% prevista en el Dec. 1998/92. Así, al momento del registro, según se extrae del texto de dichos documentos, la actora no invocó régimen preferencial alguno ni negociación alguna de la mercadería en el ámbito del ACE 14 u otro régimen que acordara beneficios arancelarios. Cabe poner de relieve que de la compulsa del DI N° 22.927-8/94 se desprende que aquel despacho no cuenta con certificado de origen.
Que la actora sostiene en su recurso de apelación que como las mercaderías importadas eran provenientes de Brasil las mismas debían tributar conforme el régimen arancelario que para la tasa de estadística prevé el ACE 14. La afirmación de la actora es incorrecta habida cuenta que omite algunos aspectos esenciales del régimen previsto en el ACE 14. Que para poder establecer si determinadas mercaderías se encontraban beneficiadas con un régimen preferencial arancelario, en este caso del ACE 14, el importador debió indicar al documentar el despacho que las mercaderías allí declaradas estaban amparadas por el ACE en cuestión.
Que los beneficios arancelarios deben acreditarse al momento del registro del despacho de importación, por aplicarse el régimen vigente a ese momento, en virtud de lo dispuesto en los arts. 637, inc. b) y 639 del Código Aduanero. Que en consecuencia, las mercaderías importadas en autos no se encontraban amparadas por el ACE 14 y, por ello, no les resulta aplicable el régimen tributario acordado en el mencionado ACE, al cual, le resultaba pertinente según sus Notas Complementarias una alícuota del 3% en concepto de tasa de estadística.
Que por lo expuesto, los beneficios arancelarios pretendidos por la actora respecto de tales despachos con base en el ACE 14 no resultan de aplicación, y por lo tanto, corresponde confirmar la parcialmente el decisorio aduanero en cuanto rechaza la repetición intentada en relación a los DI N° 22.927-8/94 y 22.928-5/94 (ítem 2 y 3). Con costas a la actora (art. 1163 del C.A.).
IX. Que resultando válidos los certificados de origen correspondientes a los DI N° 22.928-5/94 (ítem 1), 23.651-5/94, 23.653-9/94 y 29.044-5/94 y por ende aplicables a las operaciones mencionadas, corresponde pronunciarse sobre la devolución de los importes solicitados por la actora en concepto de tasa de estadística.
Que en las Notas Complementarias del ACE 14, se expresa que la importación de productos negociados por la República Argentina queda sujeta, sin perjuicio de las condiciones establecidas para cada caso, al cumplimiento de las disposiciones siguientes:... punto 3 “Ley 23664 del 1/6/89. Establece la percepción de la tasa de estadística cuya cuantía es del 3% aplicado sobre el valor CIF y es exigible en el momento de la liquidación de los derechos de importación correspondientes”.
Que este Tribunal Fiscal como la Alzada han resuelto en forma pacífica y reiterada que si una operación de importación se encuentra alcanzada y/o amparada por un Acuerdo Internacional -en este caso el ACE 14- y si en el marco del Acuerdo se negoció un nivel de tasa de estadística (3%) menor que el fijado por normas de derecho interno (en este caso el decreto 1998/92), por el principio de supremacía de los tratados internacionales, principio sustentado primero por la jurisprudencia de la C.S.J.N. y después receptado por la C.N. en su art. 75 inc. 22, debe estarse a la tasa de estadística fijada en el aludido Acuerdo Internacional (ver sentencias de este Tribunal y de la C.N.A.C.A.F. recaídas en las causas “Trumar SA” N° 8662-A, 8781-A, 8661-A y 8610-A, entre muchas otras).
X. Que en lo atinente al arancel establecido por la Res. N° 3428/96, que en su art. 2 disponía el pago de la suma de pesos doscientos ($200) como requisito previo para dar curso al trámite de devolución de importes percibidos indebidamente en concepto de derechos de importación y, que en el caso su pago obra acreditado en las actuaciones administrativas, debe señalarse que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV en la causa “Jorvical Aceros S.A.”, de fecha 27/06/00, dispuso que “el arancel previo fijado excede la atribución conferida por el entonces art. 23 del C.A., pues crea por vía reglamentaria un recaudo adicional, sin respaldo legal” y la Sala I en la causa “Kalpakian Hnos.” de fecha 18/02/01, se pronunció sobre la ilegitimidad de la misma, estimando que los arts. 23 inc. I y J del C.A. y 12 inc. G de la ley 22.091, no acuerdan facultades para establecer dicho arancel.
Que la D.G.A. mediante la Resolución N° 35/02 dejó sin efecto el arancel establecido por el art. 2 de la Resolución N° 3428/96, con fundamento en la disminución sustantiva de los procedimientos de repetición con motivo de que el Sistema María determina la aplicación y liquidación automática de tributos. Se señala que dicha disposición rige para las solicitudes de devolución que se registren a partir del día siguiente de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial. Que la actora manifestó su disconformidad y el pago bajo protesto en sede administrativa y luego solicitó la devolución del referido arancel ante esta instancia, y no obstante que el procedimiento de repetición fue iniciado con anterioridad al dictado de la Res. DGA N° 35/02 y que los DI involucrados en autos, no fueron registrados por el SIM, por aplicación de la jurisprudencia de la CNACAF referida precedentemente y la de este Tribunal Fiscal, corresponde hacer lugar a la devolución de pesos un mil ($1.000.-) con más los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del Código Aduanero. Con costas a la DGA.
XI. Que por lo expuesto, siendo aplicables los certificados de origen correspondientes a los DI N° 22.928-5/94 (ítem 1), 23.651-5/94, 23.653-9/94 y 29.044-5/94 y que las mercaderías estaban negociadas con la alícuota del 3% en concepto de tasa de estadística, corresponde revocar parcialmente la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA) y hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($13.162,28), abonada en demasía en concepto de tasa de estadística, con más los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del CA los que proceden desde el 28 de diciembre de 1999 -fecha en que la actora presentó los reclamos- y que deberán seguir el tratamiento dispuesto para las deudas consolidadas en los términos de la ley 25.344 y sus sucesivas reglamentaciones. Con costas a la DGA.
Que por otro lado, corresponde confirmar parcialmente la Resolución apelada en cuanto deniega la devolución de la suma de PESOS SEISCIENTOS UNO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($601,41), en concepto de tasa de estadística respecto de los DI N° 22.927-8/94 y 22.928-5/94 (ítem 2 y 3). Con costas a la actora.
Que, por último, corresponde hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS UN MIL ($1.000.-) en concepto de arancel establecido por la Res. Nº 3428/96, con más los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, los que deben computarse a partir del 28 de diciembre de 1999 hasta la fecha del efectivo pago. El referido importe no se encuentra alcanzado por la consolidación establecida en el art. 13 de la ley 25.344, conforme lo dispuesto en el art. 2 del Dto. 1647/09. Con costas a la DGA.
Por ello, VOTO POR:
1. Revocar parcialmente la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA) dictada en la Actuación N° 12198-36-2005 – ADGA 449.228/99 y, en consecuencia, hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($13.162,28), abonada en demasía en concepto de tasa de estadística respecto de los DI N° 22.928-5/94 (ítem 1), 23.651-5/94, 23.653-9/94 y 29.044-5/94, con más los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del CA los que proceden desde el 28 de diciembre de 1999 -fecha en que la actora presentó los reclamos-, y que deberán seguir el tratamiento dispuesto para las deudas consolidadas en los términos de la ley 25.344 y sus sucesivas reglamentaciones. Con costas a la DGA.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA) dictada en la Actuación N° 12198-36-2005 – ADGA 449.228/99 en cuanto deniega la devolución de la suma de PESOS SEISCIENTOS UNO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($601,41), en concepto de tasa de estadística respecto de los DI N° 22.927-8/94 y 22.928-5/94 (ítem 2 y 3). Costas a la actora 3.- Hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS UN MIL ($1.000.-) en concepto de arancel Res. Nº 3428/96, con más los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, los que deben computarse a partir del 28 de diciembre de 1999 hasta la fecha del efectivo pago. El referido importe no se encuentra alcanzado por la consolidación establecida en el art. 13 de la ley 25.344, conforme lo dispuesto en el art. 2 del Dto. 1647/09. Con costas a la DGA. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE
1. Revocar parcialmente la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA) dictada en la Actuación N° 12198-36-2005 – ADGA 449.228/99 y, en consecuencia, hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($13.162,28), abonada en demasía en concepto de tasa de estadística respecto de los DI N° 22.928-5/94 (ítem 1), 23.651-5/94, 23.653-9/94 y 29.044-5/94, con más los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del CA los que proceden desde el 28 de diciembre de 1999 -fecha en que la actora presentó los reclamos-, y que deberán seguir el tratamiento dispuesto para las deudas consolidadas en los términos de la ley 25.344 y sus sucesivas reglamentaciones. Con costas a la DGA.
2. Confirmar parcialmente la Resolución N° 026/2006 (DI ADBA) dictada en la Actuación N° 12198-36-2005 – ADGA 449.228/99 en cuanto deniega la devolución de la suma de PESOS SEISCIENTOS UNO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($601,41), en concepto de tasa de estadística respecto de los DI N° 22.927-8/94 y 22.928-5/94 (ítem 2 y 3). Costas a la actora 3.- Hacer lugar a la devolución de la suma de PESOS UN MIL ($1.000.-) en concepto de arancel Res. Nº 3428/96, con más los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, los que deben computarse a partir del 28 de diciembre de 1999 hasta la fecha del efectivo pago. El referido importe no se encuentra alcanzado por la consolidación establecida en el art. 13 de la ley 25.344, conforme lo dispuesto en el art. 2 del Dto. 1647/09. Con costas a la DGA. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2025.09.11 18:34:45 ART Date: 2025.09.12 13:54:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.12 13:59:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.12 14:00:22 -03:00
Fin de la sentencia