Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 39.222-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el planteo de nulidad articulado por la actora, sin costas.
2Confirmar la Resolución N° 152/2018 (AD CORD) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12756-214-2015, en cuanto condena a la actora por la comisión de las infracciones establecidas en los arts. 986 y 987 del C.A., conforme lo expuesto en los considerandos VI y VII, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-43408267-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 29 de Abril de 2026 Aduanas s/ Apelación”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “ECHENIQUE, MATÍAS JOSÉ c/ Dirección General de Aduanas s/ Apelación”, expediente N° 39.222-A, El Dr. González Palazzo dijo:
I. A fs. 7/14 se presenta la recurrente, con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 152/2018, dictada el 18/05/2018 por la Aduana de Córdoba en las actuaciones administrativas SIGEA N° 12756-214-2015, mediante la cual se la condenó al pago de una multa por la comisión de las infracciones previstas en los artículos 986 y 987 del C.A. Sostiene que el acto recurrido deviene nulo por falta de motivación, cita doctrina y jurisprudencia al respecto. Alega que se ha vulnerado su derecho de defensa, por no haberse definido con claridad la conducta que se le reprocha. Afirma que el servicio aduanero no analizó las previsiones de la Ley 27.260 y su aplicación al caso. Expresa que en los presentes no se acredita el elemento subjetivo requerido por los artículos 986 y 987 del C.A., razón por la cual no se pueden tener por configuradas las infracciones imputadas. Cita jurisprudencia y ofrece prueba. Solicita se revoque la resolución apelada.
II. A fs. 33/38 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado conferido. Realiza un breve relato de los antecedentes del caso. Niega genéricamente todos y cada uno de los hechos y afirmaciones de la contraria que no sean expresamente reconocidos. Refiere a las figuras infraccionales en trato y sostiene que la actora no logra demostrar el cumplimiento de lo requerido por las normas. Resalta el carácter objetivo de las figuras infraccionales y sostiene que, ante la inversión de la carga de la prueba, es el infractor quien debe probar su descargo. Afirma que la actora tuvo oportunidad de demostrar su falta de responsabilidad y no lo hizo. Realiza consideraciones en relación a la infracción imputada y sus tres requisitos, los cuales –remarca– se verifican en el caso de autos. Rechaza que haya existido afectación al derecho de defensa de la actora y afirma que la resolución apelada cuenta con causa y motivación suficientes, resultando un acto plenamente válido. Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba el expediente administrativo vinculado. Formula reserva del caso federal. Solicita se rechace la apelación interpuesta y se confirme la resolución, con costas.
III. A fs. 61 la demandada acompaña las actuaciones administrativas SIGEA N° 12756-214-2015 en formato papel, las cuales se agregan por cuerda, declarándose la causa de puro derecho a fs. 65. A fs. 68, 77 y 94 se intima a la actora a manifestar si desiste del recurso y renuncia a toda acción y derecho en los términos de la Ley 27.260. A fs. 92 la actora solicita se declare la condonación de la multa de pleno derecho, en los términos de la Ley 27.541 y su ampliatoria 27.562, desistiendo a tales fines de la acción y el derecho a fs. 103/104. A fs. 112 se ponen los autos en estado para dictar sentencia y a fs. 114/115 se declara la condonación de la multa. Apelada la sentencia por el Fisco, a fs. 144/146 se expide la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal admitiendo el recurso interpuesto, revocando el decisorio y ordenando la devolución de la causa a este Tribunal Fiscal a los efectos de que se continúe el trámite, según su estado. A fs. 164, encontrándose firme el pronunciamiento de la Alzada, se tienen por devueltos los presentes y a fs. 165 quedan nuevamente en estado de dictar sentencia.
IV. De la compulsa de las actuaciones administrativas surge que las mismas se originaron con la orden de allanamiento de fs. 1 y el acta de allanamiento obrante a fs. 2/4, mediante la cual el servicio aduanero realizó el control en plaza de la mercadería de origen extranjero que se hallaba en el local comercial ubicado en la Avenida Recta Martinolli N° 7120, Departamento 3156, Arguello, de la ciudad de Córdoba, perteneciente a la actora. En dicha oportunidad, se identificaron mercaderías en infracción a la Ley 22.415, procediéndose al secuestro de las mismas y posterior traslado al Depósito de Secuestro y Ventas de División Aduana de Córdoba. Asimismo, se dejó asentado que de la revisión del domicilio no surgió documentación y/o soportes informáticos que resulten de interés para los hechos investigados, razón por la cual no se procedió a secuestrar dichos elementos.
A fs. 8, mediante Informe N° 392/2015 (SE FECO), se indicó que del control de la mercadería de origen extranjero habida en el lugar, se constató que la misma no presenta debidamente aplicados los medios de identificación y/o no justifica documentalmente la tenencia de la misma (conforme Resolución ex ANA N° 2522/1987 y Decreto N° 4531/65).
A fs. 9/10 se labra el acta de denuncia. A fs. 13 se practica la clasificación, valoración y aforo de la mercadería y a fs. 14 se efectúa la liquidación de la multa mínima. A fs. 15 se dispone la instrucción del sumario, en los términos del artículo 1090, inciso c) del C.A., por presunta infracción a los artículos 986 y 987 del mismo cuerpo, ordenándose en el mismo acto la corrida de vista de todo lo actuado al imputado. A fs. 17/28 se presenta la actora y efectúa su descargo. A fs. 33/35 obra el Dictamen Jurídico de rigor y a fs. 36/39 se dicta la Resolución N° 152/2018 (AD CORD) apelada en autos.
V. Que, atento lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en fecha 07/08/2025, corresponde, en primer lugar, expedirse sobre el planteo de nulidad efectuado por la actora, quien sostiene que la resolución recurrida carece de motivación suficiente, circunstancia que habría afectado su derecho de defensa.
Cabe recordar que en la Sección XII, Título II, Capítulo Décimo Tercero del Código Aduanero, el legislador reguló las sanciones correspondientes a la tenencia injustificada de mercadería con fines comerciales o industriales, manteniendo el criterio (anteriormente previsto en los artículos 198 y 199 de la Ley de Aduana) en cuanto a que se trata de infracciones que deben ser severamente penadas por su estrecha vinculación con el delito de contrabando, ya que al consistir en la comercialización de la mercadería presuntamente objeto de aquel, juegan como su complemento necesario (conf. Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine y Héctor Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, Tomo III, Pág. 461/462).
Teniendo presente esta finalidad, la normativa establece una presunción sobre el tenedor de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales, que sólo se desvirtúa si se demuestra la legitimidad de la tenencia de la misma, mediante la aplicación de la estampilla fiscal correspondiente (art. 986) o, en caso de tratarse de mercadería que no se encontrare sujeta a tal obligación, mediante la documentación que justifique su libramiento lícito a plaza (art. 987).
Así, en este tipo de infracciones se produce una inversión del onus probandi, a fin de legitimar la tenencia de la mercadería, atento que la ausencia de los medios de identificación o documentación habilitante, según el caso, son elementos constitutivos de la infracción correspondiente que, una vez constatados, hacen que quede integrado el tipo objetivo, admitiéndose que se pruebe y justifique la causa de la irregularidad.
Volviendo al caso de autos, del examen de los antecedentes administrativos, surge que el servicio aduanero observó el procedimiento correspondiente para las infracciones, encontrándose agregados en el sumario los antecedentes que dieron lugar y sirven de sustento al dictado de la condena que aquí se recurre.
Especialmente, a fs. 8 se encuentra agregado el Informe N° 392/2015 (SE FECO), donde se indicó que del control de la mercadería de origen extranjero se constató que la misma “no presenta debidamente aplicados los medios de identificación y/o no justifica documentalmente la tenencia de la misma” precisando la normativa aplicable al efecto (Resolución ex ANA N° 2522/1987 y Decreto N° 4531/65). Asimismo, a fs. 13 obra el acta de clasificación y aforo de la mercadería en infracción, en la que se consignan las Posiciones Arancelarias (P.A.) de la mercadería involucrada en el procedimiento y a fs. 15 se dispone la apertura del sumario por infracción a los artículos 986 y 987 del C.A.
Respecto a ello, cabe destacar que el contenido del acta de fs. 13 no fue cuestionado ni controvertido por la actora, ni en sede administrativa ni ante esta instancia, razón por la cual corresponde tener por válida la información allí volcada.
En virtud de ello, si bien la aduana no consigna explícitamente qué mercadería se encuentra sujeta a la aplicación de estampillas fiscales, no puede soslayarse que del detalle de las P.A. involucradas en la causa junto con las previsiones contenidas en la Resolución (ex ANA) N° 2522/1987 –cuya aplicación se informa a fs. 8– permiten efectuar, sin mayor dificultad, tal distinción. En efecto, la norma referida contiene el listado de Posiciones Arancelarias correspondientes a la mercadería de origen extranjero sujeta a la obligación de llevar estampillado identificatorio (art. 986 del C.A.), incluyéndose en el mismo a las P.A. 8517.11.00 y 8525.80.29, detalladas a fs. 13.
Como contracara de lo expuesto, la mercadería clasificada en las P.A. 4212.12.00, 8443.99.00 y 8507.80.00, que no se encuentra sujeta a la obligación de estampillado, requiere la demostración del legítimo libramiento a plaza (art. 987 del C.A.).
Asimismo, resulta de importancia destacar que, atento la posibilidad en esta instancia de ofrecer y producir prueba con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables, encontrándose de esta manera salvaguardado el derecho de defensa de la parte.
No obstante, ni en sede administrativa ni en su recurso de apelación surge que la actora haya ofrecido prueba tendiente a desvirtuar ninguna de las imputaciones infraccionales. Distinto sería el caso si la actora hubiese desplegado algún esfuerzo tendiente a acreditar –al menos– el legítimo ingreso a plaza de las mercaderías, situación en la que sería plausible considerar la alegada afectación al derecho de defensa en relación a la infracción del artículo 986 del C.A. (de justificación más rigurosa). Por el contrario, en autos, la recurrente se limitó a plantear la nulidad de la imputación sin siquiera justificar cuáles son las defensas que se vio privada de oponer ni las pruebas que no pudo ofrecer como consecuencia del vicio que denuncia.
Siendo menester agregar, que las conductas reprochadas por cada tipo infraccional se encuentran claramente discriminadas en el recurso de apelación de la parte (ver fs. 21), lo que desacredita la invocada imposibilidad de ejercer su defensa.
Por todo ello, cabe concluir que la nulidad invocada carece de finalidad práctica y, en consecuencia, su declaración no procede en autos, ya que implicaría consagrar una nulidad por la nulidad misma. Por lo expuesto corresponde rechazar el planteo de nulidad opuesto. Sin costas.
VI. Despejado lo anterior, corresponde determinar si se ajusta a derecho la resolución recurrida. En primer lugar, cabe destacar que el artículo 986 del C.A. establece que: “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza”.
De este modo, la norma sanciona a quien tuviere en su poder, con fines comerciales o industriales, mercadería de origen extranjero que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación exigidos por la normativa.
Como se expuso anteriormente, la infracción prevista en dicha norma no tiene un contenido meramente ritual o formal, sino que responde a finalidades de control aduanero claramente identificables, atento que mediante la misma se intenta poner una segunda barrera a las mercaderías que se hubieran filtrado a través de los controles aduaneros en su ingreso al país, aunque no resulte posible detectar si existió al respecto el delito de contrabando. Asimismo, la previsión normativa procura evitar que los medios de identificación faltantes pudieran adherirse a otras mercaderías no ingresadas legítimamente.
En el caso de autos, se encuentran verificados los elementos materiales exigidos por la normativa aplicable, a saber:
(i) se trata de mercadería de origen extranjero, extremo que la recurrente no sólo no controvierte sino que tampoco despliega esfuerzos por demostrar el origen nacional;
(ii) con fines comerciales, lo que surge tanto al considerarse la cantidad de mercadería involucrada como por haber sido encontrada en el local comercial de titularidad de la actora (conf. fs. 1/4 de las actuaciones administrativas), circunstancia que tampoco ha sido cuestionada; y (iii) sin presentar, dicha mercadería, aplicados los medios de identificación exigidos por la Resolución (ex ANA) N° 2522/1987 y sus modificatorias. Recordemos que, tal como se explicó ut supra, dentro del listado de P.A. correspondientes a la mercadería de origen extranjero sujeta a la obligación de llevar estampillado identificatorio, se encuentran las P.A. 8517.11.00 y 8525.80.29 involucradas en autos (conf. el detalle de Nota N° 6/2016 de la Sección Ex Ante de la Aduana de Córdoba, obrante a fs. 13 de las actuaciones administrativas).
Ahora bien, atento lo expresado por la actora en cuanto a que no se acreditaría un comportamiento culposo de su parte, cabe destacar que ante la existencia de una obligación expresa que impone que la mercadería de origen extranjero debe presentar adherida la correspondiente estampilla fiscal y habiéndose constatado el incumplimiento de tal deber, se configura al menos una conducta negligente por parte del comerciante tenedor de la mercadería, quien se encuentra obligado a verificar el cumplimiento de las exigencias de identificación establecidas por la normativa aduanera.
En este escenario, cabe concluir que, para considerar la falta de configuración de la infracción establecida en el art. 986 del C.A., es necesario contar con algún elemento que indique que las estampillas fueron adheridas a la mercadería de autos, lo cual no se encuentra aquí demostrado. Por el contrario, la actora no alegó ni aportó ningún elemento que demuestre o permita inferir la efectiva aplicación de los respectivos instrumentos fiscales, sino que se limitó a sostener que no le es atribuible la responsabilidad, argumento que, como se ha señalado, resulta inaudible a los fines de lograr su exoneración en orden a la infracción imputada.
Por todo lo expuesto hasta aquí, a la luz de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas y lo establecido en la Resolución (ex ANA) N° 2522/1987, sus modificatorias y complementarias, corresponde concluir que se encuentran reunidos los elementos objetivos y subjetivos de la infracción tipificada en el art. 986 del C.A. respecto de la mercadería comprendida en las P.A. 8517.11.00 y 8525.80.29.
VII. En cuanto a la infracción establecida en el art. 987 del C.A., corresponde recordar que dicha norma dispone: “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrare en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986”.
Cabe señalar, en primer lugar, que del texto de la norma transcripta se desprende que la mercadería que se encontrase en infracción en los términos del art. 986 del C.A. no es susceptible de imputación conforme art. 987 del mismo cuerpo legal, excluyéndose de esta manera el concurso de ambas infracciones. Así, como se expresó en el considerando anterior, la infracción tipificada en el art. 986 se configura con la comprobación de la falta de estampillado en la mercadería cuya nomenclatura así lo exige, conforme la normativa señalada precedentemente, con independencia de la documentación que acredite su ingreso legítimo a plaza.
Ahora bien, en el caso de la infracción establecida en el art. 987 del C.A., la misma se configura por la falta de exhibición, ante el requerimiento del servicio aduanero, de la documentación que acredite el ingreso legítimo a plaza de la mercadería importada con fines comerciales o industriales, no sujeta a la obligación de llevar estampillado.
En consecuencia, respecto de la mercadería clasificada en las P.A. 4212.12.00, 8443.99.00 y 8507.80.00, que no se encontraba sujeta a la obligación de identificación y cuyo origen extranjero y finalidad comercial no se encuentran cuestionados –siendo aplicables al respecto los fundamentos desarrollados en los puntos (i) y (ii) del considerando anterior–, al no haber acreditado la actora su ingreso legítimo al territorio aduanero mediante la documentación correspondiente y, más aún, al no haber ofrecido medida de prueba alguna a los fines de demostrar dicho extremo, corresponde tener por configurada la infracción tipificada en el art. 987 del C.A.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Rechazar el planteo de nulidad articulado por la actora, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N° 152/2018 (AD CORD) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12756-214-2015, en cuanto condena a la actora por la comisión de las infracciones establecidas en los arts. 986 y 987 del C.A., conforme lo expuesto en los considerandos VI y VII, con costas.
Así lo voto.-
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero en lo sustancial a la solución propiciada por el vocal preopinante, en cuanto confirma la resolución apelada, por compartir sus conclusiones en orden a la configuración de las infracciones imputadas y la insuficiencia de los agravios vertidos por la actora para desvirtuarlas.
Que, asimismo, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la recurrente, por cuanto, de las constancias de autos, no se advierten vicios que hayan afectado en forma sustancial el derecho de defensa en juicio, en tanto la actora ha podido ejercer adecuadamente sus facultades procesales y articular los planteos que estimó pertinentes.
Que, en efecto, de las constancias de autos —en particular del detalle de las posiciones arancelarias consignadas en el acta de clasificación y aforo de la mercadería en infracción (véase fs. 13 de las act. adm.), y su confrontación con el régimen previsto en la Resolución (ex ANA) Nº 2522/1987 y sus modificatorias— surge un adecuado sustento para la distinción efectuada entre las conductas subsumidas en los artículos 986 y 987 del Código Aduanero, en función de las específicas características de la mercadería involucrada.
Que, en particular, las posiciones arancelarias allí consignadas comprenden mercaderías que, en algunos casos, se encuentran incluidas en el listado previsto en la citada resolución —y, por ende, sujetas a la obligación de estampillado identificatorio—, mientras que otras no lo están, lo que justifica el diverso encuadre infraccional asignado en autos.
Que, en tales condiciones, y no habiendo la recurrente aportado elementos idóneos que permitan desvirtuar la imputación formulada, corresponde confirmar la resolución apelada.
ASÍ LO VOTO.-
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Rechazar el planteo de nulidad articulado por la actora, sin costas.
2. Confirmar la Resolución N° 152/2018 (AD CORD) dictada en el expediente administrativo SIGEA N° 12756-214-2015, en cuanto condena a la actora por la comisión de las infracciones establecidas en los arts. 986 y 987 del C.A., conforme lo expuesto en los considerandos VI y VII, con costas.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben a la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, en los términos del art. 1162 del C.A.
Date: 2026.04.29 11:49:26 ART Date: 2026.04.29 20:00:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.29 20:00:34 -03:00
Fin de la sentencia