Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores · Causa 97531
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso deducido el 25/11/2018, y modificar la sentencia de trance y remate apelada de fs. 25/26 vta.; morigerando el monto que se ejecuta a $80.000, no correspondiendo cómputo de intereses en virtud del instituto de que se trata. Las costas se imponen en el orden causado atento la forma de resolver (arts. 37, 68, 242, 246 del CPCC; 804 y ccdts. del CCyCN).Regístrese. Devuélvase. MAURICIO JANKA MARIA R. DABADIE GASTON FERNANDEZ ABOGADO - SECRETARIO _
97531:RUSINEK GUSTAVO CAMILO C/ PEREZ JAIME HORACIO S/ EJECUCION DE ASTREINTES Dolores, 04 de abril de 2019.AUTOS
I. Contra la sentencia de fs. 25/26 vta. que rechazó las excepciones opuestas y mandó a llevar adelante la ejecución, dedujo recurso de apelación el demandado el 25/11/2018.II. a) Se persigue aquí la ejecución de las astreintes fijadas en los autos principales Expte. n° 3704, caratulado “Rusinek, Gustavo Camilo c/ Perez, Jaime Horacio s/ Ejecutivo”, que se tiene a la vista (v, fs. 27, 32 y 34 vta.) notificadas a fs. 37/vta.. En relación a los agravios traídos por el recurrente vale decir que la fijación de las astreintes constituye un derecho creditorio susceptible de ejecución forzada, en tanto se traducen en el pago de una suma de dinero o sea que son obligaciones y se rigen por las reglas que gobiernan el cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones de dar dinero (arts. 804, 765 y ss.
CCyCN); con independencia de la condena en el juicio principal. Pues si la astreinte no pudiera ejecutarse devendría entonces en una figura inútil.En el caso, las astreintes que se ejecutan fueron fijadas por el a quo con el objeto de compeler al demandado a denunciar dónde se encontraba la camioneta Ford Modelo F 100 del año 1980, Dominio SON 032 -vehículo embargado- y ponerla a disposición dentro del radio del Juzgado de Paz Letrado de Gral. Madariaga; estableciendo una multa de $50 por día, monto que se aumentaría a razón de $50 cada tres días, hasta tanto hiciera efectivo lo ordenado (fs. 34 vta.), resolución firme y consentida. El recurrente desobedeció aquella manda judicial por más de 15 años, persiguiéndose en el presente la ejecución por el período que va desde el 28/4/2003 hasta 27/8/2018 (fecha de presentación de la demanda ejecutiva) por un total que asciende a $373.000 en razón de los $50 por cada uno de los 5.600 días que han transcurrido ($280.000), con más el agravamiento previsto de otros $50 por cada tres días, lo que se verificó 1.866 veces ($93.300).Ahora, intenta resistir la ejecución alegando haber cumplido con la condena en el principal el 31/8/2018 (fs. 17), habiéndose iniciado la presente el 28/8/2018, sin que haya justificado de manera fehaciente la desobediencia señalada; cuando es sabido que ante la acreditación objetiva del incumplimiento es el sujeto pasivo del deber –aquí ejecutado- quien debe acreditar las circunstancias que eximan la imputabilidad.En consecuencia, siendo que las astreintes -como se señaló- son ejecutables con independencia de la condena en el juicio principal, pues ello es uno de sus caracteres –ejecutabilidad-; y asimismo al condenarse al pago de una suma de dinero fácilmente liquidable por una operación aritmética, puede y debe ser ejecutada y correrá esa multa hasta la fecha del cumplimiento de la condena principal según refiere el 31/8/2018; por lo que se impone el rechazo del agravio vertido en primer orden.b) En relación al segundo de los agravios, el que ha sido señalado como una cuestión omitida por el Juez de grado concerniente a la solicitud de morigeración, encontrándose habilitada esta Alzada en los términos del art. 273 CPCC, y a fin de evitar futuros planteos de nulidades, y siendo que el quejoso ha incluido la cuestión como segundo agravio; corresponde decir que tanto la multa establecida, como su monto y mecanismo de agravamiento no fue objetado por el recurrente oportunamente, es decir, luego de notificársele al quejoso la resolución correspondiente (fs. 37/vta.).
De lo que lógicamente se deriva, que conocía indefectiblemente del riesgo económico, el que podía llegar a ser cuantioso, en caso de desoír la orden dada por el Juez por un tiempo prolongado.Sin embargo ello no obsta a que, aún en la etapa de ejecución, sean dejadas sin efecto o morigeradas, en razón del carácter provisional que les asiste, en tanto no se ven afectadas por los principios de la cosa juzgada y de preclusión procesal; cuando surjan circunstancias válidas que lo ameriten, o se justifique adecuadamente la razón del incumplimiento. Así lo considera la doctrina y la jurisprudencia vigente en la materia (Código Civil y Comercial de la Nación comentado, “LORENZETTI” coord., T. V, pág. 257; Cám.
Nac. de Apel. en lo Com., sala A, autos “Olazar, Carlos G. y otros v. Adepro S.C.A” del 21/10/2008, LL Online cita 70050350; Cám. Nac. de Apel. en lo Civil, sala F, autos “Spector, Miriam v. Consorcio Warnes, del 09/08/2001; LL Online cita 30010174). Ello así, si el resultado aritmético es claramente desmedido y excede el fin perseguido de instar el cumplimiento de un mandato judicial, violentándose elementales principios de equidad, debe revisarse su cuantía.Aquí la operación aritmética para arribar a lo que se reclama arroja como resultado el importe de $373.000, tal como fuera descripto más arriba. Y así, surge evidente que su magnitud económica sobrepasa toda pauta de razonabilidad respecto al reclamo de origen cuya liquidación aprobada al 21/8/2018 asciende a $3429 en concepto de capital e intereses con más $564,51 de gastos (fs. 142 vta.), aun considerando la resistencia del deudor en un período que se extendió en demasía en el tiempo.Si bien las astreintes están concebidas como medio de compulsión al deudor, no resulta admisible que aun ante la ausencia de razones atendibles que justifiquen la falta de cumplimiento de una orden judicial, la sanción económica resulte desmedida.
Por ello en ejercicio de la potestad morigeradora que al órgano judicial le compete en virtud de la provisionalidad característica de las astreintes, se establece como monto total y definitivo de la sanción que deberá afrontar la demandada la suma de $ 80.000. En consecuencia, corresponde hacer lugar a esta parcela del recurso (conf. doct. art. 37 CPCC).c) Por último, se queja el recurrente de los intereses establecidos por el a quo en la decisión en crisis desde el 28/4/2003 hasta el 27/8/2018, porque según entiende ello constituye una doble penalidad a lo que se opone.Este aspecto del recurso también será recepcionado favorablemente en tanto en razón de la naturaleza del instituto de las astreintes que persiguen un fin sancionatorio, no llevaínsita la aplicación de intereses, y por tanto no corresponde su cálculo durante el tiempo que éstas rigen hasta el cumplimiento de la obligación; así lo ha sostenido tanto la jurisprudencia como la doctrina (v, en este sentido “MORELLO”, Códigos…, T.
II, página 574, apartado “h”; sumarios JUBA n° B195086).Por los fundamentos dados, este TRIBUNAL
Hacer lugar parcialmente al recurso deducido el 25/11/2018, y modificar la sentencia de trance y remate apelada de fs. 25/26 vta.; morigerando el monto que se ejecuta a $80.000, no correspondiendo cómputo de intereses en virtud del instituto de que se trata. Las costas se imponen en el orden causado atento la forma de resolver (arts. 37, 68, 242, 246 del CPCC; 804 y ccdts. del CCyCN).Regístrese. Devuélvase. MAURICIO JANKA MARIA R. DABADIE GASTON FERNANDEZ ABOGADO - SECRETARIO _
Fin de la sentencia