Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 39850266-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y revocar la resolución del 7/9/23 en lo relativo a las costas, que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arts. 1163 del CA y 68, primer párr., del CPCCN).
2Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en el considerando 6º.
48384/2023 EDCO GRAINS SA (TF 39850266-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, febrero de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 7/9/23, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) confirmó la resolución AD BABL 18/21, recaída en la actuación SIGEA 19144-1468-2019, y por ende la liquidación manual 19003LMAN006598Y, mediante la cual Edco Grains SA había sido intimada a pagar la suma de USD 12.686,28 en concepto de derechos de exportación, más intereses; (ii) distribuyó las costas por su orden (v. pp. 298-301 de la versión digital del expediente TF 39850266-A, remitida con el oficio del 5/2/24).
Para decidir como lo hizo, recordó que, mediante la destinación 19003EC01001691J, la empresa actora había documentado la exportación de mercadería indicando que se trataba de productos orgánicos y que, conforme al artículo 1º del decreto 361/16, gozaban de un régimen tributario especial por el que fueron gravados con una alícuota de derechos de exportación del 0%; mientras que el servicio aduanero había practicado una liquidación suplementaria de derechos en el entendimiento de que los bienes estaban gravados con las nuevas alícuotas definidas en el decreto 793/18. En ese marco, el tribunal de origen convalidó que el decreto 793/18 (BO 4/9/18) había establecido un derecho de exportación del 12% para todo el universo de mercaderías comprendido en la Nomenclatura Común del Mercosur, y que sus considerandos evidenciaban que no tuvo intención de establecer diferencias para la exportación de productos orgánicos. Sobre esa base, declaró que aquél había derogado tácitamente el régimen de orgánicos establecido por el decreto 361/16, de igual jerarquía normativa.
Añadió que esa conclusión se veía reforzada por el hecho de que el posterior decreto 852/21 (BO 15/12/21), había vuelto a establecer preferencias arancelarias para los productos que revistiesen la condición de ecológicos, biológicos u orgánicos; lo cual presuponía que, hasta el momento de su dictado, no gozaban de tales beneficios.
2. Que, disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación el 23/10/23; que se concedió el 24/10/23 y no fue replicada por la contraria (v. pp. 305-309 y 318, expte. cit.).
Se agravió, únicamente, por la distribución de las costas por su orden. Planteó que ese aspecto de la decisión era nulo, porque no se habían esgrimido motivos para apartarse del principio general de imposición de costas al vencido. Agregó que tampoco se configuraban otros supuestos previstos por la legislación procesal para sustentar la eximición de pago.
3. Que el artículo 1163 del Código Aduanero (texto según el art. 273 de la ley 27.430 –BO 29/12/17–) establece que “[l]a parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…”. Es decir que, en su actual redacción, y a diferencia de lo que ocurría con el texto modificado por el decreto 1684/93, el Código Aduanero faculta al Tribunal Fiscal de la Nación para eximir total o parcialmente al litigante vencido de pagar los gastos de la contraria, tal como lo hace la ley 11.683 en materia de imposición interna (cfr. esta Sala, causa 86874/17 “Spicer Ejes Pesados SA”, sent. del 26/12/17 y sus citas). No obstante, condiciona la validez de esa decisión a que se expresen en el pronunciamiento las circunstancias que ameritan la dispensa.
4. Que, en línea con lo que establece la legislación aduanera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha interpretado que los jueces sólo pueden eximir a la vencida de pagar los gastos de la contraria mediante un pronunciamiento expreso respecto de dicho mérito, bajo pena de nulidad (doctr. Fallos: 330;702; 339:1045; entre otros).
Por otra parte, se debe tener en cuenta el criterio jurisprudencial conforme al cual la eximición de costas confiada al arbitrio judicial, aun cuando importa una sensible atenuación del hecho objetivo de la derrota, debe ejercerse restrictivamente sobre la base de circunstancias que tornen manifiestamente injusta la aplicación del principio general (cfr. esta Sala, causas “ANA c/ Carrigton, Wilfredo José”, sent. del 6/6/86; “Del Valle”, sent. del 9/10/90; “Bacigalupi y De Stefano Ingenieros”, sent. del 22/3/91; “Compañía de Servicios y Suministros SRL”, sent. del 19/9/91; entre otras).
5. Que, en esas condiciones, corresponde hacer lugar a la apelación, ya que el Tribunal Fiscal de la Nación no expresó motivo alguno para distribuir las costas por su orden.
Por lo demás, tampoco se advierten circunstancias que pudiesen haber justificado esa solución, en tanto de los fundamentos de la decisión apelada no se desprende que existiese una situación compleja o dificultosa –tanto en los hechos como en lo jurídico–, dificultades interpretativas, cuestiones dudosas de derecho, u otras razones que, según el caso, podrían haber autorizado a eximir total o parcialmente de costas al vencido (doctr. Fallos: 339:1691).
6. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia a cargo del demandado (v. escrito del 16/2/24).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 del Máximo Tribunal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente 48384/2023 EDCO GRAINS SA (TF 39850266-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 6/2/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar al recurso del Fisco Nacional y revocar la resolución del 7/9/23 en lo relativo a las costas, que se imponen en ambas instancias a la actora vencida (arts. 1163 del CA y 68, primer párr., del CPCCN).
2. Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del recurrente, de acuerdo con lo dispuesto en el considerando 6º.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia