Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 109725
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada de fecha 02/07/2021 -segundo párrafo- en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, admitiendo la inhibición general de bienes solicitada por el recurrente doctor Francisco Abelardo Argeri contra el co-demandado Julio Carlos Cortese -DNI 4.446.922-, la que se instrumentará en la instancia de grado con los recaudos correspondientes (arts. 198, 212 inc. 3°, 228, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 109725; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº13 - LA PLATA
BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ AGRONADERA SALADILLO S.A.C.I.A.F.I. Y OTROS S/EJEC. HIPOTECARIA.
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 26 de Agosto de 2021.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de resolver el recurso de apelación subsidiariamente deducido el 07/07/2021 por la letrada apoderada del doctor Francisco Abelardo Argeri, contra la providencia del 02/07/2021. Fundamentado en el mismo escrito de interposición, el embate fue concedido según proveído del 03/08/2021, encontrándose los actuados en estado de resolver (sistema Augusta).
2. En el decisorio puesto en crisis, el señor juez de grado, en lo que aquí atañe, exigió como requisito previo a la medida cautelar requerida que se encuentren debidamente notificados en sus domicilios reales los co-demandados Carlos Julio Cortese, Carnicerías Integradas de Saladillo S.A.C.I.A.F.I., y DE-VI-PA S.A.C.I.A.F.I., de los honorarios regulados a hojas 1056 a favor del ahora recurrente, conforme notificaciones ordenadas a hojas 1080 (ver providencia del 02/07/2021 -segundo párrafo-, sist. Augusta).
3. En prieta síntesis, se agravia el apelante -por intermedio de su letrada apoderada- pues la medida cautelar solicitada se fundamenta en lo dispuesto por el art. 212 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante, CPCC-, en cuanto contempla que en un proceso pendiente se podrá solicitar embargo preventivo cuando quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida, por lo que considera que no resulta razonable que la falta de notificación impida la traba. Sostiene que conforme surge de la sentencia de trance y remate dictada con fecha 30 de marzo de 2005 y de la presentación de hojas 1054/1055, el co-demandado respecto del cual se solicita se trabe inhibición general de bienes debe abonar sus honorarios por la labor profesional desarrollada, que fueron regulados, lo que da fundamento suficiente a la medida cautelar de resguardo cuya petición reitera, desconociendo la existencia de bienes para trabar embargo (ver escrito del 07/07/2021, sist. Augusta).
4. A. Sabido es que el dictado y cumplimiento de una medida cautelar sin previa audiencia de la contraparte, no afecta el derecho de defensa en juicio ni el principio de bilateralidad (art. 18, Constitución Nacional), dado que esta situación es meramente provisoria, ya que por exigencia legal, una vez trabada la medida correspondiente, se le debe notificar a la contraria, personalmente o por cédula, para el caso que no haya tomado conocimiento al efectivizarse la misma (art. 198, CPCC; esta Sala, causa 129894, RSI 354/21, sent. int. del 09/08/2021).
A su vez, se ha sostenido que las medidas cautelares se decretan y cumplen sin audiencia de la otra parte, y ningún incidente puede detener su efectivización. Exigir la realización de trámites de dudosa efectividad solamente conduce a demorar -y eventualmente frustrar- el aseguramiento, que por definición debe obtenerse con la mayor urgencia (Eduardo Néstor de Lazzari, "Medidas Cautelares 1", editorial Librería Editora Platense S.R.L., 2° edición, pág. 513, comentario art. 228 CPCC; esta Sala -con anterior integración-, causa 99654, RSD 154/15, sent. del 17/11/2015; causa 120095, sent. int. del 26/05/2016).
Es menester señalar que la cautelar bajo análisis fue solicitada (ver escrito electrónico del 25/06/2021, sist. Augusta) como consecuencia de los honorarios regulados con fecha 08/03/2017 a favor del apelante, doctor Francisco (Abelardo) Argeri, los que a la fecha no se encuentran firmes, importando la providencia en crisis un rechazo tácito al pedido de traba de inhibición general de bienes.
Con dicho piso de marcha, se advierte que más allá de las notificaciones exigidas por el juez de la instancia anterior, las mismas no pueden en manera alguna resultar óbice para el tratamiento de la medida asegurativa requerida (art. 198, CPCC), imponiéndose la revocación del decisorio recurrido, con las especificaciones que a continuación se resuelven.
B. Ahora bien, en relación a la procedencia de la medida cautelar de inhibición general de bienes, interesa puntualizar que el inciso 3° del artículo 212 del CPCC establece que el embargo preventivo procede si quien lo solicita hubiese obtenido sentencia favorable, aunque estuviere recurrida. Este pronunciamiento constituye suficiente verosimilitud del derecho y en tal caso la medida cautelar procede sin necesidad de acreditar otro recaudo (conf. Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos...", T° III, cuarta edición ampliada y actualizada, AbeledoPerrot S.A., 2015, pág. 993, ap. 3 a).
Dicha previsión legal alcanza a las medidas cautelares en protección del cobro de honorarios devengados por la labor profesional en favor del letrado que actuó en el expediente, ya que las costas integran la sentencia y por lo tanto el crédito por honorarios respecto de quien ha sido condenado a afrontarlas encuadra dentro del artículo 212 inciso 3º del CPCC, siendo también viable la inhibición general en el caso de desconocerse bienes del deudor (esta Sala -con anterior integración-, causa 115032, sent. int. del 24/05/2012, RSI 89/12; causa 120095 citada).
Por otro lado, resultan presupuestos de la inhibición general de bienes aquellos requisitos indispensables para la procedencia del embargo. Mas, como señala el Doctor Eduardo de Lázzari, falta otro elemento: es que el embargo no pueda hacerse efectivo por inexistencia de bienes del deudor, insuficiencia de los mismos o desconocimiento acerca de ellos. Surge así el carácter subsidiario de esta medida, de contenido residual, genérico y temporario, tanto que el propio artículo 228 del Código Procesal Civil y Comercial determina un supuesto de sustitución obligatoria: la inhibición debe dejarse sin efecto siempre que se presenten a embargo bienes suficientes o se otorgue caución bastante (Eduardo Néstor de Lazzari, "Medidas Cautelares 1", editorial Librería Editora Platense S.R.L., 2° edición, pág. 513, comentario art. 228 CPCC).
En esa línea continúa destacando que, "Si bien es cierto que la inhibición engloba en su integralidad la totalidad de los bienes registrables del deudor -lo que puede incrementar los perjuicios a su respecto-, éste cuenta con la inmediata posibilidad de sustituir la medida, la que se debe notificar en el brevísimo plazo de tres días". Es por estas razones que el distinguido autor concluye en que la carencia o desconocimiento de los bienes del deudor no necesita prueba alguna, bastando con la sola manifestación del requirente (Eduardo Néstor de Lázzari, ob. cit.; causas 99654 y 120095 citadas).
C. De consuno con todo lo anterior, corresponde admitir la inhibición general de bienes solicitada por el recurrente doctor Francisco Abelardo Argeri contra el co-demandado Julio Carlos Cortese -DNI 4.446.922-, la que se instrumentará en la instancia de grado con los recaudos correspondientes (arts. 198, 212 inc. 3°, 228, CPCC).
POR ELLO, se revoca la resolución apelada de fecha 02/07/2021 -segundo párrafo- en cuanto ha sido materia de recurso y agravios, admitiendo la inhibición general de bienes solicitada por el recurrente doctor Francisco Abelardo Argeri contra el co-demandado Julio Carlos Cortese -DNI 4.446.922-, la que se instrumentará en la instancia de grado con los recaudos correspondientes (arts. 198, 212 inc. 3°, 228, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 del 21/10/20 SCBA. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia