Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 34160-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada, con costas de instancia a su cargo;
2Rechazar las apelaciones dirigidas contra la regulación de los honorarios;
3Establecer los honorarios correspondientes a esta instancia con arreglo al punto IX.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
44064/2022 ECO PAMPA SA (TF 34160-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2022, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en los autos “Eco Pampa SA (TF 34160-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, revocó las resoluciones nºs 6509/2013, 6510/2013, 6522/2013 y 7351/2013 e impuso las costas a la parte demandada que resultó vencida. Para decidir de esa manera, expresó los siguientes fundamentos:
1. La firma actora documentó la exportación de las mercaderías en la posición arancelaria nº 0201.30.00 y nº 0202.3000 “liquidando el SIM el 5% de derechos de exportación”.
2. De las actuaciones administrativas surge que la Aduana ordenó “formular cargos, señalando que la recurrente ha utilizado una alícuota distinta a la fijada por el nomenclador SIM, dado que correspondía el pago del 15% de derechos de exportación porque al momento imponible había entrado en vigencia la IV Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de la Mercadería” incorporada al “ordenamiento jurídico nacional” por medio del decreto 509/2007.
3. El artículo 3° de la resolución nº 184/2007, que entró en vigencia el 21 de septiembre de 2007, restableció la vigencia del derecho de exportación del 5% que, con anterioridad, preveía la resolución 160/2005.
4. Por medio de la nota nº 322/2008 (DI PNPA) se dispuso que debía formularse los cargos correspondientes en concepto de derechos de exportación para las destinaciones que habían sido oficializadas entre el 24 de mayo de 2007 y el 9 de septiembre de ese año que hayan validado el texto “EXPO.ORGANICTOTXT”.
5. El servicio aduanero tiene facultades para revisar los documentos cancelados y formular los cargos que correspondan “pero ello no implica que no asuma sus propios errores, salvo dolo o culpa grave del contribuyente”.
6. No se encuentra controvertido que el sistema informático María aplicó a las operaciones involucradas una alícuota del 5% sobre los derechos de exportación “por lo cual en este aspecto la contribuyente pudo considerarse razonablemente liberada de su obligación tributaria”.
7. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que aún “mediando error en la percepción de un impuesto, no podría invocarse por el Estado para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de resultar de inmediata verificación por el contribuyente (…) (Fallos, 209:213; 258:208; 259:382; 264:124)”.
II. El Fisco Nacional apeló la sentencia (fs. 131) y expresó agravios (fs. 138/149) que fueron replicados (fs. 154/171). Ofrece los siguientes planteos:
i. La decisión cuestionada desplaza la aplicación del decreto 509/2007 en favor de una liquidación efectuada por el “SIM” y esa norma establecía la alícuota que debía aplicarse a los derechos de exportación.
ii. Que el “SIM” haya permitido validar la alícuota del 5% al momento de liquidar el impuesto no sustituye, en caso de discordancia, ni mucho menos deroga la alícuota que resulta aplicable según la legislación vigente.
iii. La firma actora no podía desconocer que “al validar la opción aplicaba una alícuota que ya se encontraba derogada” y, por tanto, que el “pago efectuado resultaría inferior al debido”.
iv. No debió considerarse que el pago produjo un efecto liberatorio en tanto el artículo 792 el Código Aduanero establece que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 44064/2022 ECO PAMPA SA (TF 34160-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO “(…) el pago no extingue la obligación aduanera cuando su importe fuere inferior al debido (…)”.
El letrado de la firma actora (fs. 189) y la parte demandada (fs. 187) cuestionaron la regulación de los honorarios de fs. 180/181 efectuada por el Tribunal Fiscal en favor de aquel profesional.
III. La cuestión controvertida es sustancialmente análoga a la que fue examinada y resuelta por esta sala en las causas n°s 22912/2012 “Biocardales S.A. (TF 28136-A) c/ DGA”
(pronunciamiento del 10 de septiembre de 2013) y 29.134/2013 “Biocardales S.A. (TF 28129-A) c/ DGA” (pronunciamiento del 6 de marzo de 2014), a cuyas consideraciones corresponde remitir por razones de brevedad.
Dichos pronunciamientos están firmes ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó, en ambas causas, los recursos extraordinarios deducidos por el Fisco Nacional, con sustento en que no “refut[ó] el fundamento de la decisión” recurrida (sentencias del 1 de julio de 2014 y del 18 de noviembre de 2014, respectivamente).
IV. Debe, pues, rechazarse los agravios dirigidos por el Fisco Nacional al plano sustancial de la contienda.
V. Las costas de esta instancia quedan a cargo del Estado Nacional dado que es sustancialmente vencido (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VI. El letrado de la firma actora sostiene que la base regulatoria que debe tomarse para establecer los honorarios profesionales es la que expresó el vocal Soria en la sentencia del 16 de marzo de 2022 que, en minoría, consideró que la suma de U$S 65.596,09, consignada en el formulario “F4” (fs. 1), debía ser convertida al tipo de cambio vigente al 12 de febrero de 2020 en que se dictó el pronunciamiento sobre el fondo de la controversia.
El Fisco Nacional considera que los honorarios regulados son “altos”.
VII. Cabe recordar que esta sala ha sostenido que “el hecho de que las obligaciones tributarias aduaneras, como las que aquí se hallan involucradas, nacidas con posterioridad a la sanción de la ley 25.561 deban ser liquidadas y canceladas de la forma establecida por el artículo 20 de la ley 23.905 —es decir, que se cancelan en pesos, aplicando el tipo de cambio vigente al del efectivo pago —, no se deriva que la base regulatoria debe establecerse de acuerdo a esa conversión” (causas nºs 14.850/2019, “TNT Mercurio Cargas e Encomendas Expressas SA (TF 34489-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 55.345/2019 “Mobil Argentina SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y 8100/2018 “Petrobras Energía S.A. (TF 32775-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 15 de agosto y 5 de diciembre de 2019, y del 20 de febrero de este año, respectivamente).
De tal modo, la conversión del monto de U$S 65.596,09 al tipo de cambio vigente a la fecha de interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal es adecuada a los efectos de justipreciar la retribución de los profesionales intervinientes en el presente litigio (esta sala, causas “Bavosi S.A. c/ DGA. s/ recurso directo de organismo externo” pronunciamiento del 17 de julio de 2020 y “Vireyes Agropecuaria SA (TF 31166-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 21 de octubre de 2021).
VIII. Dada la naturaleza del proceso, el monto involucrado —para el que cabe tomar la suma establecida por el Tribunal Fiscal—, la única etapa cumplida, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional cumplida a la luz del resultado obtenido, corresponde confirmar la regulación de los honorarios a favor del Dr. Pablo F.
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44064/2022 ECO PAMPA SA (TF 34160-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Gofman en la suma de $212.980, más el monto de $44.725,80 dada su “calidad de responsable inscripto frente al IVA”, por la tarea cumplida en la instancia anterior.
IX. Sobre pautas análogas, toda vez que la labor profesional en esta instancia fue cumplida con la vigencia de la ley 27.423, se establece en 6,51 UMA los honorarios en favor del Dr. Pablo F. Gofman —equivalente a la suma de $ 63.869, 61 según la acordada 25/2022 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación— por los trabajos realizados (artículo 30 y concordantes de la ley 27.423). A esa suma deberá adicionarse el impuesto al valor agregado dada la condición de responsable inscripto que fue acreditada por dicho profesional.
En mérito de las razones expuestas propongo al acuerdo: 1. Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada, con costas de instancia a su cargo; 2. Rechazar las apelaciones dirigidas contra la regulación de los honorarios; 3. Establecer los honorarios correspondientes a esta instancia con arreglo al punto IX. Las juezas Clara María do Pico y Liliana María Heiland adhieren al voto precedente En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios ofrecidos por la parte demandada, con costas de instancia a su cargo; 2. Rechazar las apelaciones dirigidas contra la regulación de los honorarios; 3. Establecer los honorarios correspondientes a esta instancia con arreglo al punto IX.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia