Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 35997-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del pronunciamiento apelado. En consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo, y
2Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (artículos 279 y 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
EASTMAN CHEMICAL ARGENTINA S.A (TF 35997-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, 13 de junio de 2025.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 27/09/2024, el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del auto de apertura de sumario en los términos de lo dispuesto en el considerando VI de dicho pronunciamiento. Declaró prescriptas las acciones del Fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer sanciones, por la comisión de la infracción al art. 970 del C.A, respecto de la operación N° 03 001 IT 15 000057 V, de la firma EASTMAN CHEMICAL ARGENTINA S.A., con costas al Fisco.
Para así resolver, sostuvo que, de de la compulsa de la actuaciones administrativas, surgía que no procedía la acción intentada por el fisco para perseguir el cobro de los tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., por encontrarse prescripta, atento a la nulidad del auto de instrucción de sumario (de fs. 10 de las act. adm.).
Indicó que, sin perjuicio de que referida nulidad no formaba parte del elenco de los agravios esgrimidos por la recurrente, correspondía su tratamiento de oficio, toda vez que se estaba frente a una cuestión de orden público, que se producía de pleno derecho.
Aclaró que, al declararse la prescripción, no se estaba incorporando al proceso una cuestión extraña, sino únicamente aplicando las disposiciones que el Código Aduanero regulaba al respecto, es decir, subsumiendo el hecho en la norma jurídica.
Señaló que, en lo que hacía a temas sustanciales que traducían el control de juridicidad sobre el procedimiento -como por ejemplo, los requisitos del art. 1094 del C.A. o la prescripción- no se trataba de suplir las omisiones de las partes o convertirse en intérprete de su voluntad implícita, sino de aplicar institutos que operaban de pleno derecho, más allá de ser o no alegados.
Destacó que, no debía confundirse el “objeto del proceso”
conformado por el hecho materia de litigio con el “procedimiento”, esto es la suma de disposiciones que obligaban a utilizar parámetros comunes tales como las nulidades absolutas y los plazos prescriptivos. En efecto, el procedimiento era el que regía la “forma” en que debían actuar el instructor y los juzgadores velando por el principio constitucional del debido proceso, en un escenario armónico en todas las instancias. Puso de relieve que, en síntesis, la insistencia puesta por el legislador en el detalle de los incisos del 1094 del C.A. se explicaba en que consistía en el primer paso procesal completo en el que al contribuyente se le enrostraba la realización de un acto ilícito. Entendió que, consentir su cumplimiento parcial implicaba postergar los plazos prescriptivos más allá de lo dispuesto en el mismo C.A. que, en su diseño no podía desmembrase o deformar para sostener una imputación que no fue hecha en tiempo y forma. Consecuentemente, era una falla en el procedimiento que conculcaba el principio constitucional del debido proceso y de defensa en juicio y como tal una nulidad absoluta que no podía soslayar el operador jurídico.
Precisó que, para poder tener los efectos que la legislación aduanera le confería, el acto -en el caso, el auto de apertura del sumariodebía claramente ser válido, siendo para ello necesario que reúna todos los elementos formales y materiales que determinaba la normativa vigente Ponderó que del auto de apertura del sumario de fecha 29/12/2009 resultaba, claramente que, si bien se refirió a la presunta infracción imputada a la actora, el mismo no cumplía con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del CA para que se constituya válidamente y surta los efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto. En efecto, en el mismo auto se disponía la instrucción de sumario en los términos del 1090 inc. c) del C.A., en palmaria contradicción a lo establecido en el referido art. 1094, de cuya letra resultaba evidente que el servicio aduanero, en el mismo auto de apertura de sumario, se encontraba obligado a determinar, a clasificar y valorar la mercadería y liquidar los tributos que correspondan Adujo que, en este caso, si bien tanto el aforo de la mercadería como la liquidación de los tributos no se encontraban fechadas (fs. 23 y 25 de las act. adm.), en el sello de salida de fs. 22 vta. se leía “26 MAR 2014”. Es decir que podía inferirse más allá de toda duda que dichos actos fueron realizados con posterioridad a esa fecha.
Postuló que, en virtud de lo manifestado, al ser nulo, el acto de apertura de sumario, de fecha 29/12/2009, carecía de aptitud para surtir los efectos que la legislación aduanera le atribuía.
En tales condiciones, consideró que, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 05/01/2004 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción era de 5 años tanto para perseguir el cobro de tributos como para imponer penas por parte del Fisco (conf. arts. 803 y 934 del C.A), y que dicho plazo comenzó a correr a partir del 01/01/2005, en los términos de los arts. 804 y 935 del C.A. y no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2009, careciendo de aptitud suspensiva e interruptiva de la prescripción, el acto de apertura de sumario de fecha 29/12/2009.
A mayor abundamiento, resaltó que, en este caso la vista conferida no pudo subsanar las irregularidades del auto de apertura sumarial atento a que ella se dispuso en fecha 23/04/2014 (ver fs. 27 de las act. adm.), una vez operada la prescripción.
Por último, alegó que, atento el punto precedente, devenía abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones invocadas.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 7/11/2024 interpuso recurso de apelación la demandada (concedido el 25/11/2024), expresando agravios el 29/11/2024, los que fueron replicados por la contraria el 29/12/2024.
Se agravia la recurrente porque considera que la sentencia dictada por el TFN no puede ser considerada como un acto jurisdiccional válido ya que está viciada de una arbitrariedad ampliamente manifiesta. Postula que, el argumento principal utilizado por los vocales para tildar de nulo lo tramitado por el servicio aduanero es, finalmente, la afectación del derecho de defensa de la actora y del debido proceso. Señala que, tal como se desprende de la apreciación de las actuaciones administrativas, la actora ejerció su derecho de defensa a fs. 29/60: contestó la vista corrida por el servicio aduanero aportando prueba relacionada con la DIT en infracción. También tuvo oportunidad de ejercerlo al presentar el recurso de apelación ante el TFN y produciendo prueba en dicha, dando origen a estos actuados tal como se desprende del Considerando I de la sentencia atacada.
En dicho contexto, entiende que, el Tribunal Fiscal de la Nación ha decretado la nulidad por la nulidad misma.
En ese sentido, pone de relieve que, la actora no se agravió en sede aduanera ni ante la instancia del TFN de que su derecho de defensa hubiere resultado vulnerado y en ningún momento opuso la nulidad de lo actuado.
Agrega que, ello permite inferir que cualquier eventual nulidad fue consentida por la actora ya que -antes de plantear el recurso de apelación- la normativa aduanera exige que el planteo de nulidad se efectué en sede administrativa, dentro de los cinco días de notificado el acto, bajo apercibimiento de considerarlo -iure et de iure- “consentido”. Por lo tanto, considera que, siendo los plazos perentorios (art. 1006 del CA), el “supuesto” vicio quedó consentido y no puede prosperar el planteo efectuado.
Entonces, el TFN desvió el núcleo del debate que era la comisión de la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero. Recuerda que, la firma interpone recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación en base a los siguientes argumentos: (i) no ha cometido la infracción imputada; (ii) solicita la aplicación del art. 898 del CA y del principio de bagatela. Entonces, el “thema decidendum” no es más que el determinado exclusivamente por las partes; la litis quedó planteada en esos términos.
Sin embargo, el Tribunal Fiscal de la Nación decide analizar una nulidad que nunca fue solicitada.
Expone que el Tribunal Fiscal de la Nación se apartó de las pretensiones de las partes. Cita jurisprudencia.
Refiere que, si bien el artículo 1143 del Código Aduanero le brinda a dicho órgano amplias facultades, se ha sostenido que “... estas atribuciones no pueden ser empleadas para introducir pretensiones que los litigantes no han efectuado, ya que reconocer y acordar a una de las partes derechos no debatidos es, como principio, incompatible con el arto 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 237:328; 239:442; 267:419; 284:47)” (Sala III, in re: 55646/2016 “Kilina S.A. TF27503-A c/ DGA”, sentencia del 11/5/2018). En el mismo fallo y en lo que refiere a las competencias de los jueces, dicha Sala se refirió a que “... si bien determinar el alcance de las cuestiones comprendidas en la litis es materia privativa de los magistrados que en ella entienden (Fallos: 270:162; 271:402 2 76:111), tal regla reconoce excepción cuando lo decidido, con mengua de la defensa en juicio, signifique un apartamiento de las pretensiones enunciadas al trabarse el diferendo, incorporando temas no introducidos por las partes en el pleito (Fallos: 239:442; 252:13; 255:237, entre otros).”
Observa que, por su parte, el principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensión deducidas (conf. arts. 34, inc. 4o y 163, inc. 6o del CPCC), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), lo que no ha sido respetado por el TFN.
Advierte que, en el caso bajo examen, la parte actora en ninguno de los pasajes del recurso ante el Tribunal Fiscal introdujo, siquiera de forma tangencial, el reproche de nulidad sentenciado por el TFN, así como tampoco fueron cuestiones planteadas en su descargo ante la Aduana.
Alega que, lo antedicho permite descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido al resolver sobre cuestiones que no han sido materia de agravio, en desmedro del principio de congruencia, con mengua del derecho de defensa en perjuicio de su parte, lo que la hace pasible de la tacha de arbitrariedad.
Además, se agravia de la no apreciación del Tribunal Fiscal de principios de orden público de irrestricta práctica -aplicación restrictiva de la nulidad y prescripción-, que terminan por vulnerar los derechos del Estado Nacional con irremediable arbitrariedad -i.e. artículos 17, 18 y 100 inciso 7 de la Constitución Nacional-.
Por lo expuesto, solicita que se revoque la sentencia del TFN y se confirme la Resolución Aduanera en sus partes pertinentes, con costas a la contraria.
III. Que, como queda planteada la cuestión, deben tratarse los agravios del Fisco Nacional relativos a que el pronunciamiento del Tribunal Fiscal resolvió la cuestión extra petita.
El Fisco, en su memorial de agravios, sostiene que la actora no introdujo, ni en el recurso ante el Tribunal Fiscal ni frente a la Aduana, el planteo relativo a la nulidad del acto de sumario y, en consecuencia, la prescripción de la acción.
Para ello, cabe mencionar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con remisión al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo “…que el Tribunal Fiscal no se encuentra habilitado para expedirse sobre cuestiones que no sean requeridas por la actora al interponer su recurso de apelación, ni tampoco objeto de controversia durante el curso del proceso. Ello es así pues, si bien el art. 1.143 del Código Aduanero establece que el Tribunal Fiscal impulsará de oficio el procedimiento y tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y "resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes" -lo cual implica encuadrar el requerimiento de los contendientes en su adecuado fundamento de derecho (Fallos: 306:303, disidencia de los Dres. Fayt y Belluscio), pudiendo en esa tarea, incluso, aplicar una norma no invocada por ellos (Fallos: 335:2333, cons. 10 y su cita)-, estas atribuciones no pueden ser empleadas para introducir pretensiones que los litigantes no han efectuado, ya que reconocer y acordar a una de las partes derechos no debatidos es, como principio, incompatible con el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 237:328; 239:442;
267:419;284:47)” (cfr. CSJN "Codorniu Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo", sentencia del 26 de diciembre de 2017). Asimismo, el Máximo Tribunal ha dicho que el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos en la causa es incompatible con las garantías de los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 284:115), pues el juzgador no puede convertirse en el intérprete de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar, de tal modo, el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (Fallos: 283:213; 311:569 y 344:1002).
En ese sentido, sostuvo que el principio de congruencia se vincula con la garantía de la defensa en juicio, ya que como regla el pronunciamiento judicial que desconoce o acuerda derechos no debatidos es incompatible con las garantías constitucionales, pues el juzgador no puede convertirse en la voluntad implícita de una de las partes, sin alterar el equilibrio procesal de los litigantes en desmedro de la parte contraria (Fallos: 310:2709; 327:1607).
A su vez, en relación con el principio iura curia novit, destinado a reconocer a los jueces potestad para suplir el derecho erróneamente invocado por las partes, la Corte ha delimitado su alcance en el sentido de que no es posible introducir de oficio una acción (Fallos: 237:328) o excepción (Fallos: 315:106) no planteada.
En este sentido, cabe destacar que el principio iura novit curia faculta y obliga al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsumiéndola en las normas que la rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes (C.S., Fallos: 333: 828; 329:4372; 326:1223, entre otros). Sin embargo, el principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensión deducidas (conf. arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º del CPCC), limitación infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), aunque no rige en el plano jurídico, donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde “decidir el derecho” (iuris dictio o jurisdicción de conformidad con la atribución iura novit curia (CS, Fallos 337:1142).
IV. Que, por otro lado, resulta menester señalar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de declarar que si bien el Código Aduanero otorga al Tribunal Fiscal de la Nación amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes (art. 1143 CA), el ejercicio de esas atribuciones tiene como valladar la existencia del recurso, los hechos que se hayan probado en la causa y el respeto al principio de la reformatio in pejus; por ello, la decisión del a quo, al resolver sobre cuestiones que no habían sido materia de agravio, se apartó del principio de congruencia, con mengua del derecho de defensa en perjuicio de la recurrente, lo que la hace pasible de la tacha de arbitrariedad.
Pues la citada norma que otorga la atribución para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes no opera hasta el punto de sustituir el ámbito dejado al impulso de oficio de parte, porque dicha atribución no permite abandonar la regla que obliga a fallar dentro de los límites que impone la demanda, ni suplir las negligencias o deficiencias que acusen las partes en sus planteos ni en las pruebas que proponen (CSJN, Fallos: 326:1027 y esta Sala -con otra integración-, in re: “Antonio María Delfino Sanyo - TF 7808-A c/ A.N.A., expte nº 19.937/97, del 22/10/98 y con la actual “Matricería Austral”, expte. 7816/2015 senten. del 02/06/2015 y expte. 45.090/2023 “La Perseverancia” del 18/04/2024).
Expuesto lo anterior, cabe advertir que, en el caso bajo examen, la parte actora en ninguno de los pasajes del recurso ante el Tribunal Fiscal introdujo, siquiera de forma tangencial, el reproche de nulidad del acto de apertura de sumario y/o la posibilidad que se encontrara prescripta la acción del Fisco, así como tampoco fueron cuestiones planteadas en su descargo ante la Aduana.
En tal inteligencia, teniendo en cuenta que en lo decidido, el Tribunal Fiscal omitió el examen del objeto litigioso y se pronunció sobre aspectos no incluidos en la pretensión, por lo que corresponde descalificar el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.
V. Que sentado ello y, en la medida en que en los presentes autos el Tribunal Fiscal omitió pronunciarse respecto a los planteos de fondo realizados por la parte actora en su escrito de apelación, corresponde reenviar la causa al Tribunal Fiscal para que se expida a su respecto.
VI. Que las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida, de acuerdo con principio objetivo de la derrota del que no existen motivos que justifiquen apartarse (arts. 279 y 68, 1º parte del C.P.C.C.N.). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: 1°) declarar la nulidad del pronunciamiento apelado. En consecuencia, vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo, y 2°) imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (artículos 279 y 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia