Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa B 80434
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la demandada (arts. 7 inc. 1, CCA y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Asimismo, líbrese oficio a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata.
B.80.434 "S., L. R. B. S/EJECUCION DE ASTREINTES - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 INC. 1 LEY 12.008"
I. L. R. B. S., representada por la Asesoría de Incapaces N°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, promueve el presente incidente contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), a fin de hacer efectivas las astreintes impuestas en el expediente "S., L. R. B. s/ Guarda preadoptiva" (expdte. N° 62.392), que tramitara por ante el Juzgado de Familia N°1 de aquella jurisdicción territorial.
II. Las actuaciones se radicaron directamente en el mencionado juzgado de familia por ser el órgano que había entendido en la causa principal.
Interesa señalar que, luego de la solicitud de embargo efectuada por el Asesor de Incapaces en fecha 2-VI-2025, la titular de la dependencia dispuso dicha medida y fijó su cuantía en $10.500.000, en concepto de astreintes ya devengadas por incumplimientos anteriores de la demandada en los autos principales (v. despacho electrónico de fecha 11-VI-2025).
Notificada de dicha providencia, la Fiscalía de Estado requirió la suspensión de los términos procesales a los efectos de que se le garantice su intervención plena en el proceso, solicitud a la cual no hizo lugar la magistrada actuante (v. resol. electrónica de fecha 11-VII-2025).
Frente a ello, el representante estatal, mediante presentación de fecha 17-VII-2025, dedujo un recurso de apelación y, siendo este concedido, se remitieron las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Necochea, en razón de la feria judicial.
A su turno, sus miembros, sopesando "...la naturaleza del órgano intimado y que la multa ejecutada tiene raíz en la omisión de dicho organismo de cumplir con sus funciones administrativas", decidieron declarar su incompetencia (arts. 166, Const. prov., y 1 y 2 inc. 4, CCA). Subsidiariamente, destacaron que la acción de amparo es "...la vía idónea para obtener la tutela solicitada" (v. sent. interlocutoria de fecha 22-VII-2025).
Recaídos los actuados en el juzgado de origen, su magistrada los pasó -en orden a lo resuelto por el tribunal de alzada y nuevamente con motivo de la feria judicial- a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata.
No obstante, esta última le devolvió el expediente a la jueza de familia por no obrar en autos las constancias relativas al proceso principal, lo que -según estimaron los camaristas- impedía determinar la competencia del tribunal para el tratamiento del recurso interpuesto, conforme lo dispuesto por el art. 17 bis de la ley 13.928 (v. providencia electrónica de fecha 29-VII-2025).
Así fue que, una vez concluida la feria judicial, la magistrada de grado -en esta oportunidad- elevó las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata.
Por su parte, sus integrantes se inhibieron de entender en el asunto tras estimar que, en vista de la materia sobre la que versaba la controversia planteada y poniendo de relieve el pronunciamiento de esta Suprema Corte recaído en la causa "Di Scala", la vía impugnatoria debía ser resuelta por sus pares del fuero civil y comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca (arts. 827 incs. "h", “w” y “x”, CPCC y 38, ley 5.827) -v. sent. electrónica de fecha 14-X-2025-.
De este modo, los obrados fueron recibidos por la Sala II de dicha alzada, la cual, sin expedirse en torno a su competencia y en atención a la contienda que se había suscitado entre sus pares preactuantes, remitió las actuaciones a este Tribunal para que la dirima. Con ese objeto fue que, tras ser enviadas a la Secretaría Civil, Comercial y de Familia, quedaron finalmente radicadas en la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo (art. 7 inc. 1, CCA) -v. despacho electrónico de fecha 22-X-2025-.
III. Preliminarmente, cabe señalar que el expediente fue adjudicado temporalmente a la Cámara en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Necochea durante la pasada feria de invierno, la cual se declaró incompetente y devolvió las actuaciones a la instancia de grado.
Luego, y también con motivo de la feria judicial, la magistrada de familia las elevó a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, órgano que se abstuvo de pronunciarse sobre su competencia ante la falta de constancias vinculadas al trámite del expediente principal.
Concluida la feria judicial, la jueza de grado giró los actuados a la cámara del fuero especializado marplatense, que se inhibió de intervenir y los remitió a su par en lo civil y comercial de Bahía Blanca, por estimar que esta última debía conocer en el asunto.
Finalmente, dicha alzada elevó los obrados a este Tribunal en razón del conflicto de competencia que -a su entender- se había planteado entre las cámaras preactuantes, sin considerarse parte de la contienda.
Siendo esto así, y teniendo en cuenta que la actuación desplegada por el órgano de alzada en lo civil y comercial de Necochea en autos ha sido excepcional -producto del receso invernal-, cabe concluir que le asiste razón a la cámara del fuero especializado con asiento en Mar del Plata.
IV. Esta Suprema Corte de Justicia, en varias oportunidades, ha resuelto la competencia del juez del proceso principal para entender en la tramitación y resolución de incidentes vinculados con él, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 6 del Código Procesal Civil y Comercial (doctr. causas Ac. 37.036, "Murchison SA", resol. de 2-VI-1987; B. 68.039, "Falabella", resol. de 6-X-2004; B. 68.099, "Furnari", resol. de 22-XII-2004; B. 73.591, "Bodo SRL", resol. de 15-VII-2015; B. 76.156, "Salazar", resol. de 30-X-2019; B. 76.795, "Acosta", resol. de 19-III-2021; B. 78.013, "Caro", resol. de 10-VI-2022; B. 78.062, "Sciorra", resol. de 30-VI-2022; B. 79.448, "Cheuquecoy", resol. de 26-VI-2024 y B. 79.788, "Palotta", resol. de 27-II-2025).
Ello se funda tanto en el principio según el cual lo accesorio sigue a lo principal como, asimismo, en una razón de conexión y economía procesal que aconseja que sea un solo órgano judicial quien decida pretensiones vinculadas por elementos comunes (doctr. causas B. 70.615, "Segade", resol. de 2-XII-2009; B. 71.007, "Presa Tapari", resol. de 22-IX-2010; B. 71.903, "Aranda", resol. de 30-V-2012; B. 73.097, "Moleiro", resol. de 10-IX-2014; B. 77.497, "Costa", resol. de 26-XI-2021 y B. 79.147, "Fernández", resol. de 29-IV-2024, e.o.).
En consonancia con ello, el inciso 1 de dicho artículo establece que será el juez ante quien se sustancia el pleito principal quien tenga conocimiento de una amplia gama de incidencias vinculadas con este, entre las cuales se encuentran -expresamente- la ejecución de sentencia y las acciones accesorias en general (doctr. causa B. 78.856, "MPS Medicina Platense Solidaria SA", resol. de 11-VIII-2023).
V. En la especie, la actora promueve el presente incidente tendiente a hacer efectivas las astreintes fijadas en el marco de un proceso de guarda preadoptiva -materia ajena al ámbito de aplicación de la ley 13.928-, las cuales fueron posteriormente liquidadas y cuya aprobación por la jueza de familia, sumada a la denegación de la suspensión de términos solicitada por el Fisco provincial, dio lugar a la interposición del recurso de apelación por parte de este último.
En tales condiciones, y habida cuenta de la estrecha vinculación existente entre la presente pretensión y la causa "S., L. R. B. s/ Guarda preadoptiva", en tanto lo que se persigue es el cumplimiento de lo allí decidido, corresponde que sea la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Bahía Blanca la que conozca en el recurso (arg. doctr. causa B. 80.070, “Pitti”, resol. de 18-IX-2025).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar la competencia de la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca para conocer y decidir en el recurso de apelación interpuesto por la demandada (arts. 7 inc. 1, CCA y 38, ley 5.827). Por Secretaría, se radicarán electrónicamente las actuaciones para la prosecución de su trámite.
Asimismo, líbrese oficio a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2026 08:38:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/05/2026 14:34:21 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2026 20:03:41 - KOHAN Mario Eduardo - PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL
Funcionario Firmante: 14/05/2026 11:36:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/05/2026 12:19:41 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/05/2026 12:39:07 hs. bajo el número RR-320-2026 por MARTIARENA JUAN JOSE.
Fin de la sentencia