Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2520/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada -Policía de la Provincia de Santa Cruz- en PE570531-2022, RDQ00000324.pdf, declarando bien denegado el recurso de casación obrante en PE530684-2022 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE558422-2022 de dichos autos, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2520/22-TSJ Interlocutorio N°: 3822 Actor: DURAN JULIO ALBERTO Demandada: POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: AMPARO S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA- Fecha: 12-07-2024 Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3822 FOLIO Nº 6972/6975 PROT. ELECT. TSS1 036 I.241
Río Gallegos, 12 de julio de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “DURAN JULIO ALBERTO C/ POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ AMPARO S/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA-”, Expte. Nº D-2520/22-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto del Dr. Daniel Mauricio Mariani, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y Dr. Fernando Basanta:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver el recurso de queja interpuesto por la Policía de la Provincia de Santa Cruz, con el patrocinio letrado de los Dres. Natalia Hernando y Miguel A. Amaya (cfr. PE570531-2022, RDQ00000324.pdf), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que declaró formalmente inadmisible el recurso de casación que dicha parte interpuso contra la resolución del 31 de mayo de 2022 (cfr. PE cit., RDQ00000327.pdf, págs. 38/39).-
II. Que en su recurso, la Policía de la Provincia sostiene que motiva su queja la violación de la doctrina legal referente a las excepciones del principio general que admite los recursos extraordinarios únicamente respecto de las sentencias definitivas; como así también la doctrina establecida respecto al excesivo rigor formal; y arbitrariedad (cfr. PE cit., pág. 2).-
Plantea que existe una evidente arbitrariedad con la que se convalidan decisiones que van en contra de las normas que rigen la actividad de los efectivos policiales. Agrega que: “Es así que en primer lugar se acoge parcialmente el objeto pretendido disponiendo de manera arbitraria un acontecimiento futuro e incierto a realizarse en un plazo de tiempo, algo que en principio excede nuestro ámbito de acción, ya que el plazo que la justicia penal demore en realizar las averiguaciones previas en los autos donde el amparista se encuentra imputado, es algo que excede con creces las posibilidades de poder realizar algo. Para luego, la Excma. Cámara de Apelaciones, declarara la nulidad de la resolución adoptada, tomando como válidos los fundamentos esbozados por este justiciable, ya que no se había dado correcta intervención al Fiscal de Estado, e impone una medida cautelar oficiosa, con fundamento no en los requisitos esenciales a tener en cuenta al momento de la toma de estas tutelas anticipadas, sino en derechos constitucionales que no se estarían vulnerando en el Sr. Durán en absoluto. Declarando finalmente inadmisible el Recurso de Casación incoado, interpretando que la sentencia recurrida no reviste el carácter de definitividad teniendo presente se cuestiona la la (sic) medida cautelar.” (cfr. PE cit., pág. 7).- Dice que la medida cautelar dictada reviste el carácter de sentencia definitiva para su parte, toda vez que carece de otras herramientas procesales para recurrirla (cfr. PE cit., pág. 8).-
Afirma que la cautelar recurrida le causa un gravamen irreparable, toda vez que se condice con la pretensión del actor y resulta en cierta medida un adelantamiento de la sentencia (cfr. PE y pág. cits.).-
Agrega que: “La cautelar oficiosa que la Cámara ordena causa un gravamen irreparable, ya que obliga a pagar la totalidad de la remuneración a un efectivo policial ubicado en situación de pasiva conforme las previsiones previstas (sic) por el (sic) Artículos 119 inciso d) y 152 inciso b) de la Ley 746. Es dable aclarar que si un efectivo policial se encuentra ubicado en situación de pasiva, no presta servicios, por lo tanto al no haber contraprestación falta un requisito esencial de una relación laboral, lo que soslaya que la cautelar fue dictada en total desconocimiento de la normativa aplicable, por lo tanto vulnera la ley Nº 746, desconoce la autoridad otorgada al Jefe de Policía por la Ley N° 3523, genera una situación de desigualdad entre los efectivos policiales que si (sic) se encuentran prestando servicio efectivo, los cuales quedan en desmedro ante la cautelar dictada, generando así un desequilibrio institucional irreparable.” (cfr. PE cit. pág. 10).- Argumenta que resulta arbitrario lo resuelto por la Alzada porque se estaría abonando una remuneración a una persona que no tiene débito laboral. Añade que también lo es el hecho de denegarle la instancia recursiva, cuestión que atenta contra el debido proceso y la garantía de defensa en juicio (cfr. PE y pág. cits.).-
Expresa que: “A modo de hipótesis, si finalmente se rechazara el Amparo incoado, habiendo obligado a la Provincia a abonar la totalidad de la remuneración a un efectivo policial ubicado en situación de pasiva y que a consecuencia debería cobrar el 50% de su remuneración (artículo 119 inc. d, [y] artículo 152 inciso b) de la Ley 746, ¿quién devolverá las sumas que la cautelar intenta que las arcas provinciales paguen, a contrario de la normativa vigente?. Los alcances de la cautelar oficiosa dictada por la Cámara revisten el carácter de gravedad institucional y son irreparables.” (cfr. PE y pág. cits.).- Entiende que la denegación de su casación vulnera el derecho de defensa, reconocido en la Constitución Nacional y en los tratados de jerarquía constitucional. Destaca al respecto el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (cfr. PE cit., pág. 12).-
Afirma que el interlocutorio en crisis no es razonable toda vez que no se ha tenido presente que la cuestión planteada tiene que ver con derechos constitucionales y con la errónea aplicación de la ley. Por lo tanto, sigue diciendo, se vulnera el principio de seguridad jurídica limitando la cuestión sólo a los requisitos formales que de haberse interpretado de forma razonable no se hubiera denegado la instancia casatoria. Concluye que la motivación del fallo atacado, por lo tanto, resulta deficiente y errónea (cfr. PE cit., págs. 14/15).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE690277-2022.-
III. Que, como paso previo a revisar el mérito del presente recurso, corresponde remarcar que de acuerdo a la preceptiva que regula este medio de impugnación (cfr. art. 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), se impone preliminarmente verificar si la presentación efectuada reúne ciertas pautas adjetivas que la doctrina en general denomina “condiciones formales”, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, Ed. Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, 2da. edición, pág. 243), toda vez que dicha técnica procesal es rigurosa y de imperativo cumplimiento, con el objeto de que la queja, bastándose a sí misma, haga posible que el Tribunal Superior de Justicia pueda imponerse del planteo en forma integral.- En este sentido apuntaremos que la resolución recurrida mediante la casación no es sentencia definitiva. Asunto que resulta de suficiente envergadura para declarar inadmisible el recurso.-
Aquí resulta pertinente destacar que -mediante esta queja- se pretende en última instancia, la revisión de la decisión de la Excma. Cámara que dispone como medida cautelar oficiosa, el inmediato cese de la retención del cincuenta por ciento (50%) efectuada sobre los haberes del amparista hasta tanto se resuelva el presente amparo o se acredite en autos circunstancias que ameriten el levantamiento de la medida. Esta medida cautelar carece de la nota de definitividad, requisito exigido por ley para habilitar el recurso de casación (art. 1° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).- Recordemos que las sentencias definitivas propiamente dichas son aquellas que ponen fin al pleito tornando imposible su revisión, en cambio las resoluciones equiparables a sentencia definitiva tienen tres subtipos principales; a) las que impiden la prosecución de la causa; b) las que causan un gravamen de imposible, tardía, difícil o insuficiente reparación ulterior; c) las que conllevan gravedad institucional (cfr. Sagües, Néstor Pedro, “Recurso Extraordinario”, ED. Astrea, 4ta. Edición actualizada y ampliada, Bs. As., 2002, Tomo 1, pág. 326) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXII, Reg. 3640, Folio 6361/6365).- En coincidencia con lo expresado, se ha dicho: “...lo que interesa saber es si a la recurrente le queda -o no- otra vía jurídica para solucionar su agravio, pues si tiene la posibilidad de peticionar ante algún órgano de decisión, el carril extraordinario no queda habilitado…” (cfr. Hitters, Juan Carlos, ob. cit., pág. 512).-
Desde este cuadrante, es necesario, a los fines de la revisabilidad extraordinaria que se pretende, que el caso esté ya acabadamente resuelto o fallado, es decir que no le quede al perdidoso ninguna oportunidad de juzgamiento (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos IX, Reg. 1285, Folio 1707/1710; X, Reg. 1425, Folio 1988/1991, entre otros). Ello así, por cuanto el objetivo del recurso casatorio es llevar a conocimiento del Tribunal Superior aquellas resoluciones vinculadas con la existencia del vicio que se imputa a la sentencia misma y que debe a los efectos de su estudio y posterior ponderación, revestir el carácter necesario e ineludible de definitiva.- Que, en idéntico sentido se ha expedido nuestro más Alto Tribunal Nacional al decir: “…Las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria…” (Fallos: 326:25; 323:2205); y que: “Las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del artículo 14 de la ley 48 y son como principio, insusceptibles del recurso extraordinario…” (Fallos: 315:2401).-
En el caso sub examine, el recurrente ignora o soslaya la naturaleza jurídica de toda medida cautelar, la que se caracteriza específicamente por su provisoriedad y mutabilidad.-
Se advierte que, en definitiva, la decisión impugnada constituye una mera cuestión procesal reservada a la jurisdicción ordinaria que no importa definición sobre los puntos que son materia de litigio y que no impiden a la recurrente continuar con el trámite de la causa (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos VIII, Reg. 1179, Folio 1557/1558; IX, Reg. 1236, Folio 1631/1632; XIII, Reg. 1775, Folio 2588/2590). Así lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal al decir: “…dada la plenitud de la naturaleza procesal del tema en debate y la ausencia del dictado de una sentencia definitiva que ponga fin al pleito o cause un agravio de imposible o insuficiente reparación ulterior, entendiendo que, además, la invocación de las causales de arbitrariedad y de violación de las garantías constitucionales que se entienden conculcadas, no suple la falta de aquél requisito de definitividad a los fines de la procedencia del remedio intentado...” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XIII, Reg. 1741, Folio 2534/2536).- Tampoco puede prosperar el recurso propuesto por cuanto su contenido y técnica de fundamentación no suscita la cuestión de arbitrariedad denunciada, debiendo recordarse que este Tribunal Superior de Justicia reiteradamente ha sostenido que: “…la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre varios).
Situación esta última que no se vislumbra en el caso sub examine.- Atendiendo lo expuesto, no se advierte la nota de definitividad de la materia en tratamiento, pretendiendo la parte soslayar tan esencial condición bajo una pátina de violación legal y arbitrariedad, inoperante dentro de los parámetros que prefiguran esta situación procedimental, y cuyos presupuestos no se hallan configurados en la sentencia recurrida. Es así que el interlocutorio de Cámara que dispone la cautelar de marras en forma alguna implica la conclusión del pleito; es más, en ella misma se aclara que la medida se mantendrá hasta tanto se resuelva el presente amparo o se acredite en autos circunstancias que amerite su levantamiento (cfr.
PE570531-2022, RDQ00000326.pdf, págs. 20/24).- En cuanto a la denuncia de violación de las garantías de debido proceso y defensa en juicio se advierte que el recurrente se circunscribe “…a invocarlos sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156).-
IV. Que, en el marco conceptual de las consideraciones vertidas, el recurso de queja articulado se desarrolla fuera del ámbito casatorio por ausencia de los requisitos formales en la presentación recursiva, por carecer de la nota de definitividad necesaria para el acceso a la vía extraordinaria, conforme a la exigencia establecida en el artículo 1º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En efecto, sólo una nítida y manifiesta violación legal hubiera permitido perforar las vallas formales establecidas por la doctrina judicial, que enseña que el decisorio pronunciado en el trámite de una medida cautelar no es definitivo, situación que no aconteció en las presentes actuaciones.- Que, por los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada -Policía de la Provincia de Santa Cruz- en PE570531-2022, RDQ00000324.pdf, declarando bien denegado el recurso de casación, obrante en PE530684-2022 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE558422-2022 de dichos autos; con costas a la recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la normativa mencionada. Así lo votamos.- Voto de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández:
I. Disiento con la solución propuesta por los distinguidos colegas preopinantes, por cuanto atendiendo a los motivos impugnativos invocados, no obstante lo resuelto en el interlocutorio denegatorio de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, entiendo que se encuentran reunidos, en principio, los extremos formales que hacen admisible el recurso articulado conforme lo dispuesto por el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por haber “prima facie” indicado los agravios en que funda las causales invocadas para sustentar el mismo.- Lo expuesto no implica obviar que las sentencias referidas a medidas cautelares carecen, en principio, de carácter definitivo, más ello no puede significar desatender casos como el de autos, que ameritan la excepción a tal principio, pues al agotar en sí misma el objeto de la pretensión, impide un nuevo planteamiento posterior.-
En este sentido es pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “…es dable recordar que las decisiones que ordenan, modifican, deniegan o levantan medidas cautelares, no revisten el carácter de sentencias definitivas, en los términos exigidos en el art. 14 de la ley 48 para la procedencia del recurso extraordinario (Fallos: 310:681; 313:116, entre muchos otros), aunque dicho principio no es absoluto y permite excepciones cuando aquéllas causen un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, pueda ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior (Fallos: 323:337). Esta situación se configura en el sub lite en que la pretensión de la actora se agotó con la resolución impugnada, más allá de haber sido catalogada como no definitiva por el a quo”. (cfr. Fallos: 330:5251) (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3296, Folio 5491/5492).- Por todo lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso de queja planteado por la Policía de la Provincia de Santa Cruz en PE570531-2022, RDQ00000324.pdf, declarando mal denegado el recurso de casación, revocando la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial y acumular los presentes a los principales, intimando a la parte no recurrente a constituir domicilio legal dentro del radio del Tribunal Superior de Justicia (art. 6º, 2do. Párrafo, del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) dentro del término de nueve (9) días (art. 159 del CPC y C), bajo apercibimiento de ley. Diferir la providencia de 'autos' en los términos del artículo 8°, de la citada ley, hasta que se de cumplimiento con lo dispuesto anteriormente. Así lo voto Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada -Policía de la Provincia de Santa Cruz- en PE570531-2022, RDQ00000324.pdf, declarando bien denegado el recurso de casación obrante en PE530684-2022 de los autos principales y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE558422-2022 de dichos autos, con costas.-
2. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvase. Cumplido archívese la presente queja.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1036I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3822 Folio N°: 6972/6975 Secretaría: 1
Fin de la sentencia