Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 34628-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. nº: 42.327/2018.
EAGLE OTTAWA FONSECA S.A. (TF 34628-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO.
Buenos Aires, de junio de 2025. ME VISTO Y
I. Que, por medio de la resolución del 19 de septiembre de 2022, obrante a fs. 333/334 de las actuaciones remitidas en formato papel, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, en lo que aquí importa, declarar que: “(…) 2.- Declarar que los intereses adeudados por el fisco nacional a la Dra. Rodríguez ascienden a la suma de $4251,55-, los que fueron cancelados con el depósito acreditado a fs. 81… 3. -Respecto del capital impago y los intereses devengados, la demandada deberá liquidarlos administrativamente y cancelarlos a favor de los letrados acreedores, operando su devengamiento desde el día 24/01/2020 y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (conf. art. 61 de la ley 21.839) (…).”
En particular, indicó que: “(…) efectuados los cálculos pertinentes, los intereses adeudados por el Fisco Nacional en favor de la Dra. Rodríguez, por su labor profesional desarrollada en la presente causa, ascienden a la suma de $4251,55 (…) mediante el pago acreditado a fs. 312, la representación fiscal canceló con el depósito de $15.200 en favor de la Dra. Rodríguez, el monto de $4251,55 -en concepto de intereses-, y el monto de $10948,45 -en concepto de capital-, todo ello por cuanto se computa en primer lugar el pago de intereses y el saldo al pago de capital, adeudando a la fecha 23/01/2020 la parte impaga del capital, debiendo adicionar los intereses desde la fecha mencionada hasta la fecha de su efectivo pago (…).”
II. Que, contra tal decisión, el Fisco Nacional apeló y presentó su memorial de agravios a fs. 336/344; el que fue replicado mediante presentación de fs. 394/404.
Por un lado, plantea la incompetencia del Tribunal a quo para resolver la pretensión relativa al aditamento de intereses a los honorarios oportunamente regulados, por considerar que no resultar ser un órgano ejecutor de sus propias sentencias (cfr. ap.
III.1).
Por otra parte considera que, en virtud de lo establecido en el artículo 61 de la Ley nº 21.839, los intereses proceden “cuando hubiere mora del deudor” y, al respecto, cita el precedente de Fallos 344:3146 “González” alegando que, en la especie, no hubo mora porque los honorarios fueron depositados oportunamente (cfr. ap. III.2). Finalmente, se agravia de la imputación del pago efectuada en la resolución apelada por cuanto, a su entender, si se avala la postura del a quo se genera una “deuda eterna” que no podría cubrirse efectivamente y que generará una renta vitalicia improcedente en favor de los letrados de la actora (cfr. ap. III.4).
III. Que, de manera preliminar, cabe señalar que en los artículos 197 de la Ley nº 11.683 y 1174 del Código Aduanero se prevé la aplicación supletoria de las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
En tal sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6, inciso 1º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en los incidentes y en las regulaciones de honorarios, es competente para resolver el juez del proceso principal. En ese orden de ideas, toda vez que la cuestión relativa a la procedencia y determinación de los intereses adeudados en autos, por el pago de sus honorarios vencido el plazo establecido en el artículo 49 de la Ley nº 21.839, constituye una cuestión accesoria a la regulación original practicada por el Tribunal Fiscal de la Nación, cuya competencia no fue cuestionada; corresponde rechazar el agravio formulado por el Fisco Nacional.
A mayor abundamiento, es del caso advertir que dicha incidencia, en la medida en que no implica la ejecución forzosa de los honorarios, difiere del supuesto contemplado en el artículo 1024 del Código Aduanero y del criterio establecido por este Tribunal en el precedente “Telefónica De Argentina S.A. (TF 9369-A) c/ DGA”, Expte. nº 170.773/2002, resolución del 15 de mayo de 2018.
IV. Que, sentado ello, cabe señalar que del artículo 22 de la Ley nº 23.982 surge que: “…el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período de sesiones ordinario del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo”.
Por su parte, en el artículo 170 de la Ley nº 11.672 (T.O. 2014), se establece que: “Los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado nacional o a alguno de los entes y organismos que integran la administración nacional al pago de una suma de dinero o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán satisfechos dentro de las autorizaciones para efectuar gastos contenidas en las distintas jurisdicciones y entidades del presupuesto general de la administración nacional, sin perjuicio del mantenimiento del régimen establecido por las leyes 23.982 y 25.344. En el caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión en el ejercicio siguiente, a cuyo fin las jurisdicciones y entidades demandadas deberán tomar conocimiento fehaciente de la condena antes del día 31 de julio del año correspondiente al envío del proyecto, debiendo incorporar en sus respectivos anteproyectos de presupuesto el requerimiento financiero total correspondiente a las sentencias firmes a incluir en el citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos que anualmente la Secretaría de Hacienda establezca para la elaboración del proyecto de presupuesto de la administración nacional.
Los recursos asignados anualmente por el Honorable Congreso de la Nación se afectarán al cumplimiento de las condenas por cada servicio administrativo financiero, siguiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notificación judicial y hasta su agotamiento, atendiéndose el remanente con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal siguiente”.-
A su vez, es del caso recordar lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “ González, Ricardo c/ Prefectura Naval Argentina s/ Amparo por mora de la administración”, resolución del 28 de octubre de 2021.
En efecto, en dicho precedente, el Alto Tribunal sostuvo que: “los planteos relativos a la alegada incompatibilidad que existiría entre el procedimiento especial de pago regido por los arts. 170 de la ley 11.672 y 22 de la ley 23.982 y la previsión del último párrafo del art. 54 de la ley 27.423, suscitan el examen de cuestiones sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas por esta Corte en la causa “Martínez, Gabriel Rubén” (Fallos: 343:1894), a la que cabe remitir, con el mismo alcance y por las mismas razones que fueron señaladas en el considerando anterior”.
En el referido precedente de Fallos: 343:1894, se había indicado que: “En primer lugar, los intereses moratorios, por imperativo legal, deben computarse hasta la cancelación del crédito en orden a satisfacer su integridad y producir el efecto liberatorio del pago para el deudor (art. 744 del código civil, actual art. 870 del Código Civil y Comercial de la Nación).
Ciertamente no puede reputarse como pago, con sus efectos extintivos propios, el inicio del procedimiento del art. 170 de la ley 11.672 mediante la previsión presupuestaria del monto de la condena a los valores computados (en concepto de capital e intereses hasta allí devengados) en la liquidación aprobada en la causa. Por último, concluyó que: “En este entendimiento y considerando la doctrina del precedente de Fallos: 339:1812 y lo resuelto en el sub lite, es necesario precisar que, para la cancelación de los reconocimientos judiciales firmes sujetos al procedimiento del art. 170 de la ley 11.672, el Estado Nacional deberá adoptar las medidas necesarias para que la previsión presupuestaria sea comprensiva del capital de condena y de los intereses devengados hasta su efectivo pago. De otro modo, además de los perjuicios señalados, la sujeción de los accesorios a sucesivas previsiones presupuestarias, frustraría los fines propios del régimen establecido por dicha norma pues atentaría contra la racional administración de los fondos públicos y los derechos patrimoniales de los particulares.” (Considerando 8°).
V. Que, de las constancias de la causa resulta que mediante el pronunciamiento del 19 de marzo de 2019, obrante a fs. 295/296, este Tribunal fijó los honorarios del Dr. Francisco J. Menéndez -letrado apoderado de la parte actora- en la suma de $27.300 y los de la Dra. Patricia S. Rodríguez -letrada patrocinante de la parte actora- en la suma de $15.200, los que se encuentran a cargo de la demandada.
Dicho pronunciamiento fue notificado por cédula electrónica a la demandada en fecha 03/04/2019 (cfr. nota inserta a fs. 296vta.).
Cabe destacar que el 10/02/2020 la demandada dio en pago a favor de la Dra. Patricia Silvia Rodríguez la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V suma de $15.200 (cfr. presentación de fs. 313 y vta.), adjuntando la boleta de depósito correspondiente al 23/01/2020 (cfr. constancia obrante a fs. 312).
Ahora bien, en lo concierne a la imputación de las sumas depositadas “en concepto de pago de honorarios a favor de Rodríguez, Patricia Silvia” (v. presentación de fs. 313) resultar oportuno señalar que la Ley nº 23.982 establece, en su artículo 22, que: “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el Poder Ejecutivo Nacional deberá comunicar al Congreso de la Nación todos los reconocimientos administrativos o judiciales firmes de obligaciones de causa o título posterior al 1º de abril de 1991 que carezcan de créditos presupuestarios para su cancelación en la ley de presupuesto del año siguiente al del reconocimiento. El acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir de la clausura del período en sesiones ordinarias del Congreso de la Nación en el que debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese el crédito presupuestario respectivo”.
Si bien dicha ley regula el trámite para el cobro de las deudas del Estado Nacional, lo cierto es que no se refiere a la imputación del capital e intereses por parte del deudor y/o acreedor, siendo dicha circunstancia la que determina la aplicación del Código Civil y Comercial de la Nación en el ámbito del derecho administrativo cuando, como acontece en las presentes actuaciones, no existe una norma específica que regule el caso a decidir.
Al respecto cabe, destacar que el artículo 900 del Código Civil y Comercial de la Nación dispone: “Imputación por el deudor. Si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar, al tiempo de hacer el pago, por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Si adeuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor”.
Asimismo, el artículo 903 estipula: “Pago a cuenta de capital e intereses. Si el pago se hace a cuenta de capital e intereses y no se precisa su orden, se imputa en primer término a intereses, a no ser que el acreedor dé recibo por cuenta de capital”.
Sobre este punto se ha dicho que el principio general en materia de imputación de pagos establece que si el deudor debe capital e intereses no puede sin consentimiento del acreedor imputar el pago al principal, debiendo hacerlo a los intereses. (Sala III, “Incidente Nº 1- Actor: Faifman, Ruth Myriam s/ Inc. de Ejecución de Sentencia” y sus citas, Nº 15936/2006, del 29/5/2018).
En tal sentido se sostuvo que el pago hecho por cuenta de capital e intereses se imputará primero a los intereses, a menos que al acreedor diere recibo por cuenta de capital (Sala III, “Surgas S.A c/ EN- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, Nº 12234/2009, del 15/12/2015).
En tales circunstancias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 903 del Código Civil y Comercial de la Nación cabe concluir que el pago acreditado conforme actuación de fs. 313 debe imputarse primero a la deuda correspondiente a los intereses sobre honorarios y, luego, a los honorarios regulados en favor de la Dra. Rodríguez (conf. esta Sala, en las actuaciones “Casal, Juan Carlos Fidel c/ EN- Mº Defensa s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg.”, Nº 19661/2010, del 7/11/2018).
VI. Que, en este contexto y de conformidad con lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto admitió el cómputo de intereses; pues ninguna norma del régimen de orden público indicado dispone que, durante el tiempo que se le otorga para cumplir con la condena (arts. 170 de la Ley nº 11.672 y 22 de la Ley nº 23.982), el Estado esté exento de pagar los intereses establecidos en el artículo 61 de la Ley nº 21.839 (Fallos 344:3146 (“Gonzalez”); 343:1894 (“Martinez”) y 328:3070 “Agropecuaria”).
En lo que respecta a la fecha de inicio del cómputo de dichos intereses, también corresponde confirmar lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a que su devengamiento opera desde el día posterior al depósito efectuado conforme constancia glosada a fs. 312, es decir, desde el 24/01/2020 y hasta el efectivo pago, aplicando la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina.
En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 336/344 y confirmar la resolución apelada. Ello, con costas a la recurrente (cfr. artículo 68, primer párrafo y artículo 69, primer párrafo del C.P.C.C.N.) todo lo cual, ASI SE RESUELVE.-
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase al Tribunal Fiscal de la Nación.-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Guillermo F. Treacy Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani.
Fin de la sentencia