Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2206/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada a fs. 58/79 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2206/17-TSJ Interlocutorio N°: 426.-
Actor: DUS JESICA ADRIANA Demandada: ZILBERBERG JOSE LUIS Objeto: EJECUTIVO s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA- Fecha: 10-04-19 TOMO IX -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 426 FOLIO Nº 1615/1619 PROT. ELECT. TSS1 014 O.191
Río Gallegos, 10 de abril de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “DUS JESICA ADRIANA c/ ZILBERBERG JOSE LUIS s/ EJECUTIVO s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA-”, Expte. Nº D-2206/17-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso extraordinario federal articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Christian Karani-colas (cfr. fs. 58/79 vta.), ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el in-terlocutorio dictado por este Alto Cuerpo a fs. 53/56, por cuanto rechaza el recurso de queja articulado por resultar formalmente inadmisible.- El demandado plantea en su recurso que la resolución atacada contiene un supuesto de arbitrariedad manifiesta, que afecta principios consagrados en los artículos 17, 18 y cctes. de la Constitución Nacional, fundamentalmente el derecho de propiedad y garantías de defensa en juicio, debido proceso y tutela judicial efectiva (arts. 18, 75 inc. 22 y ccte. de la Constitución Nacional; art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre), con afectación de intereses que atañen a la comunidad en términos de gravedad o interés institucional (cfr. foja 60 y vta.).- Expresa que este Tribunal Superior de Justicia ha dictado sentencia en base a frases hechas y clichés, omitiendo por completo considerar las particularidades de la relación de las partes, el derecho aplicable y el carácter de resolución asimilable a definitiva que tiene la sentencia de trance y remate en el caso (cfr. foja 74).-
Entiende que el decisorio recurrido “...ha significado un grave menoscabo de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso de mi mandante, impidiéndole la posibilidad de proteger de manera efectiva y eficaz sus derechos.” (cfr. foja 75).-
Manifiesta, en cuanto a la prohibición de defensas causales en el juicio ejecutivo (art. 523 inc. 4° del CPC y C de la Provincia de Santa Cruz), que la Corte ha declarado la arbitrariedad de las decisiones como la aquí recurrida, que postergan y menoscaban el reconocimiento de los derechos de los justiciables mediante una interpretación abusiva del carácter limitativo de las excepciones en este tipo de procesos. Al respecto, señala que el juicio ejecutivo no puede ser visto como una “isla recluida” del resto del orden jurídico donde no exista chance de aspirar a la justa solución de los conflictos y se consideren proscriptos principios rectores como los de la lealtad, buena fe, veracidad. Es que justamente se trata de principios transversales a todo el orden jurídico (cfr. foja 75 y vta.).- Agrega que es indudable la seriedad del cuestionamiento de la legitimidad de la deuda que se pretende ejecutar.
Sobre el particular, puntualiza que desde la primera intervención del demandado había afirmado que el pagaré había sido entregado incompleto y en garantía del cumplimiento de específicos contratos con el hermano de la actora. También dice que la deuda es inexistente o con causa falsa, que la poseedora del pagaré obra de mala fe y que presenta el documento al cobro de forma abusiva. Destaca que el Juez de Instrucción, que interviene en la causa penal instruida a raíz de esos mismos hechos, decide de oficio remitir copia certificada de la misma para que se tuviera en cuenta en el proceso civil; y que la actora nunca proporcionó una explicación clara y coherente de cuales habrían sido las prestaciones brindadas por un valor de treinta millones de pesos ($30.000.000.-) (cfr. fs. 75 vta./76).- Añade que: “...el interlocutorio recurrido adolece de graves defectos de arbitrariedad que lo inficionan como acto jurisdiccional válido.
El deci-sorio en crisis ha sido estructurado además sobre premisas dogmáticas -desligadas de todo sustento probatorio-, absurdas -contradichas por constancias fehacientes de la causa- y teñidas de excesivo rigorismo formal, con renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva, en los términos que la Corte Suprema de la Nación lo ha señalado al construir la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias (conf. CSJN, 'Colalillo', Fallos 238:550; 'Oilher', Fallos 302:1611). De ese modo, la sentencia interlocutoria recurrida afecta directamente las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso de mi mandante, lesiona su derecho a la tutela judicial efectiva y suscita, bajo las excepcionales circunstancias de este caso, una situación de gravedad institucional.” (cfr. foja 76 y vta.).- Como segundo agravio postula que se ha soslayado la aplicación de normas de orden público, en la especie el artículo 1775 del CC y C.
Entiende que las constancias de la causa penal (en las que se investigaría a la ejecutante y a su hermano como presuntos autores de una maniobra defraudatoria tipificada en el art. 173, inc. 4° del CP que intentaría consumarse a través de este proceso ejecutivo) debieron ser tenidas en cuenta en el proceso civil y en consecuencia, debió suspen-derse el dictado de la sentencia final (cfr. foja 76 y vta.).- Que a foja 81 se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictaminó a fs. 82/83. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos brevitatis causae- que debe declararse admisible el recurso impetrado.-
Que a foja 84 pasan los presentes autos al Acuerdo.-
II. Que analizando la presentación de la parte recurrente y tal como lo disponen los artículos 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 14 y 15 de la Ley Nº 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nº 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), Nº 31/2011 y Nº 38/2011 corresponde que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 del CPC y C, se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que la recurrente dio íntegro cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar el recurso deducido en formato de hoja A 4.-
Ahora bien, continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso deducido a la luz de lo dispuesto en la Acordada Nº 4/2007 teniendo en cuenta la modificación introducida al inciso d) del artículo 2º, por su similar Nº 3/12 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En dicha tarea se evidencia que se han cumplimentado los requisitos del artículo 1º, y parcialmente los requisitos del artículo 2º de las reglas para la interposición del recurso extraordinario federal. En efecto, la presentación no supera las cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones cada una y ha sido escrita con letra claramente legible (cfr. artículo 1º del Reglamento).-
Cuenta con una carátula en hoja aparte, que cumple parcialmente las exigencias establecidas en el artículo 2º, incumpliendo el inciso d) (ccte. con el art. 1 de la Acordada 31/2011) al no consignar el código de usuario del Sistema de Notificaciones por Medios Electrónicos (SNE) otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. foja 58).-
No obstante, dicho incumplimiento, valorado aisladamente, no será tenido como un impedimento que obstaculice la eventual admisión del recurso intentado a los fines de evitar un excesivo rigorismo formal (Fallos 334:196).-
Por otra parte, y analizando los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida no tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia. Ello es así toda vez que, con la resolución dictada por este Alto Cuerpo -que rechaza el recurso de queja por resultar formalmente inadmisible- no se está poniendo fin al pleito ni se está causando un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior. Recordemos que el presente recurso de queja fue deducido contra la resolución de Cámara que declara formal-mente inadmisible el recurso de casación presentado por la demandada. Este último fue interpuesto contra la resolución de la Alzada que habría confirmado la de Primera Instancia que ordenó llevar adelante la ejecución hasta tanto el Sr. José Luis Zilberberg pague a la Sra. Jesica Adriana Dus la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000.-) con más intereses y costas en razón de la ejecución de un pagaré (cfr. fs. 5/7).- Es criterio sentado en la materia que la procedencia del recurso extraordinario, requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia defini-tiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su conti-nuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (Fallos 303:633). Circunstancia, esta última, que no se presenta en el sub lite, pues la quejosa puede iniciar juicio ordinario posterior, de conformidad con el artículo 532 del CPC y C de la Provincia de Santa Cruz.- En esta inteligencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que las resoluciones dictadas en los juicios ejecutivos son, por regla, insusceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, toda vez que para ello se requiere que la sentencia apelada sea “definitiva”, entendiendo por tal la que pone fin al pleito, o causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior (Fallos 295:1037; 330:2140; 329:984, entre muchos otros).- En consecuencia, en el presente el recaudo en examen no se en-cuentra debidamente cumplimentado.-
Con respecto a las restantes exigencias establecidas en el artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcial-mente las observancias de los requerimientos del inciso b).-
Ello es así toda vez que la recurrente cumple con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 3º de modo incompleto, ya que si bien se hace un breve relato de todas las circunstancias relevantes del caso, ello no es suficiente para considerar como autónomo al recurso deducido puesto que, el relato de los hechos debe ser dividido en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió y en cada una de ellas se deberá precisar la vinculación existente con la cuestión federal invocada.- Carlos R. Tribiño en su obra “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema” ha sostenido que: “…la formulación correcta del planteo debe reunir los siguientes caracteres: ser explícita, categórica y circunstanciada […] que resulta manifiestamente inapropiado el empleo de la expresión 'reserva del caso federal'. Es que quien utiliza esa expresión parece pensar que el punto federal sólo puede debatirse ante el Alto Tribunal y se encuentra excluído, en cambio, de la jurisdicción de los jueces ordinarios.” (cfr. autor y ob. cit., Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 123).- Por otra parte, también se observa que la recurrente no logra demostrar que el pronunciamiento impugnado le ocasiona un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación (cfr. art. 3º, inc c de la Acordada Nº 4/2007). Es decir, no acreditó la titularidad de un derecho subjetivo, que la concreción del agravio incluya lesión, alteración y amenaza cierta, que el agravio sea subsistente, y que no haya existido un sometimiento voluntario al régimen que se impugna (cfr. Andrés Gil Domínguez: “Técnica Jurídica del Recurso Extraordinario y del Recurso de Queja”, Ed. Ediar, Págs. 107/108) sino que se limitó a realizar un análisis de lo que, considera, debería haber resuelto este Alto Cuerpo.- Un capítulo aparte debemos dedicarle a la inobservancia de los artículos 3º, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007; y 14 de la Ley Nº 48, toda vez que para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (Fallos 306:1740; 307:129, entre otros).-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctri-na sentada por el Cimero Tribunal Nacional (Fallos 310:1789) y por este Alto Cuerpo (cfr. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de Justicia de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamenta-ción suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Ello quiere decir que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como “cuestión federal”. Según la doctrina, cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (cfr. Carlos R. Tribiño: “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”. Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, pág. 104).- La recurrente funda su recurso extraordinario federal en el artícu-lo 14 de la Ley Nº 48, pero sin especificar en cuál de sus incisos (cfr. foja 58 vta.) y sin indicar, adecuadamente, cuáles serían las normas incumplidas y de que forma fueron vulneradas.-
En este sentido, es preciso recordar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso de la Nación (cfr. artículo 14, inciso 1º de la Ley Nº 48); no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (cfr. artículo 14, inciso 2º de la Ley Nº 48); ni tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (cfr. artículo 14, inciso 3º de la Ley Nº 48). Al contrario, en el interlocutorio atacado se resolvió que la queja interpuesta por el demandado era inadmisible por insuficiente fundamentación y porque la resolución que ataca no es sentencia definitiva (cfr. fs. 53/56).- Por último, y como lógica consecuencia de lo anterior, tampoco se advierte que “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquellas.” (cfr. art. 3º, inciso e) de la Acordada Nº 4/2007).-
Es sabido que existe relación directa e inmediata cuando de la cuestión federal depende necesariamente, en todo o en parte, la decisión del litigio. Si, por el contrario, la causa puede ser resuelta por otros fundamentos, si no es indispensable pronunciarse sobre aquella para decidir el pleito, falta relación directa (cfr. Carlos R. Tribiño, ob. cit., pág. 116).-
A la luz de la doctrina citada podemos advertir que en este proceso no existe una relación directa con la cuestión federal invocada, ya que el litigio se resolvió en base a normas procesales provinciales por tratarse de cuestiones relativas a la admisibilidad de recursos. Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que aquellas resoluciones mediante las cuales los tribunales superiores de provincia deciden acerca de la procedencia o improcedencia de los recursos extraordinarios de carácter local, ante ellos interpuestos, no son revisables -en principio- por la vía del artículo 14 de la Ley Nº 48 (cfr. del Dictamen de la Procuración General al que remitió la Corte en Fallos 327:5416), siendo, además, la tacha de arbitrariedad a su respecto sumamente restrictiva (cfr. del Dictamen del Procurador General al que remitió la Corte en Fallos 326:750).- Dicho en otras palabras, la materia en discusión no es una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos del artículo 14 de la Ley Nº 48. Es decir, los asuntos traídos a juzgamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia atañen exclusivamente al orden local, como son los temas de índole procesal (cfr. artículo 75, inciso 12 y 121 de la Constitución Nacional), de mo-do que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad -en principio- de ser revisados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Asimismo, debemos indicar que la apertura de la instancia que se suscita también deviene improcedente en la medida que una de la cuestiones planteadas, la alegada violación del artículo 1775 del Código Civil y Comercial, remite a la consideración de normas de derecho común, que son propias de los jueces de la causa y ajenas, como regla, a la instancia extraordinaria (Fallos 341:688, 341:262, 340:1357, entre muchos otros).-
Cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional, constituyen una mera enunciación de principios y normas constitucionales supuestamente vulnerados que no logra demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrarie-dad en el caso -cuestión este última a la que se hará referencia en el considerando siguiente-. Es que, de admitirse tal argumento, toda pretensión con fundamento constitucional constituiría cuestión federal y sería, por ende, objeto de recurso extraordinario, quedando la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional (Fallos 310:2306).- En mérito de ello -la inexistencia de cuestión federal- es que no se ha podido dar cumplimiento al requisito del artículo 3, incisos d) y e) de la Acordada Nº 4/2007, tal como se ha expresado.-
Finalmente, se observa que la recurrente cumplió con los recaudos previstos en los artículos 8 y 9 de la Acordada de marras pues transcribió, a foja 59 y vta., las normas jurídicas en que motiva sus agravios indicando el período de vigencia de las mismas e indicó las citas de los fallos de la Corte en que funda su recurso.-
III. Que, asimismo, la recurrente insiste en plantear su recurso en torno a una de las causales a través de la cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ingresado en ciertas ocasiones a tratar recursos extraordinarios que versa-ban sobre cuestiones de derecho común: la arbitrariedad (cfr. fs. 58 vta. y 60).-
Respecto de este carril -por el cual la recurrente pretende encauzar su recurso- debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que dicha doctrina es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, el reexamen de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 325:3265).- Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Alto Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoyó su decisión, adunándolas con citas jurisprudenciales y doctrinarias que son contestes con el criterio sustentado (cfr. fs. 53/56). Contrariamente a lo que sostiene la recu-rrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface los requisitos exigidos para la validez de los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103; 321:1909) (cfr. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 358, Folio 1351/1355, entre otros). Mal puede sostenerse entonces que este Alto Tribunal ha rechazado el recurso “...en base a frases hechas y clichés, omitiendo por completo considerar las particularidades de la relación de las partes, el derecho aplicable y el carácter de resolución asimilable a definitiva que tiene la sentencia de trance y remate...” (cfr. foja 74).- Por lo demás, las críticas que la demandada dirige contra el inter-locutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia son insuficientes para demos-trar -con el rigor necesario-, la arbitrariedad de la sentencia recurrida, que se haya violado las garantías de defensa en juicio o debido proceso y que esa lesión le cause un perjuicio a derechos jurídicamente protegidos.-
En efecto, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia recordó en su interlocutorio de fs. 53/56 que resultaba improcedente la queja, por denegación del recurso de casación traída a estudio, en atención a la insuficiente fundamentación de la casación y a que la sentencia atacada no es ni puede asimilarse a sentencia definitiva (cfr. fs. 37/42).-
Es que, en rigor, el verdadero agravio de la recurrente es ni más ni menos que el criterio adoptado por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, quedando en claro que su pretensión es, entonces, que se sustituya aquél por una interpretación más favorable a sus intereses, que de haberse visto afectados, tienen origen únicamente en una conducta propia. En este sentido, este Tribunal ha dado las razones jurídicas derivadas de la solución normativa aplicable que fundamentan la decisión adversa a su postura.- En consecuencia, corresponde concluir que los planteos efectua-dos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado acabado cumpli-miento con los recaudos previstos en la Acordada Nº 4/2007, aquellos carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio cuestionado y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la parte demandada a fs. 58/79 vta.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-; Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014O.191 Tomo: IX Interlocutorio: 426.-
Folio N°: 1615/1619.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia