Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120395
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.395, "Laterza, Julio Ramiro contra Edigráfica S.A. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Soria , Genoud, de Lázzari, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción incoada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 327/349 vta.).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 362/379).
Dictada la providencia de autos a fs. 389 -reanudado tras su suspensión a fs. 405- y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por el señor Julio Ramiro Laterza contra Edigráfica S.A. (propietaria del periódico "Hoy en la Noticia"), en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, de la especial prevista en el art. 43 inc. "d" de la ley 12.908 y del agravamiento contemplado en el art. 1 de la ley 25.323. En lo que constituye materia de agravio, desestimó la acción por la que perseguía -previa declaración de nulidad del despido- la reinstalación en su puesto de trabajo o, en su defecto, la percepción de las indemnizaciones agravadas; en ambos casos con más el pago de una reparación en concepto del daño material y moral provocado por el carácter discriminatorio que le atribuye al distracto (arts. 47, ley 23.551 y 1, ley 23.592).
Para así resolver, liminarmente, declaró acreditado -con sustento en la prueba testimonial y por aplicación de la presunción establecida en el art. 39 de la ley 11.653- que el actor trabajó bajo la dependencia de la demandada desde el día 27 de agosto de 2011, desarrollando tareas en el sitio web de la empresa, en carácter de redactor (v. vered., fs. 327 vta./329 y sent., fs. 340 vta.).
Asimismo, en el veredicto consideró -por mayoría- que si bien se probó la existencia de un proceso de organización colectiva por parte de los trabajadores y extrabajadores de la empresa demandada (que no contaba con delegado gremial o comisión interna, ni sus trabajadores estaban afiliados a sindicato alguno), a través del Sindicato de Prensa Bonaerense, con la finalidad de elegir delegados que los representaran; no se demostró que durante la vigencia de la relación laboral existente entre las partes, Laterza hubiera sido impulsor, pionero, activista o partícipe de ese colectivo, cuyo inicio ubicó en el año 2012. Tuvo por probado -por el contrario- que el accionante participó en el reclamo por el despido del señor Galán (hito que dio inicio a la organización mencionada); pero esa actividad -prosiguió- fue espontánea y participaron trabajadores de varios sectores que no pueden ser identificados como agrupación permanente.
Concluyó -con sustento en la prueba testimonial- que había un grupo de personas (señores Suárez, Barresi y Salas) a las que todos los deponentes identificaron como los "más movedizos", los "cabeza de grupo" y los "organizadores", que eran quienes pautaban reuniones, cuya temática convocante era la organización colectiva a fin de obtener una protección frente a lo que los testigos describieron como una "actitud autoritaria y persecutoria de la titular del diario demandado".
Destacó además que los criterios actuales de valoración de la prueba en materia de procesos en los que se discute la imputación de acciones discriminatorias (causas "Álvarez c/ Cencosud" de la CSJN y L. 97.804, "Villalba", sent. de 22-XII-2010 de esta Suprema Corte) no resultan aplicables al caso, en tanto no están presentes los "indicios muy intensos" que permitirían -aun sin prueba directa- poner a cargo de la demandada una más intensa prueba de que la causa del distracto es una diferente de la atribuida (v. vered., fs. 334 vta./336 vta., voto del doctor Barreiro y sent., fs. 340 vta. y 341).
En otro orden, consideró -con apoyo en las declaraciones testimoniales- que la empresa periodística demandada tenía absoluto conocimiento del proceso de sindicalización y de quiénes eran los empleados que participaban en el mismo; así como también que la dirección empleaba estrategias para evitar la formación de grupos con fines de agremiarse, afiliarse o, directamente sindicalizarse (v. vered., fs. 333 y vta. y sent., fs. 341).
A su turno, juzgó que la empresa empleadora no logró probar la existencia de la causal de despido invocada en su comunicación postal (a saber: "reacción violenta, falta de respeto, mal desempeño y pretender tomar las instalaciones junto a otros empleados" ante las supuestas directivas impartidas por la principal), ni que haya sido sancionado o suspendido el actor, o que tenga antecedentes disciplinarios (v. vered., fs. 333 vta./334 y sent., fs. 341).
Desde esa perspectiva, como se anticipó, el a quo desestimó la demanda por nulidad del despido discriminatorio y su consecuente reinstalación (arts. 47, ley 23.551 y 52, ley 23.592), por carecer de causa jurídica que la sustente (arts. 726, Cód. Civ. y Com.; 375 y concs., CPCC), acogiendo la acción -en cambio- por los rubros derivados del despido, la indemnización especial prevista en el art. 43 inc. "d" de la ley 12.908 y el agravamiento contemplado en el art. 1 de la ley 25.323 (v. sent., fs. 343/346).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la legitimada activa con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14 bis, 18 y 31 de la Constitución nacional; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; II, IV, VII, XIV, XVI, XXII, XXXVII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 19, 22 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 15 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 47 y 54 de la ley 23.551; 1 de la ley 23.592; 44 inc. "d" de la ley 11.653 y de la doctrina legal que identifica.
II.1. Se agravia por entender que la sentencia resulta violatoria de todas las normas esgrimidas en sustento de la pretensión y de la doctrina legal establecida por esta Corte respecto de los despidos discriminatorios.
II.1.a. En primer lugar, denuncia que el modo en que fue apreciada la prueba en la sentencia recurrida importó la transgresión de lo dispuesto en los arts. 47 y 54 de la Ley de Asociaciones Sindicales (que receptan la acción de amparo sindical y la querella por práctica antisindical, respectivamente), en tanto se atuvo a una interpretación parcial y dogmática de los hechos y a una errónea aplicación de la doctrina legal de la Suprema Corte que emana de la causa L. 97.804, "Villalba" (sent. de 22-XII-2010) en lo concerniente a la aplicación de la carga dinámica de las pruebas.
Esto último, desde que -afirma- si bien en el voto mayoritario se discurrió respecto de la exigencia de "indicios muy intensos" para imponerle a quien se le impute el acto discriminatorio la obligación de acreditar una causal diferente para disponer el distracto, el precedente reseñado -de similares connotaciones a la causa "Pellicori" de la Corte federal- sólo requiere de "indicios suficientes" para tornar operativa la inversión de la carga probatoria (v. fs. 368/369 vta.; 371/372 y 373 y vta.).
II.1.b. Seguidamente, argumenta respecto de la presunta violación del art. 1 de la ley 23.592, cuya protección -asegura- resulta aplicable a los trabajadores que sean víctimas de actos discriminatorios por ejercer sus derechos sindicales, como es el caso de autos.
Reitera, como expuso respecto de la violación del art. 47 de la ley 23.551, que la víctima de un acto discriminatorio se encuentra en una situación de desventaja con respecto a quien lo comete, dificultando el acceso a los medios probatorios para acreditar la imputación, debiendo -por ende- aplicarse la doctrina legal que emana del citado precedente "Villalba" (v. fs. 372 y vta.).
II.2. En otro orden, denuncia absurdo en la apreciación de la prueba formulada en los votos que conformaron la mayoría de opiniones.
En tal sentido, considera que se prescindió del análisis de elementos que constituyen una clara muestra de la actividad sindical del actor o que, en el peor de los casos, hubieran constituido indicios suficientes para activar -por aplicación de la doctrina legal ya citada- la inversión de la carga probatoria; hipótesis que -entiende- resultó correctamente receptada en el sufragio que quedó en minoría.
Advierte que en este último se formuló una adecuada apreciación de las declaraciones de los testigos Bellagamba, Alday, Castillo, Galán, Paolini y Suárez, de las que extrajo que en el ámbito de la empresa no existía comisión interna ni representación sindical porque la empleadora lo prohibía, así como también que un grupo de trabajadores -entre los que estaba Laterza- se reunían para reclamar por sus derechos. Asimismo -prosigue-, la prueba informativa (Sindicato de Prensa) certifica las diligencias desplegadas por el grupo "gremial" en formación para lograr el apoyo de la mencionada asociación sindical, y la formulación de pedidos de intervención del Ministerio de Trabajo para resolver la situación de conflicto.
Indica que tales pruebas no fueron valoradas en los sufragios que conformaron la mayoría de opiniones a los fines de tener por probada la actividad sindical del actor o, cuanto menos, la existencia de un clima propicio a la conducta discriminatoria imputada a la empresa accionada. En concreto, advierte que el voto del doctor Barreiro tan sólo hizo mención de la declaración de uno de los testigos (Suárez), mientras que el de la magistrada que adhirió a este último (doctora Regules) descartó inexplicablemente la entidad de la informativa.
Afirma que el sufragio que, a la postre, conformó la mayoría resulta contradictorio desde que, tuvo por probada la situación de constante y sistemático maltrato hacia los trabajadores y las diferentes prácticas hostiles por parte de la demandada hacia cualquier tipo de organización sindical, para luego estimar que no existía "un panorama o clima propicio a la conducta discriminatoria que haga verosímil la imputación". Agrega que resulta inexplicable que dicho voto no considerara un "indicio muy intenso" las declaraciones testimoniales -en las que se mencionó al señor Laterza como parte del colectivo que había iniciado un proceso de organización sindical- o la causal de despido esgrimida por la demandada en el intercambio telegráfico.
Destaca que resulta contrario a la lógica que, por un lado, se tenga por probado que el reclamo por el despido de Galán haya sido el inicio de la organización de los trabajadores e, inmediatamente después de haber considerado dicho acto como "espontáneo", lo declarase sin el carácter suficiente para calificar la participación del actor como actividad sindical.
Concluye que la valoración formulada en dicho sufragio respecto del actuar de determinados trabajadores como los "más movedizos", los "cabeza de grupo" y los "organizadores", dejando sin amparo al actor por considerar que no revestía tal carácter en el proceso de organización sindical; desprotege a los que igualmente son parte del colectivo militante, transgrediendo así lo dispuesto por el art. 47 de la ley 23.551 (v. fs. 373 vta./378 vta.).
III. El recurso prospera.
A continuación asumiré -debido a la lamentable pérdida de nuestro distinguido y recordado colega doctor Negri- lo manifestado por él en el debate y circulación previa de la presente causa y que oportunamente había compartido.
III.1.a. Este Tribunal tiene resuelto que tanto la valoración del material probatorio, como la determinación de las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituyen cuestiones de hecho reservadas a la instancia ordinaria y marginadas de la casación, salvo la demostración de absurdo (causas L. 101.189, "González", sent. de 11-VIII-2010; L. 97.479, "Díaz", sent. de 1-IX-2010; L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 102.411, "Almada", sent. de 29-II-2012; L. 106.683, "Suárez", sent. de 29-V-2013; L. 117.076, "Carmiglio", sent. de 28-V-2014; L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015; e.o.).
III.1.b. Bajo tales premisas, la impugnación resulta suficiente para revisar las conclusiones sentadas en el pronunciamiento.
III.1.c. El compareciente exterioriza un razonamiento idóneo a los fines de demostrar que la apreciación de los hechos y de las pruebas expuesta en el voto que hizo mayoría en el veredicto y que condujo a descartar que durante la vigencia de la relación laboral, Laterza hubiera protagonizado hechos que lo hubiesen consagrado destinatario de la protección que la ley reconoce a las víctimas de un despido discriminatorio, es absurda (art. 44 inc. "d", ley 11.653).
En el fallo de los hechos, por mayoría integrada por los doctores Barreiro y Regules, el tribunal de origen tuvo por no demostrado que el actor hubiera sido impulsor, pionero, activista o partícipe del colectivo que llevó adelante un proceso de organización colectiva inclusivo de los trabajadores de la demandada con la finalidad de obtener protección frente a la actitud autoritaria y persecutoria de la titular del diario demandado. Luego, sobre esa base, consideró no probada -por ausencia de "indicios intensos" que hubiesen permitido la inversión de la carga probatoria-, la causa discriminatoria alegada por el actor (v. vered., fs. 334 vta./335 vta.).
Al dictar sentencia, el juez del primer término -doctor Sánchez Sierra-, cuya respuesta a la segunda cuestión del veredicto quedara en minoría, emitió su voto con sujeción a lo que sus colegas habían decidido por mayoría en la etapa anterior y, en ese esquema, juzgó que en lo relativo al pedido de nulidad de despido por discriminatorio y la consecuente reinstalación, devenía "vano el desarrollo tanto de la doctrina como de la jurisprudencia que avalan el sentido pretendido en demanda" (fs. 343 y vta.) y rechazó la acción por nulidad del despido por discriminación y la reinstalación (v. fs. 346). Sin perjuicio de ello y con la adhesión de sus colegas, agregó que acreditado como estaba que la demandada tenía conocimiento de los trabajadores que participaban del proceso de sindicalización, atendiendo que los derechos inherentes a la libertad sindical -individual y colectiva- se encuentran garantizados por la Constitución nacional y los tratados internacionales, todos los trabajadores, más allá de la función que ejerzan gozan de la tutela prevista en el art. 47 de la ley 23.551 (v. fs. 343 vta.; el destacado me pertenece).
III.1.d. Ingresando al análisis de los agravios corresponde decir que aunque la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 96.734, "Segovia", sent. de 29-XII-2009; L. 99.440, "Fabi", sent. de 7-VI-2010; L. 102.022, "Cooke", sent. de 26-X-2010; L. 105.156, "Villalobos", sent. de 21-IX-2011 y L. 103.508, "Rodríguez", sent. de 24-IV-2013), esa regla cede cuando, como ocurre en este caso, el recurrente demuestra que el a quo incurrió en absurdo al llevar adelante esa tarea.
Como se dijo más arriba, el peticionario considera que se prescindió del análisis de elementos que constituyen una clara muestra de la actividad sindical del actor o que, en el peor de los casos, hubieran constituido indicios suficientes para activar la inversión de la carga probatoria.
III.2. Juzgo que asiste razón al recurrente.
III.2.a. Tengo en cuenta para ello las declaraciones testimoniales de las que da cuenta el voto del juez que abrió el acuerdo y que no fueran objetadas -en su contenido- en el voto que finalmente concitó la mayoría de opiniones.
En ese esquema encuentro que, de acuerdo con el testimonio de Bellagamba, Laterza era uno de los trabajadores que participaba de reuniones para decidir qué hacer frente a los despidos o quite de francos (v. fs. 329 y vta.); el actor fue uno de los trabajadores que resultó despedido por intentar agremiarse -declaración de Castillo (v. fs. 330)-; que protestó frente al Ministerio de Trabajo y comenzó la lucha con otros compañeros cuando la empresa despidió a Galán (según su testimonio; v. fs. 330 y vta.); participó de una movilización frente a los despidos ocurridos durante la cual se cortó parcialmente el tráfico en la avenida 32 de la ciudad de La Plata (según testigo Ale; v. fs. 330 vta. y 331); participó de reuniones "por fuera de la empresa" debido al temor de ser despedidos, a fin de definir la manera de plantear los reclamos (declaración del testigo Paolini; v. fs. 331 y vta.); junto a otros compañeros, hizo nuevos intentos por agremiarse y, frente a los despidos, hizo una manifestación pública y un posteo en la red social "Facebook", luego de lo cual fue despedido (declaración de Suárez; v. fs. 331 vta. y 332).
Por lo demás, considero insoslayable la conclusión a la que por unanimidad arribara el tribunal en orden a que existía un proceso de agremiación (v. fs. 329) u organización colectiva en el ámbito de la demandada y que "la temática convocante era la organización colectiva a fin de obtener una protección frente a lo que los testigos describieron como una actitud autoritaria y persecutoria de la titular del diario demandado, Miriam Renée Chávez" (fs. 334 vta. y 335)
III.2.b. En ese marco, estimo que asiste razón al impugnante respecto a la aplicación al caso -por conducto de los precedentes jurisprudenciales que citó- de la teoría de la carga dinámica de la prueba. Ello pues, más allá de otras consideraciones que pudieran formularse sobre el particular, lo cierto es que existen suficientes indicios que acreditan el ejercicio de derechos inherentes a la libertad sindical por parte de Laterza.
III.2.c. La cuestión de las cargas probatorias y la teoría de la carga dinámica de la prueba adquiere, en materia de discriminación, una dificultad mayor toda vez que el tema se vincula con normas de jerarquía constitucional y supralegal que otorgan una tutela específica contra los actos lesivos de derechos fundamentales y porque, antes que acreditar un hecho, se trata más bien de demostrar su motivación.
En ese orden, participo de la opinión de que la teoría de la carga dinámica de la prueba debe ser aplicada en los supuestos de despido discriminatorio, por considerar que es mucho más difícil para el trabajador demostrar la discriminación, que para el empleador probar que la extinción contractual no obedeció a un motivo de esa naturaleza.
El trabajador tiene la carga de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental, es decir, acreditar la existencia de algún elemento que induzca al tribunal a una creencia racional sobre su posibilidad, de modo tal que configurado el cuadro indiciario recaerá sobre el empleador la carga de acreditar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la invocada vulneración de derechos fundamentales. En otras palabras, deberá el empleador probar que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionalmente por sí mismas su decisión, neutralizando toda sospecha de que el despido ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador.
III.2.d. Proyectando tales conceptos al caso de autos, encuentro que el accionante ha aportado -fundamentalmente a través de la prueba testimonial más arriba referenciada- elementos que inducen a cree
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