Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 19604-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (CPCCN, art. 68, primer párrafo).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAF 62055/2019/CA1; EDESA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2021.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 274/278 el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, resolvió revocar las resoluciones apeladas, con costas. Para así resolver, luego de reseñar las expresiones vertidas por las partes contendientes en sus respectivas presentaciones y de señalar que en autos se ha producido la prueba ofrecida, precisó –en lo que aquí incumbe destacar– que el ajuste consistía en el tratamiento a dispensar a los fondos otorgados a EDESA SA por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta, en el marco del contrato de concesión de servicio público celebrado oportunamente. En ese cuadro, transcribió los artículos 12, 17 y 25 inc. z) del mencionado instrumento, concernientes al tratamiento a observar respecto de los bienes empleados para la realización de las obras y la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica.
Destacó que el 10/6/03 se dictó sentencia penal en los autos “Marcelo Aubone Ibarguren, Gonzalo Mario Arnedo, Jorge Luis María, Juan Carlos Navarro, Jorge Luis Osorio Salinas y José Manuel Prieto Iglesias por infracción a la ley 24.769” –Juzgado Federal de la Provincia de Salta–, donde se resolvió desestimar la denuncia penal efectuada por la AFIP contra los directivos de EDESA SA, por la presunta comisión del delito de evasión previsto en su artículo 1º, en relación al impuesto a las ganancias por los mismos períodos cuestionados en autos. Puntualiza que la sentencia se encuentra firme.
Transcribió la sección del pronunciamiento predicho, en donde establece lo siguiente: “… lo que se habría verificado con las obras construidas con fondos FEDEI, es una entrega a título gratuito, sin que exista incremento patrimonial de parte de la concesionaria, a raíz de la aplicación de la provisión de fondos a la financiación de obras. Por ende, las obligaciones a cargo de la empresa, son compromisos propios, resultantes del acuerdo firmado con el concedente”, precisando que esa conclusión tiene basamento en la prueba pericial contable rendida en aquella causa.
Afirmó que la conclusión adoptada por el juez penal es clara, y que se encuentra avalada por la prueba pericial de oficio efectuada en esa litis, resultando, por tanto, aplicable la previsión contenida en el artículo 20 de la ley penal tributaria (ley Nº 24.769). Citó jurisprudencia de esta Alzada.
II. Que contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada, interponiendo recurso de apelación a fs. 279, fundándolo a fs. 286/299 vta. –replicado por la actora a fs. 310/328–. El mismo fue concedido a fs. 301.
III. Que vale aclarar primeramente que, al expresar sus agravios, el organismo fiscal acompañó la Nota Nº 700/19 (SDG TLI) –del 19/6/19–, glosada a fs. 284/285, en función de la cual desistió parcialmente del recurso de apelación interpuesto, únicamente con relación al primero de los ajustes practicados –que fuera revocado por el a quo–, referido a la deducción de los deudores incobrables. Por tal razón, dicha parte afirma que “… vengo a acompañar la autorización para DESISTIR de la apelación del fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, referido en el acápite que antecede al presente, únicamente `… en cuanto dispusiera revocar el ajuste apelado, con relación a las deducciones efectuadas por la actora bajo el concepto de deudores incobrables…´ conforme la autorización conferida…” (fs. 290).
IV. Que, ello aclarado, en su memorial expresa que le causa agravio la sentencia apelada, por ser la misma antojadiza al no haber sopesado cuidadosamente los antecedentes involucrados en la causa. Acusa asimismo de ligereza del tribunal sentenciante en la labor interpretativa de los antecedentes de la causa, achacando desconsideración y arbitrariedad.
Con relación a la sentencia penal de la que se habría valido el tribunal para resolver la contienda, expresa que no comparte de ninguna manera el criterio observado, aduciendo que es una postura errada ya que resulta inaplicable al caso de autos.
CAF 62055/2019/CA1; EDESA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Sostiene que el juez penal resulta incompetente para establecer o invalidar la procedencia y/o exigibilidad de las resoluciones apeladas, por cuanto excede el ámbito de competencia material de dicho magistrado.
Expone que lo ocurrido a partir de la denuncia penal no afecta directa o indirectamente la validez de los actos cumplidos en el procedimiento que es materia de debate en autos.
Desecha la idea de que exista identidad en los hechos de ambas causas, aduciendo que se ventilan cuestiones diferentes: en uno la aplicabilidad o no de la ley penal tributaria, en otro, la procedencia o no de los impuestos correspondientes.
Niega que se encuentre presente la pretendida vinculación de los hechos con la presente causa, declarando que no cabe extender sin más al ámbito tributario las conclusiones del juez penal, dado que en la determinación tributaria rigen normas específicas; además – agrega– un hecho puede no constituir delito desde la perspectiva penal tributaria, sin que ello afecte la pretensión del fisco respecto del tributo reclamado.
Haciendo mérito del voto en disidencia de la sentencia apelada, explica que únicamente la declaración de hecho es la que no podría alterarse en el ámbito del derecho represivo de la ley 11.683, limitación que no abarcaría su valoración. Sostiene que los argumentos plasmados por el juez penal, y recogidos por el voto mayoritario del TFN, son valorativos, debiendo ser rechazados por ser inaplicables al caso de marras.
Así entonces, afirma que la cuestión a resolver queda circunscripta al tratamiento impositivo que corresponde otorgar por EDESA SA a los fondos recibidos –FEDEI–, y luego transformados en obras y trabajos.
Sostiene que no se encuentra en debate el incremento patrimonial de la actora, sino el carácter gratuito –postura de EDESA SA– u oneroso –posición del fisco– de los fondos mencionados.
Efectúa una explicación de las características del contrato de concesión celebrado entre la firma actora y la Provincia de Salta, puntualizando que los fondos recibidos son una de las tantas cláusulas que lo conforman, y que tuvieron como resultado un acuerdo amplio que involucra derechos y obligaciones a cargo de las partes. Asevera que en la causa se ha demostrado que el sinnúmero de prestaciones que derivan del contrato de concesión, no revisten el carácter de gratuitas.
Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada, con costas.
V. Que antes de ingresar al tratamiento de los agravios presentados por la demandada, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a las partes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que se proponen a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970).
VI. Que asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. CNACAF, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27.409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico CAF 62055/2019/CA1; EDESA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33.113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/2016 del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018 del 7/5/19, entre otros).
VII. Que a fin de dotar al presente decisorio de un adecuado orden expositivo, se impone, como primera medida, efectuar una descripción de los caracteres que identifican al caso.
A través de la Resolución Nº 277/01 del 27/3/01 se determinó de oficio el impuesto a las ganancias, períodos fiscales 1997- 1998, en base a dos ajustes: i) el primero, al impugnar la deducción de los deudores incobrables de la firma, ii) el segundo, al observar el tratamiento de “gratuitos” por parte de EDESA SA –firma concesionaria–a los fondos FEDEI –“Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior”–, girados por la provincia de Salta –firma concedente–, en el marco del Régimen Legal de la Energía Eléctrica, instituido por la ley nacional Nº 24.065, modificatoria –en lo particular– de la ley nacional Nº 15.336, con el objeto de llevar a cabo obras de infraestructura eléctrica (fs. 73/91).
Como se adelantó, el primero de los ajustes fue revocado por el TFN y, en razón del desistimiento formulado por la representación fiscal, no forma parte del presente debate.
El segundo –que es el que mantiene vigencia– también fue revocado, centralmente en razón de la sentencia dictada en la causa penal, de la que se dará cuenta en el Considerando VIII. Por otro lado, también fue objeto de apelación ante el TFN la Resolución Nº 276/01 –suscripta el mismo día 27/3/01–, a través de la cual se determinó de oficio el impuesto a la ganancia mínima presunta –período fiscal 1998–, con basamento en el primero de los ajustes, es decir, los deudores incobrables (fs. 11/24). Esta resolución también fue revocada por el a quo; y adquirió firmeza.
Por último, resta mencionar que al dictarse los actos determinativos de oficio, la AFIP denunció penalmente a los directivos y responsables de EDESA SA, por la presunta comisión del delito de evasión fiscal simple, con relación al impuesto a las ganancias, períodos fiscales 1997 y 1998 (cf. ley 24.769, arts. 1º y 18).
A partir de lo descripto, se colige que la resolución a la que debe arribar este tribunal de alzada excluye lo concerniente a la deducción de los deudores incobrables, y sus implicancias en el impuesto a las ganancias y en el impuesto a la ganancia mínima presunta.
VIII. Que en lo medular, el a quo ponderó la resolución a la que llegó el juez que entendió en la causa penal, para concluir que debía hacer mérito de ello. En particular, con expresa cita y transcripción del precedente “Agroferia SRL c/ DGI” –15/7/08– de la Sala V de esta Cámara de Apelaciones, refirió a las “declaraciones de hecho” de las que da cuenta el artículo 20 de la ley 24.769.
En este cuadro, según puede leerse de la copia de la sentencia en cuestión (glosada a fs. 147/158 vta.) –cuya existencia, contenido y firmeza no fue desconocida por la contraria (v. fs. 199/vta.)–, el juez federal con asiento en la Provincia de Salta, compartiendo las conclusiones a las que arribaron los peritos contadores que intervinieron en esa causa (acompañada a fs. 159/177), afirmó que: “… lo que se habría verificado con las obras construidas con fondos FEDEI, es una entrega a título gratuito, sin que exista incremento patrimonial de parte de la concesionaria, a raíz de la aplicación de la provisión de fondos a la financiación de obras. Por ende, las obligaciones a cargo de la empresa, son compromisos propios, resultantes del acuerdo firmado con la concedente… Que como pudo verse, las conclusiones de los peritos, que éste juzgador ha compartido, han destacado la legitimidad del procedimiento contable seguido por los responsables de EDESA, tanto respecto de los deudores incobrables, como de las obras eléctricas realizadas con fondos FEDEI…” (Considerando XVI, fs. 156 vta/157 vta). Asimismo, luego abundante cita de doctrina, agregó lo siguiente: “Va de suyo entonces, que el dictamen pericial que fuera compartido por este juzgador, ha excluido la tipicidad, y con ello, hizo innecesario seguir analizando si los hechos denunciados son, además, CAF 62055/2019/CA1; EDESA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO antijurídicos, culpables o punibles, de acuerdo con el procedimiento analítico propio de la Teoría del Delito” (Considerando XVII, fs. 158). Como se dijera, en dicho proceso se resolvió “DESESTIMAR LAS ACTUACIONES, ordenando su archivo, por no constituir delito los hechos denunciados” (fs. 158 vta.).
IX. Que del examen del esquema reseñado, como primera observación, se destaca que los agravios vertidos por la demandada no honran el mandato estatuido por el legislador en el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual determina que el escrito de expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se considere equivocadas. Quiere esto decir que debe traslucir una exposición técnica y jurídica, dotada de un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada, idónea para conmoverla (v. esta Sala, in re “Fleitas, Juan Avelino y otros c/ EN-M. Seguridad-GN s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 45090/2015, del 14/5/19).
Es que, aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios –por cuanto tal temperamento es el que mejor se adecua a un riguroso respeto del derecho de defensa–, no puede ello conducir a extremo tal que implique, en los hechos, derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe contener la expresión de agravios (CNACAF, Sala III, “Compañía Argentina de Const. SAICFEI c/Ferrocarriles Argentinos s/Contrato de Obra Pública”, del 7/8/09, Causa Nº 28.298/95; “SIGLA SA c/ Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica (CONICET) s/ Contrato Administrativo”, del 25/06/07, Causa Nº 23.899/94; “González Domínguez Rubén Darío c/EN-PFA y otros”, del 16/7/7, Causa Nº 42.734/03; “Banco Río de la Plata SA c/EN-AFIP DGI, Sumario Nº 463/03 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, del 23/10/07, Causa Nº 490/05; “Primera Red Interactiva de Medios Arg. (Prima) SA c/DNCI- Disp Nº 280/09 (Expte Nº S01:96667/08)”, del 13/05/10, Causa Nº 16.795/09; “DGA (Autos National Starch & Chemical SA - TF 22958-A)”, Causa Nº 7900/08, del 31/10/08; “Comercializadora Multiemprendimiento SA c/DNCI - Disp. Nº 285/04 (Expte Nº S01:0119320/02)”, del 30/09/10, Causa Nº 1676/07; “Corporación Río Luján SA c/DNCI – Disp. Nº 930/08 (Expte Nº S01:382434/06)”, del 23/03/10, Causa Nº 1897/09; “Etronix c/DNCI - Disp. Nº 61/07 (Expte S01:371065/07)”, del 23/03/10, Causa Nº 13340/09; “Servicios Buenos Aires SA (TF 33906-I) c/DGI”, del 07/02/13, Causa Nº 39303/2011; “Banbest SA c/Dirección General Impositiva”, del 21/04/15, Causa Nº 31.393/2014; “Mereta Miguel Ángel y otros c/ EN-M° Defensa-Armada - Dto 2769/93 751/09 s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, del 11/10/18, Causa N° 35809/10, entre otros).
Ello así, se advierte que en lo que ha sido decisivo para la solución de la controversia por parte del a quo, la representación fiscal no ha expuesto argumentos de contundencia que lo logren conmover.
X. Que sin desmedro de lo antedicho, y sin soslayar la pauta hermenéutica signada en el Considerando VI de la presente sentencia, no advierten los suscriptos que el decisorio apelado presente los vicios que menciona la apelante.
En efecto, en la causa penal de la que se viene dando cuenta se debatieron las mismas circunstancias que en autos –en lo que aquí incumbe, el tratamiento de los fondos FEDEI recibidos por EDESA SA, a la luz del entonces vigente art. 20 inc. u. de la ley 20.628–, vinculada pues con el mismo impuesto y períodos fiscales.
Frente a ello, el haberse hecho mérito de las conclusiones allí adoptas, se traduce en la observancia y aplicación de la máxima contenida en el artículo 20 de la ley penal tributaria, según la cual –en lo que aquí interesa señalar–, una vez que adquiera firmeza la sentencia penal, el organismo fiscal se hallará habilitado para aplicar las sanciones que correspondan, sin alterar las “declaraciones de hechos” contenida en aquella.
CAF 62055/2019/CA1; EDESA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Nótese que, de considerar el a quo algo diferente en relación a los fondos FEDEI recibidos por la actora, bien podría haber derivado en un pronunciamiento contrario al primero, que es precisamente lo que se pretende evitar.
Así entonces, la existencia de dos pronunciamientos judiciales dispares, en relación a los mismos componentes facticos, conllevaría a un verdadero escándalo jurídico, cuya significancia se agudizaría –en la especie–, a poco que se repare que el segundo de ellos se dictó casi dieciséis años después que el primero; en efecto, la sentencia penal se dictó el 10/6/03, y la del TFN el 8/4/19.
Con respecto a la temática aquí abordada, esta Sala ha dicho que “Si bien en las normas de la ley 24.769 citadas se descarta el sometimiento de la cuestión tributaria a los resultados alcanzados en sede penal, ello no empece a que se debe impedir la existencia de una posible contradicción sobre aspectos esenciales de los presupuestos fácticos comunes a ambos, pues se caería en un inaceptable escándalo jurídico, riesgo que se supera, encontrándose en discusión la obligación impositiva, condicionando la apreciación de los hechos a las conclusiones arribadas en el proceso penal…” (in re: “Procesamiento Industrial Laminados Arg. SA (TF 19.396-I) c/ AFIP-DGI”, Causa Nº 9200/04, del 13/10/06. Confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 17/3/09).
Es importante señalar que no en todos los supuestos se evidencia esta circunstancia; es decir, que se deba condicionar la apreciación de los hechos, ya que bien puede la sentencia penal valerse de otras premisas ajenas a los “hechos comunes” para llegar a su resultado. En tales hipótesis, ninguna implicancia tendrá en el debate contencioso tributario.
A fin de ilustrar esta explicación, sirvan los siguientes dos ejemplos resueltos por esta Sala. En los autos “Di Franco, Carlos Daniel c/DGI”, Causa Nº 21.460/07, con sentencia del 16/12/09, se desestimó el planteo articulado por el contribuyente, en el aspecto aquí en examen, pues, siendo que el juez había desestimado in limine la denuncia penal por no existir elementos suficientes para iniciar la investigación, se reconoció que, en rigor, no se había adentrado en el núcleo fáctico de la cuestión. Otro tanto lo encontramos en la causa “Macchi Hnos.
SA Avícola y Agrícola Ganadera (TF 34.275-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 86468/17, con sentencia del 11/12/18, en la cual se negó que la sentencia penal tuviera virtualidad para proyectar sus efectos en la causa tributaria, ya que aquella había desestimado la denuncia por encontrarse prescripta la acción, y por no haberse superado el monto establecido en la norma penal como condición objetiva de punibilidad.
Como es fácil advertir, el planteo de autos se identifica con la sustancia exhibida en el primero de los precedentes expuestos, lo cual conlleva a reconocer que la decisión adoptada por el a quo, en este aspecto, es ajustada a derecho.
En mérito de todo lo expuesto SE RESUELVE:
Desestimar el recurso interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (CPCCN, art. 68, primer párrafo).
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia