Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa D-2206/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la demandada a fs. 37/42, declarando bien denegado el recurso de casación agregado a fs. 198/224 vta. de los autos principales y, por consiguiente, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 227/228 de dichos autos.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: D-2206/17-TSJ Interlocutorio N°: 3394.-
Actor: DUS JESICA ADRIANA Demandada: ZILBERBERG JOSÉ LUIS Objeto: EJECUTIVO s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA Fecha: 11-07-2018 Texto: TOMO XXIX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3394 FOLIO Nº 5696/5699 PROT. ELECT. TSS1 055 I.181
Río Gallegos, 11 de julio de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “DUS JESICA ADRIANA c/ ZILBERBERG JOSÉ LUIS s/ EJECUTIVO s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA-”, Expte. Nº D-2206/17, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja articulado por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Christian Alfonso Karanicolas (conf. fs. 37/42), contra la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en copia a fs. 35/36, que deniega el recurso de casación interpuesto cuya copia luce a fs. 8/34 vta.-
Este último se interpone contra la resolución agregada en copia a fs. 5/7, que confirmó la de Primera Instancia, que mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto el Sr. José Luis Zilberberg pague a la Sra. Jesica Adriana Dus la suma de treinta millones de pesos ($30.000.000.-), con más intereses y costas en razón de la ejecución de un pagaré (conf. fs. 90/91 vta. de los autos principales).-
II. Que el quejoso sostiene que la Cámara, al declarar inadmisible el recurso de casación por considerar que la sentencia de trance y remate no reviste el carácter de sentencia definitiva, soslayó, por completo, los argumentos vertidos en la casación. Dice que allí planteó que la resolución recurrida es asimilable a sentencia definitiva por su efectos y que se evidencia la configuración de una situación de interés o gravedad institucional, lo que habilitaría las vías recursivas extraordinarias de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conf. foja 38).- Aduce que el caso reviste gravedad institucional porque el progreso de la acción podría ser el medio apto para cometer un delito cuya investigación se practica ante los tribunales del crimen (conf. foja 38 vta.).-
Afirma que: “...la Cámara a quo eleva de hecho el recaudo del 'carácter de sentencia definitiva que obste la promoción de otro juicio sobre el mismo objeto' a un rango absoluto, traduciéndolo en una incondicional proscripción de la vía casatoria a toda sentencia por el solo hecho de ser una sentencia ejecutiva, en cualquier caso y bajo toda circunstancia, lo que claramente trasunta en una decisión arbitraria y teñida de excesivo rigorismo formal...” (cfr. foja cit.).-
Añade que: “...‘Si bien, por vía de principio, el recurso extraordinario es improcedente respecto de las decisiones recaídas en procedimientos ejecutivos y de apremio, la jurisprudencia reconoce excepción para los casos en que lo decidido revista gravedad institucional. Tal ocurre cuando, como en el caso, el progreso de la acción podría ser el medio apto para cometer un delito cuya investigación se practica ante los tribunales del crimen’ -énfasis añadido- (‘González-1971’, Fallos: 279:137; la misma doctrina, en ‘Ataka-1969’, Fallos: 275:389; ‘Establecimientos Agropecuarios Estancia Irupé de Dora René Recalde-1982’, Fallos: 304:536; ‘Atlántida SRL-1972’, Fallos: 283:66; etc.)” (cfr. foja 39).- Entiende que se encuentra afectado el interés del ejecutado pues se ve obligado a afrontar un perjuicio de imposible reparación porque no podría recuperar los bienes inmuebles de quien resulte comprador en subasta judicial. Enfrenta, sigue diciendo, un agravio difícil de conjurar mediante la sustanciación de un juicio ordinario posterior (conf. foja 39 vta.).-
Agrega que la Cámara reserva “...para su fuero íntimo los motivos por los que la ratio decidendi de lo que califica como 'algunos precedentes de excepción' de la Corte Federal...no resultarían trasladables a este caso concreto, contrariamente a lo demostrado en tal sentido en el recurso de casación con sustento en las constancias de la causa; habiendo de ese modo vulnerado el recaudo de debida fundamentación de las sentencias que hace a su validez como acto jurisdiccional y denegado con arbitrariedad y excesivo rigorismo formal la habilitación de la vía extraordinaria local que nos ocupa” (cfr. foja 41).- Sostiene que el resolutorio vulnera las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso (conf. art. 18 de la CN); y que es lesiva de tratados internacionales con jerarquía constitucional que regulan la tutela judicial efectiva (art. 75, inc. 22 de la CN; art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; entre otros) (conf. foja 41 y vta.).-
Formula reserva de la cuestión federal (conf. fs. 41 vta./42).-
A foja 50 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Que como paso previo a revisar el mérito del presente recurso, y de conformidad a lo sostenido en forma reiterada por este Alto Cuerpo en precedentes de similares características (conf. Interlocutorios, Tomos II, Reg. 230, Folio 290; Reg. 231, Folio 391; IX, Reg. 1276, Folio 1689; XIII, Reg. 1690, Folio 2452/2453; XV, Reg. 1952, Folio 2892, entre otros), corresponde remarcar que de acuerdo a la preceptiva que regula este medio de impugnación (art. 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) se impone, preliminarmente, verificar si la presentación efectuada reúne ciertas pautas adjetivas que la doctrina en general denomina “condiciones formales” por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (conf. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. L.E.P., 2da. ed., pág. 243), toda vez que dicha técnica procesal es rigurosa y de imperativo cumplimiento, con el objeto de que la queja bastándose a sí misma, haga posible que el Tribunal pueda imponerse del planteo en forma integral.- Así las cosas, de la lectura de la queja interpuesta se advierte que el recurso articulado presenta una insuficiente fundamentación, ya que no explica adecuadamente por qué una sentencia interlocutoria que rechaza la excepción de inhabilidad de título adquiere, en el caso, el carácter de definitividad. Pues debe recordarse, como lo señala el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que: “…‘El objeto del recurso de queja está constituido por la demostración acabada de la existencia de error en el criterio aplicado por el Tribunal denegante al declarar la inadmisibilidad del recurso. Corresponde en consecuencia, efectuar una demostración contundente del por qué de tal yerro, en defecto de lo cual el recurso de hecho deviene formalmente insuficiente, imponiéndose su rechazo” (STJRNS1 - Se. N° 33/2014, in re: “Empresa de Energía Río Negro S.A. (Edersa)’…”. (cfr. “Banco de La Pampa S.E.M. s/ queja”, del 27 de octubre de 2015. www.información legal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/46943/2015).- Es que, para impugnar eficazmente una sentencia a través de un recurso extraordinario no se debe presentar el caso y analizarlo con criterio subjetivo, sino demostrar -con un razonamiento detallado y preciso- la incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por qué deben ser cambiados, los que el quejoso pretende.-
Por lo tanto el recurso de queja no procede. Es que el recurso de casación intentado, fue bien denegado, puesto que la resolución contra la que se lo intenta no es una sentencia definitiva ni asimilable a ella (conf. art. 1° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Sobre esta cuestión, prestigiosa doctrina ha dicho que: “Alsina ha expresado con claridad que en materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad de perjuicio, de tal modo que si el agravio es superable por otro canal, el fallo carece de aquella condición. Clariá Olmedo, en forma coincidente, apunta que la vía excepcional en estudio procede contra las sentencias definitivas, o contra las asimilables a las mismas.
En esta última categoría entran ciertos autos pronunciados en un incidente o en un artículo del proceso, aun durante la ejecución, si de alguna manera se decide sobre el fondo…En verdad, importa más a los fines de la determinación del concepto de definitividad, el efecto de la sentencia con relación al proceso, que su propio contenido. Lo que interesa saber es si al recurrente le queda -o no- otra vía jurídica para solucionar su agravio, pues si tiene la posibilidad de peticionar ante algún órgano de decisión, el carril extraordinario no queda habilitado…” (cfr. Autor y ob. cit., pág. 511/512).- El concepto de sentencia definitiva al que alude el requisito de procedencia del recurso de casación provincial, se refiere a la decisión “de modo final, directa o indirectamente, sobre la existencia del derecho de fondo”; es por ello necesario que el caso expuesto esté ya acabadamente resuelto o fallado, es decir que no le queda al perdidoso ninguna oportunidad de juzgamiento.
Tal lo sostenido por este Alto Tribunal en resoluciones inscriptas en ‘Interlocutorios’, Tomos III, Reg. 288, Folio 464/465; VI, Reg. 901 Folio 1063; IX, Reg. 1311, Folio 1763/1765, XII, Reg. 1559, Folio 2220/2221; XIII, Reg.1698, Folio 2470/2473; entre otros.- Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha establecido que: “Los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzca el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación” (Acuerdos y Sentencias, serie 2º VII-298; causas Ac. 29.611; 25-IX-80; Ac. 34.307, 12-II-85; Ac. 34.913, 2-VII-85; Ac. 50.922, 18-VIII-92; Ac. 54.244, 28-IX-93; Ac. 62.349, 5-3-96) (cfr. autor y ob. cit., pág. 512).- El sentido expuesto, y específicamente en lo referido al proceso ejecutivo, se ha entendido que: “Tratándose de un juicio ejecutivo, la apertura de la instancia extraordinaria tiene lugar cuando la cuestión suscitada desborda la estructura formal del proceso y si la misma no puede ser reeditada en una oportunidad ulterior, de conformidad con lo normado por el artículo 551 del Código Procesal.
En síntesis la definitividad depende de si lo fallado puede no debatirse en un litigio ulterior” (cfr. autor y ob. cit., págs. 526/527). Circunstancia, esta última, que no se presenta en el sub lite, pues el quejoso puede iniciar juicio ordinario posterior, de conformidad con el artículo 532 del CPC y C.- En este contexto es oportuno traer a colación lo ya dicho por este Cimero Tribunal Provincial, a saber: “...la resolución que rechaza la excepción de inhabilidad de título promovida por la demandada y manda llevar adelante la ejecución, no es sentencia definitiva, toda vez que puede importar posteriores actos jurídicos procesales de la parte atinentes a la misma materia en discusión, lo que veda su agotamiento en la presente instancia (confr.
T.S.J. Santa Cruz, Tomo IX, -In-terlocutorio-, Reg. 1285, Folio 1707/1710)” (cfr. Interlocutorio, Tomo XIX, Reg. 2415, Folio: 3630/3634). Considerando aplicable al caso sub examine.- Es extrapolable mutatis mutandis al caso sub examine lo dicho en jurisprudencia, a saber: “La quejosa no logra demostrar que la sentencia del Tribunal ‘a quo’...tenga en los términos de la doctrina establecida por este Cuerpo el carácter de sentencia definitiva y/o equiparable a tal. Ello así pues no ha logrado probar que tales planteos no puedan hacerse valer en los términos del art. 553 del Cód. Proc. Civ. y Comercial en un juicio de conocimiento posterior. Es que cuando el recurso de casación es interpuesto contra una resolución que no constituye una típica sentencia definitiva cabe exigir al recurrente la cabal demostración de que concurren circunstancias especiales que satisfacen dicho requisito; y aquí la recurrente no expone argumento jurídico atendible alguno que permita prescindir, en el caso, de la citada, exigencia y mucho menos se avoca a la tarea de acreditar que el perjuicio que dicen sufrir no pueda ser reparado y/o disipado por la sentencia del eventual juicio ordinario posterior...’La resolución de Cámara que rechaza la excepción de inhabilidad de título no termina la litis ni hace imposible su continuación, en la medida que subsista la posibilidad de promover el juicio ordinario posterior.’ (STJRN1 - Se.
N° 109/06, in re: ‘Rebora’; Se. N° 64/13, in re: ‘Coca Cola’).” (cfr. STJ Rio Negro, fallo cit.).- En relación a la invocada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se estaría vulnerando, debe señalarse que los fallos que cita el demandado no devienen en antecedentes aplicables al presente proceso, pues las situaciones de hecho que contemplan no son las mismas que las del caso sub examine. Por lo tanto el planteo deviene inadmisible.-
A mayor abundamiento es oportuno precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “Las resoluciones dictadas en juicios ejecutivos no son, por regla, susceptibles de tratamiento por vía extraordinaria puesto que, para ello, se requiere que lo recurrido sea sentencia definitiva, entendiendo por tal la que pone fin al pleito o causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, requisito éste cuya concurrencia no cabe obviar aunque se invoque arbitrariedad o violación de garantías constitucionales” (sum. Fallos: 308:62), “…cabe señalar, a mayor abundamiento, que si bien el Tribunal ha admitido, la posibilidad de plantear en juicios de ejecución fiscal defensas sustentadas en la inexistencia de la deuda -a fin de no privilegiar un exceso de rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales- lo ha condicionado a que ella sea manifiesta y su constatación no requiera, en consecuencia, de mayores verificaciones ni presuponga el examen de cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito de estos procesos (Fallos: 312:178, considerado 4° y sus citas; 318:1151, entre otros), condiciones cuya concurrencia el apelante dista de demostrar en su recurso extraordinario.” (Fallos 330:3045).
“Sobre tal base, estimo que los agravios referidos a la prescripción de las acciones y poderes fiscales operada con anterioridad al dictado de las resoluciones determinativas de oficio del 30/09/02 y 4/10/02, así como la inexistencia de deuda con fundamento en determinados informes periciales obrantes en la causa penal que tramitó contra el demandado, no resultan aptos para la apertura de la vía extraordinaria, pues asiste al ejecutado la posibilidad de plantearlos nuevamente en la instancia ordinaria posterior, sin que haya invocado -y mucho menos acreditado- que esta circunstancia le ocasione un gravamen de imposible o insuficiente remedio ulterior (Fallos: 308:1230; 311:1724, entre otros)” (cfr.
Fallo cit. del dictamen del Procurador Fiscal según voto del Dr. Raúl Zaffaroni).- En cuanto a la alegada violación de las garantías constitucionales y convencionales de defensa en juicio, debido proceso y tutela judicial efectiva se advierte que la recurrente se circunscribe a invocarlas sin realizar una relación concreta al caso de autos con la debida fundamentación. Es que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales o convencionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156 y XXVIII, Reg. 3275, Folio 5434/5437).- Asimismo, resulta aplicable al caso lo ya dicho por este Alto Tribunal: “...resulta aplicable al caso la doctrina consolidada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que, a los fines de la procedencia del recurso extraordinario federal, la ausencia de sentencia definitiva no puede ser suplida por...la alegada existencia de un supuesto de gravedad institucional (Fallos: 311:565, 312:1891, 2150 y 2348; 317:1814; 322:2920, entre muchos otros)” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3128, Folio 5123/5127).-
IV. Que por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada a fs. 37/42 de los presentes y, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 227/228 de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 198/224 vta. de los autos citados; con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del citado artículo, y teniéndose presente la reserva del caso federal efectuada.- Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la demandada a fs. 37/42, declarando bien denegado el recurso de casación agregado a fs. 198/224 vta. de los autos principales y, por consiguiente, confirmar la resolución emanada de la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 227/228 de dichos autos.-
4. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales, separándose los mismos para su correspondiente devolución. Oportunamente, archívese la presente queja.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1055I.181 Tomo: XXIX Interlocutorio: 3394 Folio N°:5696/5699 Secretaría: 1
Fin de la sentencia