Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución impugnada, confirmar la resolución dictada por el juez a cargo de la instrucción del proceso por la que se resolvió rechazar el planteo de extinción de la acción penal por prescripción respecto a los hechos que concretamente le fueran imputados a JORGE ALEJANDRO EIJO y, en consecuencia, no hacer lugar al pedido sobreseimiento de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 336, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación, a contrario sensu; y remitir el proceso al tribunal de origen a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la defensa pública oficial.
// la ciudad de Buenos Aires, el 26 del mes de septiembre del año dos mil veintitrés, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los doctores Gustavo M. Hornos como Presidente y Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, asistidos por el secretario actuante, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la presente causa CFP 4077/2020/2/CFC1, caratulada: “EIJO, Jorge Alejandro s/recurso de casación” de la que RESULTA:
I. La Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta Ciudad de Buenos Aires, el 8 de mayo de 2023, por mayoría, resolvió: “REVOCAR el fallo recurrido, DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL respecto de Jorge A. Eijo y SOBRESEERLO en orden a la imputación efectuada en las presentes actuaciones”.
II. Contra dicha decisión, interpuso recurso de casación el Fiscal General Adjunto, Carlos E. Racedo, el que fue concedido en la anterior instancia y mantenido oportunamente ante esta instancia.
III. El recurrente encauzó la impugnación presentada por la vía de lo dispuesto en el artículo 456, inciso 1), del C.P.P.N., y sostuvo que la resolución en crisis se encuentra sustentada en una inobservancia en la aplicación del artículo 67, segundo párrafo, del C.P., de acuerdo a las constancias incorporadas a la causa y a la labor funcional de interés público que cumplió el encausado.
1 REGISTRO N°1302/23.4
Recordó que las presentes actuaciones se originaron el 22 de junio de 2020 a raíz de la denuncia formulada por la Oficina Anticorrupción ante la secretaría general de ese fuero.
Que el Sr. Juez Federal, Dr. Sebastián Casanello, delegó la instrucción del presente sumario al titular de la Fiscalía Federal N° 9, quien imputó a Jorge Eijó la defraudación a la administración pública en la que habría incurrido cuando, violando los deberes que le correspondían como Intendente de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, no aplicó a los fines previstos, los fondos públicos que le habrían sido girados desde el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento -ENHOSA- hacia la Municipalidad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, para la ejecución y financiamiento del Programa de Asistencia en Áreas de Riesgo Sanitario -PROARSA-.
Memoró que el Sr. agente Fiscal interviniente sostuvo que “...el Intendente Municipal Jorge Eijo solicitó el financiamiento de la obra con fondos del erario público, con un presupuesto estimado en $ 2.641.675, firmando con fecha 18 de febrero de 2013 el Convenio Único de Colaboración y Transferencia por la suma solicitada de $ 2.641.675 entre el Administrador de ENOHSA, Lucio Tamburo y el Intendente Municipal. Acreditadas las transferencias de fondos desde el ENOHSA a la Municipalidad, entre el 5 de marzo de 2013 y el 28 de abril de 2015, surge del expediente que el Intendente Municipal informó por nota del 15 de octubre de 2014 que se había dado por concluido el avance del financiamiento para el Proyecto de Ampliación de la Red de Desagües Cloacales por la suma de $ 2.641.675, realizando tareas de construcción del colector sur y provisión de red a los barrios de Los Chabos y Villa Iriarte.
No obstante, la Auditoría verificó en el caso “un avance físico inferior al correspondiente a las transferencias realizadas por el ENOHSA”, aclarando que del monto total transferido de $ 2.641.675,00 solo se había ejecutado $ 1.717.088,75 y que existe una zona del proyecto que no se ejecutó, al mismo tiempo que según acta de recepción parcial provisoria se puede observar que hay tramos contemplados que no forman parte del proyecto original y fueron reconocidos por el municipio. Asimismo, al pedido formulado desde el ENOHSA el 2 de diciembre de 2015 a la Intendencia para que fuese efectuada la rendición de cuentas por la finalización del financiamiento, no consta en el expediente que se hubiere presentado rendición alguna.”.
Que al contestar la vista que se le había conferido, la representación del Ministerio Público Fiscal expuso que “esos hechos, que habrían tenido lugar mientras el imputado desempeñó su cargo como Intendente Municipal de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, encuadran prima facie en el tipo penal previsto y reprimido por el art. 174 inciso 5 del C.P, con una pena máxima en expectativa de seis años de prisión”; y que “conforme surge de los informes agregados al incidente, Jorge Alejandro Eijo se desempeñó hasta el 10 de diciembre de 2015 como Intendente de General Belgrano y entre el 1 de junio de 2020 y el 9 de diciembre de 2021 fue personal contratado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, asumiendo el 10 de diciembre de 2021 un cargo como Concejal en la Municipalidad de General Belgrano y desempeñando desde el 1 de junio de 2022 un cargo como Personal de Gabinete.”, por lo que habría quedado suspendido el curso de la prescripción de la acción penal durante esos períodos de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 67 del CP.
Que el 24 de febrero del corriente año el magistrado de grado declaró la extinción de la acción penal por prescripción respecto de Jorge Alejandro Eijo y, en consecuencia, dispuso su sobreseimiento. Dicha resolución fue recurrida por el fiscal ante esa instancia.
Que, en dicha oportunidad, el fiscal Guillermo Marijuán consideró que por aplicación de la regla establecida en el segundo párrafo del artículo 67 del CP, el curso de la prescripción se suspendió mientras el imputado desempeñó la función pública -en los períodos indicados- y que, entonces, no habiendo transcurrido el máximo de pena en expectativa para el delito imputado, por aplicación de las normas establecidas en los artículos 59 inc. 3, 62 inciso 2 y 67 del CP, el planteo de extinción solicitado por Eijo debía ser rechazado. Agregó que en este caso, resulta claro que el imputado, quien se encuentra sospechado de haber cometido un delito en ejercicio de su función pública y con motivo de su cargo, continuó desempeñando cargos públicos en los ámbitos legislativos y ejecutivos de la provincia de Buenos Aires, configurándose la circunstancia específicamente considerada en el Código Penal de la Nación como causal de suspensión del curso de la prescripción de la acción penal. Indicó que el fundamento de la norma tiende a evitar que quien ostente el poder por el ejercicio de un cargo público ejerza influencia para evitar el inicio de una pesquisa o bien obstaculice una ya en trámite de forma tal que la acción penal se extinga por el paso del tiempo; y que el art. 77 del CP establece que mediante los términos “funcionario público” y “empleado público”, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.
Y fue en ese sentido que hizo mención del art. 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción - aprobada por ley 26.097-, del art. 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción - aprobada por ley 24.759- y el art. 1 de la ley 25.188 de Ética en el ejercicio de la Función Pública; y afirmó que la ley no realiza distinción sobre el ámbito de la vinculación de la persona con el cargo en cuanto no solo se refiere a quien esté incorporado formalmente a la administración pública sino que abarca también a quien simplemente participe en el ejercicio de funciones públicas.
Concluyó que los cargos públicos ejercidos por el imputado en ámbitos ejecutivos y legislativos, son lo suficientemente sustanciales como para sospechar que tiene o tuvo la posibilidad de obstaculizar la investigación; y que aunado a ello no puede olvidarse que en los procesos judiciales en los que, como en el presente, se investigan delitos relacionados con supuestos de corrupción estatal, revisten un carácter particular, en primer lugar, en cuanto al grave perjuicio que tales hechos generan a la sociedad toda - que trasciende la cuestión penal- y, en segundo lugar, porque conllevan la obligación asumida internacionalmente por el Estado de investigar, juzgar y sancionar tales delitos. Refirió el impugnante que, el 23 de marzo de este año, la Sala 2 de la cámara del fuero, por mayoría, revocó el fallo pronunciado.
Que el juez Irurzun consideró que la norma en cuestión no realiza distinciones en base a la influencia que pudiera ejercer el involucrado a tales fines ni del cambio de función en otras reparticiones estatales, aunque esa regla cede en supuestos donde su aplicación aparece irrazonable por el tenor de la función pública desplegada (respecto de la cual se reclama operatividad a los fines de la suspensión), con relación a las características de los hechos objeto del caso. Y concluyó que la suspensión del art. 67 del CP se tornaba operativa por no tratarse de un supuesto donde el tenor de los cargos ejercidos con posterioridad torne irrazonable la aplicación del principio legal, dada la naturaleza de los hechos.
Que, por su parte, el juez Boico consideró que la información con la que en ese entonces se contaba no detallaba cuál fue la actividad concreta que desplegó el imputado cuando revistió como personal contratado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, por lo que no se podía descartar un supuesto que torne operativa la cláusula dado su ‘ratio legis’ (rodear al funcionario de herramientas y relaciones que puedan coadyuvar a la impunidad). Y, por ello, votó también por revocar el fallo apelado.
Finalmente, el juez Farah propició la confirmación del fallo recurrido.
Que el 8 de mayo de 2023, el juez Ariel Lijo rechazó y, en consecuencia, no hizo lugar al pedido de sobreseimiento peticionado por la Defensora Pública Oficial.
El recurrente recordó que, apelada esa decisión, en la resolución impugnada ahora ante esta instancia el juez Irurzun consideró vigente la acción penal en orden a los argumentos expuestos en su anterior intervención, mientras que el juez Farah mantuvo su criterio en cuanto a que la causal de suspensión de la prescripción cuestionada no resulta aplicable al caso juzgado.
Que por su parte, del juez Boico propició que se revoque la decisión apelada por entender ahora que debe descartarse que la actividad concreta que desplegó el imputado cuando revistió como personal contratado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dé lugar a la operatividad de la cláusula del art. 67, CP, dada su “ratio legis” de rodear al funcionario de herramientas y relaciones que puedan coadyuvar a la impunidad. Para ello consideró la información acompañada por la defensa del encausado en cuanto a que Eijo fue contratado en su momento mediante la suscripción de “contratos de locación de servicios, para la realización de tareas específicas en el ámbito de la Cámara que nada tienen que ver con las tareas propias desarrolladas por un agente o empleado de ésta. Su contratación tiene las siguientes características: el contrato de locación de servicios es por tiempo determinado, la persona contratada mediante esta modalidad no tiene facultades de suscribir documentación oficial, ni de administrar presupuesto propio, no tienen personal a su cargo ni acceso a expedientes administrativos de la Cámara. Carecen de todo poder de decisión sobre cuestiones propias de la Cámara, siendo su única tarea el objeto por el cual han sido contratados.”; y que “En su caso, fue vinculado ‘para integrar el agrupamiento “Bloque Político” durante el período de pandemia para brindar asesoramiento sobre cuestiones que hacen a la mejora del servicio en materia educativa en la que la Cámara de Diputados tuviera injerencia, tales como el funcionamiento de escuelas durante el mencionado período entre otros asuntos afines’.
El fiscal, en sustento del recurso de casación interpuesto, sostuvo que se ha acotado la aplicación de la ley erróneamente, introduciéndose de manera manifiesta mayores requisitos que aquellos que fueron previstos en el precepto de mención.
Precisó que la ley “habla de un cargo”, no del mismo en el que se materializara la conducta ilegal, y que, al mismo tiempo, la designación en el o los cargos públicos desempeñados puede ostentar el carácter de no permanente y que el término desglosado no es igual a aquél concepto en el orden administrativo.
Explicó que el imputado ha sido nombrado por autoridad competente y participó del ejercicio de funciones públicas (vid art. 77, ídem). Y que, en consecuencia, lo dirimente es la eventualidad de que los cargos que ejerciera tengan la entidad suficiente para sospechar que pueda obstaculizar la investigación, esto es, una presunción de influencia cuyo acaecimiento no debe probarse, y que por ello no puede descartarse en el caso toda vez que no se trató de un simple empleado, dado que el encausado se desempeñó como intendente de General Belgrano hasta el 10 de diciembre de 2015, como personal contratado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires entre el 1 de junio de 2020 al 9 de diciembre de 2021, y luego -el 10 de diciembre de 2021- como Concejal de la Municipalidad de General Belgrano y el desde el 1 junio del año pasado como “Personal de Gabinete del Sr. Subsecretario de Gestión y Empleo Público”.
Concretó el impugnante que, conforme surge de la información recabada en autos, Eijo integró el agrupamiento “Bloque Político” en el período de pandemia a los efectos de asesorar en punto a cuestiones de mejora del servicio en materia educativa en la que la Cámara respectiva tuviese injerencia señalando el funcionamiento de escuelas durante el relatado lapso, entre otros asuntos afines. Extremo que se aprecia con obviedad como de interés público, entendió, por su sola enunciación y norte.
En virtud de lo expuesto concluyó que es la postura del juez Irurzun la que resulta aplicable en el caso, en cuanto sostuvo que la influencia del funcionario público tiene un sustento objetivo, esto es, que el esclarecimiento del delito pudiera frustrarse en razón de los obstáculos de hecho que genera para la investigación. Que, en función de lo dicho, la paralización del curso de la prescripción obedece a una decisión normativa de carácter fáctica; y que, de no ser así, para hacer operativa la causal se debería exigir la comprobación de maniobras tendientes a dificultar o entorpecer la investigación atribuibles al funcionario, tal como se exige, por ejemplo, para interrumpir la prescripción por la comisión de un nuevo delito. Que lo que la norma pretende no es oponer una conducta posterior al hecho reprochable al funcionario público imputado, susceptible de agravar su situación en la causa, sino simplemente prevenir un posible contexto objetivo de impunidad que pudiera afectar la investigación, aun sin ser reprochable al funcionario. Que la norma no realiza distinciones en base a la influencia que pudiera ejercer el involucrado a tales fines ni del cambio de función en otras reparticiones estatales; y que no puede ignorarse que quien fue beneficiado por la excepción asesoró en el área educativa de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires durante la pandemia. Y que, en definitiva, lo determinante no es solamente la característica esencial de la persona que actuó en el caso sino la entidad de su manifestación; es decir, que la actividad misma es la que influye sobre la caracterización, y no puede excluirse de esta acepción la prestación a favor del Estado descripta y su finalidad pública y contribución a formar la voluntad estatal. En definitiva, afirmó que resulta operativa la suspensión del art. 67 del CP, por no tratarse de un supuesto donde el tenor de los cargos ejercidos con posterioridad torne irrazonable la aplicación del principio legal, dada la naturaleza de los hechos. Motivo por el cual postuló la vigencia de la acción penal incoada en el presente proceso. Solicitó que se conceda el recurso de casación interpuesto en los términos del art. 456, inc. 1°, y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, y que se case la resolución recurrida en los términos del art. 470 del C.P.P.N., a sus efectos.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Durante el término de oficina dispuesto por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó el señor defensor general ante esta instancia, Ignacio F. Tedesco, y solicitó que se rechace el recurso de casación interpuesto.
V. Transcurrida la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., oportunidad en la que las partes no efectuaron presentaciones, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas, en el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
I. En cuanto a la procedencia del recurso de casación interpuesto, cabe señalar que se encuentra reunido el requisito de impugnabilidad objetiva previsto en el artículo 457 del C.P.P.N., la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 458 del C.P.P.N), sus agravios encuadran dentro de los motivos previstos por el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación y se han cumplido las mandas del artículo 463 del citado código en el recurso de casación interpuesto oportunamente.
II. Sentado lo expuesto, corresponde memorar los antecedentes relevantes del caso.
El representante del Ministerio Público Fiscal de la anterior instancia imputó a Jorge Eijo, quien fuera intendente de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, haber causado, mientras titularizó el poder ejecutivo municipal, un perjuicio al patrimonio de la administración pública nacional que se le había confiado en razón de su cargo a través de la ejecución de actos ilegítimos en el ejercicio de la función, violando los deberes a su cargo e incumpliendo con las obligaciones asumidas relativas al financiamiento recibido del Ente Nacional del Obras Hídricas y Saneamiento -ENOHSA- para llevar adelante obras vinculadas al suministro de agua potable y desagües en beneficio de la población con riesgo sanitario de su municipio.
Encuadró dicha conducta en el artículo 174, inciso 5, del C.P., calificándola prima facie como defraudación a la administración pública.
En la resolución ahora impugnada, por mayoría, se declaró la prescripción de la acción penal incoada y se sobreseyó a Jorge A. Eijo, por considerarse que la causal de suspensión de ese plazo de extinción de la acción penal previsto en el artículo 67, segundo párrafo, del C.P. no resulta aplicable al presente caso.
El Juez Farah entendió que correspondía descartar, para el caso, la operatividad de la causal de suspensión prevista por el artículo 67 en cuestión.
Dijo entonces que la norma “no incluye de por sí a todos los casos en que exista un cargo público, sino sólo cuando verificándose ese extremo, y en virtud además de la jerarquía, autoridad y poder del funcionario, exista la posibilidad de obstaculizar o influir en la investigación”; y que: “...la presunción aludida se convirtió en ley, en el sentido de que la continuación en el cargo de quien, en su desempeño, habría cometido el delito investigado, resulta indicio –sólo en principio- de un proceso penal poco auspicioso. Pero si la función en cuyo marco habría tenido lugar la conducta perseguida ya no se ejerce, la presunción legal pierde basamento, por lo cual, en ese momento, debe realizarse otro análisis dirigido a verificar si la suposición normativa podía regir todavía. Si ello no es así, la aplicación automática de los términos de la ley -tan sólo porque el imputado continuó desempeñando algún otro cargo público-, sin atender a aquella finalidad, no sólo terminaría divorciándose de la idea que la inspiró; antes bien, culminaría eclipsando su fuerza, al ser convocada en aquellos supuestos donde ninguna razonabilidad es capaz de ampararla. De ahí que el desempeño, aun en altos cargos, en otras dependencias públicas, no configura en forma automática la causal suspensiva sino que debe establecerse, en forma concreta, el poder que persigue neutralizarse mediante el dispositivo en cuestión”.
El juez Boico entendió que debe descartarse que la actividad concreta que desplegó el imputado cuando revistió como personal contratado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dé lugar a la operatividad de la cláusula del art. 67 del CP, dado su “ratio legis” de rodear al funcionario de herramientas y relaciones que puedan coadyuvar a la impunidad. Para ello valoró la información acompañada por la defensa del encausado en cuanto a que Eijo fue contratado en su momento mediante la suscripción de “contratos de locación de servicios, para la realización de tareas específicas en el ámbito de la Cámara que nada tienen que ver con las tareas propias desarrolladas por un agente o empleado de ésta. Su contratación tiene las siguientes características: el contrato de locación de servicios es por tiempo determinado, la persona contratada mediante esta modalidad no tiene facultades de suscribir documentación oficial, ni de administrar presupuesto propio, no tienen personal a su cargo ni acceso a expedientes administrativos de la Cámara. Carecen de todo poder de decisión sobre cuestiones propias de la Cámara, siendo su única tarea el objeto por el cual han sido contratados.”; y que “En su caso, fue vinculado ‘para integrar el agrupamiento “Bloque Político” durante el período de pandemia para brindar asesoramiento sobre cuestiones que hacen a la mejora del servicio en materia educativa en la que la Cámara de Diputados tuviera injerencia, tales como el funcionamiento de escuelas durante el mencionado período entre otros asuntos afines’”.
En su voto en disidencia el juez Irurzun señaló que “la influencia del funcionario público tiene un sustento objetivo, esto es, que el esclarecimiento del delito pudiera frustrarse en razón de los obstáculos de hecho que genera para la investigación. En función de lo dicho ‘...la paralización del curso de la prescripción obedece a una decisión normativa de carácter fáctica; de no ser así, para hacer operar la causal, se debería exigir la comprobación de maniobras tendientes a dificultar o entorpecer la investigación atribuible al funcionario, tal como se exige, por ejemplo, para interrumpir la prescripción por la comisión de un nuevo delito. Es que lo que la norma pretende no es oponer una conducta posterior al hecho reprochable al funcionario público imputado, susceptible de agravar su situación en la causa, sino simplemente prevenir un posible contexto objetivo de impunidad que pudiera afectar la investigación, aún sin ser reprochable al funcionario...’. Adunó a ello que “en principio, la norma no realiza distinciones en base a la influencia que pudiera ejercer el involucrado a tales fines ni del cambio de función en otras reparticiones estatales (conf. causa n° 24.380 "Gómez Medina, Daniel s/prescripción", reg. n° 26.781 del 10/5/07, entre otras). Esa regla cede en supuestos donde su aplicación aparece irrazonable por el tenor de la función pública desplegada (respecto de la cual se reclama operatividad a los fines de la suspensión), con relación a las características de los hechos objeto del caso...”. Y concluyó que “En este caso, se ha acreditado que Eijo fue Intendente de General Belgrano, Provincia de Buenos Aires, hasta el 10 de diciembre de 2015 (en ese marco se habría cometido la supuesta defraudación por la que se lo llamó a indagatoria el 5 de julio de 2022). Entre esas fechas, fue personal contratado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Desde el 1 de junio de 2020 al 9 de diciembre de 2021; el 10 de diciembre de ese año asumió como Concejal de la Municipalidad de General Belgrano y desde junio de 2022 se desempeña como “Personal de Gabinete del Sr. Subsecretario de Gestión y Empleo Público”.
Frente a ello, entiendo que resulta operativa la suspensión del art. 67, CP, por no tratarse de un supuesto donde el tenor de los cargos ejercidos con posterioridad torne irrazonable la aplicación del principio legal, dada la naturaleza de los hechos.”.
III. Ahora bien, se encuentra en cuestión si habiendo cesado el imputado en el ejercicio del cargo de intendente municipal en cuyo marco habría cometido el delito imputado, los posteriores cargos públicos que desempeñó revisten la entidad requerida por la norma contenida en el artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal.
De inicio, no puede olvidarse que a los efectos de la aplicación del derecho penal, los conceptos de funcionario y empleado público se encuentran determinados por el ejercicio de funciones de carácter público (artículo 77 del C.P.), circunstancia ésta que se constituye en la clave para atribuir esa calidad al agente (cfr. mi voto en la causa nro. 11.037, caratulada “Torres, Osvaldo Alberto s/recurso de casación”, reg. nro. 12.443, rta. el 9/10/2009; en igual sentido, causa nro. 15.071 de esta Sala, caratulada “Esquivel, Ángel s/recurso de casación”, reg. nro. 879/12, rta. el 24/5/2012 y Causa nº 1415/2013, caratulada “Alsogaray, María Julia y otros s/rec. de casación”, registro nº 1802.14.4, rta. 9/09/14; entre muchas otras). Y es por ello que resulta indiferente la forma de contratación o regulación del trabajo del sujeto con el ente o agencia a los efectos de asignarle el carácter de empleado público.
Ya sostuve que el código de fondo no equiparó la noción de funcionario público al significado propio de la esfera administrativa en cuanto no se encuentra restringido a quienes ocupan un nivel jerárquico en la estructura de la Administración en la cual se desempeña, que le otorga una competencia y atribuciones en la dirección de gestión en la dependencia para la que actúa, sino que es más amplio. Esta concepción, que permite establecer un concepto de funcionario público específico para el ámbito de aplicación del derecho penal (artículo 77 del C.P.), más abarcativo que el propio de la órbita administrativa, fue reforzada por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N 25.188.) y la Convención Interamericana Contra la Corrupción incorporada por la Ley N 24.759.
Así, el artículo 1º de la Ley 25.188 señala “La presente ley... establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado.
Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada y honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. Por su parte el artículo I del Anexo I de la Convención Interamericana Contra la Corrupción dispone que “Para los fines de la presente Convención, se entiende por: a) ‘FUNCIÓN PÚBLICA’: toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. b) ‘FUNCIONARIO PÚBLICO’, ‘OFICIAL GUBERNAMENTAL’ O ‘SERVIDOR PÚBLICO’: cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.
Es decir que, integrando la normativa citada, corresponde concluir que a los efectos del derecho penal el concepto de funcionario público se encuentra determinado por el ejercicio de funciones o tareas de carácter público, circunstancia esta que se constituye en la clave para atribuir esa calidad al agente (cfr.: la doctrina que ya he tenido oportunidad de desarrollar en diversos precedentes de esta Sala IV, in re: “Badino” y “Salem”, y anteriores: causa Nro. 11.037: “Torres, Osvaldo Alberto s/recurso de casación”, Reg. 12.443, rta. el 9/10/2009; causa Nro. 11.223: “Feijoo, Ariel y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4/11/2009; causa Nro. 11.444: “De Aparici, Josefina s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.868, rta. el 30/12/99; causa Nro. FRO 74028646/2006/CFC1: “Ferreyra, Antonio por defraudación contra la administración pública”, Reg. Nro. 242.16; causa Nro. FRE 1753/2015/CFC1: “Sosa Juan Carlos s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1037/19.4, rta. el 27/05/19; entre muchas otras).
El fundamento de la normativa legal parte de la conculcación del mayor compromiso del funcionario público que el ejercicio de sus facultades conlleva, y, como contracara, un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas ante la comisión de un delito, toda vez que existe una expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos y una obligación asumida por el Estado de investigar, juzgar y sancionar tales delitos (Convención Interamericana contra la Corrupción –Preámbulo y artículos I, II y IV y VI-, aprobada por ley Nro. 24.759; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por ley Nro. 26.097; y la Ley de Ética Pública Nro. 25.188).
En el caso, el imputado prestó funciones públicas tanto en la ocasión de los hechos que se le imputan como posteriormente, toda vez se desempeñó como intendente de General Belgrano hasta el 10 de diciembre de 2015 y continuó desempeñando cargos públicos en los ámbitos legislativos y ejecutivos de la provincia de Buenos Aires: como personal contratado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires -entre el 1 de junio de 2020 al 9 de diciembre de 2021; asumiendo el 10 de diciembre de 2021 un cargo como Concejal en la Municipalidad de General Belgrano y desempeñando desde el 1 de junio de 2022 un cargo como Personal de Gabinete del Subsecretario de Gestión y Empleo Público. Según la información recabada en autos, Eijo integró el agrupamiento “Bloque Político” en el período de pandemia a los efectos de asesorar en punto a cuestiones de mejora del servicio en materia educativa en la que la Cámara respectiva tuviese injerencia tales como el funcionamiento de escuelas durante el relatado lapso, entre otros asuntos afines.
En consecuencia, cabe concluir que el curso de la prescripción de la acción penal ha quedado suspendido durante esos períodos, en orden a lo dispuesto por el artículo 67, inciso 2, del C.P., en los que Eijo prestó funciones públicas, las que, por lo demás, han revestido la suficiente entidad como para dar sustento razonable a la presunción pertinente a la posibilidad que tuvo de impedir u obstaculizar la investigación, que responde a una decisión normativa de carácter fáctica que no realiza distinciones sobre el cambio de función en otras reparticiones públicas.
Esta posición es la que otorga, asimismo, mayor operatividad a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el orden internacional, con especial referencia al Preámbulo de la Convención de Las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto destaca la preocupación de los Estados Parte “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”; que “para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva”; y la necesidad de “hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio” (Cfr. mi voto en el precedente de esta Sala IV, causa CFP 12438/2008/CFC2, “DE VIDO, Julio Miguel y otra s/recurso de casación, Reg. 1122.15/4, Rta. el 12/6/15; entre muchas otras).
En virtud de todo lo expuesto, corresponde concluir que resulta operativa en el caso la suspensión del plazo de la prescripción de la acción penal, prevista en el art. 67, párrafo segundo, del Código Penal, en orden a los cargos públicos ejercidos por el encausado y a la naturaleza de los hechos juzgados; por lo que corresponde concluir que la acción penal incoada en el caso no se encuentra prescripta.
IV. En razón de las consideraciones efectuadas propongo al Acuerdo: I. HACER LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, REVOCAR la resolución impugnada, CONFIRMAR la resolución dictada por el juez a cargo de la instrucción del proceso por la que se resolvió rechazar el planteo de extinción de la acción penal por prescripción respecto a los hechos que concretamente le fueran imputados a JORGE ALEJANDRO EIJO y, en consecuencia, no hacer lugar al pedido sobreseimiento de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 336, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación, a contrario sensu; y REMITIR el proceso al tribunal de origen a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.). II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por la defensa pública oficial.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
Por compartir, en lo sustancial, las consideraciones exteriorizadas por mi distinguido colega preopinante, doctor Gustavo M. Hornos, adhiero a su voto y a la solución que propone.
El art. 67, segundo párrafo, del CP dispone que la prescripción de la acción penal “…se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. Por su parte, el art. 77 del CP establece que “Por los términos ‘funcionario público’ y ‘empleado público’, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”.
A su vez, la ley 25188 -Ley de Ética en el ejercicio de la función pública- (BO 01/11/99) en su art. 1º que señala que “La presente ley de ética en el ejercicio de la función pública establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. En las presentes actuaciones, Jorge Alejandro Eijo se encuentra imputado como autor del delito de fraude contra la administración pública (arts. 174 inc. 5 del CP y 45 del CP). El MPF le atribuye la supuesta defraudación en que habría incurrido cuando, violando los deberes que le correspondían como Intendente de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, no aplicó a los fines previstos los fondos públicos que el Estado Nacional (a través del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento –ENOHSA—) le transfirió con el objeto de llevar adelante obras vinculados al suministro de agua potable y desagües.
Los hechos se habrían cometido entre marzo de 2013 y abril de 2015 (transferencias de fondos).
De acuerdo con las constancias incorporadas al presente legajo, Jorge Alejandro Eijo ejerció como Intendente de General Belgrano hasta el 10 de diciembre de 2015. Asimismo, el imputado revistió como personal contratado de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires entre el 1 de junio de 2020 y el 9 de diciembre de 2021. Según se desprende del informe enviado por la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en fecha 27 de marzo de 2023, Jorge Alejandro Eijo fue contratado para integrar el agrupamiento “Bloque Político” durante el período de pandemia para brindar asesoramiento sobre cuestiones que hacen a la mejora del servicio en materia educativa en la que la Cámara de Diputados tuviera injerencia, tales como el funcionamiento de escuelas durante el mencionado período, entre otros asuntos afines (cfr. Sistema Lex 100).
El 10 de diciembre de 2021 asumió como Concejal de la Municipalidad de General Belgrano y, desde junio de 2022, se desempeña como “Personal de Gabinete del Sr. Subsecretario de Gestión y Empleo Público” (cfr. Sistema Lex 100). En atención a la naturaleza de los cargos públicos ejercidos por Jorge Alejandro Eijo (art. 77 del CP), entiendo que, en el caso, se configura la causal de suspensión del curso de la prescripción en los términos exigidos por el art. 67, segundo párrafo del CP.
Debe tenerse presente que la causal suspensiva prevista en la norma citada se encuentra intrínsecamente vinculada a su fundamento material, el que radica en la especial vinculación del sujeto que ejerce un cargo público con el Estado y en la correlativa posibilidad que dicho agente tiene para ejercer influencias o realizar actos que pudieran implicar un obstáculo al avance de la investigación (cfr. en igual sentido, CFCP, Sala III, causa 13763, “Zabala Di Tomaso, Carlos Salvador s/recurso de casación”, reg. nro. 2168/14, rta. el 20/10/14 y Sala IV, causas: 15.052, “López Alfonsín, Marcelo Alberto s/ recurso de casación”, reg. nro. 651/13, rta. el 06/05/13; FRO 74028646/2006/1/CFC1, “Ferreyra, Antonio s/recurso de casación”, reg. nro. 242/16, rta. 14/03/16; FMP 91016142/2002/TO1/CFC1, “Denuncio, Luis Mario y Verdinelli, Néstor Omar s/recurso de casación”, reg. nro. 318/17, rta. el 11/04/17; CFP 7792/2008/TO1/4/CFC2, “Balint, Gastón s/ recurso de casación”, reg. nro. 1806/17, rta. 19/12/17; FRE 1753/2015/ CFC1, "Sosa, Juan Carlos s/recurso de casación", reg. nro. 1037/19, rta. 27/5/19; FLP 32037098/2007/CFC1, “González Landa, Raúl Alberto y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 208/20, rta. el 2/3/20 y FRE 32000672/2012/TO1/CFC1, “Ibañez, José Martín s/recurso de casación”, reg. nro. 556/21, rta. el 3/05/21, entre muchas otras).
Por ello, adhiero a la propuesta de hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Por compartir sustancialmente las consideraciones formuladas por los colegas que me preceden en el orden de votación, adhiero a la solución por ellos propuesta, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 el CPPN).
En efecto, en lo medular, asiste razón al recurrente por cuanto el art. 67, párrafo segundo, del Código Penal establece la suspensión de la prescripción de la acción penal “…en los casos de persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte…”.
En cuanto a tal definición, el art. I de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ley 24.759, prescribe que “…se entiende por FUNCIÓN PÚBLICA: toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. FUNCIONARIO PÚBLICO: cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.
En línea con lo anterior, el artículo 1º de la ley 25.188 -Ley de Ética de la Función Pública- define por función pública “…toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.
A la par, el art. 77, párrafo 4to, del Código Penal define al funcionario público y al empleado público como todo aquel que “…participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”.
Desde esta óptica, en razón de los cargos públicos desempeñados por el acusado, asiste razón al representante del Ministerio Público en punto a que deviene aplicable al caso en análisis la suspensión prevista en el segundo párrafo del art. 67 del C.P. (cfr. en lo pertinente y aplicable de esta Sala IV, CFP 15906/2009/TO2/8/CFC2, “BADUÁN, Alberto Raúl s/recurso de casación”, Reg. 1175/22, del 01/09/2022; FLP 73000754/2011/ CFC1, "MERLO, Gabriela Inés s/recurso de casación", Reg. 1815/19.4, del 10/09/2019).
Tal es mi voto.
En virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, REVOCAR la resolución impugnada, CONFIRMAR la resolución dictada por el juez a cargo de la instrucción del proceso por la que se resolvió rechazar el planteo de extinción de la acción penal por prescripción respecto a los hechos que concretamente le fueran imputados a JORGE ALEJANDRO EIJO y, en consecuencia, no hacer lugar al pedido sobreseimiento de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 336, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación, a contrario sensu; y REMITIR el proceso al tribunal de origen a sus efectos. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal efectuada por la defensa pública oficial.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Prosecretario de Cámara.
Fin de la sentencia