Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar, sin costas, al recurso de casación deducido.
II. Absolver a Santiago Alejo Echavalete Alberti por el hecho que se le atribuyó en esta causa, y disponer su inmediata libertad, ENCOMENDANDO su instrumentación al Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes, quien la hará efectiva previa constatación de que no exista algún otro impedimento legal.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 8.2.h, 11.2 y 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5, 17.1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15, 16, 17, 168 y 171, de la Constitución Provincial; .; 20 inc. 1, 151, 153, 203, 207, 210, 225, 293, 294, 296, 373, 448, 450, 454, 456, 460, 463, 530 y 531, del Código Procesal Penal.
"Registrado bajo el Nro. 844 Año 2019"
En la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, Sede de la Sala I del Tribunal de Casación Penal (Cf. R.C. 1805 de la S.C.J.B.A.), el 20 de Agosto de 2019 se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, a los efectos de resolver la Causa N° 96712 caratulada “ECHAVALETE SANTIAGO ALEJO S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA.
I. El Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mercedes –integración unipersonal-, mediante el pronunciamiento dictado el 1 de marzo de 2019 –en la causa n° 7115/1371 de su registro-, decidió rechazar los planteos de nulidad articulados por la defensa oficial, y condenar a Santiago Alejo Echavalete a la pena de cuatro (4) años y seis (6) meses de prisión, multa de cuarenta y cinco (45) unidades fijas, accesorias legales y costas, por resultar autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (arts. 45, Cód. Penal; 5 inc. “c”, ley 23.737) –fs. 25/25-.
II. La defensa de Santiago Alejo Echavalete interpuso recurso de casación contra el pronunciamiento aludido (fs. 31/40).
En primer término, reiteró su planteo de nulidad del procedimiento policial en el marco del cual se interceptó el vehículo en el que se trasladaba Echavalete, y se procedió a la requisa del nombrado y del rodado, pues –en su opinión- se transgredieron garantías constitucionales.
En ese orden de ideas, destaca que la actuación cuestionada se produjo al día siguiente de recibida una denuncia anónima, por fuera de la cual no se agregó “ninguna constancia previa al procedimiento, que dé cuenta de las circunstancias o la existencia de elementos objetivos que llevaron a los uniformados a tener por configurada la sospecha razonable o causa probable que habilitaba a interceptar y requisar a los encausados…”.
Invoca en sostén de su pretensión, los arts. 14 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; 7 y 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 9 y 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 9, 12 y 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; VIII y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombro; 10 de la Constitución de la Provincia; 151, 153, 225, 226 y 294 inc. 5, del Código Procesal Penal.
En igual sentido, señala que los funcionarios policiales no comunicaron a la Fiscalía la existencia de la denuncia anónima con la que dieron inicio a las actuaciones, y al no tratarse de un caso de urgencia, incumplieron con la regulación estipulada en los arts. 59 inc. 1, 267, 292, 293 y 296 del ordenamiento adjetivo, en cuanto establece que la investigación será dirigida por el Ministerio Público Fiscal.
Concluye afirmando que “la interceptación, aprehensión y posterior requisa de Echavalete aconteció sin que hubiera motivos suficientes que la autorizaran, como así tampoco urgencia; ello, en franca violación a su derecho a la libertad constitucionalmente reconocido y protegido y a las normas de procedimiento que regulan su ejercicio”.
Como segundo motivo de agravio, cuestionó la calificación legal asignada a la conducta atribuida a su asistido, pues a su entender se deriva de una absurda valoración probatoria.
En lo sustancial, alega que la escasa cantidad de material estupefaciente secuestrado, y la ausencia de tareas de investigación previa al procedimiento, impide tener por demostrado el fin de comercialización requerido por la figura agravada contemplada en el art. 5 inc. “c”, postulando en consecuencia la modificación por la conducta prevista en el art. 14 primera parte de la ley 23.737.
Como tercer motivo de agravio, criticó el juicio de mensuración y la entidad de la pena impuesta, solicitando su reducción hasta el mínimo legal previsto para la figura aplicable.
Hizo reserva de caso federal.
III. Sorteadas que fueron las actuaciones se notificó a las partes (fs. 46 y vta.). El señor defensor oficial ante esta instancia mantuvo la impugnación deducida, remitiéndose en un todo a los argumentos desarrollados por su colega de la instancia (fs. 47 y vta.).
El señor fiscal ante este Tribunal consideró que la impugnación deducida no puede prosperar (fs. 48/50).
En lo que se refiere al planteo de nulidad articulado, destacó que el comportamiento agresivo del acusado, al detectar la presencia policial, constituyó el motivo suficiente que habilitó su aprehensión y posterior requisa.
Por otro lado, respecto del encuadre legal establecido en la sentencia, hizo hincapié en la cantidad de envoltorios incautados, y en los dichos del testigo Bader, todo lo cual permitió la corroboración de la imputación formulada en torno a la tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización.
Por último, consideró acertadas las pautas agravantes de la pena valoradas en el fallo, y la entidad de la sanción impuesta.
Así, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, decidiendo plantear y votar las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
I. El señor juez del Tribunal en lo Criminal n° 2 de Mercedes, luego de celebrado el debate, tuvo por acreditada la siguiente materialidad infraccionaria: “que el día 18 de noviembre de 2017, en horas de la tarde, en las calles Di Marco y Castelli de la ciudad de General Rodríguez (B), un sujeto que se encontraba circulando a bordo de un rodado marca Chevrolet modelo Corsa, dominio ITF-129, haciéndolo en el asiento trasero, tuvo en su poder tres envoltorios de pequeñas dimensiones que contenían cocaína por una cantidad neta de 2.47 gramos, y un envoltorio con marihuana por un total de 15.86 gramos de peso neto (v. fotografías de fs. 10, 11, 12 y 13; y pericia química de fs. 164/171), sustancias estupefacientes prohibidas que detentó con la finalidad de vendérselas a los usuarios de las mismas”. “Esta situación pudo ser constatada el día señalado en momentos en que personal policial procedió a identificar a los tripulantes del aludido Chevrolet Corsa negro, oportunidad en la que el sujeto antes aludido, adoptó una ostensible actitud evasiva y violenta contra los uniformados, lo que motivó su detención, ante lo que este individuo intentó destruir las sustancias prohibidas que llevaba consigo, conducta que los policías debieron interrumpir, secuestrando el material estupefaciente” –fs. 15vta-.
II. El primer agravio planteado por el impugnante se vincula con la nulidad alegada respecto del procedimiento policial, en el marco del cual se produjo la interceptación del vehículo en el que se trasladaba el acusado, su requisa y secuestro del material estupefaciente. A ese respecto, corresponde mencionar las constancias del legajo que se vinculan con este planteo: la constancia de recepción del llamado anónimo con el que se dio inició a la investigación (fs. 2/3); el testimonio del oficial subayudante Jonathan Moreno en el debate (fs. 9/vta., 11vta., y 17); el acta del procedimiento en el que se realizó la requisa del acusado y el secuestro de material estupefaciente (fs. 4/6); y las constancias de la sentencia de las que surgen los testimonios de los funcionarios policiales y testigos del mencionado procedimiento (fs. 15vta/18).
De los elementos reseñados se desprende que el día 17 de noviembre de 2017, aproximadamente a las 13.03 horas, fue recibida una llamada telefónica en la guardia de la Seccional primera de General Rodríguez, mediante la cual una persona del sexo masculino que no se identificó, expuso: “Soy vecino de General Rodríguez, quiero denunciar que un sujeto apodado ´Puchi´ de unos 20 años, quien se moviliza en auto VW Gol color negro vendiendo drogas…”, luego de lo cual el sujeto interrumpió la comunicación. El oficial subayudante Jonathan Moreno expresó que a raíz de la denuncia anónima comenzó la investigación. Fue así que al día siguiente, mientras recorría el centro de General Rodríguez, observó un vehículo Corsa de color negro, en cuyo interior, en el asiento trasero y por encontrarse las ventanillas abiertas, alcanzó a ver a la persona señalada en la denuncia, a quien identificó “por las características físicas (robusto, pelo morocho) y movimientos”.
En esas condiciones, el oficial Moreno decidió establecer la identidad de la persona, para lo cual convocó personal de apoyo, interviniendo un móvil de la Seccional 1° de la zona, que “intercepta el vehículo para tomar los datos filiatorios del investigado”.
En ese momento, esa persona adoptó una postura agresiva hacia el personal policial, comenzando a romper envoltorios que sacó de su campera, razón por la cual se convocó a un testigo de actuación.
Agregó el oficial Moreno, que las tres personas que viajaban en el vehículo Corsa fueron trasladadas a la dependencia policial: “(…) el conductor dijo que era remisero (Martín Leonardo Juvenal Fernández) y otro refería que le compraba al investigado, el otro pasajero (Leonel Bader) dijo que quería comprarle al investigado”.
Una de las dos personas que se encontraba junto al acusado al momento del procedimiento, Leonel Bader, era conocida por el oficial Moreno, resultando la persona que dijo que le compraba sustancia estupefaciente al imputado: “(…) Conocía a uno de los sujetos porque es peluquero y trabaja a dos cuadras de la Comisaría. Había dinero y se secuestró un teléfono celular, yo no lo tuve en mis manos. No recuerdo si el peluquero salió de testigo en otras causas, en las que yo tengo no. Al estar la peluquería cerca de la Comisaría, vamos casi todo el personal, yo me corto en esa peluquería”.
El acta de procedimiento obrante en copia a fs. 4/6 de este legajo, da cuenta de las circunstancias en las que se procedió a interceptar la marcha del automóvil en el que se trasladaba el acusado.
El documento mencionado indica la intervención del subcomisario Claudio Martín Riarte, acompañado por el oficial sub-ayudante Jonathan Moreno, el sargento Daniel Rivero y la oficial Solange Mieres, todo los cuales se hallaban “de civil y en vehículo particular”. Se expresó en el acta que la persona denunciada, “de unos 20 años de edad, contextura física gorda, de 1,80 de altura, cabello color negro, quien se movilizaría en vehículo color negro”. También se dejó constancia que, por las “averiguaciones practicadas”, tenían conocimiento que vestía ropa deportiva del Club Leandro N. Alem de esa localidad, y que se estaba movilizando por la calle Dimarco en dirección al barrio bicentenario.
El acta indica que se implantó “una vigilancia en el lugar, donde se observa el desplazamiento del rodado de color negro marca Chevrolet Corsa patente ITF-129, con sus ventanillas bajas, observándose la existencia de dos sujetos del sexo masculino, uno de ellos en la conducción del rodado y el restante en el asiento trasero, sujeto masculino quien sería el investigado NN PUCHI…”.
También se dejó constancia que se solicitó la colaboración del móvil policial a cargo del oficial Martín Ibarra.
Luego, los preventores observaron que el rodado Corsa transitaba por la calle Di Marco, y al pasar frente al Club del Sindicato de Camioneros detuvo su marcha, subiendo al mismo una persona que caminaba por la vereda. El rodado siguió su camino –aproximadamente doscientos metros- y al llegar a la intersección de las calles Di Marco y Castelli fue interceptado por el personal policial “…a los fines de proceder a la identificación en un control rutinario al sindicado, así poder certificar su identidad…”.
En ese marco, la persona ubicada en la parte trasera del vehículo, a la que se identificaba como la señalada en la denuncia (“de unos 20 años, tez blanca, contextura física gorda, de 1,80 de altura, quien viste de campera del deportivo Alem, pantalón del fútbol del mismo equipo”), adoptó una conducta agresiva hacia los funcionarios policiales, razón por la cual se convocó a un testigo civil –Roberto Añon-.
Fue así que se procedió a la requisa de esa persona, quien continuando con su resistencia sacó “del bolsillo de su campera unos envoltorios de nylon conteniendo una sustancia polvorienta de color blanca las cuales rompe, por lo que al impedir dichas situaciones es que se genera un forcejeo con el mismo, a quien se logra reducir en el suelo, quien requisado se procede a secuestrar del interior del bolsillo de su campera un envoltorio de nylon transparente conteniendo una sustancia polvorienta de color blanca, una bolsa de nylon de color blanca conteniendo sustancia de color blanca polvorienta, de entre el pantalón y calzoncillo se le secuestra una bolsa transparente conteniendo una sustancia vegetal de color verde parduzca similar a la picadura de marihuana, y un envoltorio de papel madera el cual conteniendo un cigarrillo de armado casero…”.
III. El juez de la instancia rechazó el planteo de nulidad de la defensa, con base en los siguientes argumentos:
“Coincido con la Defensa en que con la sola información que emergía del llamado anónimo del que da cuenta la constancia de fs. 1, en el que se informaba sobre un sujeto apodado ´Puchi´, de unos veinte años de edad, que circulaba en un rodado V.W. color negro y vendía drogas, el personal policial no se encontraba facultado para detener y requisar a quien posiblemente sería esa persona. No obstante ello, no fue ese llamado anónimo, sino otras circunstancias las que motivaron y –en mi opinión- justificaron la detención, la requisa y el secuestro de estupefacientes prohibidos” (el destacado no es del original).
“Tal como surgió de las declaraciones rendidas en el plenario, la finalidad de los miembros de la fuerza de seguridad era obtener los datos personales del sujeto hasta ese momento identificado como ´Puchi´, y fue a ese sólo efecto que detuvieron la marcha del rodado en el que –según pudieron establecer mediante averiguaciones previaspresuntamente viajaba esa persona. El punto es que cuando interceptaron el vehículo en el que supuestamente viajaba ´Puchi´ y procedieron a identificar a sus tripulantes, al menos uno de los sujetos que viajaba en el asiento trasero del rodado, se puso agresivo con el personal policial (…)”. “Es esa conducta la que en mi parecer da motivos suficientes para proceder a la detención y requisa del sujeto, pues es probable que quien así reacciona ante la presencia policial esconda elementos ligados con un ilícito (…). Pero eso no es todo, emerge también de los testimonios escuchados en el juicio, que cuando es detenido, el individuo comenzó a sacar bolsitas de sus bolsillos, las que contenían una sustancia color blanca, y a romper las mismas, lo que más aún motivaba su posterior requisa corporal, a fin de secuestrar y resguardar elementos posiblemente vinculados con un ilícito…”.
IV. No comparto el razonamiento del señor juez de la instancia, pues en mi opinión, existen una serie de circunstancias previas al momento de la interceptación del rodado en el que se trasladaba el acusado, que le quitan legitimidad a la actuación policial y en consecuencia imponen una respuesta favorable a la pretensión de la defensa.
La primera falencia que corresponde abordar sobre la actuación policial, se vincula con el incumplimiento de las normas procesales que colocan la dirección de la investigación penal en cabeza del Ministerio Público Fiscal (art. 267, CPP).
En este orden de ideas, es dable señalar que ni de las referencias volcadas en la denuncia anónima (recibida veinticuatro horas antes del procedimiento en cuestión), ni de la información que revelaron en la causa los preventores, surgieron elementos que permitan encuadrar la interceptación del automóvil en el que se trasladaba el acusado, como uno de los “casos de urgencia” que prevé el art. 293 del ordenamiento adjetivo.
En consecuencia, la omisión de los funcionarios policiales de comunicar la existencia de la denuncia al Juez de Garantías, al Agente Fiscal competente y al Defensor Oficial en turno (conf. art. 296, CPP), aparece como un primer elemento que pone en duda la legitimidad del procedimiento policial, aunque como se verá, no es el único.
V. El principal fundamento de la pretensión defensista se encuentra en que los funcionarios policiales no estaban legalmente habilitados para interceptar el rodado en el que se trasladaba el acusado, pues no existían motivos suficientes que permitieran vincularlo con la comisión de un delito.
En este punto, el sentenciante ha reconocido en un pasaje del veredicto en cuestión, que el funcionario policial que vinculó al acusado con los hechos mencionados en la denuncia anónima, no pudo explicar cómo estableció esa relación.
Dijo el juzgador: “(…) Debo darle la derecha a la Defensa en cuanto a que este testigo fue impreciso cuando le tocó dar cuenta sobre cómo estableció que el denunciado ´N.N. Puchi´ presuntamente viajaba en el rodado que se decidió interceptar. Coincido así con el Dr. Mahiques en que no surgió en forma clara del debate cómo supo el personal policial que en el vehículo en cuestión viajaba el sospechado…”.
La imprecisión que reconoce el juzgador en el testimonio del suboficial Moreno no es un dato menor, ni puede ser minimizada a la luz de la naturaleza de los planteos de la defensa, intrínsecamente ligados al respeto de garantías constitucionales.
Si en la denuncia anónima se aportaron únicamente la edad y el apodo de una persona que comercializaría estupefacientes (veinte años de edad, “Puchi”), más la marca y el color del vehículo que utilizaría (VW Gol negro), evidentemente el suboficial Moreno debió recolectar datos de otra u otras fuentes de información, lo suficientemente precisos como para poder identificarlo en una situación como la que relató: lo vio por la ventanilla del asiento trasero de un vehículo en movimiento, de una marca distinta a la consignada en la denuncia.
Evidentemente, el suboficial Moreno contó con información que no volcó en su testimonio ni en las actuaciones labradas en la etapa preparatoria.
De todo lo anterior se desprende que no solamente se desconoce la fuente de información anónima con la que se dio inicio a las actuaciones, sino que también permaneció oculta la fuente de información que le permitió al suboficial ayudante Moreno relacionar al acusado con la denuncia anónima.
VI. En este panorama, se observa una investigación de funcionarios policiales sobre una persona, con base en información cuyo origen y contenido han permanecido ajenos a los ojos de las instancias judiciales. La cuestión medular en el caso en trato, no pasa por la validez de un procedimiento de identificación personal en un lugar público o de acceso público, en ejercicio del poder de policía estatal, por razones de seguridad general o con miras a la prevención de contravenciones y delitos.
Las características del procedimiento aquí cuestionado son sustancialmente distintas, pues está claro que el seguimiento y la interceptación del automóvil estuvo dirigido en forma expresa y personal en contra del acusado, y en consecuencia, es necesario establecer las razones y los motivos que llevaron a los funcionarios policiales a actuar de esa manera.
Los investigadores argumentaron que el objetivo de la interceptación del automóvil era establecer la identidad de la persona señalada en la denuncia anónima (conf. acta de procedimiento, fs. 4vta. de este legajo). No encuentro aceptables las razones que invocaron los funcionarios policiales, a la luz de las reglas de la lógica y la experiencia común.
Nótese que, en una investigación sobre tráfico de estupefacientes, con las escasas referencias con las que dijeron contar los investigadores, la finalidad de establecer el nombre y apellido del sujeto por medio de un “control policial rutinario”, no sólo no iba a aportar una información sustancial para el éxito de la pesquisa, sino que en realidad, iba en el sentido contrario.
Por un lado, la aparición de una patrulla y un móvil no identificado con la cantidad de policías que se hicieron presentes en el lugar (subcomisario Claudio Martín Riarte, sargento Daniel Rivero, oficial Solange Mieres, oficial Martín Ibarra, oficial Maidana), llamaría la atención del más desprevenido, dándole buenos motivos para desprenderse de cualquier elemento vinculado con la actividad ilícita.
Por otro lado, si el objetivo real de los investigadores era determinar si el acusado estaba realizando la actividad ilícita que se mencionó en la denuncia anónima, ya contaban con suficiente información como para conocer el rostro del acusado, con lo cual podían efectuar un seguimiento en forma encubierta para establecer su domicilio, lugares a los que concurría y en su caso, sitios o modalidad que utilizaría para las maniobras de tráfico de estupefacientes.
Este último es el camino lógico de una investigación de estas características, tal como se verifica en las innumerables causas que llegan a conocimiento de este Tribunal.
En cambio, establecer el nombre y apellido aparece como un dato secundario que no permitía un avance sustancial en la investigación, y por el contrario, importaba asumir un riesgo importante de frustrarla. Esto demuestra que el motivo esgrimido por los funcionarios policiales para interceptar la marcha del automóvil, esto es, “establecer la identidad” de la persona investigada, era ilógica, incompatible con el incipiente estado de la pesquisa, y alejada de los caminos habituales seguidos para este tipo de investigaciones.
VII. Las circunstancias relevadas hasta ahora indican que los funcionarios policiales emprendieron una investigación por iniciativa propia, incumpliendo con su obligación de comunicarla a las autoridades judiciales (conf. art. 296, CPP), y en ese marco, procedieron a detener la marcha del rodado en el que se movilizaba circunstancialmente el imputado, sin razones plausibles que los habilitaran a proceder de esa manera.
A esto se le suma que la prueba rendida en el debate permitió establecer que los investigadores actuaron con base en información cuyo origen y contenido no revelaron.
Ya se dijo que el suboficial Moreno no explicó cómo llegó a su conocimiento que la persona que se trasladaba en el asiento trasero del automóvil Corsa –Santiago Alejo Echavalete-, era el individuo mencionado en la denuncia anónima por su apodo –“Puchi”-.
Pero además, otras circunstancias del procedimiento hacen pensar que probablemente los investigadores contaban con otro tipo de información. De acuerdo con las constancias del acta de procedimiento, había tres funcionarios policiales en un móvil no identificado que seguían al vehículo en el que se trasladaba el acusado (subcomisario Claudio Martín Riarte, sargento Daniel Rivero y oficial Solange Mieres), en el momento preciso en el que una persona se sube al rodado, sin exhibir comportamiento o elemento alguno vinculado con la actividad ilícita denunciada (ver acta de procedimiento, fs. 4 “in fine” y vta.).
Instantes después, la patrulla convocada a tal efecto (conducida por el oficial de policía Martín Ibarra secundado por la oficial Maidana) intercepta el rodado, y el mencionado sujeto –Leonel Bader- que había subido al automóvil dos cuadras antes, “reconoce” que su intención era comprarle sustancia estupefaciente al acusado. La descripción que suministró el mencionado testigo Bader, sobre la forma en la que irrumpió el personal policial, revela un procedimiento que poco y nada tiene que ver con un “control de rutina”, y en cambio, se asemeja bastante a una actuación tendiente a comprobar y detener una conducta ilícita: “(…) Cuando nos pararon nos apuntaron, nos bajaron, nos tiraron al piso (…) Cuando cae la policía, nos tiran a todos al piso (…) “(fs. 11 y vta.). La evaluación de las circunstancias reseñadas genera, en mi opinión, una fuerte presunción de que los funcionarios policiales tenían un acabado conocimiento de los movimientos y actividad del acusado, pero al haber pretendido ocultar su proceder en un “control de rutina” que sorpresivamente generó una actitud agresiva del sospechado, se abre una lógica sospecha sobre la legalidad de la fuente de información con la que contaban.
Si esa información provino de la persona que reconoció su intención de comprarle al acusado sustancia estupefaciente –Bader- (dada el conocimiento previo que tenía con el personal policial de la dependencia que intervino en el procedimiento), no fue un extremo que haya quedado esclarecido en el debate, pero esto no cambia las cosas, pues sí quedó establecido que los funcionarios policiales actuaron sin el conocimiento del fiscal de turno, sin motivos de urgencia, y con base en información cuyo origen y contenido no revelaron.
La Carta Magna federal establece en su art. 18 la garantía de toda persona de no ser detenida sin una orden de autoridad competente que así lo disponga, lo cual no es otra cosa que la existencia de una orden jurisdiccional que ordene concreta y fundadamente la privación de la libertad de una persona contra la que pesa una imputación delictiva y en el marco de un proceso penal. De igual modo, se expresa el art. 16 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Este reaseguro de la libertad de los ciudadanos, se vio potenciada a partir de la reforma constitucional de 1994 al incorporarse al denominado bloque constitucional por la vía del art. 75 inc. 22, distintos tratados internacionales de Derechos Humanos, entre los que cabe mencionar las normas de los arts. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De manera que no tengo duda alguna que la intromisión estatal que implique privar de la libertad a una persona, aun momentáneamente, se halla sujeta a fuertes y precisas restricciones por afectar la libertad ambulatoria entre otros derechos.
Por otra parte, también nuestra Ley Fundamental ha reconocido el derecho de toda persona a no sufrir injerencias arbitrarias (arts. 75 inc. 22, Const. Nac.; 11.2 y 3, CADH; 17.1 y 2, PIDCP), lo cual no puede ser soslayado cuando se dispone la interceptación y requisa de un ciudadano sin una orden expedida por la autoridad judicial a tales fines.
Ello es así por cuanto en el proceso penal de un Estado de Derecho, el respeto por las garantías constitucionales del justiciable, revisten igual importancia que la realización del Derecho Penal material como fin al que se dirige la consecución de actos procesales. Por tal motivo es que la búsqueda de la verdad histórica posea limitaciones en los derechos y garantías de la persona, para cuya afectación la ley procesal regula toda una suerte de reaseguros y procedimientos.
De allí que las requisas personales encuentren su regulación expresa en el art. 225 del Código Procesal Penal, exigiendo una orden judicial fundada en “motivos suficientes para presumir que [la persona] oculta, en su cuerpo, cosas relacionadas con un delito”; y su ejecución por los miembros de la fuerza policial, ha sido contemplada para los casos de urgencia (art. 294 inc. 5° C.P.P.).
Todo debidamente instrumentado mediante acta (art. 225, párr. 3, CPP.) para permitir el control jurisdiccional posterior. Y que, para su ejecución, los funcionarios policiales, además de cumplir acabadamente la ley ritual bonaerense, deben adecuar su actuación “estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas” (art. 9, ley 13.482 de Unificación de las Normas de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires).
Pero, nada de ello es posible verificar en el sub lite, con lo cual y tal como lo adelanté, debe declararse la nulidad del procedimiento en el cual se procedió a la aprehensión y requisa del acusado.
La solución que aquí se propone recorre la senda establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Peralta Cano, Mauricio E." (P. 1666 XLI, sent. 3/5/2007), cuyos fundamentos hago míos.
Y tal como se puso de manifiesto en dicho fallo, retomando los lineamientos impuestos en "Daray Carlos A.", de ninguna manera se avizoran en autos "circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional", o que en virtud de las "circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de (alguna) persona".
Deviene, por consiguiente, inválido todo lo actuado a partir del espurio procedimiento policial (arts. 203 y 207, CPP), y en consecuencia corresponde hacer lugar, sin costas, al recurso de casación deducido, absolver a Santiago Alejo Echavalete del hecho que se le imputa y disponer su inmediata libertad, encomendando su instrumentación al Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes, quien la hará efectiva previa constatación de que no exista ningún otro impedimento legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11.2 y 3, 8.2.h, CADH; 14.5, 17.1 y 2, PIDCP; 15, 16, 17, 168 y 171, Const. pcia.; 20 inc. 1, 151, 153, 203, 207, 210, 225, 293, 294, 296, 373, 448, 450, 454, 456, 460, 463, 530 y 531, CPP). VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral, y esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez, doctor Carral, dijo:
En atención al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde hacer lugar, sin costas, al recurso de casación deducido, absolver a Santiago Alejo Echavalete del hecho que se le imputa y disponer su inmediata libertad, encomendando su instrumentación al Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes, quien la hará efectiva previa constatación de que no exista ningún otro impedimento legal (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac.; 11.2 y 3, 8.2.h, CADH; 14.5, 17.1 y 2, PIDCP; 15, 16, 17, 168 y 171, Const. pcia.; 20 inc. 1, 151, 153, 203, 207, 210, 225, 293, 294, 296, 373, 448, 450, 454, 456, 460, 463, 530 y 531, CPP). ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión el señor juez, doctor Maidana, dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. ASÍ LO VOTO.
Por lo que se dio por finalizado el acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente
I. HACER LUGAR, sin costas, al recurso de casación deducido.
II. ABSOLVER a Santiago Alejo Echavalete Alberti por el hecho que se le atribuyó en esta causa, y DISPONER su inmediata libertad, ENCOMENDANDO su instrumentación al Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mercedes, quien la hará efectiva previa constatación de que no exista algún otro impedimento legal.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 8.2.h, 11.2 y 3, de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14.5, 17.1 y 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15, 16, 17, 168 y 171, de la Constitución Provincial; .; 20 inc. 1, 151, 153, 203, 207, 210, 225, 293, 294, 296, 373, 448, 450, 454, 456, 460, 463, 530 y 531, del Código Procesal Penal. Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
FDO: DANIEL CARRAL - RICARDO R. MAIDANA (JUECES)
ANTE MÍ: PABLO GASTÓN GONZÁLEZ (AUXILIAR LETRADO)
Ante Mi:
Fin de la sentencia