Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2520/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada en PE1483522-2024, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2520/22-TSJ Interlocutorio Nº 491 Actor: DURAN JULIO ALBERTO Demandada: POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: AMPARO s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA Fecha: 03-12-2024 Texto: TOMO X -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 491 FOLIO Nº 1858/1863 PROT. ELECT. TSS1 017 O.241
Río Gallegos, 3 de diciembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “DURAN JULIO ALBERTO c/ POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ s/ AMPARO s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA-”, Expte. Nº D-2520/2022 -TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, Dr. Fernando Miguel Basanta, y del Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani:
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Alto Cuerpo, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la parte demandada, Policía de la Provincia de Santa Cruz, en PE1483522-2024, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia obrante en PE1461568-2024, por cuanto rechaza el recurso de queja interpuesto por la demandada y declara bien denegado el recurso de casación obrante en PE530684-2022 de los autos principales. En consecuencia quedó confirmada, en última instancia, la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial. Esta última decisión había dispuesto, en lo que aquí interesa, como medida cautelar oficiosa, el inmediato cese de la retención efectuada sobre los haberes de Julio Alberto Durán hasta tanto se resuelva el amparo o se acredite en autos circunstancias que ameriten el levantamiento de la medida (cfr. PE506984-2022 de los autos principales).- La parte demandada manifiesta¬¬__que la resolución que se impugna ha sido dictada con fundamento en la aplicación -desmedida- de una exigencia formal que frustra directamente el derecho invocado por esa parte (cfr. PE1483522-2024, ESC00356096.pdf, pág. 8).-
Plantea que desconoce este Alto Cuerpo que la cautelar dictada se condice con la pretensión del actor al momento de incoar el amparo, es decir, que resuelve sobre la causa principal, por lo que resulta en cierta medida un adelantamiento de la sentencia (cfr. PE y PDF cits., págs. 9/10).-
Argumenta que el fallo impugnado desconoce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia permite equiparar algunas resoluciones a definitivas, en especial cuando nos encontramos en situaciones que rayan el absurdo (cfr. PE y PDF cits., pág. 10).-
Afirma que el amparista fue ubicado en situación de pasividad (cfr. lo establecido por el art. 119 inc. d) y art. 152 inc. b) de la Ley Nº 746 de la Provincia de Santa Cruz), por lo que no presta servicio efectivo y se le abona el 50% de sus haberes hasta que dure esa situación de revista. Agrega que tal normativa ha sido declarada constitucional por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, dado que se trata de un efectivo policial que tiene el deber de cumplir y hacer cumplir la ley, encargado de la seguridad ciudadana. Entonces, sostiene que la cautelar ha sido dictada en contra de la jurisprudencia de este Alto Cuerpo (cfr. PE y PDF cits., págs. 11/12).- Señala que teniendo en cuenta la gravedad jurídica de la cautelar dictada, se le ocasiona a su parte un perjuicio de imposible reparación ulterior (cfr. PE y PDF cits., pág. 13).-
Expresa que: “V.E. podrá advertir que la formalidad que conlleva al rechazo del recurso no resultaba esencial para la resolución del planteo y de ninguna manera tenía entidad para primar por sobre el tratamiento de los agravios propuestos por esta parte, en especial porque lo que se procura es el resguardo de garantías constitucionales esenciales.” (cfr. PE y PDF cits., pág. 13).-
Entiende que se hizo prevalecer una formalidad procesal, irrelevante y fácilmente subsanable, por sobre la supremacía de un derecho constitucional como lo es la garantía del debido proceso y orden público que se ve menoscabado sin darle el tratamiento debido al recurso (cfr. PE y PDF cits., pág. 15).-
Aduce que lo expuesto “...evidencia a todas luces un excesivo rigorismo formal que deriva en una manifiesta situación de arbitrariedad, sobre la cual la CSJN se ha expedido siempre a favor del derecho de defensa por sobre la aplicación estricta de ritualismos formales.” (cfr. PE y PDF cits., pág. 15).-
Observa que no se tuvo presente que este caso “...reviste una de las causales de excepción dispuesta por la Corte de la Nación, conforme si lo indicó la vocal que vota en disidencia, quien entiende que se encontraban dados los extremos formales que hacen admisible el recurso articulado...” (cfr PE y PDF cits., pág. 18).-
Dice que su parte no ha tenido la efectiva oportunidad de que sea revisado el planteo de la cautelar que resuelve sobre el fondo de la cuestión (cfr. PE y PDF cits., pág. 19).-
Argumenta, en atención a lo dispuesto por los artículos 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Giroldi” y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “Herrera Ulloa”, que no deben existir restricciones o impedimentos para el progreso del recurso, de ninguna índole, si se observa claramente que decisión puede ser modificada o el planteo es atendible (cfr. PE y PDF cits., págs. 19/21).- Advera que la medida cautelar dictada le causa gravamen irreparable ya que obliga a pagar la totalidad de la remuneración a un efectivo policial ubicado en situación de pasividad. Anuda que se estaría abonando una remuneración a una persona que no tiene débito laboral, por lo que denegar la vía recursiva deviene arbitrario; y atenta contra el debido proceso y la garantía de defensa en juicio (cfr. PE y PDF cits., pág. 24).-
Manifiesta que con lo decidido se desconoce la gravedad institucional a la que coloca a la institución policial, causando un gravamen irreparable al orden público y al erario provincial (cfr. PE y PDF cits., págs. 25/26).-
Corrida la vista correspondiente al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, dictamina respecto del recurso impetrado, expresando, en lo que aquí interesa, que: “Corresponde decir también que las cuestiones relacionadas con la concesión o denegación de los recursos locales -por su carácter netamente procesal- tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado. A ello cabe agregar que, el sendero que habilita la tacha de arbitrariedad es particularmente restringido respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales de provincia, cuando deciden como en el caso, recursos extraordinarios de orden local (Fallos 324:3612; 325:798 entre otros). En síntesis, la cuestión federal que habilita un recurso extraordinario tiene que perfilarse como un aspecto central del debate judicial y no meramente accidental o lateral cuya solución sea indispensable para sentenciar en el proceso (Fallos 312:1494), por ello soy de opinión que V.E. debe declarar inadmisible el recurso impetrado.” (cfr. PE1516037-2024, págs. 2 y 3).- Los presentes autos pasan al Acuerdo en PE921605-2024.-
II. Que analizando la presentación de la parte demandada y tal como lo disponen los artículos 257 del CPCyC de la Nación, 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 38/2011 y 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/12), corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formal y sustancial del recurso articulado.-
En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término se observa que la recurrente no dio cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011. Si bien se ha presentado en formato digital, en las propiedades del documento se advierte que no lo ha deducido en tamaño A4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007, teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º por su similar Nº 3/12.-
Que, en dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado parcialmente los requisitos de los artículos primero y segundo de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible, la página 7 excede los 26 renglones (art. 1º del Reglamento) y cuenta con una carátula, en hoja aparte, conteniendo las exigencias establecidas en el artículo 2º, incumpliendo parcialmente los requisitos establecidos en el inciso e) y d).- No obstante, dichos incumplimientos no serán tenidos como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado –a fin de no incurrir en exceso de rigor formal- atento lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos: “Arzúa, Horacio Ricardo Mario c/ Estado Nacional –Administración de Parques Nacionales res.11/2000”, del 2 de marzo de 2011 (Fallos 334:196).-
Por otra parte y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida no tiene el carácter de sentencia definitiva o asimilable a ella en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia de la Corte elaborada en la materia. Asunto que resulta de suficiente trascendencia para declarar inadmisible el recurso.-
Recordemos que las sentencias definitivas propiamente dichas son aquellas que ponen fin al pleito tornando imposible su revisión, en cambio las resoluciones equiparables a sentencia definitiva, tienen tres subtipos principales; a) las que impiden la prosecución de la causa; b) las que causan un gravamen de imposible, tardía, difícil o insuficiente reparación ulterior; c) las que conllevan gravedad institucional (cfr. Sagües, Néstor Pedro: “Derecho Procesal Constitucional- Recurso extraordinario”, Editorial Astrea, 4ta. Edición actualizada y ampliada, Bs. As., 2002, Tomo 1, pág. 326). La resolución recurrida no encuentra cabida en ninguna de estas categorías.- En la misma inteligencia se ha expedido nuestro más Alto Tribunal Nacional al decir que: “…las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria…” (Fallos: 326:25; 323:2205); y que: “Las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del artículo 14 de la ley 48 y son, como principio, insusceptibles del recurso extraordinario…” (Fallos: 315:2401).- En el caso sub examine, el recurrente ignora o soslaya la naturaleza jurídica de toda medida cautelar, la que se caracteriza específicamente por su provisoriedad y mutabilidad.-
En relación a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente las observancias de los requerimientos del inciso b). Pese a que realizó un relato de las circunstancias relevantes del caso, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso, dado que omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional planteada (cfr. Gil Domínguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Ediar, 2011, pág. 107).- Con relación al requisito establecido en el artículo 3º inciso c) de la Acordada Nº 4/2007, se observa que el recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación, es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. Gil Dominguez, Andrés: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Ediar, págs. 108/109), sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte debemos dedicar a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley Nº 48. Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 148:60; 306:1740; 307:129).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (cfr.: “Reynoso Edgardo R. c/ Borzi Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171) y por este Alto Cuerpo (cfr. Tomo I, Otros Recursos, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14, de la Ley Nº 48.
Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Tribiño, Carlos R.: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Bs. As., 2003 pág. 104).- La parte demandada funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14 de la Ley Nº 48 sin especificar en cual de sus incisos, y enumerando las normas y jurisprudencia que considera vulneradas.
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14, inc. 1 de la Ley Nº 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley Nº 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley Nº 48), al contrario, en el fallo recurrido, se rechazó un recurso de queja interpuesto por la demandada (cfr. PE1461568-2024).- Por otra parte, es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio.
Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. aut. y ob. cits. pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que el litigio se resolvió en base a normas provinciales y de derecho común por tratarse de típicas cuestiones de hecho y prueba respecto de la admisibilidad de un recurso extraordinario provincial, en relación al cual se cuestiona la interpretación realizada por el Tribunal de Alzada.-
Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. arts. 75 inc. 12 y 121 de la CN), de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones nacionales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituye una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso. De admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional.- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3 inciso d) y e) de la Acordada 4/2007, tal como se ha expresado precedentemente.-
III. Asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en algunas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versaban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad. Respecto de este carril por el que intenta encauzar su recurso, debe recordarse que la Corte ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Federal (Fallos 325:3265).- En autos, la presentación denota la ausencia de debida fundamentación, toda vez que el presentante realiza un análisis y transcripción de lo resuelto oportunamente por este Tribunal Superior de Justicia, sin lograr una argumentación crítica capaz de revertir la decisión lograda.
Ello, por cuanto el verdadero agravio de la recurrente es el criterio adoptado por este Alto Cuerpo, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya éste por una interpretación más favorable a sus intereses.- En efecto, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura. Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en la resolución se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye.
(Fallos 313:559, 315:2969, 316:2718, 319:103 y 321:1909).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos 237:74).- En este sentido, también debemos señalar que la doctrina jurisprudencial elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de recurso extraordinario federal ha establecido reiteradamente que dicho remedio resulta improcedente si los argumentos desarrollados en el decisorio que se impugna no han sido rebatidos en términos que satisfagan el requisito de “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo, de modo que el apelante debe rebatir los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos 308:761 y 2421; 310:722; 311:499).
No configura una correcta fundamentación del recurso extraordinario la aserción de determinada solución jurídica en tanto no esté razonada -constituya agravio concretamente referido a las circunstancias del juicio- y contemple los términos del fallo en recurso.- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que se soslayan en definitiva los argumentos del resolutorio, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado, con costas. Así lo votamos.-
Voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
I. Los hechos que motivaron el tratamiento del presente recurso extraordinario federal han sido adecuadamente expuestos en el relato de los distinguidos colegas preopinantes; sin embargo disiento con lo resuelto en cuanto no concede el remedio procesal, en virtud de las razones que a continuación expondré.-
II. Tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/2012) y 38/2011, corresponde que este Excmo. Tribunal Superior de Justicia verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad comunes, formales y propios del recurso articulado.-
Inicialmente, corresponde advertir que: “Las resoluciones o autos interlocutorios dictadas en el curso del proceso, cuando causen un gravamen irreparable o produzcan gravedad institucional, se consideran equiparadas a sentencia definitiva (…). Para ello gravita especialmente la magnitud y envergadura del gravamen constitucional ocasionado a los derechos del recurrente” (cfr. Palacio de Caiero, Silvia B., “Recurso extraordinario federal”, 2ª edición, Buenos Aires, La Ley, 2012, págs. 485 y 486).- Esta posibilidad es admitida explícitamente por la Acordada de N° 4/2007, artículo 3°, inciso a), al estipular que el recurrente deberá demostrar que “…la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y de que es definitiva o equiparable a tal según la jurisprudencia de la Corte.”.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene reiteradamente declarado que las resoluciones sobre medidas cautelares, sea que las ordenen, modifiquen o revoquen, no revisten carácter de sentencia definitiva en los términos que exige el artículo 14 de la Ley N° 48 para la procedencia del recurso extraordinario (Fallos: 310:681; 313:116, entre otros).-
No obstante, dicho principio reconoce excepción cuando la medida dispuesta causa un agravio que, por su magnitud y circunstancias de hecho, puede ser de tardía, insuficiente o imposible reparación ulterior o cuando exista gravedad institucional (Fallos: 313:279; 314:1202 y 1968; 323:337).-
Esta situación se configura en el supuesto bajo análisis, en tanto la recurrente esgrime que: “…la decisión del Tribunal Superior se equipara a una ‘sentencia definitiva’ toda vez que…se causa a esta parte inmerecidamente un gravamen que afecta la garantía constitucional de acceso a un Debido Proceso y, además, la de su Defensa en Juicio…de confirmarse lo resuelto, la lesión que se convalidan (sic) es la de someter a esta parte a un litigio resuelto por magistrados que, no pueden entender en el objeto de litigio, hasta este (sic) el fallo del Juez natural del Proceso el Juez de Primera Instancia. Dado que lo resuelto por la Cámara hace al objeto del litigio…” (cfr. PE1483522-2024, ESC00356096.pdf, pág. 3).- En consecuencia, en el presente, el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
III. Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, surge de los antecedentes de la causa que el presente recurso se interpuso ante este Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo establecido y por quien tiene capacidad para recurrir, conforme el recaudo exigido por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y exhibiendo suficiente fundamentación, tal como exige el artículo 15 de la Ley Nº 48. A lo que se suma que la cuestión federal ha sido oportunamente introducida.- Seguidamente se observa que la parte recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto por la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso en formato digital, y con los recaudos establecidos en el artículo 2º de esta Acordada, toda vez que la presentación se realizó en formato de hoja A4, y por lo tanto este recaudo formal también se encuentra satisfecho.-
Asimismo, conforme con las previsiones de la Acordada Nº 4/2007, se advierte que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. art. 1°).-
IV. Respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, el escrito recursivo logra poner de manifiesto las observancias de los requerimientos del inciso b), en tanto ha reseñado las circunstancias relevantes que estima como de índole federal.-
En cuanto a los requisitos propios o sustanciales, la recurrente invoca agravios de naturaleza federal. Denuncia, sobre el particular, violación a las disposiciones constitucionales entendiendo que la sentencia recurrida “…hizo prevalecer una formalidad procesal -por cierto irrelevante y fácilmente subsanable- por sobre la supremacía de un derecho constitucional como lo es la garantía del debido proceso y orden público que se ve menoscabado sin darle el tratamiento debido al recurso. El exceso de rigorismo formal aplicado en esta instancia, en detrimento del derecho de defensa de esta parte, convalida finalmente la afectación de la garantía del debido proceso, conforme manda la Constitución Nacional.” (cfr. PE y PDF cits., pág. 15).- También sostiene la recurrente que: “…al declararse la improcedencia del recurso de queja por una cuestión meramente formal, se afecta la garantía del debido proceso (…) esta parte no ha tenido la efectiva oportunidad de que sea revisado el planteo de la cautelar inoficiosa que resuelve sobre el fondo de la cuestión, es decir, no ha existido hasta ahora una ‘revisión real del planteo.’” (cfr. PE y PDF cits., pág. 19) y que: “Cerrar la vía del reclamo para este justiciable atenta con el derecho de defensa, reconocido por nuestra constitución nacional. Desconociendo la gravedad institucional a la que coloca a la institución policial y causando un gravamen irreparable al orden público y al erario provincial.” (cfr. PE y PDF cits., págs. 25 y 26).- Conforme surge de las constancias de autos, la pretensión se funda directamente en normas de máxima jerarquía de la Nación como lo es la Constitución Nacional. En virtud de lo expuesto, surge con claridad el estrecho vínculo entre la materia de estos autos con la normativa constitucional federal citada por la recurrente.-
Lo señalado precedentemente, permite concluir que la impugnación, cuenta, en principio, con fundamentos suficientes para dar sustento a la pretensión de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los planteos formulados por la recurrente involucran cuestiones federales que se relacionan en forma directa e inmediata con el objeto del juicio. Se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilita la instancia extraordinaria en los términos del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007; artículos 14 de la Ley Nº 48 y 256 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; y ha sido interpuesto en los términos de los artículos 15 de la Ley Nº 48 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.-
V. En este marco, atento el modo en que fueron desarrollados los agravios, estimo que el remedio intentado satisface los recaudos necesarios para su concesión.-
Por lo expuesto, corresponde conceder el recurso extraordinario federal en estudio y ordenar, en consecuencia, que se dispongan las medidas de estilo para su remisión a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así lo voto.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario de los Sres. Vocales Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, Dr. Fernando Miguel Basanta y del Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani y el voto en disidencia de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández y oído que fuera el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada en PE1483522-2024, con costas.-
2. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvase. Cumplido archívese la presente queja.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1017O.241 Tomo: X Interlocutorio: 491 Folio N°: 1858/1863 Secretaría: 1
Fin de la sentencia