Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa E-738/14-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora a fs. 253/264 vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: E-738/14-TSJ Sentencia N°: 386 Actor: EDECO S.A.
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (IDUV) Y OTROS Objeto: SOLICITA MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR Fecha: 08/03/17 Texto:
TOMO VIII -OTROS RECURSOS- T.S.J..-
REGISTRO Nº 386 FOLIO Nº 1458/1461 PROT. ELECT. TSS1 001 O.171
Río Gallegos, 8 de marzo de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “EDECO S.A. C/ INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ (IDUV) Y OTROS S/ SOLICITA MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR”, Expte. Nº E-738/14-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal, en virtud del recurso extraordinario federal que articulara la actora a fs. 253/264 vta. ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra la resolución dictada por este Alto Cuerpo a fs. 240/247 vta., que rechazó el recurso de reposición planteado por la actora a fs. 156/157 vta. y no hizo lugar a la medida cautelar solicitada por EDECO S.A..-
Su tratamiento se efectuará a la luz de la doctrina sentada por el Alto Tribunal (Fallos: 310:1789; 313:934; 332:2813 y 333:360) y por este Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz (conf. Otros Recursos, Tomo I, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente por el Tribunal Superior de la causa si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que lo originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- La recurrente afirma que “…el punto 2º de la Resolución apelada dispone no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por EDECO S.A. a fs. 156/157 vta., en referencia a que se deje sin efecto la intimación de pago de tasa de justicia dispuesta por el Tribunal Superior de Justicia… Que el principal defecto del resolutorio en crisis es la falta de adecuada fundamentación normativa, y la completa omisión del análisis y tratamiento de los hechos y fundamentos vertidos por esta parte para que se realice una adecuada interpretación de la normativa aplicable… la resolución impugnada carece de motivación adecuada basada en el derecho aplicable a la causa y en los planteos formulados por esta parte al interponer el pedido de aplicación de una medida cautelar de no innovar. Que esta falta de motivación, por lo demás, representa una violación del derecho a ser oído que garantiza el artículo 18 de la CN, y el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos…” (cfr. fs. 257 vta./258).- Respecto del rechazo de la medida cautelar peticionada, expresa que “…sostienen los Vocales que no resulta demostrada la verosimilitud del derecho invocado, cuando son ellos mismos quienes reconocen la validez, autenticidad y vigencia del Contrato de Obra Pública presentado en respaldo de la legitimación activa invocada, de lo cual se desprende claramente que el derecho alegado resulta claramente verosímil, situación que difiere en mucho del contenido del acto administrativo mencionado, el cual no está siendo recurrido ni impugnado por esta parte, sino que tan sólo se intentan preservar nuestros derechos mediante el dictado de una medida de no innovar en carácter de cautelar, lo que resulta netamente distinto…” (cfr. fs. 261).- Sostiene la recurrente que “…los fundamentos por los cuales se procede al rechazo de la medida cautelar de no innovar peticionada resultan a todas luces arbitrarios y ajenos a la realidad de los hechos demostrados…” (cfr. fs. 262).-
También señala que “…surge a las claras la errónea apreciación formulada, que torna arbitraria la Sentencia recurrida y violatoria también en este punto de los derechos protegidos en el artículo 18 de nuestra Carta magna…” (cfr. fs. 263).-
Por otro lado afirma que “…la resolución [del] Tribunal Provincial coloca a esta parte en estado de indefensión frente a la vulneración de derechos sufrida por parte de un organismo provincial (IDUV) y un Municipio, sin poder contar con una instancia donde se revisen los alcances del acto administrativo por ellos dictado… es claro que en este caso, el resolutorio impugnado se encuentra muy lejos de haber cumplido con la exigencia de producir ‘una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo’ que se interpusiera oportunamente…” (cfr. fs. 263 y vta.).- Por último, alega que “…la Resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz ha prescindido de las argumentaciones volcadas por esta parte al momento de peticionar la medida cautelar de no innovar. Que impugno por tanto la Resolución porque la misma no satisface -como razonamiento- las exigencias de un acto jurisdiccional… Que la arbitrariedad que aquí se denuncia se ve claramente plasmada en el decisorio recurrido, cuando el mismo utiliza una fundamentación de escaso contenido en la que se limita a mencionar criterios vacíos de contenido, apartándose de la postura sentada por la jurisprudencia dominante en la materia, sin analizar ni descalificar los argumentos vertidos por esta parte…” (cfr. fs. 263 vta./264).- A fs. 265 se ordenó correr traslado a las demandadas del recurso interpuesto por el término de ley.-
A fs. 271/276 vta. contesta traslado la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su letrada apoderada, Dra. Romina de los Angeles Mercado, afirmando que “…no existen las alegadas violaciones a normas constitucionales, en modo alguno ha existido apartamiento de las normativa [sic] vigente en el dictado de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y la misma no puede ser calificada como arbitraria…” (cfr. fs. 272 vta.).- Seguidamente expresa que “…De la lectura de la presentación efectuada, se desprende claramente que el planteo de los actores se agota en manifestar su discrepancia con el alcance acordado por el Tribunal a la legislación aplicable y su desacuerdo con la valoración de las circunstancias de hecho debatidas en la causa, lo que torna improcedente el recurso intentado…” (cfr. fs. cit.).-
Por otro lado asevera que en “…el supuesto que se estaría violando algún derecho a la actora -lo que debería ser probado en una acción que permita mayor posibilidad de debate, como por ejemplo sería un daños y perjuicios-, no surge que tales derechos sean de imposible o difícil reparación, ello conforme lo indica el fallo recurrido…” (cfr. fs. 274 vta.).-
También entiende que “…No se observa de los actuados que se haya vulnerado de forma alguno [sic] los derechos que supuestamente dice la recurrente se le han conculcados [sic]. Es que la recurrente pretende que mediante una medida cautelar por la cual se pretende atacar la legitimidad de un acto administrativo, se le reconozca sin probar con seriedad la arbitrariedad de dicho acto…” (cfr. fs. 276).-
A fs. 278/279, dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo, quien -por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos “brevitatis causae”- expresa que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
II. Que, corresponde entonces que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado por la parte actora (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VI, Reg. 351, Folio 1331/1335), tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nros. 4/2007 (modificada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011.- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quien tiene capacidad para recurrir, por lo que el recaudo previsto en el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que la recurrente no dio cumplimiento con lo dispuesto por la Acordada Nº 38/2011. A través de dicho reglamento, la Corte Federal dispuso que todas las presentaciones que se realicen en sus estrados deberán utilizar el formato de hoja A 4 (conf. art. 2º), por lo que, habiéndose efectuado la presentación puesta a estudio en formato de hoja oficio, este recaudo no se encuentra cumplido.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde analizar el recurso a la luz de las previsiones contenidas en el reglamento aprobado mediante la Acordada Nº 4/2007, que regula los requisitos formales y sustanciales que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis, se advierte que la presentación no supera las cuarenta (40) páginas, ha sido escrita con letra claramente legible, pero no cumple con el recaudo de no superar los veintiséis (26) renglones en cada página (conf. art. 1º de la Acordada Nº 4/2007 citada).-
Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada (conf. fs. 253 y vta.); y de igual modo se advierte que el recurrente constituyó domicilio en la Capital Federal (conf. art. 2º, inc. d) de la Acordada Nº 4/2007), dicho requisito no se integró con el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.- Ahora bien, continuando con el estudio del recurso vemos que el escrito no cumple acabadamente con los recaudos previstos en los incisos d) y e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007.-
Dicho artículo exige que el recurrente demuestre que la decisión apelada es definitiva o equiparable a tal, según la jurisprudencia de la Corte Federal, lo cual podría considerarse, en principio, cumplido. Asimismo, requiere que provenga del Superior Tribunal de la causa (conf. inc. a)); un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (conf. inc. b)); también la demostración de un perjuicio personal, concreto y actual que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, y que tal menoscabo no haya derivado de su propia actuación (conf. inc. c)), lo cual se encuentra cumplido en la presentación en estudio. Pero hasta aquí llega el cumplimiento de los requisitos del citado artículo 3º.- En efecto, no se ha debatido en el pleito una cuestión federal que habilite la instancia extraordinaria en los términos de los incisos d) y e) del mencionado artículo 3º, ni del artículo 14 de la Ley Nº 48 (Fallos: 148:62; 306:1740 y 307:129), ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este Tribunal atañen exclusivamente al orden local.-
En el ‘sub lite’ la medida cautelar de no innovar interpuesta fue rechazada en virtud de que “…los elementos de convicción aportados por la actora no parecen en principio suficientes para acreditar el ‘fumus bonis iuris’ que haga estremecer la presunción de legitimidad del acto administrativo que se pretende impugnar…” (cfr. fs. 247).-
No se advierte en el escrito “la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas” (cfr. inciso d) del artículo 3º citado), como así tampoco la “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15 de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia, la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el apelante debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (Fallos: 308:2421; 310:722; 311:499 y 331:2149).- No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (Fallos: 323:1261 y 331:809). La recurrente reedita planteos que ya han tenido correcto tratamiento en el decisorio cuestionado, no consiguiendo en ningún momento desvirtuar el razonamiento desplegado en el fallo atacado.-
Por último, no se advierte “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas” (cfr. artículo 3º, inciso e) de la Acordada Nº 4/2007).-
Esto se sigue, como se observó más arriba, de la inexistencia de cuestión federal (conf. artículo 14 de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse para el análisis de la admisibilidad el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (conf. Palacio de Caeiro, Silvia B. “Recurso Extraordinario Federal”, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. pág. 431/432) (conf. TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 368, Folio 1392/1396).-
III. Con relación al carril por el que pretende encauzar la recurrente su agravio, debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 325:3265 y sus citas).- En consonancia con lo arriba señalado, también ha establecido reiteradamente que esa doctrina no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (Fallos: 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (Fallos: 237:74).- La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, procede sólo frente a “…desaciertos y omisiones de gravedad extrema, a causa de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional…” (del dictamen del Procurador General al cual remitió la Corte Suprema en Fallos: 311:1950; en igual sentido: Fallos: 323:3139 y el voto de la Dra. Highton de Nolasco en Fallos: 329:646).-
Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoyó su decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, en el fallo se efectuó un adecuado tratamiento de las cuestiones propuestas que satisface lo exigido a los pronunciamientos judiciales, pues cuenta con fundamentación suficiente y constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa, todo lo cual descarta el vicio que se le atribuye (Fallos: 313:559; 315:2969; 316:2718; 319:103 y 321:1909; v. asimismo, TSJ Santa Cruz, Otros Recursos, Tomo VII, Reg. 358, Folio 1351/1355, entre otros).- Por lo demás, las críticas que la recurrente dirige contra la resolución de este Alto Cuerpo son insuficientes para fundar -con el rigor necesario-, la arbitrariedad de la resolución recurrida, que se haya vulnerado “…acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva…” (cfr. fs. 263).-
A mayor abundamiento, cabe agregar sobre la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional (en el caso artículo 18 -tutela judicial efectiva- y 75, inciso 22 -que otorga jerarquía constitucional a ciertos Tratados Internacionales-); y los Tratados Internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos), que tales dichos constituyen una mera enunciación incapaz de habilitar la vía extraordinaria si no se logra demostrar de qué manera han sido vulnerados tales principios.- Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (Fallos: 165:62 y 266:135, entre otros). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarde para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (Fallos: 310:2306).- En autos, la recurrente solo se ha limitado a enumerar derechos constitucionales que considera menoscabados, y a sostener que la explicación brindada, acerca de la forma en que fueron vulnerados, se encuentra basada en una distinta interpretación de la normativa aplicable al caso.-
En este sentido, el Máximo Tribunal de la Nación ha sostenido que “…para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad en el razonamiento legal se debe efectuar un análisis de los defectos lógicos que justifican tan excepcionalísima conclusión. Este no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impida considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la ‘sentencia fundada en ley’ a que hacen referencia los art. 17 y 18 de la Constitución Nacional (conf. doctrina de Fallos: 311:786; 312:608; 314:458; 324:1378, entre muchos otros)… la arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica” (Fallos: 330:3483).- Corresponde concluir entonces que los agravios esgrimidos resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que, además de no existir cuestión federal alguna, y de no haber dado cumplimiento con los recaudos previstos en los incisos d), y e) del artículo 3º de la Acordada Nº 4/2007 y en el artículo 15 de la Ley Nº 48, aquellos carecen de debida fundamentación y soslayan en definitiva los argumentos de la sentencia, poniendo al descubierto la mera disconformidad con la solución dada a la causa, extremos que en modo alguno viabilizan la admisibilidad del remedio intentado.-
Por ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por la actora a fs. 253/264 vta..-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1001O.171 Tomo: VIII Sentencia: 386 Folio N°: 1458/1461 Secretaría: 1
Fin de la sentencia