Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLo deliberado u conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por mayoría, F A L L A:
1Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard (art. 17 inc. 1 y art. 30 del CPCC) y apartarla del conocimiento y trámite de la presente causa.-
2Rechazar el planteo de nulidad de la sentencia.-
3Rechazar el único agravio vertido y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravio, con costas en la instancia a cargo de la demandada recurrente (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de honorarios hasta que obre en autos regulación en la anterior instancia.- 4°)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9169/25 Sentencia: Definitiva Actor: Echeverria Guido Augusto Demandada: Prevención ART SA Objeto: Demanda Laboral Fecha: 05-05-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los cinco días del mes de mayo de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “ECHEVERRIA, Guido Augusto c/ PREVENCION ART S.A. S/ demanda laboral” Expte. Nº 3320/2021 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia” de la ciudad de Las Heras, que ingresaron en la instancia con el Nº 9169. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M.J. Fernández y Mario Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es procedente la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERO: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que nuestra distinguida colega en PE 2074018/2025 se excusa de intervenir en esta causa por tener participación en ella su esposo el Dr. Eduardo Rubén González. Manifiesta que po9r ello se encuentra comprendida en la causal prevista en el inciso 1º del art. 17 y razones de coro y delicadeza del art. 30 ambas del CPCC.
La relación matrimonial que une a la Dra. Griselda I Bard con el Dr. Eduardo Rubén González es de nuestro conocimiento como lo es del foro local. Corresponde entonces aceptar la excusación formulada por la Dra. Bard al configurarse la causal del inciso 1º del art. 17 del CPCC además de claras razones de decoro y delicadeza que se expusieron. Propongo al Acuerdo aceptar la excusación y apartar a nuestra colega del conocimiento y trámite de estos autos.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
II. La causal invocada por la Dra. Bard es de público conocimiento y se encuentra configurada por la actuación en autos del Dr. Eduardo Rubén González. Por ello adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que a fs. 14 Guido Augusto Echeverría, con el patrocinio de los Dres. Fernando Hernán Kustich y Julián Michavila promueve demanda contra Prevención ART SA por cobre de $2.628.608,55 con más los intereses o lo que en más o menos surja de la prueba por prestaciones dinerarias tarifadas (art. 1 de la ley 26.773 conforme razones de hecho y derecho que expone. Plantea la inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 de la LRT 24.557 se refiere a los antecedentes y la incapacidad diagnosticada por el Dr. José Daniel Del Colle como Espondilo artrosis de columna, hernia de disco lumbar operada y ciatalgia unilateral otorgando una incapacidad del 30,24% que entiende deben ser calificada como enfermedad profesional mencionando su desempeño en relación de trabajo en la empresa nuevo Cerro Dragón SA, Cañadón Grande SA unión transitoria de empresas. Describe las tareas en el campo en tensión eléctrica, manipulando postes, cavando pozos, o con trepadores colocar las fases, zanjeado mantenimiento de los motores de los equipos AIB. Formaliza diversos cuestionamientos. Indica los parámetros para calcular la indemnización.
Al contestar la demanda en la audiencia del art. 47 de la ley 1444 la demandada se presenta en PE 370870/2022 a través de sus representantes Dres. Eduardo Rubén González y Federico Pereyra niegan la autenticidad de la documentación acompañada y cada uno de los hechos afirmados. Como defensa de fondo interpone excepción de prescripción sobre la base de los recibos de sueldo que evidencian que en septiembre de 2018 el trabajador estaba con licencia por enfermedad contradiciendo la primera manifestación invalidante denunciada por el actor y hace referencia a la cirugía que se le practicó. Plantea la falta de nexo causal entre el hecho y el daño. Formula consideraciones y sostiene no haber incumplido con ninguna norma legal en el suceso de autos ni adeuda ninguna obligación con el actor. Se produjeron pruebas y se clausura el periodo de prueba en PE 1089683/2025 fijándose audiencia para que las partes aleguen haciendo uso del derecho solo la parte. Oída la Fiscalía los autos pasan a despacho para dicta la sentencia en PE.1153657/2025 que queda instrumentada en PE 9145224/2025 que tras una serie de consideraciones Falla: 1º) Haciendo lugar a la demanda interpuesta por ECHEVERRÍA Guido Augusto contra Prevención ART SA o Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Por ende, condenando a esta última a pagar-al actor- la suma que surja de la liquidación prevista en el art. 99 de la ley 1444, de conformidad a las pautas establecidas en el considerando, bajo el título: DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LA CONDENA. 2º) Imponiendo las costas procesales al demandado. 3º) Difiriendo la regulación de honorarios para la oportunidad indicada en el Considerando bajo el título COSTAS Y HONORARIOS. 4º) Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula las partes.
IV. Que disconforme con lo resuelto la demandada en PE 1963223/2025 interpone y funda recurso de apelación contra la sentencia que se le concede por providencia simple de PE 1176820/2025 con efecto suspensivo y corre traslado de los agravios. La parte actora contesta los agravios en PE 2009295/ 2024. Los autos se elevan en PE 205816172025 con el certificado de estilo. Recibidos la Dra. Bard se excusa de intervenir en PE 2074018/2025 y se la aparta al resolver la primera cuestión. En PE 2077419/2025 se establece una nueva integración con el Dr. Albarrán como subrogante y en PE 2086410/2025 se llama Autos a Sentencia fijando el orden de estudio.
V. Que el Dr. Federico Pereyra por la demandada funda el recurso interpuesto en un único agravio donde califica de incompleta a la sentencia en crisis. La califica así por cuanto no determina el IBM que se utilizará para determinar el quantum indemnizatorio y en consecuencia no cuantifica el monto real de la condena y remite su jurisdicción al Gabinete Contable. Sostiene que al actuar así el magistrado incurre en dos errores: El primero en delegar su función jurisdiccional en un órgano contable administrativo; y el segundo que la liquidación por ley procesal debe ser confeccionada por la Actuaria.
Recuerda que el juez no puede dejar de fallar conforme lo debatido por las partes conforme el principio de congruencia. Recuerda que lo que hace al cálculo del IBM como del Ripte fueron temas en que las partes realizaron distintos planteos y requieren una decisión expresa y por ello pretende que se declare la sentencia incongruente pues esta omisión podría derivar en otro juicio por las diferentes posturas sobre la forma y modo de calcularlo. Recuerda que en numerosos casos en procesos de idéntica naturaleza el magistrado dicto sentencia precisando los parámetros y practicando la liquidación sin remitir al Gabinete Contable.
Invoca el art. 164 inc. 6º del CPCC que transcribe. Sostiene que se trata de una obligación del juez al dictar sentencia de resolver las cuestiones planteadas y que omitir resolver cuestiones articuladas en un caso de sentencia arbitraria. Califica de fundamental en el asunto sistémico ya que las partes sostienen posturas contrarias, y que el juez no dirime la controversia y dispone que la liquidación se realizará conforme el art. 11 de la ley 27348 y critica esta disposición. Se alarma por lo que califica de liviandad con que no se aborda una cuestión medular para dilucidar el caso. Invoca el deber de motivar las sentencias. Tras otras consideraciones entre las cuales inserta un acuse de nulidad de la sentencia, pide textualmente que la Cámara “revoque la sentencia en crisis en cuanto es materia de agravios a Prevención ART SA.”
VI. Que al contestar los agravios el Dr. Julián Michavila en PE 2009295/2025 sostiene que no asiste razón a la demandada toda vea que bajo el título “determinación del monto de la condena” resolvió que a los fines del cálculo se deberá aplicar el art. 12 de la ley 24.557 texto modificado por el art. ll de la ley 27.348 que se transcribió en la sentencia. Expresa que la sentencia no está incompleta y establece los parámetros con precisión para calcular el ingreso base necesario para la fórmula pertinente. Por ello entiende que no es cierto que no se encuentren resueltas las cuestiones plateadas o que se haya omitido su tratamiento. Por ello es inadmisible el planteo de arbitrariedad da la sentencia y por ello el agravio carece de entidad para conmoverla.
VII. Que en primer término debo señalar que se advierte que el recurrente en el anteúltimo párrafo de su memorial sostiene que “el juez no puede delegar facultades en otros organismos, si así no hace la sentencia es nula de nulidad absoluta e insanable…”. No se ha planteado el recurso de apelación comprendido en el art. 254 del CPCC cuando establece que el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia que a mi criterio no los hay. El magistrado no ha delegado su jurisdicción toda vez que de la lectura de la sentencia se desprende que se ha fijado las pautas para liquidar y se encomendó al Gabinete Contable la serie de operaciones aritméticas conforme las pautas y las fórmulas determinadas en la sentencia con precisas instrucciones sobre la forma de realizarlas y que tengo por reproducidas.
Por ello llego a la conclusión que la sentencia no es incompleta ni nula. Sólo merece ser leída con atención para advertir que no habría en principio controversias entre las partes sin resolver y que merezcan un nuevo juicio en la etapa de ejecución.
Se pretendía que el magistrado realice las operaciones aritméticas para establecer el monto de la condena y que delegar en el Gabinete Contable implica delegar funciones propias (algo prohibido expresamente por el art. 31 de la constitución Provincial). Nada impide que por complejidad o recargo de tareas se encomiende la tarea secundaria al Gabinete Contable en lugar de la Secretaría. El Gabinete sólo debe obtener una suma siguiendo los claros lineamientos fijados en la sentencia y sin apartarse de ella. Si existe un error se puede impugnar toda vez que los errores no son fuente de derecho. Incluso si existe recargo de tareas cualquiera de las partes puede practicar una liquidación y corrérsele traslado a la contraria.
Debe destacarse que no ha sido materia de agravio las pautas fijadas en la sentencia. En realidad sólo ha merecido este inconsistente agravio. Reitero no existió en la actividad del magistrado incumplimiento de la manda del art. 164 inc. 6º del CPCC desde que estableció todas las pautas para liquidar realizando una simple operación aritmética y resolvió todas las discrepancias entre las partes. No advierto que contienda seria podría entablarse en la etapa de ejecución teniendo en cuenta la claridad de la sentencia. Por lo menos no se expresaron en agravios.
Pero mientras el expediente se encontraba en despacho se ha publicado el 6 de marzo en el Boletín Oficial la ley 27.802 de Modernización Laboral que en su art. 217 establece:
“Salvo disposición en contrario los artículos de la presente ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial”
Y esta ley en su artículo 55 establece:
“En los juicios en trámite y aún pendientes de Sentencia definitiva, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios: a) A través de la aplicación de intereses moratorios a la tasa de pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente. b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicional al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual. c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido de aplicar las pautas del inc. b) del presente artículo. Las disposiciones del presente artículo son de orden público y serán aplicadas por los jueces o por la autoridad administrativa, de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concursos del deudor, así como también después de la declaración de quiebra.”
Estamos frente a una ley de orden público que establece la forma que se debe actualizar, de oficio o a petición de parte, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo.
En base a ello debemos modificar oficiosamente la sentencia en crisis disponiendo que el Gabinete Contable al momento de realizar la operación encomendada deberá tener en cuenta que para la aplicación de los intereses moratorios se deberá tener en cuenta la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina a estos fines, teniendo en cuenta que en ningún caso el resultado podrá ser superior al importe que surja de adicionar al capital histórico la resultate de la aplicación sobre el mismo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, ni inferior al 67% del cálculo que se obtiene al aplicar las pautas del inciso b) del art. 55 de la ley 27.802. A los fines del control por el Juzgado y las partes el Gabinete deberá realizar los cálculos conforme los incisos a), b) y c) del citado artículo 55 de la ley de modernización laboral.
Contesto pues en forma afirmativa a la segunda cuestión puesta a consideración del Acuerdo toda vez que la sentencia en cuanto fuera materia de agravio, resulta justa sin perjuicio de modificarla oficiosamente y disponer que el Gabinete Contable deberá tener en cuenta a los fines de los intereses moratorios las disposiciones del art. 55 de la ley 27.802 arriba referidos realizando los cálculos en las tres variantes de la ley. Dado que la sentencia se modifica oficiosamente por imperio de una ley de orden público las costas de la instancia se imponen por su orden de conformidad con el art. 68 párrafo segundo del CPCC. Es mi voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VIII. Que si bien comparto la postura de mi colega Dr. Monelos en cuanto opina que la sentencia de grado en lo que fuera materia de agravio resulta justa, voy a disentir en el punto que propicia modificarla oficiosamente y disponer que el gabinete contable deberá tener en cuenta a los fines de los intereses moratorios las disposiciones del art. 55 de la ley 27.802, concretamente que al momento de llevar a cabo la operación encomendada la actualización deberá hacerse sobre la base de los criterios allí previstos entre los que dispone la aplicación de la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina, teniendo en cuenta que en ningún caso podrá ser superior al importe que surja de adicionar al capital histórico la resultante de la aplicación sobre el mismo del índice de precios al consumidor (IPC) ni inferior al 67 % del cálculo que se obtiene al aplicar esta pauta. En éste sentido, tal como lo sostuve recientemente en los autos caratulados "Balderas, Fabián Marcelo C/Experta ART S.A. S/ACCIDENTE DE TRABAJO", estamos en el caso frente a una acción sistémica encuadrada dentro de un régimen legislativo especial, esto es ley 24.557, que no se ha visto modificada, en lo que aquí particularmente respecta, por la denominada ley de modernización laboral. Pues, vemos que el recurrente básicamente cuestiona que la sentencia está incompleta porque no determina el Ingreso Base Mensual (IBM) para determinar el quantum indemnizatorio y por ende no cuantifica el monto de condena, punto que entiendo no puede ser receptado en tanto como lo dije en otros precedentes, el art. 12 de la ley 24.557, según texto introducido por el art. 11 de la ley 27.348, fija las pautas para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral, siendo precisa cuando establece los parámetros que se deben tomar para determinar el ingreso base que se utilizará para tal fin.
Así las cosas, opino que dicha norma (art. 12 según redacción dada por el art. 11 de la ley 27.348) tomada en la sentencia de grado a los fines del cálculo en razón de adherir el magistrado a la inconstitucionalidad del Dec. 669/2.019, no ha sido sustituida por la norma general, ley Nro. 27.802, cuya aplicación oficiosa propugna mi colega, la que centraliza las modificaciones que introduce en la materia en la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 20.744 sin alterar el sistema de cálculo del monto indemnizatorio derivado de accidentes de trabajo, el cual, a mi criterio, se mantiene plenamente vigente. En definitiva, se tratan de sistemas distintos y por ello no comparto la postura del juez preopinante. Por estas razones y conforme lo anticipe, llego a similar solución que la propuesta por el Dr. Monelos en cuanto rechaza el único agravio vertido por el recurrente, pero entiendo que se debe mantener la forma de cálculo del monto de condena estipulado en la sentencia de primera instancia.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
IX. En atención a lo resuelto por los colegas preopinantes, llamado a dirimir la cuestión, adhiero al voto del Dr. Fernández por compartir sus fundamentos.-
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
X. Que por las razones expuestas al responder a las anteriores cuestiones propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard (art. 17 inc. 1 y art. 30 del CPCC) y apartarla del conocimiento y trámite de la presente causa. 2º) Rechazar el planteo de nulidad de la sentencia. 3º) Rechazar el único agravio vertido y modificar oficiosamente la sentencia en crisis disponiendo que el Gabinete Contable al momento de realizar la operación encomendada deberá tener en cuenta que para la aplicación de los intereses moratorios se deberá tener en cuenta la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina a estos fines, teniendo en cuenta que en ningún caso el resultado podrá ser superior al importe que surja de adicionar al capital histórico la resultate de la aplicación sobre el mismo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC, ni inferior al 67% del cálculo que se obtiene al aplicar las pautas del inciso b) del art. 55 de la ley 27.802. A los fines del control por el Juzgado y las partes el Gabinete deberá realizar los cálculos conforme los incisos a), b) y c) del citado artículo 55 de la ley de modernización laboral. las costas de la instancia se imponen por su orden de conformidad con el art. 68 párrafo segundo del CPCC. 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta que obre en autos regulación en la anterior instancia. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XI. En función de los argumentos expuestos en mi voto propongo al acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1) Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard (art. 17 inc. 1 y art. 30 del CPCC) y apartarla del conocimiento y trámite de la presente causa. 2) Rechazar el planteo de nulidad de la sentencia 3) Rechazar el único agravio vertido y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravio, con costas en la instancia a cargo de la demandada recurrente (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de honorarios hasta que obre en autos regulación en la anterior instancia. 4) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al juzgado de origen.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XII. Por la forma en que me pronuncié a la segunda cuestión adhiero al voto propuesto por el Dr. Fernández.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 05 de mayo de dos mil veintiséis
Lo deliberado u conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por mayoría, F A L L A:
1. Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard (art. 17 inc. 1 y art. 30 del CPCC) y apartarla del conocimiento y trámite de la presente causa.- 2°) Rechazar el planteo de nulidad de la sentencia.- 3°) Rechazar el único agravio vertido y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravio, con costas en la instancia a cargo de la demandada recurrente (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de honorarios hasta que obre en autos regulación en la anterior instancia.- 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al juzgado de origen. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara- Presidente; Mario Albarrán- Juez de Cámara; Humberto E. Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 028 S.261 Tomo: CV Sentencia: 3199 Folio Nº: 145/150 Secretaria: 1
Fin de la sentencia