Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2021-38361426-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución RESOL-2021-19-EAFIP-ADBABL#SDGOAI de fecha 07.04.21 de la Aduana de Bahía Blanca y la validez de la LMAN 19003LMAN005590F emitida por la misma aduana por la suma de U$S de Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintiséis con 12/100 (U$S 24.426,12) con más los intereses correspondientes hasta la fecha de pago, imponiendo las costas en el orden causado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-89147401-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 25 de Agosto de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En el día de la fecha, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Hugo H. Juárez, con la presidencia de la Vocal mencionada en segundo término, para resolver en los autos caratulados “EDCO GRAINS S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN” – Expediente EX- 2021-38361426-APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I.-Objeto del proceso: Determinar si la resolución RESOL-2021-19-EAFIP-ADBABL#SDGOAI de fecha 07.04.21, dictada por la Aduana de Bahía Blanca en las actuaciones SIGEA 19144-1155-2019 resulta ajustada a derecho. Dicha resolución decidió rechazar el procedimiento de impugnación iniciado por la actora contra la LMAN 19003LMAN005590F que liquidó una deuda por derechos de exportación de Dólares Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintiséis con 12/100 (U$S 24.426,12) con más los intereses correspondientes hasta la fecha de pago. Mientras la actora considera que la mercadería exportada -productos “orgánicos”- no se encuentra alcanzada por derechos de exportación bajo el decreto 361/16 (BO: 17.02.16), la Aduana opone que la mercadería quedó gravada con los derechos de exportación fijados por el decreto 793/18 (BO: 04.09.18).
II. Fundamentos del recurso de apelación: El 03.05.21 Edco Grains S.A. interpone el recurso de apelación previsto en el art. 1132 del Código Aduanero (“CA”) contra la Resol-2021-19-E-AFIP-ADBABL#SDGOAI, dictada por la Aduana de Bahía Blanca, en el expediente SIGEA 19144-1155-2019. Señala que mediante dicha resolución el servicio aduanero no hizo lugar a la impugnación contra la LMAN 19003LMAN005590F, que determinó que debía abonar la suma de USD 24.426,12 en concepto de derechos de exportación. Refiere a los hechos de la causa recordando que el Congreso, como un modo de alentar la producción de productos “orgánicos”, dictó la ley 25.127. En línea con lo establecido por el Congreso, el 17.02.16, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 361/16, en cuyo artículo 1 estableció una alícuota del 0% de derechos de exportación para los productos “orgánicos”, sin importar la Posición Arancelaria (“PA”) en la que sean clasificados.
Destaca que el referido artículo 1 del decreto 361/16, establece, sin hacer mención a Posición Arancelaria alguna: “Fijase en la alícuota del CERO POR CIENTO (0%) el derecho de exportación para productos que revistan la condición de orgánico, conforme la legislación nacional y que cuenten con la correspondiente documentación oficial que así lo acredite”. Indica la actora que la norma referida se encuentra vigente desde el 17.02.16 e implica que las exportaciones para consumo de los productos orgánicos, con independencia de la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del Mercosur (“NCM”) en la que clasifiquen, no se encuentran gravadas con derechos de exportación. Señala que no debe perderse de vista que los “productos orgánicos” clasifican en las mismas posiciones arancelarias que los “productos convencionales” (no orgánicos), razón por la cual la PA en la que dichos productos orgánicos clasifiquen (compartida con la de los productos convencionales) no resulta ser trascendente al momento de aplicar la alícuota del 0%, conforme lo estipula el artículo 1 del decreto 361/16.
Ejemplifica que los productos pueden ser tanto convencionales como orgánicos y señala al maíz, el arroz, la lana, la soja, los porotos, el lino, el azúcar, los aceites, entre otros, que se clasifican arancelariamente en las mismas posiciones y tradicionalmente tributaron -en cuanto productos “convencionales”- un arancel de derechos de exportación distinto al 0% establecido por el artículo 1 del decreto 361/16 para los productos “orgánicos”. Opone que en el caso de los productos “orgánicos” la PA en la que se clasifican no interesa en relación a su tributación, por cuanto cualquiera sea el producto “orgánico” y su posición arancelaria (lino orgánico, aceite orgánico, soja orgánica, lana orgánica, maíz orgánico, trigo orgánico, etc., productos que clasifican en distintas posiciones arancelarias) si se acredita su condición de orgánico, el artículo 1 del decreto 361/16 establece una alícuota, “siempre”, del 0%.
Destaca que lo anterior, con fines eminentemente recaudatorios, fue perdido de vista por la Aduana. Ejemplifica con casos prácticos del tratamiento arancelario entre soja “convencional” y “orgánica”, destacando que esto último depende de la correspondiente documentación oficial. Sostiene que esto fue acreditado en las actuaciones administrativas para la operación de exportación de autos y que la Aduana no lo ha discutido ni controvertido. Se refiere luego al dictado del decreto 793/18 y su alcance, y fundamenta su posición de cómo dicha norma opera en relación al decreto 361/16, oponiendo que la situación preexistente (arancel del 0% para los productos orgánicos) no se alteró por su dictado, refiriendo específicamente a la operación de exportación de autos amparada bajo el Permiso de Embarque (“PE”) 19003EC01001462F, oficializado el 12.03.19.
En el capítulo IV-b) del recurso de apelación destaca que, a poco que se observe el texto del decreto 793/18, no surge de él que haya sido intención del legislador incluir a los productos orgánicos, los cuales ni siquiera son mencionados. Observa que, si bien en el párrafo 5 de los considerandos del decreto se menciona al decreto 361/16 (sólo en general), este último decreto trata en sus artículos 2 (sustitución del art. 4 del Decreto 133) y 3 (incorporación al Anexo I del Decreto 133/15) modificaciones de alícuotas de determinadas posiciones arancelarias, las cuales no caben dudas fueron modificadas por el decreto 793/18. Es decir, en tales artículos 2 y 3, a diferencia del régimen especial -de alícuota 0%- establecido por el art. 1 del decreto 361/16 para productos orgánicos, se modificaron alícuotas de “posiciones arancelarias” de productos convencionales.
Reitera que, con sólo leer el decreto 361/16, puede observarse que en su art. 2 se modificaron las alícuotas al 0% de las mercaderías ubicadas en las posiciones arancelarias de los Capítulos 50 a 53 de la NCM y en el art. 3 se incorporaron posiciones arancelarias con sus respectivas alícuotas (vg. PA 1517.90.10 correspondiente a Mezcla de aceites refinados que no contienen aceite de soja, fijándose una alícuota del 15%, etc.) las cuales no discute que han sido positivamente modificadas por el decreto 793/18. En consecuencia, rechaza la posición de la Aduana de que la operación de exportación estuviera alcanzada por las alícuotas establecidas por el decreto 793/18. Plantea, en subsidio, que aun si pudiera considerarse que el art. 1 del decreto 361/16 no resultara aplicable, debería aplicarse el art. 2 del decreto 793/2018 (conforme el texto del art. 2 del decreto 865/2018, vigente a la fecha de la oficialización del PE de autos), correspondiendo aplicar “el límite” establecido en dicha previsión, no pudiendo abonarse en concepto de derechos de exportación un monto superior a los $ 4 por dólar de valor imponible, importe que según lo dispone dicho artículo debe mantenerse en pesos hasta la eventual cancelación de la obligación.
Dicho esto, plantea que la resolución apelada es arbitraria pues resuelve una cuestión distinta a la planteada, en tanto versa sobre el fallo de la Corte “Camaronera Patagónica”, no referido en el recurso de impugnación. Cita jurisprudencia de este tribunal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que avalan su posición. Refiere también a los dictámenes 216:1, 209:237 y 370 de la Procuración del Tesoro de la Nación. Finalmente acompaña prueba documental, plantea el caso federal y solicita se haga lugar a la apelación, revocándose la resolución apelada y la LMAN impugnada, con costas.
III. Contestación del traslado: Con fecha 01.07.21 la representación fiscal contesta el recurso de apelación mediante la IF-2021-59059700-APN-DTD#JGM y acompaña las actuaciones administrativas expediente SIGEA 19144-1155-2019 mediante el IF-2021-59059855-APN-DTD#JGM. En el Capítulo III de su contestación realiza un relato de los antecedentes de la causa. Seguidamente, cumpliendo el imperativo legal, en el Capítulo IV, niega todos y cada uno de los hechos, afirmaciones, derecho, documentación y/o copias que contenga el recurso de apelación que no fueron objeto de expreso reconocimiento, o que no surjan de la prueba documental. En el Capítulo V señala que el recurso de apelación de la actora no hace más que reiterar lo expuesto en sede administrativa; contra ello sostiene la argumentación contenida tanto en la resolución apelada como en el dictamen jurídico antecedente, a cuya fundamentación y conclusiones se remite.
Opone que la cuestión que se suscita en autos se encuentra regulada por los decretos 361/16 y 793/18. Señala que mediante el decreto 361/16 se fijó una alícuota del 0% de derecho de exportación para los productos que revistan la condición de orgánico. Señala, asimismo, que mediante el decreto 1126/2017 se aprobó la NCM ajustada a la VI Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y en su art. 11 se mantuvo la alícuota del Derecho de Exportación del 0% establecida por los decretos 133/15 y 361/16, con ciertas excepciones que se detallan en su Anexo XIII. Indica que, posteriormente, mediante el decreto 793/2018 se fijó hasta el 31.122020, un derecho de exportación del 12% a las exportaciones de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM; destaca que esto último se hizo considerando diversas circunstancias que hicieron necesario modificar transitoriamente los niveles de derechos de exportación.
Por todo ello, mediante el decreto 793/18 se fijó un derecho de exportación, transitorio y adicional al previsto en el decreto 1126/2017, aplicable a todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM. Destaca que la medida fue adoptada por el Poder Ejecutivo dentro de las facultades otorgadas por el artículo 755 del CA. En consecuencia, la demandada entiende que el decreto 793/18 determinó un nuevo esquema de derechos de exportación, con topes máximos, aplicable a la totalidad del universo arancelario, estableciéndose como única excepción la del art. 3 del decreto 865/18 (“EXPORTA SIMPLE"). Destaca también que los derechos de exportación resultantes deberán adicionarse a los existentes, es decir los previstos por el decreto 361/16 y 1126/17.
Manifiesta que, al tratarse de dos esquemas arancelarios diferenciados, en los que las reducciones arancelarias definidas en uno no pueden ser consideradas en el otro, la condición de orgánica de la mercadería únicamente generará efectos sobre el nivel arancelario determinado por el decreto 1126/17 (que comprende la alícuota del 0% determinada en el artículo 1 del decreto 361/16), pero no así sobre el nivel arancelario determinado por el decreto 793/2018. Contra lo manifestado por la actora en su recurso, la demandada opone que, de los mismos considerandos del decreto 793/18, surge que se ha previsto expresamente los casos de mercaderías que contaban (a la fecha de su dictado) con alícuota del 0%.
Destaca que mediante el decreto 793/18 se estableció un derecho de exportación aplicable a todas las posiciones arancelarias de la NCM. Indica que surge de la simple lectura del decreto 793/18 que fue intención del legislador incluir los productos orgánicos al momento de incrementar las respectivas alícuotas. Con fundamento en lo anterior concluye que, con el dictado del decreto 793/18, fueron modificadas -transitoriamente y hasta la fecha allí establecida- las alícuotas establecidas por el decreto 361/2016 para los productos orgánicos. Señala que no existe razón a la actora para afirmar que el decreto 793/18 “no deroga ni modifica el decreto 361/16 (…)” ya que, por el contrario, el primero de ellos refiere a todas las posiciones arancelarias y establece una medida transitoria y de excepción teniendo en cuenta las circunstancias detalladas en los considerandos de la misma norma, y no incluye excepción alguna para los productos orgánicos.
Expone fundamentos teóricos sobre los principios jurídicos aplicables al dictado e interpretación de normas sucesivas. Señala que el servicio aduanero entiende que la aplicación de la norma que expone es la que corresponde a su correcta interpretación, que surge de su texto como de los fines tenidos en cuenta para su dictado. Aclara que las exportaciones de productos “orgánicos” no se encontraban desgravadas (“exención tributaria”), sino que se encontraban gravadas con una alícuota de 0%, por lo que cabía adicionar la alícuota transitoria del 12% de derechos de exportación del decreto 793/18 a la del 0% establecida por el decreto 361/16 (negrita en el texto original de la contestación del traslado).
Cita jurisprudencia de la Corte Suprema que avalaría tal posición. Sostiene la interpretación complementaria que debe realizarse de ambos decretos y agrega que el Poder Legislativo mediante ley 27.467 estableció que “mantendrán su validez y vigencia los decretos (…) 793 del 3 de septiembre de 2018 y sus modificaciones, como (…) toda otra norma vigente que se haya dictado en el marco de aquellas facultades”. Cita nuevamente jurisprudencia de la Corte Suprema y opone que la jurisprudencia referida por la actora no resulta aplicable al presente caso. Finalmente ofrece como prueba documental las actuaciones administrativas, plantea la reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con expresa imposición de costas a cargo de la parte actora.
IV.-Proceso en el Tribunal Fiscal: Que, contestado el recurso de apelación por la DGA el 01.07.21, el 06.07.21 se corre vista a la actora de las actuaciones administrativas acompañadas por la DGA (PV-2021-60501435-APN-VOCXIII#TFN). El 01.08.22 se declara la causa de puro derecho y se eleva los autos a la Sala “E” (PV-2022-78833888-APN- VOCXIII#TFN). El 22.08.22 se llaman los autos a sentencia (IF-2022-87558652-APN-VOCXIII#TFN).
V. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas: A fs. 1/8 de las actuaciones administrativas SIGEA 19144- 1155-2019, iniciadas el 08.04.19, obra el recurso de impugnación presentado por la actora contra la LMAN 19003LMAN005590F correspondiente al PE 19003EC01001462F. A fs. 9 obra copia de la cédula de notificación SICNEA a la actora -el 27.03.19- de la referida LMAN, a fin de que cancele el importe de U$S 24.426,12. A fs. 10, con fecha 02.05.19, obra el “Proveído de Presentación” -dictado por la Sección Inspección Ex Ante (i) de la Aduana de Bahía Blanca- respecto de la impugnación interpuesta por la actora contra la LMAN en los términos del art. 1053 del CA, disponiendo la suspensión de sus efectos, todo lo cual se notifica a la actora el 08.05.19 por medio de la cédula agregada a fs. 13. A fs. 14/18 se agregan copia del PE involucrado, la LMAN impugnada y resumen del trámite de la impugnación. A fs. 20/21, con fecha 22.08.19, obra Informe 295/2019 de la Sección de Inspección Simultánea ratificando la aplicabilidad del decreto 793/18 a la exportación de autos, que rige para “TODAS las posiciones arancelarias de la NCM incluidas las del decreto antes mencionado” (el decreto al que refiere es el 361/16). A fs. 21/22, con fecha 16.04.19, la actora acompaña, mediante el SIGEA 19144-1155-2019/1 que se agrega al principal, copia del certificado orgánico expedido por Food Safety S.A., entidad autorizada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, con su correspondiente aval y que ampara el PE 19003EC01001462F. A fs. 23/77 obra copia del contenido del sobre contenedor correspondiente al PE involucrado con la documentación complementaria comercial y de traslado de la mercadería. A fs. 78/88, con fecha 16.12.20, obra el dictamen jurídico 20/20 del art. 1040 del CA. A fs. 89/94 obra la resolución RESOL- 2021-19-EAFIP-ADBABL#SDGOAI de fecha 07.04.21 apelada en estos autos y cuya notificación tiene fecha 23.04.21 (fs. 96 de las act. adm.).
VI. Decisión del caso: No se encuentra controvertido en autos: 1) que la exportación involucrada, documentada mediante el PE 19003EC01001462F (oficializado el 12.03.19), fue de productos orgánicos; 2) que tales productos orgánicos gozaban, conforme el art. 1 del decreto 361/16 (BO: 17.02.16), de un régimen tributario especial por el que fueron gravados con una alícuota de derechos de exportación del cero por ciento (0%); 3) que el decreto 793/18 (BO: 04.09.18), mediante sus arts. 1 y 4, estableció una alícuota de derechos de exportación del 12 % que, en la literalidad de su art. 1, aplica a todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM, con vigencia hasta el 31.12.20. (carácter transitorio de la nueva alícuota) y que en el caso de mercadería que ya estuviera gravada, la alícuota del 12% se adiciona a la alícuota que estuviera vigente (art. 4 del decreto); 4) la validez constitucional del decreto 793/18 al momento de la oficialización de la exportación de autos (12.03.19), habiendo sido ratificado por el art. 82 de la ley 27.467 (BO: 04.12.18) de presupuesto para el año 2019.
Dicho lo anterior debe señalarse que el decreto 793/18 dispone, con absoluta claridad, en su art. 1: “Fíjase, hasta el 31 de diciembre de 2020, un derecho de exportación del DOCE POR CIENTO (12%) a la exportación para consumo de todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR (NCM)” (el destacado es propio); y en su art. 4: “En el caso de mercaderías cuya exportación ya está gravada, el derecho de exportación establecido en el art. 1º será adicionado a los derechos de exportación vigentes (…)”. El Código Aduanero, en su art. 10.1., define como mercadería a “todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado”. Los productos orgánicos exportados bajo el PE de autos 19003EC01001307D son mercaderías en los términos jurídicamente concordantes de los citados arts. 10.1 del CA y 1 del decreto 793/18. A su vez los productos orgánicos, en cuanto mercaderías, se encontraban gravados al momento de la entrada en vigencia del decreto 793/18 (sea cual fuera la fecha que se considere -el 04.09.18 o el 04.12.18-) con un alícuota del Cero por Ciento (0%), con lo cual, conforme lo dispone el art. 4 del decreto 793/18 debía adicionarse la alícuota del 12% del artículo 1, con vigencia hasta el 31.12.20. Las normas antes referidas indican, como objeto de la nueva alícuota aplicable del decreto 793/18, a las mercaderías, precisando que son “todas” (art. 1 del decreto 793/18) y que la nueva alícuota se adiciona a las “mercaderías cuya exportación ya está gravada”. En ningún caso dichas normas distinguen entre clases de mercaderías, ni hacen excepción respecto de alguna especie o calificación en relación a ellas. El alcance universal del art. 1 incluye, pues, como objeto de la nueva alícuota del 12% a las mercaderías que revisten en la categoría de productos “orgánicos” del art. 1 del decreto 361/16 como también, obviamente, a las mercaderías “convencionales”, que comparten, promiscuamente, con las referidas mercaderías “orgánicas” las diferentes posiciones arancelarias de la NCM.
Vale señalar también que lo anterior se encuentra conteste con los considerandos del decreto 793/18 que, en su párrafo quinto, enlista al decreto 361/16 entre otros en los que se “fijaron derechos de exportación aplicables a diversas mercaderías” y que, a su vez (párrafo sexto), redujeron al “CERO POR CIENTO (0%) la alícuota aplicable para una gran cantidad de posiciones arancelarias”. En el párrafo 10º de los considerandos, refiriendo a todo lo dicho anteriormente -párrafos quinto y sexto-, se señala que “el nuevo contexto internacional, la necesidad de acelerar la consolidación fiscal, y las recientes alteraciones cambiarias y su efecto en los precios internos hacen necesario modificar transitoriamente los niveles de derechos de exportación”. En consecuencia, los párrafos quinto, sexto y décimo de los considerandos del decreto 793/18, en su correcta lectura armónica, ratifican la posición del Poder Ejecutivo -cristalizada en los arts. 1 y 2 del decreto- de gravar con la nueva alícuota adicional del 12 % a los productos orgánicos (mercaderías) del decreto 361/16, que se encontraban gravados con la alícuota especial del cero por ciento (0%).
Finalmente, la vigencia actual del decreto 361/16, no derogado por el decreto 793/18, resulta normativamente coherente, desde que la alícuota del 12% instaurada por este último decreto es adicional y transitoria -hasta el 31.12.20- respecto a las ya establecidas al entrar en vigor el decreto 793/18 (del 0% en el caso de los productos orgánicos). Por demás, en la técnica legislativa propia de la materia impositiva, cuando una especie normativa se encuentra ya gravada, como sucede en este caso, los diferentes niveles de alícuotas que se aplican a ella se sustituyen por normas sucesivas (e.g.: alícuota del 0% pasa al 10%, luego al 5%, luego al 20%) sin necesidad de derogación expresa de la norma que estableció el nivel previo de alícuota, correspondiendo la nueva alícuota desde la vigencia de la norma que la fija.
Dicho todo lo anterior, el encomiable esfuerzo argumentativo de la parte actora no puede ser convalidado por este tribunal, en tanto no se verifica en su razonamiento un examen sintáctico y semántico atento, fundamentalmente, del art. 1 del decreto 793/18. Como se expuso, dicha norma dispuso, con claridad, la fijación de la alícuota adicional transitoria del 12% respecto del universo total de mercaderías (sin excepción) de las posiciones arancelarias de la NCM; no respecto, y exclusivamente, de las posiciones arancelarias de dicha NCM, sin referir a las diferentes clases de mercaderías existentes que, promiscuamente, podrían caer dentro de dichas posiciones arancelarias poseyendo un tratamiento arancelario especial previo.
Un supuesto como el último (aumento general de alícuotas para todas las PA sin referir a mercaderías), que no es el de este caso, podría considerarse, sí, como exceptuando, incluso implícitamente, una clase de mercaderías de la nueva norma arancelaria general, por gozar de un régimen arancelario previo especial. Tal supuesto (aumento de alícuotas para todas las PA sin hablar de “mercaderías”) hubiera permitido colegir, como pretendió incorrectamente la actora en autos, la subsistencia de un régimen arancelario especial previo sobre mercaderías específicas (e.g. alícuota del 0% para productos orgánicos del art. 1 del decreto 361/16) respecto un nuevo régimen arancelario general sobre las PA que no aludiera a mercaderías.
Traducido en términos de principios jurídicos de interpretación de normas o leyes sucesivas, la correcta solución del presente caso es la siguiente: la norma arancelaria especial previa subsiste respecto a la norma arancelaria general posterior, salvo cuando la norma arancelaria general posterior comprende, sin distinción ni excepción expresa, la misma materia sobre la que versa la norma especial previa. Es lo que sucede, en el presente caso, con el art. 1 del decreto 793/18 que comprende a “todas las mercaderías”, sin excepcionar o distinguir expresamente a mercaderías (productos orgánicos) que tenían un arancel especial previo (alícuota del 0%). Asimismo, el art. 1 del decreto 793/18 y la recta interpretación de los párrafos quinto, sexto y décimo de sus considerandos comprenden expresamente a tales mercaderías en la decisión de aumentar los niveles arancelarios, conforme se ilustró supra.
En definitiva, las únicas hipótesis normativas en las que el art. 1 del decreto 793/18 no hubiera sido aplicable sobre los productos orgánicos del art. 1 del decreto 361/16 –subsistiendo el régimen especial de alícuota Cero (0%)- son: (i) que los productos orgánicos no fueran mercaderías -lo que es jurídicamente erróneo, conf. art. 10.1 del CA; son mercaderías-; (ii) que el art. 1 del decreto 793/18 predicara exclusivamente sobre todas las posiciones arancelarias, pero no sobre mercaderías. En tal caso subsistiría el tratamiento arancelario especial previo para ciertas mercaderías -orgánicas- que se encontraran bajo las PA comprendidas por la nueva norma general de aumento de alícuotas que no refiriera a mercaderías (no es la hipótesis de este caso, aunque fuera la que la actora erróneamente creyó aplicaba a su operación de exportación”); (iii) que la disposición general del art. 1 del decreto 793/18 respecto a “todas las mercaderías” comprendidas en las posiciones arancelarias de la NCM, hubiera contenido una excepción expresa respecto del art. 1 del decreto 361/16 (“productos orgánicos”) manteniéndose así el tratamiento arancelario especial previo de alícuota Cero (0%) en relación a los productos orgánicos sobre los que versa dicho artículo, hipótesis de excepción expresa que no se verifica en este caso.
Ninguna, pues, de las hipótesis normativas antedichas es la de la presente controversia, con lo que no cabe más que confirmar la resolución apelada, como la validez de la LMAN librada por la Aduana de Bahía Blanca por la suma de Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintiséis con 12/100 (U$S 24.426,12) con más los intereses correspondientes hasta la fecha de pago (art. 2 del decreto 793/18).
VII. Respecto a las costas entiendo que deben imponerse por su orden (art. 1163 del CA). Ello atento a que, tanto la resolución apelada de la DGA como su dictamen jurídico previo, no versaron sobre la cuestión planteada por la actora en sede administrativa sino sobre una extraña, lo que la obligó a ocurrir ante esta instancia jurisdiccional para una condigna sustanciación de su pretensión.
VIII. Por ello, VOTO POR:
Confirmar la Resolución RESOL-2021-19-EAFIP-ADBABL#SDGOAI de fecha 07.04.21 de la Aduana de Bahía Blanca y la validez de la LMAN 19003LMAN005590F emitida por la misma aduana por la suma de U$S de Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintiséis con 12/100 (U$S 24.426,12) con más los intereses correspondientes hasta la fecha de pago, imponiendo las costas en el orden causado.
La Dra Cora. M. Musso dijo:
Que adhiero al voto precedente.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juan Manuel Soria.
Que en virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE
Confirmar la Resolución RESOL-2021-19-EAFIP-ADBABL#SDGOAI de fecha 07.04.21 de la Aduana de Bahía Blanca y la validez de la LMAN 19003LMAN005590F emitida por la misma aduana por la suma de U$S de Veinticuatro Mil Cuatrocientos Veintiséis con 12/100 (U$S 24.426,12) con más los intereses correspondientes hasta la fecha de pago, imponiendo las costas en el orden causado.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.08.25 12:10:10 -03:00 Date: 2022.08.25 13:37:16 -03:00 Cora Marcela Musso Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.25 14:56:30 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.25 14:56:31 -03:00
Fin de la sentencia