Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 22.571-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PLA N° 2681/2006 dictada en la Actuación N° 600.763/00 (ADGA 2003- 605.620), en cuanto a la exigencia tributaria allí impuesta a la actora, la que se reduce, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON SEIS CENTAVOS ($ 223.527,06.-) con más el CER aplicable a la fecha de pago, todo ello con más con los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 05/11/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2Costas según los respectivos vencimientos, las que se fijan en un 55% a cargo de la actora y en un 45% a cargo del fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-29864208-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 29 de Marzo de 2022 apelación” - Expte. N° 22.571-A.
Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los señores Vocales de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal titular de la 20ª Nominación), Horacio J. Segura (Vocal titular de la 21ª Nominación), y Miguel Nathan Licht (Vocal Titular de la 19ª Nominación), a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES c/DGA s/recurso de apelación” - Expte. N° 22.571-A.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 9/15 se presenta la actora, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PLA N° 2681/06 dictada en el expediente N° 600.763/00 mediante la cual se resolvió condenar a la firma CIORLA, LUIS ROMULO por infracción al art. 970 del C.A., intimando a su parte, en carácter de aseguradora de la firma imputada, al pago de la suma de $ 496.272,10.- en concepto de tributos. Sostiene que no ha emitido póliza alguna a favor de la DGA y que corrobora lo expuesto que en el expediente no existe póliza de caución que la obligue, con lo cual no hay instrumento válido para responsabilizarla. Opone la excepción de prescripción basada en que desde la fecha de infracción en que se configuró el siniestro hasta la fecha de reclamo a la aseguradora, pasó en exceso el plazo de un año dispuesto en los arts. 58 y 59 de la ley de seguro.
Deja constancia de que antes de esa fecha nunca se efectuó reclamo, citación o aviso a la firma garante. Manifiesta que el presente constituye un supuesto de exclusión total y absoluta de la cobertura, conforme los arts. 70 y 114 de la ley 17.418 que determinan que el asegurador no indemnizará si el tomador o el beneficiario han cerrado el siniestro con culpa grave de su parte. Entiende que la supuesta existencia del contrato de seguro y la creencia de que los tributos aduaneros serían indemnizados, han hecho que el tomador se haya despreocupado del riesgo, no poniendo en el caso la diligencia debida, todo ello en perjuicio de la compañía de seguros. Afirma que además de la negligencia demostrada por la firma importadora al no cumplir con el régimen de importación temporaria, su falta de comparecencia al sumario demuestra que el importador ha obrado con culpa y/o dolo en detrimento de la aseguradora.
Expresa que no existen pruebas en el expediente administrativo que determinen que se haya hecho saber al importador que deba presentar constancias de la reexportación de las mercaderías importadas temporalmente. Esta irregularidad afecta el derecho de defensa en juicio y el debido proceso adjetivo. Solicita que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 972, 267, 274 y 275 del C.A. por cuanto las citadas normas resultan arbitrarias y afectan el derecho de propiedad de la aseguradora. En subsidio, impugna la liquidación practicada respecto de los gravámenes y multa por resultar arbitraria. Manifiesta que no puede aplicarse lo previsto por el art. 15 de la Res. 72/92, que establece que cuando se autorice la importación a consumo de la mercadería ingresada bajo el régimen de importación temporal deberá abonarse una suma adicional del 30% del valor en aduana de la mercadería.
Asevera que aplicar la sanción prevista en la norma para un hecho que no se encuentra tipificado en ella, implicaría la afectación directa del principio de legalidad y del derecho de defensa en juicio. Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se revoque el decisorio aduanero, con costas.
II. Que a fs. 25/31 la representación fiscal contesta el traslado conferido. Niega todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueren objeto de su especial reconocimiento. Opone excepción de improcedencia formal del recurso interpuesto, atento haberse operado Cosa Juzgada de la Resolución N° 2681/06 dictada por el Departamento Contencioso. Manifiesta que la resolución cuestionada fue notificada a la aseguradora el 31/10/2002 en el mismo domicilio donde posteriormente le fue notificada la liquidación de la deuda aduanera mediante el cargo N° 20.698/07; y que debe entenderse excedido el plazo de 15 días que otorga el C.A. para apelar, puesto que el recurso de apelación se interpuso con fecha 8/11/2006 y respecto de la liquidación del cargo reliquidatorio.
Advierte que en su escrito de apelación la actora manifiesta que lo que viene a apelar es la resolución de la A.F.I.P. del 28/06/2006, habiéndose notificado ésta última resolución al mismo domicilio donde se notificó la resolución que apela en autos. Agrega que al apelar el cargo pretende la recurrente desvirtuar los efectos propios del instituto de la cosa juzgada, al haber operado la misma, y que debe considerarse improcedente el recurso planteado por cuanto intenta reabrir una cuestión precluida, ya que dicho cargo aquí apelado consistió únicamente en la suma intimada en la resolución, debidamente notificada, con más su actualización e intereses, por lo que de esta manera la decisión del juez administrativo se encuentra firme y ha devenido en autoridad de cosa juzgada.
Solicita se haga lugar a la excepción opuesta. Subsidiariamente contesta el recurso de apelación, al expresar que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora del deudor principal y la ejecutabilidad inmediata de la garantía ante el incumplimiento del tomador. Cita jurisprudencia. Señala que la aseguradora se obligó en virtud de las pólizas como un fiador solidario. Plantea que el importador no habría cumplido con las obligaciones asumidas como consecuencia del beneficio del régimen de importación temporaria amparado por la solicitud de Importación Temporaria D.I.T. 97-001-IT16-228-M, habiéndose configurado, en consecuencia, el siniestro que autorizó a su representada, en calidad de asegurada, a reclamar el pago pertinente por parte de la Aseguradora.
Señala que, configurado el hecho gravado, el servicio aduanero tiene derecho a requerir el pago pertinente al tomador del seguro o a la compañía aseguradora. Sostiene que, con relación al límite de la póliza, la actora se obligó a abonar la suma que pudiere resultar en exceso por aplicación del art. 1122 del C.A.; y que en cuanto a la pretensión de que se le aplique la normativa de seguros, dichos argumentos no hallan asidero legal, atento que dicha normativa no es aplicable al caso en cuestión, ya que la obligación tributaria que origina esta causa se rige por normas aduaneras, que son las específicas y que prevalecen, por lo que debe desestimarse sin más el planteo efectuado por la recurrente en cuanto a la eventual prescripción.
Entiende que el planteo de inconstitucionalidad opuesto por la actora es improcedente en virtud de lo dispuesto por el art. 1164 del C.A. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. A fs. 32 se tiene por presentada a la demandada y por agregadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, y se le corre traslado a la actora de la excepción de Cosa Juzgada planteada por la representación fiscal. A fs. 33/34 obra la contestación de la recurrente, y a fs. 43/44 se resuelve rechazar la excepción de Cosa Juzgada opuesta por el Fisco y declarar improcedente la liquidación del Cargo N° 20.669/07 en tanto la resolución DEPLA N° 2681/2006 no se encuentra firme. A fs. 62 se dispone, en uso de las facultades conferidas por el art. 1143, y como medida para mejor proveer, librar oficio a la Dirección General de Aduanas a fin de que remita el original de la póliza de caución si la hubiere, expedida por la actora. A fs. 69/73vta. obra la contestación a dicha medida, mediante la cual se acompaña la póliza requerida.
IV. A fs. 74, con fecha 2/02/2022 se elevan los autos a la Sala “G”, y a fs. 75, con fecha 15/02/2022, notificada con fecha 23/02/2022, se llaman autos a sentencia.
V. Que surge de la compulsa de las actuaciones administrativas vinculadas a la presente, las cuales tramitaron mediante el Nº 600.763/2000, se formuló denuncia contra el importador CIORLA, LUIS ROMULO por presunta infracción al art. 970 del C.A. respecto al D.I.T. Nº 97-001-IT16-228-M. A fs. 04 obra agregado el sobre contenedor del D.I.T. involucrado y documentación complementaria. A fs. 07 se instruye sumario en los términos del art. 1090, inc. c) del Código Aduanero. A fs. 13 obra copia certificada de la identificación de la garantía Nº 97 001 010392 Y correspondiente a la póliza de seguro de caución Nº 506611 emitida por la recurrente. A fs. 15 se liquidan los tributos aplicables y la multa mínima. A fs. 16 se corre vista a la sumariada y se cita a la recurrente en su calidad de aseguradora de la obligación tributaria, a estar a derecho. A fs. 26 se la declara en rebeldía a la imputada, y a fs. 27 se tiene por decaído el derecho de la aseguradora de ejercer sus defensas ante su incomparecencia. A fs. 30/31 se dicta la resolución DE PLA nº 2681/200, apelada en estas actuaciones.
VI. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo que efectuara la recurrente respecto la inexistencia de la póliza. Que lo categóricamente afirmado resulta desvirtuado, en primer lugar, con la compulsa de las actuaciones administrativas, en razón de que se encuentra agregada a fs. 13 de las mismas copia certificada de la identificación de la garantía Nº 97 001 010392 Y correspondiente a la póliza de seguro de caución Nº 506611 por medio de la cual LA ECONOMIA COMERCIAL S.A. DE SEGUROS GENERALES garantizó a la D.G.A. el pago en efectivo de hasta la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 641.000.-) que resultare obligada a efectuarle al importador Luis Rómulo Ciorla por aplicación de las disposiciones legales y/o reglamentarias vigentes en materia aduanera e impositiva, como consecuencia de la importación temporaria de las mercaderías del caso de autos. Asimismo, cabe destacar que ya mediante el auto de corrida de vista (ver fs. 16 de los antecedentes administrativos) se había puesto en conocimiento de la compañía aseguradora el número de póliza mediante la cual había garantizado el pago de los tributos de la operación que nos ocupa.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería, sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo, CTC etc.) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporal ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que la referida carga de la prueba de los beneficiarios del régimen se manifiesta en la obligación de solicitar la cancelación de las importaciones temporales, dando a conocer mediante una declaración adecuada los permisos de embarque por los que la mercadería ha sido reexportada, y/o las destinaciones de importación por las cuales se hubiera nacionalizado -total o parcialmente- la mercadería importada temporalmente, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
Que en el caso de autos, la actora no ofreció prueba en esta instancia a fin de acreditar la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el citado D.I.T. Consecuentemente, se han producido los efectos tributarios e infraccionales legalmente previstos al respecto (arts. 274 y 970 del C.A.), correspondiendo por ende confirmar la resolución apelada, en cuanto exige los tributos adeudados respecto de la mercadería documentada en el D.I.T. de autos. Que es reiterada y pacífica la jurisprudencia de los tribunales, en el sentido de que la carga de la prueba en relación al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la importación temporal se encuentra a cargo del importador, o de su garante en su caso.
VII. Que la póliza en virtud de la cual la Aduana funda su exigencia a la firma aseguradora es la N° 506.611 (ver al respecto la copia de la póliza en cuestión acompañada por la D.G.A. a fs. 69 de autos en respuesta a la medida para mejor proveer dictada a fs. 62), respecto de la obligación tributaria que hubiera podido resultar de la importación temporaria realizada por la firma CIORLA, LUIS ROMULO, mediante el D.I.T. involucrado.
Que tratándose la cuestión debatida en la especie de la intervención de una compañía aseguradora mediante la extensión de un seguro de caución a favor del servicio aduanero, no estando regulada en particular la relación entre dicho servicio y la aseguradora en la legislación del seguro, pero dándose la referida caución como una garantía en los términos de los artículos 453 inc. c) y 455 inc. d) del Código Aduanero, y no regulándose tampoco en dicho Código la situación de ese garante frente al servicio aduanero eventual acreedor, corresponde considerar a la mentada aseguradora como un fiador (garante) y a sus relaciones y/o derechos y deberes frente al acreedor (asegurado) en el contexto de la regulación del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994, de necesaria aplicación supletoria. En ese orden de ideas, el fiador (en este caso la actora aseguradora) puede oponer al acreedor (el servicio aduanero), todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (importador), y puede intervenir en la contienda entre el acreedor y dicho deudor. Que, así las cosas, lo que se pretende al citar al deudor solidario en el procedimiento en el que se debate la responsabilidad del deudor principal, es poner en su conocimiento las razones por las que se exige su cumplimiento de la obligación garantizada, el monto líquido de la suma cuyo pago se le reclama, el plazo de que dispone para cancelarla, etc., lo cual garantiza el ejercicio de sus derechos a ocurrir ante un organismo jurisdiccional y ejercer sus defensas, ofreciéndole la oportunidad de ser oído, antes de recaer una resolución en la que se encuentre involucrado. Al respecto no debe olvidarse que, como ya se señalara, el fiador puede oponer al acreedor, todas las excepciones propias y aún las del deudor principal (conforme art. 1587 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994).
Que según surge del art. 462 del Código Aduanero y de las condiciones generales de las pólizas, el requerimiento de pago contra el asegurador sólo depende de la formulación del cargo al deudor principal, en cuyo procedimiento se le ha dado intervención al asegurador para garantizar su derecho de defensa. No existe beneficio de excusión alguno para el Asegurador.
Que, resulta claro que la D.G.A. no se encuentra obligada a esperar que la resolución que formula el cargo se encuentre firme contra el importador para proceder luego a formular reclamo al asegurador. De acuerdo al art. 3° de las condiciones generales de las pólizas (condiciones generales comunes a todas las pólizas emitidas a favor de la Aduana por este tipo de garantía), basta para formular el reclamo al garante el mero hecho que el cargo se hubiera formulado, resultando la posibilidad de que la resolución contra el tomador se encuentre firme, una mera alternativa a opción del acreedor. Que, por lo demás, el reclamo al asegurador al momento de la formulación del cargo, en el caso al momento de correr vista del sumario, le permite intervenir en su tramitación y ejercer debidamente los derechos de defensa que han sido referidos más arriba.
Que, en consecuencia, cabe concluir que el servicio aduanero tiene causa y acción para perseguir el cobro de tributos en los términos del contrato de que se trata, a la aseguradora aquí recurrente.
VIII. Que corresponde señalar que la defensa que la recurrente intenta citando los arts. 70 y 114 de la ley de contrato de seguro, resulta inaplicable en la situación de autos por estar previstas para otro tipo de situaciones. Que teniendo en cuenta la naturaleza de la póliza de caución involucrada, cuyo único fin precisamente es cubrir el riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones del importador frente a la Aduana, sean éstos incumplimientos voluntarios o no voluntarios, intencionales o derivados de situaciones forzadas o de fuerza mayor, es que los incumplimientos del importador de cualquier origen constituyen precisamente el riesgo asegurado. Es la propia naturaleza de la póliza involucrada lo que la hace prever que cubre precisamente ese riesgo.
Que, en relación a esta cuestión la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re “Estado Nacional c/Prudencia Cia. de Seguros Generales S.A.”, sentencia de fecha 30/06/92, ha considerado que en el seguro de caución no existe un verdadero riesgo asegurable -entendiendo por riesgo a un hecho ajeno a la voluntad de las partes-, sino que los que asegura es, simplemente, el incumplimiento imputable al tomador con relación a sus obligaciones frente al beneficiario. Ese incumplimiento origina la obligación del asegurador de abonar las sumas adeudadas por el tomador al beneficiario.
IX. Que, resuelto lo anterior, cabe analizar el planteo de prescripción introducido por la aseguradora, el cual a todas luces deviene improcedente, por cuanto ante la existencia de una ley particular para la materia del caso (como lo es el Código Aduanero), las disposiciones de la Ley de Seguros, mencionadas por la actora, no resultan de aplicación. En el caso que nos ocupa, la firma importadora garantizó -mediante la utilización de un contrato de seguro de caución- el pago de los tributos que resulten exigibles por la importación para consumo irregular de las mercaderías involucradas -introducidas inicialmente temporariamente-, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones a su cargo.
Que ello así, corresponde analizar la naturaleza jurídica de los contratos de seguro de caución, a los efectos de resolver la procedencia o no de la defensa articulada por la recurrente.
Que en cuanto a su naturaleza, y siendo que en este tipo de contratos la aseguradora se obliga al pago de una suma estipulada ante el mero vencimiento de la obligación del tomador sin que la hubiera cumplido, adherimos a la postura doctrinaria y jurisprudencial que entiende que estos seguros no son un contrato de seguro propiamente dicho, sino un contrato de garantía que se instrumenta mediante una póliza de seguro. La Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Nación Argentina c/ Prudencia Compañía Argentina de Seguros Generales S.A.” ha sostenido que en los seguros de caución el negocio jurídico aparece como un verdadero contrato de garantía bajo la forma y modalidades del contrato de seguro, donde la aseguradora garantiza el cumplimiento de las obligaciones del tomador frente al beneficiario, resultando de aplicación la regulación y principios propios del contrato de seguro -porque así es la voluntad de las partes- en todo aquello que no contradiga a la esencia de la relación jurídica, que consiste en la celebración de un contrato de garantía (Fallos: 315: 1408).
Que, como quedara expuesto, las acciones dirigidas contra la aseguradora aquí recurrente no prescriben sino hasta que hubieran prescripto las acciones del servicio aduanero para percibir tributos de conformidad con las disposiciones del Código Aduanero.
Que la prescripción de la acción del Fisco se rige por lo dispuesto en los arts. 803 y 934 del C.A., que establecen un plazo de cinco años.
Que en relación a la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera, el art. 804, primera parte, del C.A., establece que la prescripción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado.
Que, por aplicación de la citada norma, resulta que, en el caso que nos ocupa, la prescripción de la acción del Fisco comenzó a correr el 1º de enero de 2000, toda vez que la obligación tributaria nació al vencimiento del plazo de permanencia de la mercadería importada temporariamente sin haberse cumplido con la obligación de reexportar, que en el presente, según la fecha denunciada por el servicio aduanero, habría operado el 25/1/1999 -circunstancia ésta no controvertida en las presentes actuaciones-.
Que, por su parte, el auto por el que se dispuso la apertura del sumario por incumplimiento de las obligaciones contraídas con relación al D.I.T. que nos ocupa, de fecha 28/11/2001 (ver fs. 7 de las actuaciones administrativas), suspendió el curso de la prescripción (conf. art. 805, inc. a), del C.A.).
Que, cabe recordar que, conforme lo prescribe el art. 807 del C.A., la suspensión de la prescripción que operó para la firma importadora, también surte efecto en relación a los deudores solidarios, en este caso la aseguradora aquí recurrente. Que, por lo expuesto, no se ha producido la pretendida prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos, por lo que corresponde desestimar el planteo de la firma aseguradora en tal sentido.
X. Que sentado lo precedente, corresponde expedirse sobre la incorporación del derecho adicional en la liquidación practicada en las actuaciones administrativas, lo cual fue motivo de agravio a fs. 14, del recurso de apelación de autos. Que corresponde estar a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Codorniu Argentina S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” (CAF 30796/2016/CA1-CS1) del 26/12/2017.
Que en relación al derecho adicional la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se ha expedido en la causa Frisher S.R.L. (TF 16.236-A) c/ ANA” en la cual remitió a la doctrina sentada en la causa “IEF Latinoamericana S.A.(TF 16.912- A) c/ DGA”, donde sostuvo que el derecho adicional resulta aplicable en aquellos casos donde se ha registrado una solicitud de destinación para consumo con posterior autorización por parte del servicio aduanero y no en los casos en que corresponde imponer la sanción prevista en el art. 970 del C.A. por incumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al vencimiento del plazo acordado. Al respecto sostuvo que “...no puede afirmarse sin más que hubo una imprevisión en el autor de la norma por la sola circunstancia de que ese recargo lo haya dispuesto únicamente para quien solicite expresamente la nacionalización de la mercadería. En efecto, quien no regulariza en término la situación de los bienes es pasible de la sanción prevista por el art. 970 del Código Aduanero, pues tal conducta constituye -en principio- una infracción prevista y penada por ese cuerpo legal. De tal manera, la autoridad que dictó la referida resolución 72/92 puede haber considerado, como una solución razonablemente posible, que para el infractor era suficiente la aplicación del citado art. 970, y que no se justificaba imponerle, además de la sanción allí establecida, y del pago de los derechos de importación vigentes al vencimiento del plazo para reexportar (...) un recargo adicional como el discutido en el sub examine” (página 6, considerando 9, párrafo tercero).
Que en el caso de autos, no corresponde el pago del derecho adicional previsto por el art. 23 del Decreto 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación. Ello así, en razón de que aquí se trata de una importación a consumo irregular proveniente de una operación de importación temporaria -”nacionalización ficta”-, penada mediante la infracción prevista del art. 970 del C.A.
XI. Que asímismo, corresponde también acogerse a lo dispuesto por nuestro Máximo Tribunal en autos: “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) C/EN-DGA Resol. 2590/06 (Expte. Nº 604155/01) s/Dirección General de Aduanas”; por el que se establece que no corresponde aplicar el I.V.A. Adicional y el impuesto a las Ganancias.
Que la cuestión analizada por la CSJN en la causa citada “supra”, radicó en determinar si la Aduana se encuentra facultada para exigir el pago de las percepciones del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias conforme a lo establecido en las resoluciones generales DGI 3431/91 y 3543/92 luego de vencidos los plazos correspondientes a las declaraciones juradas en las que resultan computables esos tributos.
Que en el citado precedente la C.S.J.N. ha dicho: “9) Que, al ser ello así -tal como acertadamente se asevera en el dictamen obrante a fs. 223/225- a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos.
Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998) y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos: 285:177).
10. Que, sobre esa base, cabe concluir que cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal”.
XII. Que, en consecuencia, corresponde efectuar la reliquidación de los tributos, sin incluir el derecho adicional, el I.V.A. Adicional y el impuesto a las Ganancias, en virtud de lo expuesto en el Considerando anterior. A tales efectos, se tiene en consideración la liquidación efectuada a fs. 15 de las actuaciones administrativas.
LIQUIDACION DIT N° 97 001 IT16 228 M RUBROS % TRIBUTOS
Valor en Aduana Mercadería 545.653,77 DERECHO IMPORTACION DIEM 87.304,60 ESTADISTICA 0,50% 2.728,27 BI IVA 635.686,64 IVA 21,00% 133.494,19 TOTAL 223.527,06 XIII.- Que en el caso de autos, corresponde la aplicación del C.E.R., conforme surge del propio art. 3°) de la Resolución DE PLA N° 2681/06, apelada en autos, punto sobre el cual no se han expresado agravios en el escrito de apelación de la actora.
Que corresponde la aplicación del CER sobre los tributos, toda vez que tratándose de una obligación generada por un hecho anterior a la entrada en vigencia de la Ley 25.561 (infracción al artículo 970 del C.A. de fecha 15/03/1998), los tributos se liquidaron conforme al artículo 20 de la ley 23.905, es decir en dólares (U$S). La deuda tributaria quedó “pesificada” al momento de entrar en vigencia el decreto 214/02 (con paridad 1 a 1), es decir “en virtud” de dicho decreto (y no había sido pesificada por el servicio aduanero antes de dicho decreto). En cuanto a la expresión de la deuda en pesos en la corrida de vista de fs. 16 del expediente administrativo, fue efectuada en fecha 18/10/2004, es decir con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 214/02. Por eso no es aplicable al caso el criterio de la C.S.J.N. sentado en el caso “Editorial Perfil”, sentencia del 12.8.06, y sí es aplicable el criterio de dicha C.S. sentado en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica”, sentencia del 17/04/07, en el sentido de que cuando la deuda se pesifica por la entrada en vigencia del dec. 214/02 (es decir el 03/02/2002) el CER es inescindible del capital adeudado.
Que ello importa que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se le aplique a la apelante, en tanto que su obligación quedó convertida a pesos con fecha 3/2/02, por imperio de los arts. 1°, 4° y 8° de este Decreto.
En conclusión, la obligación tributaria nació expresada en dólares estadounidenses al tiempo de registro del D.I. en cuestión, por aplicación del art. 20 de la ley 23.905 (B.O. 18/2/1991), subsistiendo como tal a la fecha en que entró en vigencia la ley de emergencia 25.561, por lo cual no cabe duda que resulta alcanzada por la pesificación dispuesta por el Decreto N° 214/02, del 3/2/2002.
En consecuencia, cabe modificar la exigencia tributaria, por cuanto la firma aseguradora adeuda, en su carácter de garante el importe de los tributos determinados precedentemente: derechos de importación, tasa de estadística e IVA por la suma de $ 253.319,76.- con más el C.E.R. aplicable a la fecha de pago, todo ello sin perjuicio de los intereses devengados sobre dichos rubros, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.
XIV. Que, por aplicación de la doctrina sentada por la C.S.J.N. ya referida, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado, por lo que procede su inclusión a los efectos del cómputo de los intereses (sobre los rubros en que se determinó procedente).
XV. Que las normas que atribuyen competencia a este Tribunal, no comprenden la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes dictadas en materia aduanera o tributaria (art. 1164 del C.A.).
Sin perjuicio de ello cabe señalar que el apartado 2, del art. 972 del C.A., a juicio de la suscripta, en manera alguna podría considerarse inconstitucional, porque lo allí normado sólo remarca que el cumplimiento en término de las obligaciones del régimen de importación temporal resulta de tal importancia, que el vencimiento de los plazos sin cumplimentarse la obligación de reexportar la mercadería afecta la finalidad del propio régimen legal, lo que en manera alguna puede considerarse inapropiado o inconsecuente con la institución reglada.
Que en lo relativo a la alegación de inconstitucionalidad de los arts. 267, 274 y 275 del C.A., ninguna fundamentación autónoma ha aportado la recurrente, razón suficiente para desestimar esa impugnación. A ello cabe agregar que la alegación de inconstitucionalidad de un régimen que acuerda franquicias o beneficios tributarios no puede alegarse tardíamente, cuando con motivo de la obtención de ese régimen se lo aceptó por el importador, sin reserva alguna al serle concedido.
XVI. Que en cuanto al tope máximo de responsabilidad deberá resultar de convertir el monto asegurado por la póliza (U$S 641.000), en la relación $ 1 = U$S 1, con más el CER que corresponda al día anterior al pago (U$S 1 = $ 1, en los términos del art. 8° del dec. 214/02, con la aplicación del CER previsto en el art. 4° dec. 214/02 por tratarse de una obligación contraída en dólares con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto).
XVII. Que en lo que respecta a la limitación de su responsabilidad, la actora debe los tributos debidos por el importador/tomador del seguro de caución (deudor principal), pero con el monto límite de la garantía dada y la salvedad de adicionar (al importe de dicho monto límite, si fuera que los tributos que adeuda la importadora lo superan) los accesorios que correspondan. Esa suma máxima era, según lo expresamente pactado y según lo establece el art. 1578 del Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994 (disposiciones sobre la fianza supletoriamente aplicable al caso), el tope hasta donde podía resultar obligada la aquí actora aseguradora, sin perjuicio, claro está, de los accesorios, aún si con ellos se excediese dicha suma.
Lo dicho, se recalca, cualquiera fueran o hubieran sido las razones para determinar ese límite o suma máxima. De modo tal que, si el importe derivado del siniestro (sin accesorios) es mayor que la suma máxima garantizada, ésta última es la que el asegurador debería abonar, con más los accesorios correspondientes. Que el importe nominal de los tributos determinado en el último párrafo del Considerando XII.- queda comprendido dentro de los U$S 641.000 (más el CER) dados en garantía por la actora; por lo que es por ese importe que, como importe nominal, debe responder la aseguradora, y es a ese importe al que aquí se le deben adicionar los correspondientes accesorios XVIII.- Que respecto de los intereses, es ya pacífica jurisprudencia que, como principio general, el garante responde por los intereses debidos por el deudor principal, es decir la importadora (básicamente, por aplicación del art. 1580 Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994), lo que así corresponde cuando -obviamente- la mora de dicho deudor principal es anterior a la propia mora del garante, y que, también como principio general, el garante responde por los intereses de su propia mora cuando ésta es anterior a la mora del deudor principal (es decir que en tal supuesto los intereses debidos por el garante se calculan desde antes de los intereses que individualmente debe el deudor principal).
En el caso de autos, la aseguradora fue citada el 22/10/2004 (ver fs. 20 de las act. adm), es decir con anterioridad a la fecha de notificación a la firma importadora que fue practicada mediante la publicación de edictos en fecha 30/11/2004 (ver copia de publicación de edictos obrante a fs. 24 de las act. adm.). Por lo tanto los intereses corren, en el caso, desde el 05/11/2004 (art. 794 del C.A.).
XIX. Que en consecuencia, corresponde confirmar parcialmente la resolución apelada en cuanto a la exigencia tributaria formulada a la parte actora, la que se reduce, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 223.527,06.-) con más el CER aplicable a la fecha de pago, en concepto de derechos de importación, tasa de estadística e I.V.A., todo ello con más con los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 05/11/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago. Con costas según los respectivos vencimientos, las que se fijan en un 55% a cargo de la actora y en un 45% a cargo del fisco.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PLA N° 2681/2006 dictada en la Actuación N° 600.763/00 (ADGA 2003- 605.620), en cuanto a la exigencia tributaria allí impuesta a la actora, la que se reduce, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON SEIS CENTAVOS ($ 223.527,06.-) con más el CER aplicable a la fecha de pago, todo ello con más con los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 05/11/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2. Costas según los respectivos vencimientos, las que se fijan en un 55% a cargo de la actora y en un 45% a cargo del fisco.
El Dr. Segura dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Licht dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Sarquis.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PLA N° 2681/2006 dictada en la Actuación N° 600.763/00 (ADGA 2003- 605.620), en cuanto a la exigencia tributaria allí impuesta a la actora, la que se reduce, declarando que los tributos adeudados ascienden a PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON SEIS CENTAVOS ($ 223.527,06.-) con más el CER aplicable a la fecha de pago, todo ello con más con los intereses devengados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 794 del C.A., desde el 05/11/2004 hasta la fecha de total y efectivo pago.
2. Costas según los respectivos vencimientos, las que se fijan en un 55% a cargo de la actora y en un 45% a cargo del fisco.
Regístrese, Notifíquese, y firme que se encuentre la presente por Secretaria General de Asuntos Aduaneros procédase a la devolución de los antecedentes administrativos, y oportunamente Archívese.
Date: 2022.03.29 16:05:08 ART Date: 2022.03.29 16:08:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.29 16:12:08 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.29 16:12:37 -03:00
Fin de la sentencia